Cuál es el origen de las posadas navideñas en México

¿Sabes qué significan las posadas navideñas en México? ¿Cuándo empiezan y cuántas son? Pues resolvemos esas y otras dudas de esta tradición decembrina.

15 de diciembre, 2023

Por: Abigail Camarillo@aabi_cm

Una de las costumbres más representativas de la temporada son las posadas navideñas en México. Son populares entre chicos y grandes al ser fiestas con villancicos, comida deliciosa, ponche caliente, piñatas, pastorelas y otros elementos.

Aunque seguro has participado en ellas desde siempre, ¿sabes cuál es su origen o qué simbolizan? Ahondemos un poco en la historia detrás de esta tradición.

¿Qué son y cuál es el significado de las posadas?

Esta es una tradición cien por ciento religiosa y el semanario católico Desde la Fe describe que este novenario (rito de 9 días) se usa como “representación del peregrinar de José y María (embarazada), de Nazareth a Belén”.

Es por eso que durante nueve días se simboliza cómo pedían posada (o asilo) durante ese viaje en el que nacería Jesús.

¿Cuándo empiezan las posadas? ¿Cuántos días duran?

Esto no es como semana santa, cuyas fechas varían año con año. Las posadas siempre empiezan nueve días antes de Navidad. Eso quiere decir que arrancan el 16 de diciembre y el gran cierre es el 24.

Imagen: Diego Rivera. La piñata, 1953. Secretaría de Cultura.

El origen de las posadas navideñas en México

Como muchas otras tradiciones relacionadas con la religión, las posadas navideñas en México tienen su origen en el período de la Conquista y la evangelización.

La UNAM explica que los mexicas tenían un festejo importante aproximadamente en las mismas fechas en el que conmemoraban el nacimiento de Huitzilopochtli, o el dios Sol, y que también se relacionaban con el solsticio de invierno, llamada “Panquetzaliztli o fiesta de las 100 banderas”.

El semanario Desde la Fe menciona que fueron específicamente los agustinos quienes originaron las posadas navideñas en México en San Agustín Acolman, en el Estado de México, a finales del siglo XVI.

La UNAM menciona que fue fray Diego de Soria, superior del convento de San Agustín de Acolman, quien obtuvo en 1587 un permiso del Papa Sixto V que autorizaba la celebración en la Nueva España de una de las Misas llamadas de “aguinaldo”. Estas se realizaban del 16 al 24 de diciembre en los atrios de las iglesias y donde se se intercalaban pasajes y escenas de la Navidad.

El antropólogo Fernando Híjar comenta a NatGeo que a lo largo del tiempo fue el mismo poblado de San Agustín Acolman quien le fue agregando elementos más atractivos como velas, luces de bengala y piñatas.

Igual se repartían los “aguinaldos” que son las bolsas con dulces y que acá fueron sustiuidos por la controvertida colación, aunque actualmente ya se usan dulces comerciales.

¿Cómo se pide posada?

Ya quedó claro que las posadas navideñas en México representan el peregrinar de María y José. Es por eso que las personas en las posadas se dividen en dos grupos.

El primero representa a los peregrinos y salen de casa (tradicionalmente acompañados de figuras que representan a María y José) para pedir posada entonando el famoso “En el nombre del cielo, os pido posada”.

El segundo grupo se queda en el interior y son las personas de la casa que en un principio se niegan a dar refugio a los otros.

Tradicionalmente, todas las personas que participan llevan velas y cuadernillos con la letanía (o ya la vemos directo en el celular).

Ya una vez adentro empieza la convivencia con comida deliciosa y hasta el rompimiento de la piñata.

La famosa letanía para pedir posada

Para que no andes sufriendo buscándola o sacando el librito de tu abuela, aquí te dejamos la letra:

Peregrinos (afuera)

En nombre del cielo

os pido posada,

pues no puede andar

mi esposa amada.

Anfitriones (adentro)

Aquí no es mesón,

sigan adelante

yo no debo abrir

no sea algún tunante.

Peregrinos (afuera)

No seas inhumano,

tennos caridad,

el Dios de los cielos

te lo premiará.

Anfitriones (adentro)

Ya se pueden ir

y no molestar,

porque si me enfado

os voy a apalear.

Peregrinos (afuera)

Venimos rendidos

desde Nazareth

Yo soy carpintero

de nombre José.

Anfitriones (adentro)

No me importa el nombre,

déjenme dormir,

pues que yo les digo

que no hemos de abrir.

Peregrinos (afuera)

Posada te pide

amado casero,

por sólo una noche

la reina del cielo.

Anfitriones (adentro)

Pues si es una reina

quien lo solicita

¿cómo es que de noche

anda tan solita?

Peregrinos (afuera)

Mi esposa es María

es reina del cielo,

y madre va ser

del Divino Verbo.

Anfitriones (adentro)

¿Eres tú José?

¿Tu esposa es María?

Entren, peregrinos,

no los conocía.

Peregrinos (afuera)

Dios pague señores

vuestra caridad,

y que os colme el cielo

de felicidad.

Anfitriones (adentro)

¡Dichosa la casa

que alberga este día

a la virgen pura,

la hermosa María!

Cuando abren la puerta, todos cantan:

Entren santos peregrinos, peregrinos,

reciban este rincón

que aunque es pobre la morada, la morada,

os la doy de corazón.

Al final, los peregrinos agradecen diciendo

Mil gracias os damos

que en esta ocasión

posada nos disteis

con leal corazón.

Pedimos al cielo

que esta caridad

os premie colmándoos

de felicidad.

Crean Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas

   Retrocesos en Derechos Humanos de pueblos originarios

Discriminadas entre los discriminados, las mujeres indígenas han tomado conciencia de sus problemas y de cómo enfrentarlos más hacia afuera -frente a los no indígenas, frente al Estado- que hacia dentro de los propios pueblos y frente a la discriminación machista de sus propios compañeros, aunque cada vez más se van animando también a luchar contra esto.

En el contexto del Día Internacional de la Mujer Indígena, 80 mujeres de diversas organizaciones y pueblos originarios -de los pueblos nahua, zapoteco, ñu savi, mazahua, maya peninsular, ayuuk, purépecha, ñoondá, chatino, tojol-ab’al, tzotzil, tzeltal, cho’ol, ñahñú, triqui, me’phaa y mayo- articuladas en diferentes redes de mujeres indígenas, decidieron crear la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI), luego de su Segundo Congreso Nacional, realizado en la ciudad de Oaxaca los días 4 y 5 de septiembre.

En el congreso constataron que la situación de ellas y la de los pueblos a los que pertenecen “es lamentable” y que el Estado ha retrocedido en lugar de avanzar en el cumplimiento de sus deberes para con ellas y ellos, vulnerando a los pueblos, las comunidades, hombres, mujeres, jóvenes y la infancia indígena del país en materia de libre determinación, derecho al territorio, a la consulta indígena, a la vida de las mujeres, de protección a personas defensoras de derechos humanos, derecho a la salud, educación, trabajo, derechos lingüísticos y presupuestos destinados a programas y políticas públicas dirigidas a los pueblos originarios.

En la declaratoria final del evento demandaron diversas medidas para disminuir las brechas de desigualdad, discriminación y racismo que siguen vigentes en el país. Entre otras, exigieron que el Estado Mexicano acate e implemente los diferentes instrumentos jurídicos internacionales que reconocen y garantizan los derechos de las personas y pueblos indígenas, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Plataforma de Acción de Beijing, entre otros, así como los artículos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documentos que en general son desconocidos tanto por las mujeres y hombres indígenas -y los no indígenas- como por las propias autoridades.

En la declaratoria condenaron “las supuestas consultas indígenas que se están realizando por diversas autoridades, sin cumplir con los estándares internacionales, actuando con dolo y simulando obtener el consentimiento de los consultados” por lo que, afirmaron, continúan los despojos de tierras, recursos naturales y territorios. Subrayaron que los territorios indígenas de México están prácticamente concesionados a empresas transnacionales, mineras, de agua y eólicas y como ejemplo señalaron que 13.5 por ciento del suelo nacional está en manos de empresas mineras.

Manifestaron suma preocupación por los casos de feminicidio que ocurren todos los días. Como ejemplo mencionaron que se han registrado en el estado de Sonora 465 casos de feminicidio del 2007 al 2016, y que pese a que se ha solicitado que se implemente la Alerta de Violencia de Género en diversos estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, entre otros, aún no se había hecho caso a tales solicitudes.

También manifestaron su preocupación por las intimidaciones y amenazas que viven las indígenas gestoras y defensoras de derechos humanos, de derechos de las mujeres y de los pueblos, por la labor que desempeñan.

La Asamblea exigió que el gobierno federal promueva y reconozca el Día internacional de la Mujer Indígena, como forma de reivindicar el aporte de las mujeres indígenas en la construcción de un México Pluricultural; que toda autoridad  respete el derecho que los pueblos indígenas tienen a la libre determinación sobre su territorio y se les consulte de conformidad con los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas para que decidan si efectivamente autorizan las concesiones que se encuentren en trámite o se hayan otorgado.

Que se consulte el proyecto de Constitución de la Ciudad de México a los pueblos originarios y comunidades indígenas de la Ciudad de México; justicia y libertad para las y los presos políticos de todo el país; esclarecimiento, justicia y aparición con vida de los y las estudiantes normalistas de Ayotzinapa, así como la aparición de todos y todas las desaparecidas del país; garantizar el derecho a la participación y representación política de mujeres y jóvenes indígenas en espacios institucionales, principalmente en aquellos encargados de las políticas públicas para mujeres y pueblos indígenas y exigir a los partidos políticos que garanticen la representación de las mujeres indígenas de manera proporcional a la población, en los cargos de elección popular, fueron otras de sus demandas.

Exigieron que se reconozca al trabajo del hogar remunerado como un trabajo digno y que a quienes lo realizan se les garantice el acceso a un trabajo productivo y estable, la libertad sindical y negociación colectiva, relaciones laborales democráticas, la protección de la seguridad social, salario digno y progresivo, ambientes de trabajo sanos y libres de violencia.

En la Declaratoria las mujeres indígenas también refrendaron su apoyo a la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos en su lucha contra el Plan Integral Morelos, que, afirmaron, atenta contra la vida de las mujeres y pueblos indígenas. Exigieron el esclarecimiento y castigo a los responsables de las fosas de Tetelcingo, en Morelos también, y el respeto al derecho de revocación de mandato.

Entre las participantes en este evento estuvieron la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami), Red Nacional de Casas de Mujeres Indígenas (Camis), Red Indígena de Turismo de México (RITA), Red Interdisciplinaria de investigadores de los Pueblos Indios de México (IINPIM), Red de Abogadas Indígenas (RAI), Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), entre otras.
 

CIMACFoto: Anayeli Garcia Martínez

Por: Rosa Rojas

Cimacnoticias/Desinformémonos | Oaxaca, Oax.- 

Como costurera, Elda preserva la tradición de vestir al Niño Dios

Con los dedos pinchados, gusta de ver cómo el hilo forma la ropa

A unos pasos del cerro, ubicado en el lado norte de esta capital del estado de Chiapas, vive Elda Zárate Vázquez, quien lleva 16 años dedicándose a la confección de ropa de Niño Jesús.

El cielo desciende a través de los árboles y en el color verde se pierden las voces y todo el ruido mundano de la ciudad. La cruz de 64 metros de altura construida en Copoya desde este ángulo es tan diminuta.

Sin embargo, la noche que pasea por las calles empedradas y vigilada –en su mayoría– por perros criollos es invadida por el sonido de la máquina de coser, tric, tric, tric, tric, tric, tric… El pie de Elda comienza a inclinarse, cada segundo aumenta la velocidad del movimiento hasta compactar completamente un diseño.

Ella viste una blusa azul y unos jeans, tiene la piel morena y el cabello sujetado. Dice que su papá no le dejó herencia, pero él al dedicarse a la sastrería le enseñó este oficio que le ha servido para sacar adelante a sus tres hijos.

“Antes yo trabajaba afuera de mi casa, dejaba el desayuno y la comida hecha. Regresaba hasta la noche”, recuerda.

Su esposo, quien falleció hace 12 años, fue su apoyo, ya que cuenta que mientras ella se ausentaba por este oficio, su pareja se dedicaba a atender a sus hijos; incluso hasta él cosía.

Ahora labora desde su casa; cada semana le dejan los accesorios para que haga el producto, ya que decidió trabajar de esta manera porque padece diabetes, y no quiere que le pase algo en la calle.

Ella sólo arma el modelo para que sean comprados en el Mercado Juan Sabines. Por ello, seis horas se dedica a esta actividad, la cual a veces suspende porque tiene que hacer comida o lavar su ropa, pero sin disminuir la producción que va de 25 a 30 artículos al día.

Dos máquinas de coser le sirven como herramientas indispensables para la hechura de esta ropa que consta de encaje, galón (blanco o plateado), elástico, velcro y tela de raso, para los niños que miden 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y hasta 50 centímetros.

Elda enlista las vestimentas más solicitadas en esta temporada que finaliza el próxima 2 de febrero, Día de la Candelaria, como Sagrado Corazón de Jesús, San Judas Tadeo y el Niño Doctor.

Comparte que ha disminuido la tradición de sentar a los niños, pero aún prevalece esta práctica religiosa. Los alrededor de 150 pesos que gana al día le resultan alentadores para satisfacer necesidades básicas como la comida.

Tras la celebración católica, Elda comenzará a confeccionar vestidos de temporadas como disfraces. A una de sus hijas también le gusta coser, a veces le ayuda, aunque tiene como fuente de trabajo la cocina.

La mujer sonríe, le agrada el sonido de la máquina. Este oficio es su pasatiempo, hace que se olvide del dolor que le provocó la muerte de su hermano, mamá y papá, así de seguidito.

Tiene algunos dedos pinchados, que son señas del trabajo que hace. Disfruta ver cómo el hilo va formando puntos que se convierten en una obra que podrá portar una mujer, un hombre, o niñas y niños.

Foto retomada del sitio revistaenheduanna.com.mx

Por: Karla Gómez

Cimacnoticias/Enhedduana | Tuxtla Gutiérrez, Chis.- 

 

Fallo de Corte abona a igualdad en relaciones de pareja

POBLACIÓN Y DESARROLLO

   Pone límites a costumbre machista de la dote en Uganda

Una ceremonia matrimonial en Uganda conocida como ‘kuhingira’, en la que el novio ofrece una dote a la familia de la novia. La Corte Suprema dictaminó en agosto de 2015 que en caso de disolución del vínculo, es inconstitucional devolver esa dote | Foto: Wambi Michael/

Tras años de lucha contra la costumbre de la dote en este país del oriente africano, finalmente la Corte Suprema de Justicia dictaminó que el marido ya no puede reclamar su devolución en caso de disolución del vínculo matrimonial, aunque no llegó a declarar la práctica inconstitucional.

En un país donde la mayoría de los matrimonios se rigen por costumbres tradicionales, las defensoras de los derechos de las mujeres consideraron el dictamen como un paso que acerca el objetivo de lograr una mayor igualdad en las relaciones de pareja.

Ello pese a que fracasaron en que el tribunal declara la inconstitucionalidad de la dote.

El “precio de la novia”, como se llama a la dote, es el regalo que el novio ofrece a la familia de ella como prueba de su aprecio. Tradicionalmente eran vacas o cabras, además de dinero. Pero en algunos pueblos ahora se estila regalar otros artículos como sofás y refrigeradores.

La batalla legal por la dote se remonta a 2007, cuando la organización defensora de los derechos de las mujeres Mifumi, con sede en Kampala, presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para declararla inconstitucional.

Mifumi, cuyo trabajo se centra en la protección de mujeres, niñas y niños que sufrieron violencia y otros tipo de abusos, sostiene que si se las empodera, las mujeres pueden elevarse por encima de muchas tradiciones culturales, como la dote, que las mantienen rezagadas, coartando su contribución al desarrollo.

El recurso de Mifumi sostenía que el reclamo o el pago de la dote por el novio a los padres de la novia crea las condiciones para la desigualdad dentro del matrimonio, en contra de lo que dispone la Constitución, que garantiza la igualdad de derechos entre mujeres y hombres en el matrimonio y en su disolución.

Pero en 2010, el Tribunal Constitucional dictaminó que la dote era constitucional, con un solo voto en contra, el del magistrado ya fallecido Amos Twinomujuni, quién arguyó que lo que estaba en juego era la igualdad de las mujeres y que la dote era una fuente de violencia doméstica.

Sin intimidarse, Mifumi decidió recurrir a la Corte Suprema, que por seis votos contra uno dictaminó que el reembolso de la dote atentaba contra la Constitución nacional en lo que respecta a la igualdad al contraer matrimonio, durante el mismo o en caso de disolución.

El magistrado Jotham Tumwesigye observó que era injusto para los padres de la mujer que se les pidiera reembolsar la dote tras años de matrimonio y que, de todas maneras, era poco probable que conservaran algo vinculado a ella como para hacerlo efectivo.

Además, señaló que una de las consecuencias de que los padres ya no tuvieran el efectivo o los bienes de la dote era el riesgo de que la mujer casada tolerara abusos por temor a causar problemas a sus padres, que no estaban en condiciones de afrontar.

El presidente del alto tribunal, Bert Katureebe, observó que “el reembolso del precio de la novia implica que la mujer está en préstamo y puede devolvérsela y recuperar el dinero. Eso compromete la dignidad de la mujer”.

Los seis magistrados de la Corte Suprema coincidieron por unanimidad que referirse a los regalos de bodas como dote reduce su significado al mero valor de mercado.

Tras el dictamen, Solomy Awiidi, asesora legal de Mifumi, dijo a Cimacnoticias/IPS que se alegraba de que el dictamen limitara una práctica cultural que mantiene a las mujeres rehenes de matrimonios abusivos.

Mifumi hubiera preferido que directamente se aboliera la dote, pero el hecho de que el alto tribunal emitiera un dictamen contra el reembolso de la misma era algo digno de celebrar tras 15 años de lucha.

“Hay padres y hermanos de novias con demandas civiles porque no pudieron devolver la dote, mientras miles, sino millones, de mujeres en todo el país han sufrido abusos por no poder devolverla. Este dictamen liberará a muchas de ellas”, se alegró Awiidi.

El abogado de Derechos Humanos Ladislaus Rwakafuzi, quien estuvo al frente del recurso presentado por Mifumi, dijo a Cimacnoticias/IPS que “no logramos todo lo que queríamos, pero por lo menos sabemos que la gente comenzará a tener cuidado de no pagar demasiado si saben que no habrá devolución en caso de que se disuelva el matrimonio”.

Rita Achiro, directora ejecutiva de la Red de Mujeres de Uganda, comentó a Cimacnoticias/IPS que el dictamen mostró que las mujeres de este país pueden recurrir a la justicia contra las leyes que las mantienen oprimidas.

Además, instó al gobierno y al Parlamento a promover una ley que garantice el cumplimiento del dictamen judicial, porque si no se penaliza, se seguirá reclamando la devolución de la dote.

Hay antecedentes de tribunales que anulan leyes que discriminan a las mujeres, recordó, pero el gobierno y el Parlamento no han aprobado las leyes necesarias para que se cumplan los dictámenes judiciales.

Achiro citó el ejemplo del dictamen del Tribunal Constitucional de marzo de 2004, cuando se derogaron 10 artículos de la Ley de Divorcio porque contravenían el artículo constitucional que garantiza los mismos derechos a las mujeres que a los hombres.

La Ley de Divorcio permitía que hombres abandonaran a sus esposas en casos de adulterio, pero las mujeres no tenían el mismo derecho porque tenían que probar la culpabilidad del marido, no solo de adulterio, sino de otros delitos como bigamia, sodomía, violación y abandono.

Un panel de cinco jueces constitucionales confirmó que las causales de divorcio se deben aplicar por igual a mujeres y hombres en el matrimonio.

Entonces, defensoras de los derechos femeninos aplaudieron el fallo, que consideraron histórico y que apuntaba a la igualdad entre los sexos, pero 11 años después, todavía no se aprueba ninguna ley que lo haga cumplir.

*Este artículo fue retomado de la agencia internacional de noticias IPS.

Wambi Michael*

Cimacnoticias/IPS | Kampala, Uganda.- 

Mujeres aplauden logro parcial contra la dote en Uganda

Por Wambi Michael © Reproducir este artículo

Una ceremonia matrimonial en Uganda conocida como ‘kuhingira’, en la que el novio ofrece una dote a la familia de la novia. La Corte Suprema dictaminó en agosto de 2015 que en caso de disolución del vínculo, es inconstitucional devolver esa dote. Crédito: Wambi Michael/IPS

KAMPALA, 10 ago 2015 (IPS) - Tras años de lucha contra la costumbre de la dote en Uganda, finalmente la Corte Suprema de Justicia dictaminó esta semana que el marido ya no puede reclamar su devolución en caso de disolución del vínculo matrimonial, aunque no llegó a declarar la práctica inconstitucional.

En un país donde la mayoría de los matrimonios se rigen por costumbres tradicionales, las defensoras de los derechos de las mujeres consideraron el dictamen como un paso que acerca el objetivo de lograr una mayor igualdad en las relaciones de pareja.

Ello pese a que fracasaron en que el alto tribunal declara la inconstitucionalidad de la dote.

"El reembolso del precio de la novia implica que la mujer está en préstamo y puede devolvérsela y recuperar el dinero. Eso compromete la dignidad de la mujer”: juez Bert Katureebe.

El “precio de la novia”, como se llama a la dote, es el regalo que el novio ofrece a la familia de ella como prueba de su aprecio. Tradicionalmente eran vacas o cabras, además de dinero. Pero en algunos pueblos ahora se estila regalar otros artículos como sofás y refrigeradores.

La batalla legal por la dote se remonta a 2007, cuando la organización defensora de los derechos de las mujeres Mifumi, con sede en Kampala, presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para declararla inconstitucional.

Mifumi, cuyo trabajo se centra en la protección de mujeres, niñas y niños que sufrieron violencia y otros tipo de abusos, sostiene que si se las empodera, las mujeres pueden elevarse por encima de muchas tradiciones culturales, como la dote, que las mantienen rezagadas, coartando su contribución al desarrollo.

El recurso de Mifumi sostenía que el reclamo o el pago de la dote por el novio a los padres de la novia crea las condiciones para la desigualdad dentro del matrimonio, en contra de lo que dispone la Constitución, que garantiza la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el matrimonio y en su disolución.

Pero en 2010, el Tribunal Constitucional dictaminó que la dote era constitucional, con un solo voto en contra, el del magistrado ya fallecido Amos Twinomujuni, quién arguyó que lo que estaba en juego era la igualdad de la mujer y que la dote era una fuente de violencia doméstica.

Sin intimidarse, Mifumi decidió recurrir a la Corte Suprema, que por seis votos contra uno dictaminó que el reembolso de la dote atentaba contra la Constitución nacional en lo que respecta a la igualdad al contraer matrimonio, durante el mismo o en caso de disolución.

El magistrado Jotham Tumwesigye observó que era injusto para los padres de la mujer que se les pidiera reembolsar la dote tras años de matrimonio y que, de todas maneras, era poco probable que conservaran algo vinculado a ella como para hacerlo efectivo.

Además, señaló que una de las consecuencias de que los padres ya no tuvieran el efectivo o los bienes de la dote era el riesgo de que la mujer casada tolerara abusos por temor a causar problemas a sus padres, que no estaban en condiciones de afrontar.

El presidente del alto tribunal, Bert Katureebe, observó que “el reembolso del precio de la novia implica que la mujer está en préstamo y puede devolvérsela y recuperar el dinero. Eso compromete la dignidad de la mujer”.

Los seis magistrados de la Corte Suprema coincidieron por unanimidad que referirse a los regalos de bodas como dote reduce su significado al mero valor de mercado.

Tras el dictamen, Solomy Awiidi, asesora legal de Mifumi, dijo a IPS que se alegraba de que el dictamen limitara una práctica cultural que mantiene a las mujeres rehenes de matrimonios abusivos.

Mifumi hubiera preferido que directamente se aboliera la dote, pero el hecho de que el alto tribunal emitiera un dictamen contra el reembolso de la misma era algo digno de celebrar tras 15 años de lucha.

“Hay padres y hermanos de novias con demandas civiles porque no pudieron devolver la dote, mientras miles, sino millones, de mujeres en todo el país han sufrido abusos por no poder devolverla. Este dictamen liberará a muchas de ellas”, se alegró Awiidi.

El abogado de derechos humanos Ladislaus Rwakafuzi, quien estuvo al frente del recurso presentado por Mifumi, dijo a IPS que “no logramos todo lo que queríamos, pero por lo menos sabemos que la gente comenzará a tener cuidado de no pagar demasiado si saben que no habrá devolución en caso de que se disuelva el matrimonio”.

Rita Achiro, directora ejecutiva de la Red de Mujeres de Uganda, comentó a IPS que el dictamen mostró que las mujeres de este país pueden recurrir a la justicia contra las leyes que las mantienen oprimidas.

Además, instó al gobierno y al parlamento a promover una ley que garantice el cumplimiento del dictamen judicial, porque si no se penaliza, se seguirá reclamando la devolución de la dote.

Hay antecedentes de tribunales que anulan leyes que discriminan a las mujeres, recordó, pero el gobierno y el parlamento no han aprobado las leyes necesarias para que se cumplan los dictámenes judiciales.

Achiro citó el ejemplo del dictamen del Tribunal Constitucional de marzo de 2004, cuando se derogaron 10 artículos de la Ley de Divorcio porque contravenían el artículo constitucional que garantiza los mismos derechos a las mujeres que a los hombres.

La Ley de Divorcio permitía que hombres abandonaran a sus esposas en casos de adulterio, pero las mujeres no tenían el mismo derecho porque tenían que probar la culpabilidad del marido, no solo de adulterio, sino de otros delitos como bigamia, sodomía, violación y abandono.

Un panel de cinco jueces constitucionales confirmó que las causales de divorcio se deben aplicar por igual a hombres y a mujeres en el matrimonio.

Entonces, defensoras de los derechos femeninos aplaudieron el fallo, que consideraron histórico y que apuntaba a la igualdad entre hombres y mujeres, pero 11 años después, todavía no se aprueba ninguna ley que lo haga cumplir.

Editado por Phil Harris / Traducido por Verónica Firme

Las mujeres saharauis toman la calle

Por Karlos Zurutuza 

De izquierda a derecha, Fátima Hamimid Aza Amidan y Rabab Lamin, tres integrantes del Foro para el Futuro de la Mujer Saharaui, en un lugar de El Aaiún sin especificar. Crédito: Karlos Zurutuza/IPS

EL AAIÚN, Sahara Occidental , 20 jul 2015 (IPS) - Diez mujeres han discutido durante toda la jornada sobre cómo transmitir la cultura y tradición saharauis a las más jóvenes. Como siempre, se han reunido en secreto. No hay alternativa en la capital del Sahara Occidental ocupado por Marruecos. 

Rabab Lamin fue la encargada de fijar el lugar y la fecha de este último encuentro del Foro para el Futuro de la Mujer Saharaui. Puede tratarse de una organización clandestina pero, aparentemente, está perfectamente vertebrada.

“Empezamos a organizarnos en 2009 y hoy contamos con 60 miembros activos, un comité ejecutivo de 16 y centenares de colaboradores”, explica Lamin, madre de un preso político. El objetivo, añade, es “la reivindicación los derechos fundamentales del pueblo saharaui a través de la lucha pacífica”.

“Nos golpean y detienen, entran en nuestras casas y se llevan a hombres, mujeres, e incluso niños menores de 15 años… Aquí no conocerás a ningún saharaui que no haya sido maltratado por la policía, ni familia que no haya perdido a uno de los suyos”: Aza Amidan.

“Nací con los españoles”, recuerda a IPS esta mujer de 54 años, que asegura “no haber conocido más que brutalidad” a manos del gobierno marroquí.

Precisamente, este año se cumplen cuatro décadas desde que España abandonara Sahara Occidental, su última colonia, en manos de Marruecos y Mauritania.

Si bien Rabat insiste en que este territorio del tamaño de Gran Bretaña no es sino su provincia más meridional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sigue considerándolo como un “territorio en proceso de descolonización inconclusa”.

Desde el alto al fuego firmado en 1991 entre Marruecos y el Frente Polisario – la autoridad que la ONU reconoce como representante legítimo del pueblo saharaui-, Rabat controla la casi totalidad del territorio, incluida la orilla que baña el océano Atlántico.

Únicamente una exigua franja desértica, al otro lado del muro construido por Marruecos, permanece bajo control saharaui. Allí proclamó su independencia en 1976 la República Árabe Saharaui Democrática, que actualmente reconocen 82 países.

La catástrofe más conocida de este conflicto aún sin resolver fue el exilio de la casi la totalidad del pueblo saharaui al desierto de Argelia. Los que se quedaron siguen sufriendo las consecuencias de su decisión.

“Nos golpean y detienen, entran en nuestras casas y se llevan a hombres, mujeres, e incluso niños menores de 15 años… Aquí no conocerás a ningún saharaui que no haya sido maltratado por la policía, ni familia que no haya perdido a uno de los suyos”, asegura Aza Amidan, hermana de un preso político.

La activista de 34 años añade a IPS que la propia fundadora y actual lideresa de la organización, Zukeine Ijdelu, pasó 12 años en la cárcel.

En un informe publicado en mayo, Amnistía Internacional califica la práctica de la tortura en Marruecos de “endémica” y sitúa a los disidentes políticos saharauis en el principal grupo de riesgo. Asimismo, acusa al gobierno marroquí de “proteger a los torturadores, y no a los torturados”.

Mujeres saharauis participan en una de las múltiples protestas en El Aaiún, la capital de Sahara Occidental. Crédito: Equip Media

Precisamente, una de las labores principales del Foro de la Mujer Saharaui es la asistencia moral y económica a aquellas que han sufrido la cárcel, tanto en persona como la de sus seres más cercanos.

“Hacemos colectas entre la comunidad para ayudar a las afectadas porque la mujer es siempre la que más sufre, tanto si la detienen a ella como a sus familiares; ellas son las que han de sostener a la familia, con o sin sus maridos”, señala Amidan.

A pesar de numerosas llamadas telefónicas y correos electrónicos, las autoridades marroquíes se negaron a responder a las preguntas de IPS sobre éstas y otras vulneraciones de los derechos humanos presuntamente cometidas en Sahara Occidental.

Asimilación

A sus 62 años, Fátima Hamimid es una de las activistas más veteranas del Foro. La tortura, dice, es algo que se puede llegar a superar. Pero hay otros agravios que resultan “irreparables”.

“El taller de hoy buscaba concienciar a las nuevas generaciones sobre la asimilación cultural de nuestro pueblo a manos de Rabat. Marruecos busca negar nuestra existencia borrando nuestra propia historia incluyéndola en la suya propia”, denuncia a IPS.

Puede que la ausencia en la educación y la administración del hassanía -la variante del árabe que hablan los saharauis- sea uno de los ejemplos más elocuentes de esas políticas.

No obstante, la activista habla también de otros más recientes, como la prohibición de levantar la tienda tradicional saharaui, el acoso a las mujeres por su vestimenta, fácilmente distinguible por su colorido, o el veto a poner a los recién nacidos nombres que se asocian a los de disidentes históricos saharauis.“Esta es otra de las razones que nos impulsa a organizar y tomar parte en manifestaciones”, subraya Hamimid. Las protestas pacíficas, explica, son otro eje de actuación importante de este colectivo

Pero no está exento de riesgos. En su Informe Mundial de 2015, Human Rights Watch denuncia que en Sahara Occidental las autoridades prohibieron “todas las reuniones públicas consideradas hostiles a la norma impugnada de Marruecos sobre ese territorio”.

Asimismo, esta organización humanitaria, con su sede central en Nueva York,  destaca la “gran cantidad de policías que bloquearon el acceso a los lugares de las manifestaciones” así como la dureza empleada para dispersarlas.

Circunstancias como esta son las que llevaron a Takbar Haddi a realizar una huelga de hambre durante 36 días frente al Consulado de Marruecos en Gran Canaria, la mayor de las españolas Islas Canarias, situadas frente a las costas del Sahara. La protesta culminó en junio con la hospitalización de la activista.

Haddi sigue exigiendo que le entreguen el cadáver de su hijo, Mohamed Lamin Haidala, apuñalado en febrero en El Aaiún, y que se investiguen tanto las circunstancias del crimen como la presunta negligencia de los médicos que le atendieron.

Familiares cercanos aseguraron a IPS que habían rechazado una oferta económica de Rabat a cambio de su silencio.

“Hay quien piensa que ser libre es, simplemente, no estar en la cárcel, o no ser torturado”, explica Hamimid, apurando la última de las tres tazas de té que marca la tradición saharaui. “Nosotras, las mujeres saharauis, entendemos el concepto en su totalidad”, sentencia.

Editado por Estrella Gutiérrez

Sistema de “usos y costumbres” contra la manipulación electoral de gobierno y partidos

Pedro Echeverría V. 

1. La burguesía  anunció con “bombo y platillos” -aunque para mi es terrible porque reconfirma el dominio de una sistema capitalista de explotación y miseria- que: “ El 6 de marzo arrancaron las campañas electorales para elegir nueve gobernadores en Baja California Sur, Sonora, Guerrero, Colima, Campeche, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí y Querétaro; 500 diputados federales (300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional); también se elegirán en 17 estados 641 diputaciones locales (387 de mayoría relativa y 254 de representación proporcional), así como 993 alcaldías (de los 2,441 municipios que hay en el país); más 20 juntas municipales (en Campeche) y las 16 jefaturas delegaciones del Distrito Federal”. ¿Qué podremos hacer contra ese enorme despilfarro, fraude, engaño a la inmensa mayoría de la población?  ¿Tendremos la fuerza para obligar al Estado a recocer que el pueblo puede darse su gobierno? 

2. En Oaxaca –un estado del sur de la República mexicana con alrededor de cuatro millones de habitantes-  418 municipios se rigen por el sistema electoral de gobierno de “usos y costumbres” (que tienen un origen de siglos), que se realizan a través de asambleas, “sin la intervención de partidos políticos”; sólo 152 municipios usan el régimen moderno capitalista de instituciones electorales de gobierno y de partidos políticos”. En Chiapas, a partir del levantamiento zapatista del EZLN en 1994, se fue creando la idea de organizar municipios de “Buen Gobierno” o “Caracoles” con formas autogestionarias  y vigilancia y se instalaron en 2003 cinco municipios en el estado donde “el pueblo manda y el gobierno obedece”. Por la existencia de estos municipios puse atención en la demanda de los guerrerenses en lucha: “No queremos elecciones en junio, queremos municipios de “usos y costumbres”. 

3. Para el gobierno capitalista sólo son gotas de lluvia dentro del total dominio del sistema electoral que lo controla todo con los miles de millones de pesos que se reparten en cada campaña política y elección  entre partidos, políticos y medios de información. La realidad es que un estado de la República o dos, son absolutamente controlables,  no perjudican; al contrario “demuestran a nivel internacional la apertura, el pluralismo y la democracia en México”.  La bronca real contra el sistema de democracia burguesa y sus instituciones será cuando los ciudadanos de todo el país (los trabajadores) estén en las calles arrinconando al gobierno, a su ejército y policías y obligándolo a “mandar obedeciendo al pueblo”. Pero si en Oaxaca 152 municipios eligen diputados, senadores, gobernadores, los 418 municipios de usos y costumbres no tienen presencia política nacional, sólo son una simple muestra. 

4. Con esos municipios “independientes” y con mil más el capitalismo sigue exprimiendo las energías y sangre de nuestro pueblo, negándoles alimentación, vivienda, salud, educación y el capitalismo sigue “vivito y coleando”. La bronca es cómo levantar a todo el pueblo o a la mayoría contra el gobierno, los empresarios explotadores, contra la manipulación de los medios de información y de la iglesia. ¿Saben cuántas personas ven la novela de las nueve, de las diez o de las 15 horas y de paso ven las noticias televisivas en México, o los que ven el fútbol?  Unas 50 millones; ¿saben cuántas personas leen o ven mis artículos y de mis amigos en Internet? No son más de cinco, ni nuestros amigos. La realidad es que el capitalismo nos tiene apergollados con la explotación y la ignorancia; pero esencialmente con los medios de información. 

5. He vivido plenamente, desde 1958, cuatro elecciones presidenciales en la época del “nacionalismo revolucionario” y seis en este período del neoliberalismo privatizador; así como también 10 elecciones intermedias. Lo más importante de ellas ha sido: a) los miles de millones de pesos que se dilapidan; b) el triunfo de los partidos y candidatos que derrochan más dinero; c) la descarada corrupción en la compra de votos y d) el servilismo de los electos hacia el presidencialismo. Jamás he votado, pero nunca he dejado de ser activista contra los gobiernos. He visto desde 1958 hasta 2012 que después de cada elección todo regresa como estaba; cambian nombres de quienes ocupan los cargos. Todos los gobiernos han sido pésimos porque imponen programas a favor de los ricos mientras el 80 por ciento de la gente sigue en la pobreza. 

6. Por ello cuando los luchadores sociales de Guerrero que no quieren elecciones burguesas, han planteado que desean para ellos el sistema de “usos y costumbres” (como están los 418 municipios de Oaxaca) me parece muy importante, pero aún muy limitado y hasta un distractor porque no toca el criminal sistema capitalista que seguirá imponiendo diputados, senadores, gobernadores, presidentes, manteniendo un ejército, policías, tribunales y jueces al servicio del capital; que continuará reprimiendo y asesinando a la verdadera oposición social. Tengo la convicción que la tarea de los luchadores sociales es pensar y construir alternativas contra esa brutal opresión de las clases dominantes que nos permitan avanzar contra el capitalismo, ideología y práctica. Por ello las Juntas de Buen Gobierno del zapatismo y este sistema de usos y costumbres deben analizarse bien. 

7. Después de que en los años sesenta sonó la campanada de la liberación mundial con los jóvenes, los estudiantes, las mujeres, la pintura, la música, la revolución cubana, las guerrillas, las luchas en las calles, han pasado 50 años y el capitalismo se ha renovado para someternos más. ¿Por qué creció mucho más la fuerza de la burguesía explotadora y todos los impugnadores del sistema nos debilitamos? ¿Hoy la clase dominante es mucho más poderosa que antes por haber desarrollado mejor sus ideas de dominación y, por el contrario, los de abajo nos debilitamos por haberse estancado o desviado nuestras propuestas de lucha?  Quizá tengamos que regresar a los viejos pensadores y hacer a un lado esta dinámica del inmediatismo y el pragmatismo que parece que avanzamos pero en realidad vamos para atrás. (27/III/15) 

http://pedroecheverriav.wordpress.com

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Limitado acceso de mexicanas a contar con partera profesional

   El país falla en incorporación del servicio al sistema de salud

Apenas el 60 por ciento de las mexicanas que necesita los servicios de una partera profesional y capacitada tiene acceso a ella, pese a que México es uno de los 73 países donde ocurre el 92 por ciento de las muertes maternas.

De ello da cuenta el informe “El Estado de las parteras en el mundo 2014. Hacia el acceso universal a la salud, un derecho de la mujer” –sólo disponible en inglés–, publicado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Confederación Internacional de Matronas, y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con el reporte, aunque México no es una de las naciones con más rezago en la materia –como sí lo son Haití o Chad–, aún existe una brecha entre el número de parteras que se requieren y con las que se cuentan.

El informe menciona que para 2012 la población total se estimaba en 120.8 millones de personas, de ellas 45 por ciento vivía en áreas rurales y 28 por ciento, es decir 33.6 millones, eran mujeres en edad reproductiva, por lo que en algún momento de su vida ocuparan algún servicio en salud sexual y reproductiva.

Considerando que para 2030 la población se incrementará en 19 por ciento, para lograr el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, así como a cuidado materno y neonatal, los servicios de partería deberán responder a 3.1 millones de nacimientos al año.

Lo que implica para el Estado mexicano configurar e implementar de manera equitativa la fuerza de trabajo suficiente para cubrir las necesidades de al menos 251.4 millones de visitas neonatales, 41 millones de nacimientos y 163.9 millones de visitas posparto que se prevén entre 2012 y 2030.

Actualmente, indica el informe, hay una necesidad insatisfecha de estos servicios, que se contabiliza por la cantidad de parteras, enfermeras capacitadas, auxiliares de partería y demás  profesionales que reporta tener México.

Destaca –no obstante– que no existen datos específicos sobre el número de nacimientos atendidos por una partera, tanto en las áreas rurales como urbanas.

A lo que se suma que no existe la posibilidad de un continuo desarrollo profesional de las parteras profesionales y tampoco hay una representación legal o asociación que les permita defenderse cuando son acusadas de mal desempeño, y pese a que la profesión fue reconocida oficialmente en 2011 no existe una posibilidad de negociación del salario con el gobierno.

En ese contexto, en el reporte se llama a México, al igual que al resto de las naciones, a que se elaboren los planes y programas correspondientes para la adecuada incorporación de las parteras a los servicios de salud, procurando que éstas sean aceptadas por todo el personal y tengan todas las herramientas y conocimientos necesarios antes de 2030.
 

CIMACFoto: Yunuhen Rangel Medina

Por: Anaiz Zamora Márquez

Cimacnoticias | México, DF.- 

Cherán por la libre

La cuna de las autodefensas en Michoacán es ahora la primera comunidad libre y soberana de México. 

Un fallo de la Suprema Corte obliga al gobierno de Michoacán a aceptar que sus usos y costumbres sean leyes

Por J. Jesús Lemus - 

Ni el congreso local ni el gobierno del Estado habían querido reconocer a la autoridad indígena de Cherán, a la que consideraban en rebeldía

12 Personas integran el Consejo Mayor de Cherán

4 Barrios tiene la comunidad indígena

3 Consejeros representan a cada barrio

1 Juez menor tiene cada uno de los barrios, aparte de los consejeros

Enclavada en el corazón de la Meseta Purépecha, la población indígena de Cherán era una de las más castigadas por la violencia y el saqueo.

Cansados del abandono de las autoridades, los pobladores buscaron organizarse y declararse independiente del gobierno estatal.

Ahí surgió por primera vez el concepto de autodefensa comunitaria hace más de 3 años.
 Hoy, por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo Mayor de Cherán -elegido en base a usos y costumbres indígenas- debe ser reconocido por el gobierno estatal como autoridad única de esa población.
La pequeña comunidad, que apenas el 15 de abril del 2011 se declaró independiente del gobierno del Estado, ganó una controversia constitucional que le reconoce su carácter independiente y de libre autodeterminación en materia de gobierno.
Ni el congreso local ni el gobierno del Estado habían querido reconocer a la autoridad indígena de Cherán, a la que consideraban en rebeldía.
Con la decisión emitida por la máxima instancia judicial de México, el gobierno indígena ahora está facultado legalmente para demandar y exigir una relación de igualdad y respeto, en todo lo que corresponda a la emisión de leyes que afecten a los intereses de esa localidad purépecha.
Antes de este reconocimiento, el congreso de Michoacán no los tomó en cuenta en un referéndum que se levantó en el 2012 para modificar la constitución política del estado.
Los diputados argumentaron la inexistencia de una autoridad formal en la localidad para llevar a cabo una consulta ciudadana.
Ahora, el pleno de la SCJN declaró inválidas esas reformas a la constitución de Michoacán, las cuales fueron impugnadas por el municipio de Cherán al argumentar que nunca se les consultó sobre su contenido.
La resolución, que fue votada a favor por 9 de los 11 magistrados de la Suprema Corte, fue promovida por la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, quien argumentó pleno reconocimiento al pueblo indígena para ser tomado en cuenta por las autoridades en materia de consulta de leyes.
Con esta resolución, al gobierno comunal de Cherán también se le inviste de personalidad para demandar al gobernador de Michoacán, al congreso local y a los otros 112 municipios de todo el estado.
La sentencia de la controversia constitucional reconoce que el Concejo Mayor de esa población indígena es simular en autoridad a un ayuntamiento municipal que surge de una elección en base a las leyes políticas y electorales vigentes en todo el país.
Por esta razón, el Consejo tiene todas las facultades y atribuciones inherentes a un gobierno municipal. Incluso, personalidad jurídica para promover controversias constitucionales.
Aún queda pendiente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine sobre las razones atribuibles al ejecutivo estatal y a los propios diputados locales que violentaron el derecho del municipio de Cherán a ser tomado en cuenta en las modificaciones a la Constitución Política de Michoacán.
Las reformas que se hicieron quedarán sin efecto hasta que se tome en cuenta la opinión de los vecinos de esa localidad.

Una puerta abierta para el desarrollo
Con la autonomía y personalidad jurídica que se le ha reconocido al Consejo Mayor de Cherán por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se abre la posibilidad de un mayor desarrollo para los vecinos de esta localidad indígena independiente.
Ahora podrán exigir -por la vía legal- recursos que el Estado les ha negado por no querer reconocer la legalidad del gobierno electo por el pueblo indígena.
En el seno del Concejo Mayor, tras haber recibido la noticia del reconocimiento jurídico a la personalidad del máximo órgano de gobierno de esta localidad, ya se revisa una serie de reclamos planteados contra la autoridad estatal de Michoacán.
Entre ellos, destaca la ejecución de obras públicas que el gobierno estatal no ha querido convenir con el Concejo Mayor de esa localidad.
La instancia que será exigida para que aporte recursos –los cuales se mantienen retenidos desde el inicio de la administración estatal de Fausto Vallejo- es el Centro Estatal para el Desarrollo Municipal (Cedemun), que encabeza Jaime Mares Camarena.
Ese organismo se ha reconocido como la principal dependencia estatal que no reconocía la autoridad indígena electa por usos y costumbres.
De igual forma el Concejo Mayor de Cherán se encuentra en posibilidad de exigir a las instancias correspondientes los fondos negados para mejoramientos de la infraestructura urbana y carretera de esa localidad, así como para la ampliación de la red de agua potable y alcantarillado, además de mejoramiento a escuelas y centros de salud.
Se analiza también la posibilidad de iniciar gestiones con recursos propios para el establecimiento de una red de telefonía celular, como la que opera en la comunidad indígena de Talea de Castro, en la sierra de Oaxaca.
El Concejo de Cherán reconoce como una necesidad urgente el uso de telefonía propia.

Dicen no al Mando Único
Una de las acciones con las que el pueblo de Cherán ha estrenado su autonomía es en la negativa a implementar el Mando Único de Policía en Michoacán, proyecto que ha impulsado el comisionado federal, Alfredo Castillo.
El municipio de Cherán dijo no a la propuesta de que la policía de esa localidad desaparezca y sea reemplazada por un grupo de uniformados comandados desde la capital del estado.
El Concejo Mayor de Cherán dijo que la seguridad de su municipio estará en manos de su propia policía.

El Mando Único de Policía fue avalado ya por 110 de los 113 municipios de todo el estado. La mayoría de los cabildos locales ha aceptado la propuesta del comisionado federal, pero el municipio de Cherán se mantiene reticente a la propuesta.
El Concejo Indígena no acepta que extraños ingresen a su localidad para hacerse cargo de la seguridad de la población. El argumento principal que sostienen es la erradicación de los delitos dentro del suelo cheranense, lo que garantiza la eficiencia de su policía municipal.
También ha argumentado que el municipio de Cherán es el único territorio de todo el estado de Michoacán que se mantiene ajeno a la violencia que se vive en toda la entidad.
En Cherán no hay violencia, porque no hay presencia de grupos de autodefensas ni de células del crimen organizado.

Nuevo alcalde en Apatzingán
Tras el letargo legislativo que se vive en Michoacán en materia de designación de alcaldes sustitutos, tras el encarcelamiento de tres de ellos acusados de nexos con el crimen organizado, apenas reaccionó el congreso local al designar a un nuevo edil en el municipio de Apatzingán.
El nuevo edil es Manuel Mercado Tovar,  quien fue elegido por los diputados locales para que concluya con el periodo administrativo del presidente priista Uriel Chávez Mendoza, quien fue encarcelado y procesado por los delitos de extorsión y delincuencia organizada.
En las próximas horas el nuevo alcalde de Apatzingán acudirá ante el pleno del congreso del estado para rendir la protesta de ley, a fin de formalizar la designación del encargo público.
Mercado Tovar es una persona ampliamente reconocida en la región de Tierra Caliente por su desempeño público, es profesor de carrera y antes de ser designado alcalde sustituto fue diputado local, regidor, funcionario de la Secretaría de Educación, así como delegado del gobierno estatal en materia de transporte público en la zona de Apatzingán.
Tras resolver esta designación, al congreso local de Michoacán aún le queda pendiente designar a los alcaldes sustitutos que habrán de concluir con el periodo administrativo que marca la constitución para los municipios de Aguililla y Lázaro Cárdenas.
En esas localidades los titulares también fueron suspendidos de sus funciones por decisión de un juez que los consideró sujetos a proceso penal por los delitos de delincuencia organizada y extorsión.

La burbuja en Michoacán
> En el territorio de Cherán desde hace tres años no hay autoridades emanadas de partidos políticos, ni representaciones del gobierno estatal. En ese tiempo, se ha disminuido el índice de robos, homicidios y secuestros a cero.
> Las escuelas están bajo control de la autoridad concejal y se cumple con los 200 días de trabajo lectivo que marca la secretaria de educación.
> En materia de salud el centro de atención médica del lugar trabaja todos los días del año, a la hora en que lo requieren los vecinos.
Cherán: Una burbuja en Michoacán
Desde hace más de tres años, un pequeño municipio indígena enclavado en el corazón de la Meseta Purépecha se declaró autónomo. Dijo no a los partidos políticos. Dijo no al gobierno convencional. Dijo no a la violencia. Hoy en Michoacán, Cherán, el único municipio que no se gobierna bajo las leyes institucionales, vive en paz.

Reportaje - Severas consecuencias para las niñas con el matrimonio infantil

REPORTAJE

INFANCIA

   Daños a la salud, deserción escolar y pobreza

CIMACFoto: Yunuhen Rangel Medina

Por: Anayeli García Martínez y Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | México, DF.- 

Las uniones de menores de edad acarrean diversos efectos negativos para ellas, como por ejemplo graves daños a su salud debido a los embarazos prematuros.

Muerte materna, infantil y neonatal, hipertensión, anemia, parto prematuro y secuelas severas en su salud, son algunas de las consecuencias de los embarazos en niñas menores de 15 años, muchas de las cuales se vieron obligadas o fueron forzadas a unirse en matrimonio.

Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), explica que la combinación matrimonio-embarazo tiene como resultado altas probabilidades de mortalidad materna, toda vez que la salud de las niñas corre más riesgos durante el embarazo y el parto.

De acuerdo con datos de la Redim basados en estadísticas del Inegi, para 2012 un total de 10 mil 924 niñas de entre 10 y 14 años de edad registraron un hijo; de ellas, 201 tenían sólo 10 años aunque no se precisa si estaban casadas o vivían con sus parejas.

La Redim afirma que los matrimonios están vinculados de manera estrecha con los embarazos prematuros, una situación que impacta el proyecto de vida de las niñas, afecta su crecimiento y además las obliga a convertirse en madres con todas las responsabilidades que ello implica.

EMBARAZO TEMPRANO

En 2013 la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados hizo un estudio sobre el embarazo en adolescentes, y encontró que la salud de las niñas y jóvenes corre mayores riesgos porque en general no llevan un control prenatal y pueden tener complicaciones médicas.

Al respecto, el director de la Redim acota que otra consecuencia es la muerte infantil o neonatal, ya que las niñas físicamente no están preparadas para desarrollar un feto e indicó que a los efectos en la salud se suma el estigma social al ser rechazadas por su círculo familiar.

Según el reporte del órgano legislativo, estas niñas corren el riesgo de padecer hipertensión, anemia, parto prematuro y lo más preocupante es que las mujeres menores de 15 años de edad tienen 60 por ciento mayor probabilidad de morir que una mujer de 20 años o más. Además existen más posibilidades de que se les practiquen partos por cesárea o de que sus bebés tengan bajo peso.

Es por ello que especialistas en derechos de la infancia afirman que las uniones a edades tempranas acarrean un cúmulo de consecuencias negativas para las niñas y adolescentes, entre las que se encuentran también la deserción escolar, la precaria inserción laboral y la reproducción de la pobreza.

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, el 51.9 por ciento de las adolescentes de 12 a 19 años de edad alguna vez presentó un embarazo, y 10.7 por ciento estaban en gestación al momento de la entrevista.

Nashieli Ramírez, coordinadora de Ririki Intervención Social, abunda que las uniones matrimoniales son más comunes en las comunidades indígenas o rurales, sin embargo observa que la maternidad temprana es un fenómeno que también se da en contextos urbanos y no necesariamente implica un matrimonio.

CÍRCULO DE MISERIA

El informe “El panorama de la educación 2013”, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), reveló que México ocupó el primer lugar en deserción escolar entre niñas y niños de 15 y 18 años, un tema relevante porque para este mecanismo la educación determina cómo se vivirá en la edad adulta y un nivel de ingresos más alto.

Los expertos señalan que las niñas que se casan o viven en pareja tienen menos probabilidades de continuar sus estudios, porque deben cumplir con roles domésticos o ser madres. Al respecto, datos de la Redim basados en fuentes oficiales indican que 9 de cada 10 niñas que son madres dejan de asistir a la escuela.

En Chiapas, por ejemplo, una entidad donde 32.2 por ciento de su población vive en pobreza extrema y 26 por ciento es indígena, según el Inegi, y donde además es común la práctica de matrimonios de niñas, la deserción escolar es mayor y ellas tienen un nivel promedio de escolaridad que no rebasa el primer año de secundaria, indica Jennifer Haza Gutiérrez, directora de la Fundación chiapaneca Melel Xojobal.

El informe “Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes 2008-2010”, del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), indica que junto con Chiapas, el Estado de México, Guerrero, Michoacán y Veracruz son las entidades con mayor pobreza para la niñez.

La doctora en Antropología por la UNAM Jahel López Guerrero, explica que el matrimonio infantil disminuye las posibilidades de que la niñez tome decisiones sobre su futuro, y además no le permite desarrollar otros aspectos de su vida, toda vez que se les “preparó” únicamente para unirse de manera temprana.

En este tenor, la académica observa que esta situación –cuando es originada por estructuras económicas y culturales de algunas comunidades– arrastra una herencia de pobreza que las nuevas generaciones no pueden romper, porque no permite a la infancia buscar otra alternativa de desarrollo.

Reflexiona que el problema más grave es que en particular las niñas son vistas como objeto de intercambio, no como personas con derechos, aspiraciones y posibilidades de un proyecto de vida que no esté ligado solamente con la vida matrimonial o la maternidad.

Ante este panorama, en la próxima y última entrega de esta serie de reportajes con motivo del 30 de abril Día del Niño, defensores de los derechos de la infancia explicarán cuáles son algunas de las estrategias que debe implementar el Estado mexicano para evitar las uniones en niñas, y con ello evitar las consecuencias para su desarrollo y el de la sociedad.

Reportaje - Matrimonio infantil lacera derechos de miles de niñas

REPORTAJE

INFANCIA

   Leyes inadecuadas y “usos y costumbres” permiten este flagelo

CIMACFoto: Yunuhen Rangel Medina

Por: Anayeli García Martínez y Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | México, DF.- 

Al amparo de leyes omisas y los “usos y costumbres”, las uniones civiles de menores de edad son la violación más constante a los Derechos Humanos de esta población en México.

A 2011, el 80 por ciento de los 455 mil 807 niñas y niños de 12 a 17 años casados, en unión libre, divorciados, separados o viudos, eran mujeres en este rango de edad, de acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), lo que tiene consecuencias nocivas para el desarrollo de estas menores de edad, no sólo físico sino también social y psicológico.

Aunque la Organización de las Naciones Unidas (ONU) califica al matrimonio infantil como una violación a los Derechos Humanos (DH) porque lesiona el desarrollo y futuro de las niñas y los niños, en México es una práctica recurrente cobijada por los llamados “usos y costumbres” de comunidades indígenas, y solapada por el Código Civil Federal que en lugar de prohibirlo establece que la edad mínima para contraer matrimonio es de 16 años para niños y 14 para niñas, con el consentimiento de los progenitores.

El tema se ha naturalizado de tal forma que cada estado de la República legisla el tema a su modo, al grado que en algunos no se establece edad mínima para contraer matrimonio si hay el consentimiento de los padres, por ejemplo.

Ante este panorama y de cara a la conmemoración del 30 de abril, Día del Niño, Cimacnoticias inicia una serie de cuatro reportajes sobre el flagelo del matrimonio infantil y sus repercusiones negativas en la vida de miles de niñas mexicanas.

OMISIÓN DEL ESTADO

En reiteradas ocasiones el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y otras organizaciones defensoras de los derechos de niñas y niños han sostenido que las uniones a edades tempranas son la forma más generalizada de abuso sexual y explotación, por lo que no deberían ser aceptadas y sí sancionadas por leyes homogéneas, además de atendidas por políticas públicas articuladas.

Sin embargo la realidad es otra y aunque este fenómeno no es propio de México, pues se da en todo el mundo, expertos en el tema como Martín Pérez, director de la Redim, señalan que entre las condiciones que permiten esta práctica en el caso de nuestro país, está la omisión del Estado en la protección de los derechos de la infancia, la perpetuación de una cultura machista que permea las instituciones –desde la familia hasta el gobierno–, y la pobreza y falta de oportunidades para las niñas y las adolescentes en comunidades marginadas.

El especialista agrega que estos matrimonios son más comunes entre la población indígena que se rige por los criterios de los “usos y costumbres”, y que tiene menos acceso a las instituciones de educación y salud.

Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha sostenido que los “usos y costumbres” que avalan estas uniones son “prácticas nocivas tradicionales”, que se deben combatir y visibilizar porque ningún derecho puede ser violentado bajo ningún criterio.

No obstante, Jennifer Haza Gutiérrez , directora de la organización chiapaneca Fundación Melel Xojobal, indica que en muchas ocasiones estas prácticas tradicionales se dan porque los padres obligan y coaccionan a las niñas y adolescentes a contraer matrimonios tempranos, y a veces sólo para recibir dinero y sostener el ingreso familiar.

Para la activista esta situación se debe a la discriminación de género y por la poca importancia que se da a la participación de las niñas en la toma de decisiones.

HECHO COTIDIANO

Ejemplo de ello es el caso de la niña tzotzil de 14 años que fue detenida y multada con 24 mil 700 pesos por abandonar a su esposo; o el de la niña triqui de 14 años que se escapó de sus padres al enterarse de que sería vendida a un hombre por 40 mil pesos.

Los anteriores son sólo botones de muestra de lo que cotidianamente viven las niñas de las comunidades indígenas en buena parte del país.

De acuerdo con especialistas y defensores de los derechos de la infancia, estas uniones matrimoniales implican que al separarse de sus familias las niñas no pueden evitar las relaciones sexuales ni insistir en el uso del preservativo, con lo cual se exponen a graves riesgos de salud como embarazos prematuros o infecciones de transmisión sexual (ITS).

Además, acarrea otras consecuencias negativas como reducir las oportunidades de educación y aumentar las posibilidades de que sean víctimas de trabajos forzados, esclavitud, prostitución y violencia.

Juan Martín Pérez García alerta que una de las consecuencias más visibles de estos matrimonios es el embarazo temprano, pues según datos oficiales el 19 por ciento de las adolescentes indígenas de 15 a 19 años ya eran madres, y el 0.06 por ciento de las niñas de 12 años de edad tenían al menos un hijo.

Las condiciones y circunstancias que siguen motivando los matrimonios forzados, y que permiten que desde el sistema de justicia estén solapados sin que se visibilicen como una violación a los DH, es motivo de una investigación más profunda que será abordada en la siguiente entrega.