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4/18/2018

CDMX adoptará Protocolo Alba para localizar mujeres desaparecidas


Instalan Comité Técnico para creación e implementación del mecanismo

La Ciudad de México adoptará el mecanismo especializado en la búsqueda y localización de niñas, adolescentes y mujeres, el Protocolo Alba, como parte de las obligaciones que debe cumplir por la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG).
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) anunció en la Gaceta Oficial de la urbe la instalación del Comité Técnico Interinstitucional para la creación e implementación del “Protocolo Alba” encabezado en la Secretaría Técnica por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-DF) y con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos local (CDHDF) para la elaboración del mecanismo.
La instalación del Protocolo Alba es parte de las recomendaciones que el gobierno capitalino debe cumplir en un periodo de 6 meses como lo demandó el Grupo de Trabajo que atendió la solitud de AVG hecha por las organizaciones civiles, Justicia Pro Personas, y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el 7 de septiembre de 2017.
En la petición de Alerta de Género para la urbe las organizaciones peticionarias expusieron con datos de la PGJDF que entre enero de 2015 a diciembre de 2016 se reportaron 2 mil 494 mujeres como ausentes o extraviadas, de las cuales se localizaron a mil 836 pero estaban pendientes de localizar 644.
En este contexto, las agrupaciones destacaron que existe un patrón y perfil de las capitalinas que desaparecen; se trata sobre todo de niñas y adolescentes entre los 10 y 17 años de edad habitantes de las delegaciones fronterizas con el Estado de México. Según cifras del Observatorio para Prevenir y Combatir la Trata de Personas de 2012 a 2015 se registraron en la Ciudad de México 4 mil 986 desaparecidas de las cuales 64 por ciento tenían menos de 17 años de edad.
Asimismo datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) señalan que hasta el 12 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México había 301 mujeres no localizadas en el ámbito local y 162 reportadas ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Sin embargo, para hallar a una mujer reportada como desaparecida la PGJDF solo cuenta desde 2012 con el “Protocolo para la búsqueda inmediata de personas en situación de extravío o ausencia en especial de mujeres, niños y niñas” aplicado por su dependencia el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA).
En el informe sobre la AVG las expertas expusieron que el personal de CAPEA tiende a resistirse a hablar de “mujeres desaparecidas”, utiliza términos que minimizan las denuncias como mujeres “ausentes” o “extraviadas”, además de insinuar que se fueron con sus parejas o regresarían con “un bebé en brazos”. Es decir, indica el Grupo de Trabajo, no entienden la desaparición de una mujer como un delito que puede estar relacionada con otros como el feminicidio y la trata con fines de explotación sexual.
Asimismo se percataron que las autoridades de CAPEA no cuentan con mecanismos de búsqueda de mujeres claramente definidos, dejan transcurrir 24 horas desde la denuncia, tiempo esencial en la indagación de estos casos, y se resisten sobre todo, ante de desapariciones de niñas entre los 11 y 17 años de edad, el grupo más vulnerable.
En este sentido el equipo de trabajo de la AVG recomendó al gobierno de la CDMX  adoptar el Protocolo Alba, un mecanismo que a diferencia de otros -como la Alerta Amber- está enfocado en  la población femenina y obliga a los tres niveles de gobierno a emprender la búsqueda una vez que se tenga conocimiento del hecho sin esperar 72 horas o la denuncia.
El Protocolo Alba se instaló por primera vez en Ciudad Juárez, Chihuahua derivado de la sentencia en contra del Estado mexicano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso “Campo Algodonero” y aunque se ha instado a los gobiernos estatales a  implementarlo hasta ahora solo seis entidades lo tienen: Estado de México –también implementado por la AVG- , Guerrero, Tabasco, Jalisco, Quintana Roo y Querétaro.
De acuerdo con la Gaceta capitalina el Comité Técnico del Protocolo Alaba se conformó el 12 de abril de 2018, está facultado para elaborar las acciones, estrategias y capacitaciones de las autoridades para la búsqueda y localización de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas.
También el Comité puede tomar casos de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas que no hayan sido localizadas y amerite la coordinación interinstitucional por la complejidad del caso.
18/HZM/LGL

5/16/2017

PGJDF “no está queriendo” implementar protocolo de feminicidio

De 2011 a abril de 2017, sólo 77 sentencias por ese delito 


En la capital del país se abren al mes, en promedio, 5 carpetas de investigación por feminicidio, dice la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), aunque la cifra podría ser mayor, pues la omisión y negligencia de los Ministerios Públicos y de la propia Procuraduría no permiten acreditar el delito.

De 2015 a abril de 2017, la PGJDF reportó 116 carpetas de investigación por feminicidio, de acuerdo con la solicitud de información de Cimacnoticias. De estos, 14 se registraron en lo que va del año, 26 ocurrieron en 2016 y 56 en 2015.

La coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, dice que el acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio en la ciudad se frena en los procesos de investigación, porque las instancias se reúsan a aplicar los protocolos desde la perspectiva de género, pierden evidencias, reclasifican los casos a homicidios, el peritaje no describe los rastros del feminicidio y en algunos casos incurren en corrupción.

En 2011 se tipificó en el Artículo 148 BIS del Código Penal de la Ciudad de México el delito de feminicidio, con condenas de 20 a 50 años de prisión. En junio de 2012, el OCNF y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos elaboraron el Protocolo de actuación pericial, ministerial y policial para indagar asesinatos de mujeres.

El OCNF ha denunciado reiteradamente esa falta de aplicación y seguimiento, han pedido su renovación con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó, a partir del caso Mariana Lima, que “todo asesinato violento de una mujer debe ser investigado como feminicidio”.

El caso de Lesvy, joven de 22 años asesinada y encontrada en la madrugada del 3 mayo en la UNAM, indica la experta, es una expresión más de la actuación de la PGJDF al atender e investigar esos casos.

PGJDF, FALLAS

Entre las irregularidades que repite la PGJDF, dice el coordinador general de Justicia, Derechos Humanos, y Género, Rodolfo Domínguez Martínez, está lo sucedido con Karen Joanna Sánchez Gochi, estudiante de la UNAM, asesinada en un hotel de Azcapotzalco el 11 de junio de 2012.

Ese día, ella regresó del gimnasio y pidió permiso para salir con un conocido que fue a buscarla. No regresó. Su familia presentó denuncia por desaparición y al día siguiente se enteraron que fue asesinada.

Pese a que su cuerpo estaba desnudo y expuesto en un lugar público, su caso no fue referido a la Agencia Especializada para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres y Personas con Orientación o Preferencia Sexual Diferente, sino a la Fiscalía Antisecuestros.

El agresor fue procesado por homicidio, no por feminicidio, recordó Domínguez, coadyuvante del caso, porque “no cumplía con una de las 5 razones de género establecidas en el tipo penal”, pues “no había signos de violencia en la zona genital”. La sentencia fue de solo 35 años de cárcel.

“El problema es que la autoridad no está queriendo implementar el protocolo, no es un problema de marco legislativo, es cómo las autoridades están actuando, no actúan con la debida diligencia, actúan de forma omisa lo que afecta a las mujeres”, aseveró el abogado.

Luz Estrada dice que estas sentencias demuestran criterios mal aplicados por los jueces, “sólo es necesario acreditar una de las 5 circunstancias del tipo penal para continuar con la investigación como feminicidio”. Esto es: que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; que el cuerpo presente lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones; conocer si fue víctima de acoso, amenazas, violencia o lesiones por parte del sujeto activo; que el cuerpo sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; y que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento.

La PGJDF informa que desde 2011 a abril de 2017, se han puesto a disposición a 219 probables responsables, se consignaron 203 y se han dado sólo 77 sentencias por feminicidio.

PGJDF EXPUESTA

Luz Estrada recuerda que en casos mediáticos se evidencia el sistema de justicia local, como ocurrió en noviembre de 2014 con asesinato de Angélica Trinidad Romero en la tienda Liverpool.

Primero las autoridades dijeron que la muerte fue por asfixia por comida, hasta que familiares revelaron que presentaba golpes y señales de atadura en las muñecas. Cuando el caso fue referido a la Agencia de Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres, “ya se había perdido todo el material probatorio”, indica Estrada.

No es novedad, dice la especialista, “mucho material probatorio fundamental para vincular a los posibles asesinos y acreditar el feminicidio no se resguarda”. Pasa el tiempo y se complica encarcelar a los responsables.

REVICTIMIZACIÓN

En el caso de Lesvy, la PGJDF no informó en un inicio la aplicación del Protocolo, pero dio información académica y de su vida privada, lo que enfadó a capitalinas y comunidad universitaria, que marchó en el campus el 5 de mayo.

No es sólo aprender el Protocolo, sino cambiar una concepción, cómo miras a las mujeres, cómo entiendes la violencia hacia ellas, de lo contrario, dice Estrada, pasa lo que con Lesvy: prácticas discriminatorias contra las víctimas.

La directora del OCNF recuerda otro caso: en diciembre de 2016, Valeria del Carmen Reyes, de 24 años, y su amiga, Alma Josefina Huerta de 29, fueron reportadas como desaparecidas y sus cuerpos hallados en las zonas boscosas de Milpa Alta y Xochimilco.

Presentaban golpes, signos de violencia sexual y estrangulamiento, a Valeria le introdujeron billetes en los genitales y de inmediato la PGJDF dijo que “se dedicaban a dar servicios sexuales”.

“Es una constante, invisibilizan a las mujeres, aparecen como narcotraficantes, vinculadas con la delincuencia, las descreditan y se olvida el proceso que debe seguir una investigación”, refiere Estrada.

Estrada y Domínguez coinciden en que mientras las instituciones se nieguen a aplicar la ley y los protocolos de actuación en los asesinatos de mujeres, la impunidad persistirá. Ante ello, una alternativa es aplicar sanciones a quien incurra en omisiones, para garantizar el funcionamiento del sistema judicial y el derecho a la justicia de las víctimas.

CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta Cimacnoticias | Ciudad de México.-

8/30/2016

Presentan Protocolo para atender casos de violencia de género en la UNAM



   Máxima Casa de estudios se adhiere a campaña HeForShe

La Universidad Nacional Autónoma de México se unió a la campaña HeForShe y presentó el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género, el cual contemplará la mediación para atender casos de acoso y hostigamiento dentro de la máxima Casa de Estudios.

Este lunes la abogada general de la UNAM, Mónica González Contró presentó el Protocolo durante un evento realizado en el edificio de Rectoría, en donde estuvieron presentes académicos y la representante de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONUMujeres), Ana Güezmez García. Ahí la abogada de este recinto universitario dijo que una de las medidas para atender “ciertos casos” de violencia, será la “mediación”.

La directora del programa Universitario de Estudios de Género, Ana Buquet Corleto, explicó a Cimacnoticias que la mediación no será aplicada en caso de violación, pero sí en “acoso” y “hostigamiento” que se encuentren en una etapa inicial.

Reconoció que el uso de la “mediación” en casos de violencia ha sido muy “discutido”, pero indicó que sí puede ser una vía de solución.

De acuerdo al Protocolo -el cual es una herramienta que permitirá homologar, transparentar y dar certidumbre a la comunidad universitaria sobre el procedimiento a seguir para atender y sancionar los casos de violencia de género- las víctimas podrán presentar sus quejas dentro de 12 meses posteriores al acto y cuando sean menores de edad no tendrán tiempo límite.

Las quejas podrán ser interpuestas por las víctimas y por terceras personas que tengan conocimiento de los actos de violencia. Cuando la víctima sea menor de edad se deberá dar aviso a su padre, madre o tutor.

El protocolo se realizó como una acción del Acuerdo por el que se establecen Políticas Institucionales para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Casos de Violencia de Género en la UNAM, firmado por el rector, Enrique Graue Wiechers.

En ese acuerdo señalan que “la violencia de género es contraria a la legislación universitaria, por lo que se tendrá cero tolerancia ante este tipo de actos y se les sancionará conforme a la normatividad existente”.

Las etapas para realizar una denuncia, así como el seguimiento que se dará se encuentran explicadas en el sitio oficial de la unidad de Igualdad de Género de la UNAM, el cual ya entró en vigor y donde podrán denunciar tanto estudiantes como trabajadoras de la institución educativa.

La directora del programa Universitario de Estudios de Género, Ana Buquet Corleto, señaló en su discurso de apertura del evento,
que la desigualdad entre mujeres y hombres se refleja en la UNAM con la plantilla de investigadores titulares “C” (de tiempo completo) en donde apenas un 28 por ciento de las plazas son de mujeres, mientras que en investigación científica la presencia de las mujeres se reduce a un 20 por ciento.

Al adherirse a la campaña HeForShe, movimiento a favor de la igualdad de género, impulsada por el secretario General de la ONU, Ban Ki-moon en septiembre de 2014, a fin de generar conciencia respecto a que hombres y niños son agentes importantes para lograr la igualdad de género y de derechos de mujeres y niñas, la UNAM se compromete a combatir la desigualdad de género.

Con esta acción también se suma a la lista de las universidades más importantes que apoyan la campaña como la Universidad de Leicester y la universidad de Oxford del Reino Unido.

Con la adhesión a la plataforma de ONU MUJERES, la Universidad también se compromete a que, en dos años, verificará el grado de avance o implementación de cada uno de los 27 compromisos en la materia.

Otros objetivos en los que la Universidad Nacional trabaja al sumarse a la estrategia internacional HeForShe son: promover el reconocimiento de los estudios de género por los sistemas nacionales de evaluación, y fomentar que la educación en derechos humanos e igualdad de género estén incluidos en los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos.

También, evaluar la situación de género en todas las entidades universitarias; impulsar que más mujeres ocupen puestos directivos y desarrollar desde el bachillerato acciones para incrementar el interés de las alumnas por ingresar a licenciaturas en las que ellas tienen poca representatividad.

A nivel internacional se han sumado a esta plataforma instituciones como la Universidad de Leicester, de Reino Unido y la Universidad de Oxford. En México participan, además de la UNAM, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República y la Universidad Iberoamericana, entre otras.

Retomada del Facebook de la UNAM
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.-  

7/05/2016

Inexistente aún el protocolo para atender acoso en APF


   Vence el plazo para su publicación


El pasado 30 de junio venció el plazo para la publicación del protocolo para atender las denuncias de víctimas de acoso y hostigamiento sexual en la Administración Pública Federal (APF), y tanto la Secretaría de la Función Pública (SFP) como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) lo incumplieron.

Ambas dependencias acordaron su publicación antes del segundo semestre del año, sin embargo hasta el pasado 30 de junio éste no apareció publicado.

Desde mayo pasado, el Inmujeres a través de la dirección de institucionalización de la perspectiva de género, instruía y promovía a la SFP para la elaboración del nuevo protocolo para atender e investigar los casos de acoso y hostigamiento laboral y sexual en la APF, según explicó en su oportunidad, la directora de esta dirección, María de la Paz López Barajas.

Según declaró Paz López, este documento supliría los más de 200 protocolos para atender la violencia laboral contra las mujeres que actualmente hay en toda la APF; detallaría las sanciones administrativas y penales que deberían recibir los agresores.

Al respecto, la oficina de Comunicación Social del Inmujeres confirmó que el protocolo para atender e investigar casos de acoso y hostigamiento sexual en la APF aún no está listo y que no hay una fecha prevista para su publicación, pero que esta dependencia seguía llevando a cabo reuniones con personal de la SFP a fin de concluirlo.

Por su parte, al cierre de esta edición la SFP no respondió a esta agencia sobre el avance en el cumplimiento de este protocolo ni sobre el resto de compromisos que tiene para acatar la perspectiva de género a la que están obligadas todas las Secretarías del gobierno federal.

MÁS PENDIENTES PARA LA SFP

Desde la firma del Convenio entre el Inmujeres y la SFP, ésta última se comprometió a establecer políticas para procurar la igualdad de género en los órganos directivos de la APF.

Entre éstas destacan cinco medidas: acciones “temporales” para procurar la igualdad de género en los órganos directivos; trabajar “protocolos específicos para que todos en la APF entendamos cómo comportarnos, y particularmente los hombres, respecto de situaciones vinculadas con el acoso laboral y el acoso sexual” y para atender casos específicos que se presenten en las oficias públicas; rendición de cuentas con perspectiva de género; tener estadística con perspectiva de género; y colaborar con organismos de la sociedad civil en esta materia.

No obstante, esta dependencia no ha informado públicamente (ni ha respondido a la solicitud de esta agencia) sobre cuáles son las acciones que ya impulsó para cumplir con estas cinco medidas.

Actualmente, la SFP investiga y sanciona el acoso y el hostigamiento sexual de acuerdo a las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública (del 20 de agosto de 2015), el cual establece que la Dirección General Adjunta de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Contraloría Interna, llevará a cabo las pesquisas sobre el caso y tiene un plazo de hasta tres años para imponer sanciones.

CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

1/09/2016

Asesinato de Gisela Mota: entre la violencia política de género y el crimen organizado

Daniela Villegas 

Daniela Villegas
@danyelavillegas

En un país como México en el que hasta junio de 2015 se habían registrado el asesinato de 73 alcaldes en la última década, según datos de la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC), el homicidio de la recién electa alcaldesa del municipio de Temixco, Morelos, Gisela Mota del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se suma a una serie de asesinatos políticos en que se evidencia la falta de Estado de derecho prevaleciente en el país, especialmente a nivel municipal, en el que la delincuencia organizada, tiene el monopolio de la violencia, eliminando a cualquiera que se oponga a sus intereses económicos y políticos.

El 2 de enero, a tan sólo un día de haber ocupado el cargo, la joven política de 33 años y militante desde muy corta edad del PRD vio cesada su vida profesional y el triunfo histórico como primer mujer alcalde de Temixco por una ola de violencia que se ha instalado en México desde el gobierno de Felipe Calderón y con más fuerza durante el presente sexenio de Enrique Peña Nieto.

Lamentablemente no sería la primera vez que se asesinara a una mujer alcaldesa o candidata a alcalde. Habríamos de recordar los homicidios de la candidata a alcaldesa Aidé Nava por el PRD en el municipio de Ahuacuotzingo, Guerrero en 2015; el asesinato de la alcaldesa María Santos Gorrostieta Salazar del PRD de Tiquicheo, Michoacán en 2012, tras varios intentos previos de asesinato; el homicidio a la alcaldesa Marisol Mora Cuevas del PAN del municipio de Tlacojalpan, Veracruz en 2012 y de Luz María García Villagrán del PRI de Gran Morelos, Chihuahua en 2011.

Son varios los ejes que se entrecruzan en los casos de estos homicidios, por un lado a nivel general, la vulnerabilidad de las autoridades municipales ante la delincuencia, ya sean mujeres u hombres, y en el caso específico de las mujeres políticas el hecho de que pese a los avances en paridad constitucional, los crímenes pueden inhibir la ya de por sí insuficiente presencia de políticas a nivel municipal, así como la grave afrenta a los derechos políticos de las mujeres tanto como mujeres electas como a las mismas mujeres que las han elegido en su ejercicio de ciudadanía.

El asesinato político de Gisela Mota hace más que urgente la implementación del protocolo de seguridad que ya el 25 de noviembre la Magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación María del Carmen Alanís proponía en una columna en el periódico mexicano El Universal. Este protocolo (que se encuentra en ciernes)  buscaría establecer acciones frente a casos de violencia política hacia las mujeres, desde los enfoques de género e interculturalidad.

Entre las distintas instancias que apuntalaba la funcionaria para que se encargarán de la elaboración e implementación de tal protocolo señalaba al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Electorales Locales; las Fiscalías Especializadas para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra); el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres); las Comisiones Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim); y dos organizaciones de la sociedad civil así como dos académicas.

Ante las inminentes elecciones de 2016 en que se renovarán autoridades estatales, municipales, y de los congresos locales en 13 entidades de México, en donde participan varias mujeres es más que fundamental implementar un protocolo de seguridad eficiente de protección para quienes resulten amenazadas pues las mujeres políticas no sólo están en riesgo físico de perder la vida sino también la misma democracia, pues al anularse la vida de ellas se acaba con la vida política de la mitad de la población que lucha día a día por un ejercicio pleno de su ciudadanía.

4/04/2015

Faltan protocolos contra violencia sexual en Cuba

No hay estrategias de seguimiento a víctimas y agresores


La ausencia de protocolos efectivos para el trabajo con víctimas y victimarios de violencia sexual en Cuba preocupa a especialistas, que aún perciben dificultades entre las instituciones encargadas de dar respuesta a este tipo de delitos.

 
Panelistas de la reunión científica bimestral de la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad (Socumes) reconocieron que el abuso sexual es aún un tema poco visible en el país caribeño, donde faltan investigaciones al respecto y no existen estrategias para dar seguimiento a las víctimas y a sus agresores.
 
“Es un tema silenciado, del que sólo escuchamos en consultas y espacios limitados”, declaró Beatriz Torres, presidenta de la Socumes.
 
La socióloga Raiza Diago Rodríguez, del Centro de Investigaciones Socio-operativas del Ministerio del Interior (Minint), advirtió la necesidad de diseñar mecanismos que involucren a la familia, profesionales de la salud e instituciones en la prevención de este tipo de maltratos.
 
A su juicio, en los ámbitos familiar, comunitario e institucional persisten prácticas que naturalizan este tipo de violencia, casi siempre ejercida contra mujeres o menores de edad y con severas consecuencias psicológicas y sociales.
 
En su criterio, a nivel social abunda el desconocimiento sobre los victimarios, el ciclo de la violencia, sus alcances y daños. Por tanto, es insuficiente la percepción de riesgo de ser víctima de abuso sexual, y se tiende a negar la problemática o alejarse de ella, añadió la experta.
 
Diago Rodríguez consideró que es incompleta la preparación de quienes interactúan y acompañan a autores y víctimas en el proceso de afrontamiento y tratamiento a la violencia sexual, entre ellos docentes, cuerpos policiales, juristas y profesionales de la salud.
 
Asimismo, notó la ausencia de programas efectivos orientados a la reincorporación del agresor a su medio, luego de haber cumplido la sentencia penal, en un contexto en el cual los problemas de vivienda provocan que, muchas veces, estas personas vuelvan a convivir con sus víctimas o en entornos cercanos a ellas.
 
El dilema ético al que se enfrentan profesionales de la salud mental que reciben en su consulta a personas con posibilidades de convertirse en agresores sexuales fue un tema traído al debate por la psiquiatra forense Teresita del Carmen García.
 
El Código Penal cubano establece en su artículo 162 que “el médico que al asistir a una persona o reconocer un cadáver nota u observa signos de lesiones por violencia o indicios de intoxicación, de envenenamiento o de haberse cometido cualquier delito y no dé cuenta de inmediato a las autoridades”, puede ser sancionado de tres meses a un año de prisión.
 
Sin embargo, profesionales de la medicina se encuentran ante el conflicto de proteger la intimidad de sus pacientes cuando estos les revelan intenciones agresivas.
 
Por otra parte, el propósito de realizar un hecho violento no implica que este se ejecute, y toca a sus terapeutas evaluar los riesgos antes de acudir a la advertencia pública.
 
Ante este tipo de casos, la psiquiatra propuso ofrecer alternativas terapéuticas a los posibles agresores como vía de protección a las personas objeto de sus fantasías o deseos. “Tenemos pocas ofertas de tratamiento para personas con comportamientos agresivos”, consideró.
 
La falta de terapias especializadas para personas sentenciadas por delitos de abuso sexual, incluso en los penales, fue una de las limitantes también señaladas por García.
 
“Una vez que se les concede la libertad condicional, no cuentan con un seguimiento especializado, que debía llevarse a cabo mediante grupos de psicoterapia cognitivo-conductual”, abundó la experta.
 
Complejos de abordar son los casos de menores de edad que cometen actos de abuso sexual u otros hechos que la ley tipifica como delitos.
 
En Cuba, todos los menores de 16 años carecen de responsabilidad penal, por lo que son tratados también como víctimas e integrados a procesos de exploración y atención donde se preserve su integridad psicológica.
 
Datos preliminares de una investigación en curso de la psicóloga Dahimy Suárez Manet, una de las especialistas del Centro de Protección de niñas, niños y adolescentes del Minint, donde se atienden estos casos, aseguran que son varones los adolescentes que con más frecuencia abusan sexualmente de otros, producto de la división machista de la sociedad.
 
De los 63 jóvenes entre 12 y 15 años de edad estudiados por la experta, solo tres eran mujeres. Ellas fueron, sin embargo, el 55 por ciento de las víctimas de este tipo de agresiones. Pese a que son comportamientos minoritarios, preocupa que se produzcan en edades tempranas hechos lascivos y de sometimiento, consideró Suárez.
 
“Más de la mitad de los agresores presentan desajustes conductuales, profesan irrespeto por la integridad física ajena y falta de empatía”, refirió la investigadora.
 
Manuel Vázquez Seijido, jefe del departamento jurídico del Centro Nacional de Educación Sexual, expuso las posibilidades del Código Penal cubano para sentenciar este tipo de delitos que pueden ser juzgados como violación, pederastia con violencia, abuso lascivo, ultraje sexual, estupro, entre otros.
 
Sin embargo, muchos de estos actos se describen con insuficiencia o ambigüedad en su redacción, lo que dificulta el trabajo de los legistas.
 
Para el profesional del derecho, una norma jurídica específica para tratar la violencia en Cuba resulta imprescindible en el actual contexto nacional.

Imagen retomada del sitio afrocubana.wordpress.com
Por: Helen Hernández Hormilla*
Cimacnoticias/SEMlac | La Habana.-

3/10/2015

Publican protocolos para indagar violencia con visión de género


 PGR evitará prejuicios sexistas y revictimizar a las mujeres

A partir de esta semana agentes ministeriales, policiales y periciales federales tienen la obligación de actuar de manera coordinada, con la debida diligencia, evitando juicios de valor y la revictimización de las víctimas en casos de feminicidio, violencia sexual, así como en la identificación de restos de personas.  

 
La Procuraduría General de la República (PGR) finalmente publicó en su página web los protocolos de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para la violencia sexual y feminicidio, así como el Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense.  
 
Cabe mencionar que los dos protocolos con perspectiva de género (feminicidio y violencia sexual) fueron elaborados por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), y su publicación se anunció desde noviembre pasado durante la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.   
 
Estos protocolos responden, entre otros mandatos, a las tres sentencias que el Estado mexicano recibió en 2009 y 2010, por parte de Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), la primera relativa al caso Campo Algodonero, por la desaparición y muerte de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, y las otras dos por los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas víctimas de violación sexual por parte de militares en el estado de Guerrero.
 
Dentro del Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio se define que el documento es una guía de actuación destinada a fortalecer la capacidad y habilidades del personal sustantivo en las investigaciones de la PGR.
 
Señala que el personal investigador no podrá conocer si el reporte del hallazgo de un cuerpo de una mujer constituye violencia feminicida, hasta en tanto no se inicie la ruta de la investigación, y define que deberá ser aplicado en todos los casos de muertes violentas de mujeres, culposos o dolosos, y aunque al inicio no haya sospecha de criminalidad, como pueden ser el suicidio o las muertes “accidentales”.
 
También define los factores que afectan la investigación con debida diligencia; las bases de actuación para el inicio de las pesquisas; los pasos a seguir para el levantamiento del cadáver de la víctima en la escena del hallazgo y su posterior necropsia; las responsabilidades de los policías en las investigaciones, y las cuestiones mínimas que deben contener los peritajes con perspectiva de género.
 
Dentro del Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para la Violencia Sexual, Fevimtra enfatizó que se debe tener en cuenta toda la gama de violencia sexual que sufren niñas y mujeres, como el acoso y el hostigamiento, entre otras conductas.
 
Agrega que se debe informar a las víctimas de violación sexual de los medios y recursos disponibles para el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia, suministro de la pastilla de anticoncepción de emergencia y, en su caso, a la interrupción del embarazo.
 
Asimismo se considerará prioritario informar a las mujeres sobre la detección y seguimiento de infecciones de transmisión sexual (ITS) y del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
 
Dentro de los lineamientos que debe seguir el personal del Ministerio Público, se obliga a que la declaración de la víctima se realice en un ambiente “cómodo, privado, digno y seguro que le brinde confianza y protección”. La declaración quedará registrada de forma tal que se evite o limite la necesidad de su repetición.
 
Se pide a los agentes policiales no emitir juicios sobre la vida privada o conducta de las mujeres víctimas; evitar cuestionamientos fincados en los estereotipos de género; asegurar o proteger durante la cadena de custodia, los indicios, evidencias, instrumentos, objetos o productos del delito, así como aquellos bienes en los que existan huellas o datos que puedan tener relación con el hecho. Igualmente, se debe evitar que las evidencias se alteren, destruyan o desparezcan.
 
Por su parte, el Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense –elaborado por la PGR– reconoce que la sociedad mexicana “experimenta un riesgo cada vez mayor de sucesos que generan la muerte de un elevado número de personas”, como los actos criminales de la delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro y trata de personas.
 
Este instrumento busca homologar la actuación pericial en el procedimiento de análisis, mediante la utilización de técnicas de investigación científica en criminalística; la participación coordinada de especialistas en tratamiento e identificación forense de cada una de las procuradurías o fiscalías generales de Justicia del país; y contribuir al intercambio de información sobre técnicas, métodos y procedimientos científicos y resultados en el ámbito criminalístico y forense, entre las instancias de procuración de Justicia.
 
Se estipula también la manera en que tendrán que realizarse el levantamiento y embalaje de indicios biológicos (restos) en materia genética o ADN. Se incluyen los formatos que deben ser llenados por los profesionales que intervengan en el procedimiento, incluido el registro de personas desaparecidas.
  


Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 

11/27/2014

Anuncia Fevimtra protocolos contra feminicidio y violación

   “En breve” se publicarán; serán obligatorios en todo el país


A cinco años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontrara al Estado mexicano responsable de violar los Derechos Humanos de tres mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, al no prevenir las agresiones y su muerte, por fin se crearon los Protocolos de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio y para la Violencia Sexual, mandatados en la sentencia de la CoIDH.
Los protocolos que definen los lineamientos con los que deberán realizar su trabajo de investigación a nivel nacional agentes ministeriales, policías y peritos, cuando se trate de delitos de feminicidio y violación sexual, fueron presentados hoy en una reunión con organizaciones civiles, a la que Cimacnoticias tuvo acceso.
De acuerdo con las funcionarias que presentaron ambos protocolos –como parte de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres–, con dicha publicación se resuelve “una deuda pendiente” a nivel internacional, y se avanza en el cumplimiento del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, publicado en abril de 2014.
Nelly Montealegre Díaz, fiscal especial de la PGR para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), dijo que para la elaboración de los protocolos se contó con la asesoría de grupos civiles, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), órganos especializados como ONU-Mujeres, y también se tomaron en cuenta las recomendaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
Explicó que el objetivo de las guías de actuación es evitar que el actuar de servidores públicos que investigan estos delitos “no se encuentre determinado por el criterio de alguien o de criterios personales y así evitar la discrecionalidad”, pues mediante ellos se establecen los lineamientos para las investigaciones independientemente del lugar geográfico.
En ese sentido, los protocolos –que serán públicos en breve, según dijeron las autoridades– cuentan con cinco apartados, en los que se explica qué es la perspectiva de género, las manifestaciones y consecuencias de la violencia contra las mujeres, y las obligaciones que tiene cada servidor público para investigar con la debida diligencia.
“Nos damos cuenta de que nada es nuevo y todo ya tendría que hacerse, pero (con estos protocolos) ponemos un énfasis en la manera en que tiene que intervenir cada servidor público en las investigaciones por estos delitos”, reconoció Montealegre Díaz.
Finalmente, al señalar que el siguiente reto es la implementación de las guías de actuación, anunció que iniciará una campaña de capacitación para funcionarios de todo el país, a fin de que la aplicación sea generalizada a nivel nacional.
El 16 de noviembre de 2009, la CoIDH encontró a México responsable de la violación a los derechos a la vida, integridad y libertad personal de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, tres de las ocho jóvenes encontradas en noviembre de 2001 en el predio conocido como Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
El mecanismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) ordenó a México cumplir 16 resoluciones. La sentencia define que “el Estado deberá, en un plazo razonable, continuar con la estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres”, conforme a diversos estándares internacionales.
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), de 1985 a 2010 fueron asesinadas 36 mil 600 mujeres; tan sólo en 2012 y 2013 la cifra fue de más de 3 mil 800 víctimas, y sólo el 15.75 por ciento de los casos fueron investigados como feminicidio.
Por: Anaiz Zamora Márquez

Cimacnoticias | México, DF.- 

12/18/2013

Obligan a PGR a diseñar protocolos de género contra feminicidio


NACIONAL
   Tendrá que eliminar prácticas sexistas en procuración de justicia


CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México DF.- 

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó ayer el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, que mandata la creación de protocolos específicos para la investigación con perspectiva de género de delitos como feminicidio, violencia sexual y trata de personas.

Como parte del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se aprobó el Programa Nacional que es de observancia obligatoria para la Procuraduría General de la República (PGR), y que tiene como uno de sus objetivos terminar con la alta desconfianza que siente la población ante las autoridades judiciales.

Y es que cabe recordar que de acuerdo con organizaciones civiles que defienden y promueven los Derechos Humanos (DH), alrededor de 95 por ciento de los delitos en México permanecen impunes.

Ante este panorama y para dar cumplimiento al eje transversal de perspectiva de género, propuesto por el PND y del que se desprenden el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, y el Programa Nacional para Democratizar la Productividad, la PGR contribuirá con varias acciones.

Entre ellas destaca la obligación de diseñar protocolos, con sus respectivos indicadores de desempeño e impacto, sobre investigación con perspectiva de género para casos de feminicidio, violencia sexual, desaparición de mujeres y trata de personas.

Además de diseñar protocolos de actuación, con la participación de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), en las especialidades de medicina, psicología, antropología forense y odontología para la atención a las víctimas y familiares.

A través del nuevo Programa Nacional, la PGR tiene la obligación de diseñar bases de datos sobre actos de violencia contra las mujeres, desglosados según tipo de violencia, perfiles de agresores, medidas de protección; además de impulsar el registro nacional de personas desaparecidas, y ampliar el registro nacional de evidencias genéticas.

Como parte de la estrategia enfocada a promover el liderazgo y participación significativa de las mexicanas en cargos de decisión, la PGR deberá establecer criterios que aseguren la paridad en la asignación de puestos dentro de la dependencia.

También existe el mandato de incluir dentro del reglamento interior de trabajo las licencias de paternidad, y difundir dentro del personal la responsabilidad de mujeres y hombres en el trabajo doméstico.

Asimismo, para promover los valores que contribuyan al cambio social y cultural a favor de la igualdad, la PGR debe garantizar que los materiales elaborados eviten el lenguaje excluyente y sexista, entre otras acciones.

Dentro de la desconfianza que existe ante el sistema judicial cabe recordar que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 (Envipe) mencionó que la ciudadanía no denuncia porque teme a las consecuencias de hacerlo y a ser revictimizada ante “la deficiente operación de las procuradurías”.

Según datos oficiales, apenas el 8.9 por ciento de la población ha manifestado tener mucha confianza en las procuradurías.

A la par, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha informado que la incidencia delictiva en México, tanto en el fuero común como en el federal, presenta un crecimiento sostenido desde 2006.

Por ejemplo, mientras en 2010 un total de 17 millones 847 mil 550 personas se convirtieron en víctimas de algún delito, para 2012 la cifra ascendió a 21 millones 603 mil 990 víctimas.