9/22/2013

El petróleo mexicano: nación e imperialismo





En memoria del Congreso de Anáhuac, que declaró el 6 de noviembre de 1813: “Queda rota para siempre jamás y disuelta la dependencia del trono español”.

Como parte de la lucha en defensa de la industria petrolera nacionalizada y contra la intención de Peña Nieto y compañía de privatizar Petróleos Mexicanos, está planteada la realización de una manifestación nacional el próximo domingo 22 de septiembre en la Ciudad de México. Con toda seguridad, será un gran éxito y permitirá ir incorporando cada vez más a sectores de las masas trabajadoras y el pueblo inconformes con la política económica ruinosa, antinacional, hambreadora y al servicio de los mayores intervencionistas y expoliadores internacionales: los monopolios y gobiernos de Estados Unidos.
Para dar un marco de referencia, quizá sea conveniente hacer un breve registro histórico de la explotación del petróleo, la intervención del imperialismo, principalmente norteamericano, y la construcción de la política nacional petrolera.

Definir quién ejercería el dominio sobre el petróleo recorrió la historia nacional entre fines del siglo XIX y 1938. Durante la administración de Porfirio Díaz la industria del oro negro quedó en manos de los imperialistas norteamericanos y británicos, que por cierto se vieron envueltos en una larga disputa por la hegemonía. Asentados los monopolios extranjeros en las zonas de los veneros del diablo, constituyeron Estados dentro del Estado mexicano: formaron guardias blancas avitualladas con las mejores armas y dirigidas por oficiales nacionales vendepatrias; de hecho, esas regiones estaban sustraídas al dominio del Estado mexicano. Como señalaron Boris T. Rudenko y Nikolái M. Lavrov, se produjo un proceso de semicolonización: la existencia formal de un Estado independiente y la existencia real de un país en el que las decisiones claves en las industrias y servicios fundamentales se tomaban en el extranjero, como ocurría con la explotación del petróleo, la minería y los ferrocarriles, además de ejercer el control del comercio exterior y evitar mediante presiones y amenazas de intervención armada la implantación de medidas nacionales patrióticas. (1)

En México se desarrolló un proceso parecido al de China entre 1840 y 1949, es decir, entre la primera Guerra del Opio y el triunfo de la tercera guerra civil revolucionaria o Guerra de Liberación. Tras ser derrotada la invasión japonesa por el Octavo Ejército de Ruta, el Nuevo IV Cuerpo de Ejército, la Columna Antijaponesa del Sur de China y los milicianos populares, así como de algunos destacamentos patrióticos guomindanistas, el Partido Comunista y el Ejército Popular de Liberación de China rompieron los grilletes de la dominación semicolonialista del imperialismo norteamericano y europeo, ejercida por conducto del Guomindang, derrocaron a las clases contrarrevolucionarias y lograron la victoria de la revolución democrático-burguesa de nuevo tipo, que, por su dirección de clase, se orientaba hacia el socialismo. (2)

La Ley del Petróleo de Porfirio Díaz (1901)

El gobierno de Díaz hizo concesiones a los capitalistas extranjeros que convirtieron a México en una semicolonia de Estados Unidos. Así, se expidió la Ley sobre el petróleo, del 24 de diciembre de 1901, que establecía: “Los descubridores de petróleo o carburos gaseosos de hidrógeno, que de acuerdo con la ley obtuvieron su patente respectiva, gozarán para la explotación de aquellas substancias, de las franquicias siguientes:

“I.Exportar libres de todo impuesto los productos naturales, refinados o elaborados que procedan de la explotación.

“II. Importar libres de impuestos, por una sola vez, las máquinas para refinar petróleo o carburos gaseosos de hidrógeno y para elaborar toda clase de productos que tengan por base el petróleo crudo, las tuberías necesarias para estas industrias, así como los accesorios para estas tuberías, bombas, tanques de hierro o de madera, barriles de hierro o de madera, gasómetros y materiales para los edificios destinados a la explotación, quedando estas importaciones sujetas a las disposiciones y reglas que dicte la Secretaría de Hacienda.

“III. El capital invertido en la explotación de petróleo o carburos gaseosos de hidrógeno, será libre por diez años de todo impuesto federal, excepto el del Timbre.

“Igual exención tendrán todos los productos de esa explotación, mientras no pasen a ser propiedad de tercera persona.
“IV. Los concesionarios tendrán el derecho de comprar los terrenos nacionales necesarios para el establecimiento de sus maquinarias y oficinas al precio de tarifa de los terrenos baldíos que esté vigente en la fecha de la publicación de la patente.

“V. Para el mismo establecimiento a que se refiere la fracción anterior, y cuando se trate de terrenos que sean de propiedad particular, los mismos concesionarios tendrán el derecho de expropiar a dichos particulares.

“VI. Las empresas tendrán, además, el derecho de establecer tuberías para conducir los productos de la explotación por los terrenos de propiedad particular que sean necesarios, a fin de facilitar su venta y siempre que no sea con el objeto de establecer un servicio en el cual dichos productos sean consumidos.

“VII. Además de las franquicias anteriores, los primeros que en un estado o en los territorios de Tepic y la Baja California descubran depósitos o fuentes de petróleo o carburos gaseosos de hidrógeno, de manera que cada pozo rinda por lo menos dos mil litros cada veinticuatro horas, gozarán del privilegio consistente en que alrededor del pozo primitivo en el que hubieren hecho aquel descubrimiento, y a una distancia que variará en proporción con el capital invertido en el descubrimiento y en todos los gastos, para que pueda comenzar la explotación, nadie tendrá derechos de abrir pozos de exploración o para la explotación de aquellos mismos productos. La distancia a que se refiere este privilegio no podrá exceder de tres kilómetros, y será fijada, en cada caso, por la Secretaría de Fomento, de acuerdo con el reglamento correspondiente que al efecto debe expedir.

“VIII. El privilegio de que habla la fracción anterior, tendrá una duración proporcional al capital invertido en el descubrimiento del depósito o fuente del petróleo, y a los gastos para comenzar la explotación. Dicha duración no podrá exceder de diez años, y será fijada, en cada caso, por la Secretaría de Fomento, de acuerdo con el reglamento a que se refiere la fracción anterior.

“IX. Podrán los descubridores a que se refiere la fracción séptima, adquirir el terreno siempre que sea de propiedad nacional, a precio de tarifa, y en una extensión igual a la que les corresponda, conforme a lo que dispone la misma fracción séptima.(3)

Durante la Revolución mexicana de 1910-1917, los gobiernos de Francisco I. Madero y Venustiano Carranza buscaron e intentaron aumentar los impuestos a las compañías petroleras, llevar un registro preciso sobre los bienes y la producción de las empresas imperialistas, impulsar la explotación nacional del petróleo y ejercer el control estatal de las zonas de los veneros del diablo. No fructificaron completamente sus esfuerzos, pero sentaron un precedente patriótico que facilitaría las acciones posteriores del Estado y el pueblo mexicanos por la recuperación de esta estratégica industria.

Decreto de Madero del 3 de junio de 1912
Con el objeto de poner ciertos límites a la explotación imperialista del oro negro, Francisco I. Madero estableció un decreto de impuesto sobre el petróleo crudo, que estatuía: “Impuesto Especial del Timbre sobre el petróleo crudo de producción nacional, a razón de veinte centavos por tonelada, conforme al reglamento que expida el Ejecutivo”.(4)

Como explicaba Octavio Gordillo, este impuesto a la producción del petróleo incomodó mucho a las empresas foráneas, las cuales lucharon para que el gobierno de México no interviniera en sus negocios. Empresarios extranjeros y reaccionarios locales se unieron para acabar con la administración maderista; los grandes consorcios incrementaban, como una advertencia, sus amenazas intervencionistas sobre México, principalmente los capitalistas estadunidenses. (5)
Sin embargo, las bases para concretar una política distinta a la de Díaz ya estaban presentes en las intenciones de los sectores patrióticos. Es más, incluso durante la dictadura de Victoriano Huerta en el Congreso se expresaron las voces a favor de impulsar la mexicanización de la industria petrolera, y otros exigieron revisar las franquicias y concesiones del petróleo. (6)
De cara a las amenazas de desembarco del almirante gringo Fletcher, a fines de 1913 en el norte de Veracruz, Cándido Aguilar le contestó: “Me refiero a su insolente nota de hoy. La vida y los intereses de los ciudadanos y demás personas de otras nacionalidades han tenido, tienen y tendrán las más amplias garantías en la zona militar que es a mis órdenes. De llevar al cabo la amenaza de desembarcar tropas de los Estados Unidos en territorio mexicano, me veré obligado a combatirlas, a incendiar los pozos petroleros que están en la región de mi dependencia, y a pasar por las armas a todos los americanos que se encuentran en la región”. (7)

Con la explotación industrial del petróleo, apareció en el panorama nacional un nuevo actor social y político: el proletariado petrolero, que introdujo nuevas demandas, formas de organización y métodos de lucha. Nacieron los primeros sindicatos y fueron estalladas huelgas y paros. La irrupción del destacamento del petróleo de la clase obrera en lucha permitió al patriotismo mexicano tener un punto de apoyo en el corazón mismo de tan estratégica industria. De aquí en adelante para golpear al imperialismo y fortalecer a la nación mexicana había que contar, siempre, con los trabajadores petroleros.

Los impuestos pagados por la industria del oro negro al gobierno mexicano fueron bastante bajos, si se comparan con los patrones internacionales. Las contribuciones fiscales de las empresas petroleras en nuestro país representaban la cuarta parte de los gravámenes pagados por los capitalistas petroleros en Estados Unidos. (8)

El imperialismo norteamericano intervino con sus tropas terrestres y marines en abril-noviembre de 1914 y entre marzo de 1916 y febrero de 1917, con la ocupación del puerto de Veracruz, en la primera agresión, y con la Expedición punitiva, en la segunda.

La Constitución de 1917, producto de la Revolución, además de contener los derechos de los trabajadores, la educación laica, la separación Estado-iglesia y otros principios avanzados, estableció con claridad: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólido, líquidos o gaseosos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgado, y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”. (9)

Como es bien sabido, los gobiernos neoliberales han introducido reformas regresivas en los principios establecidos en el Artículo 27 y otros artículos constitucionales, con el objeto de fortalecer las posiciones del gran capital nacional y extranjero, liquidar las conquistas de los trabajadores y el pueblo, debilitar al Estado y facilitar el saqueo de los recursos naturales de la nación por parte de los monopolios foráneos, especialmente de Estados Unidos. Con la privatización de Petróleos Mexicanos se persigue el objetivo de contribuir a la seguridad energética del país belicista por excelencia: la Unión Americana.

Los privilegios otorgados a las compañías extranjeras condujeron a expolios brutales, asesinatos, destrucción de la naturaleza, sobreexplotación de los trabajadores y graves problemas de higiene y seguridad, por lo que la Enciclopedia de México plantea: “Durante el auge petrolero de los últimos años dieces y los primeros de la siguiente década, fueron despojados de sus derechos muchos propietarios. Cuando las empresas extranjeras pagaron regalías o rentas, fueron éstas sumamente exiguas y no guardaron proporción con los volúmenes extraídos. Una vez que terminaba la producción en un campo, las empresas se movían a otra localidad y no quedaba nada permanente en la región; Zacamixtle, Pánuco, Tampico, El Plan y otros muchos pueblos crecieron al amparo de la explotación del petróleo, en condiciones sanitarias pésimas, sin escuelas, hospitales, caminos permanentes, bibliotecas o servicios municipales, al tiempo que se registraban elevados índices de paludismo y tuberculosis…” (10)

La defensa armada de sus barones monopolistas es el principio número 1 de la política exterior de la mayor potencia creadora de conflictos internacionales en el siglo XX y el siglo XXI, además de las amenazas de guerra, la militarización de la frontera gringo-mexicana y el bloqueo de nuestros principales puertos. Los representantes de las trasnacionales gringas negocian, casi sin excepción, con una espada en la mano y el apoyo desvergonzado del Estado criminal y bandolero del septentrión americano. Escriben unos académicos mexicanos: “En enero de 1920 el Departamento de Estado norteamericano entregó al gobierno mexicano un memorándum conteniendo 10 ‘exigencias’ en torno al artículo 27, que consistían en la derogación y la cancelación de todas las medidas dispuestas por Carranza referidas a denuncios, concesiones, permisos de perforación, zonas federales y aspectos fiscales, además de reclamar una posición favorable del Ejecutivo federal en los juicios de amparo y en el reconocimiento de los derechos de los extranjeros en toda legislación futura…

“ En el mes de abril la presión del gobierno norteamericano aumentó con la presencia amenazadora de barcos de guerra en Tampico, a solicitud de las compañías…” (11)

Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, según Portes Gil, hicieron grandes esfuerzos para someter a las compañías petroleras: el primero, al decretar el aumento de impuestos en 1921, medida que originó un paro en la Huasteca veracruzana, quedando sin trabajo 20,000 obreros; y el segundo, al expedir la Ley del Petróleo, reglamentaria del artículo 27 constitucional, en el año de 1924, ley que estuvo a punto de originar una intervención armada de Estados Unidos. (12)

A mediados de 1921, de conformidad con Jaime Tamayo, se produjeron l os primeros conflictos en la industria petrolera durante el gobierno de Obregón, con motivo del cierre de los pozos por las compañías como forma de presión para rechazar el impuesto aprobado por el gobierno de la República, con lo que se dejó en la calle a miles de trabajadores en la región de Tampico; al mismo tiempo fueron movilizados acorazados norteamericanos frente a las costas de este puerto, como patente muestra de apoyo del gobierno norteamericano a las compañías frente al gobierno mexicano y ante las posibles reacciones de los obreros petroleros .

La Federación Americana del Trabajo ( American Federation of Labor ) protestó por la movilización de la Marina yanqui frente a Tampico y defendió las garantías y derechos de los trabajadores petroleros del Golfo de México. A lo que Charles E. Hughes, secretario de Estado usamericano, respondió que la presencia de los buques no afectaba a las uniones obreras y que buscaban “ garantizar la protección adecuada para las vidas y propiedades de los ciudadanos norteamericanos ”. (13)

En otro texto de Portes Gil, se señalaba que el 12 de junio de 1925 Frank B. Kellog, secretario de Estado de Estados Unidos, amenazaba a México en los siguientes términos: “Un gran número de propiedades de americanos han sido tomadas de acuerdo con las leyes agrarias o violándolas, por las cuales no ha sido concedida ninguna compensación, y otras propiedades han sido prácticamente arruinadas, y en algunos casos, intervenidas por el gobierno mexicano en vista de demandas no razonables de los trabajadores mexicanos .

“El embajador Sheffield tendrá el apoyo completo de este gobierno, e insistiremos en que se dé protección adecuada, de acuerdo con prescripciones del Derecho Internacional, a los ciudadanos americanos...”

“Hemos sido pacientes y nos damos cuenta, naturalmente, que requiere tiempo estatuir un gobierno estable, pero no podemos aprobar la violación de sus obligaciones y el que no otorgue protección a los ciudadanos americanos”. (14)

El 15 del propio mes y año, Plutarco Elías Calles respondía al conocido bravucón imperialista: “Es de lamentar la contradicción que se encuentra en las declaraciones del señor Kellog, al manifestar el interés de los Estados Unidos por la conservación del orden en México y la estabilidad de su gobierno y al asentar, a la vez, que se tienen noticias de movimientos revolucionarios, pues esta última afirmación tiende a sembrar alarma en el mundo, en cuanto a las condiciones en que se encuentra mi país, y por último, la declaración de que el gobierno de los Estados Unidos continuará apoyando al gobierno de México únicamente en tanto proteja los intereses y vidas de ciudadanos americanos y cumpla con sus compromisos y obligaciones internacionales, entraña una amenaza para la soberanía de México, que éste no puede pasar inadvertida y que rechaza con toda energía porque no [puede aceptar] cualquier forma [de intervención] en sus asuntos interiores, ni está dispuesto a subordinar sus relaciones internacionales a las exigencias de cualquier otro país. Se afirma también, en las declaraciones de referencia, que el embajador americano ha logrado proteger tanto los intereses americanos como extranjeros, y si eso ha logrado, no tiene derecho para acusar a México por la falta de protección de tales intereses, debiendo llamarse la atención sobre que el mismo embajador no tiene representación de ningún otro extranjero, fuera de sus connacionales y México no admitiría, que sin su previa autorización, dicho embajador gestionare a nombre de persona, o por intereses extraños a su nación ”. (15)

Intermitentemente, el imperialismo norteamericano blandía el garrote de su poderío militar y naval, para imponer su demencial política exterior. Un conocido estudioso de la cuestión petrolera, precisa: “Al concluir 1926, el gobierno de México volvía a estar ante el temido dilema: la rebelión de las compañías le obligaba a desconocer sus derechos, pero carecía del poder necesario para tomar una medida que lo enfrentaría abierta y posiblemente de manera violenta a un vecino poderoso contra el que se encontraba sin defensa…” (16)

Zigzag en la política nacional petrolera

Como ocurre hoy día en Venezuela, Ecuador y Bolivia, en México existían y existen fuerzas y líderes políticos que pugnaban y pugnan por una política de conciliación con el capital extranjero y de abandono de la defensa de los intereses nacionales. Así, el 23 de j ulio de 1927 en un Manifiesto a la nación de Francisco R. Serrano, del Partido Nacional Revolucionario (organismo distinto al PNR de 1929), se proclamaba sin tapujos: “Protección al capital: sin protección escrupulosa al capital, es insensato esperar que el extranjero venga, ni el propio abandone sus escondites, y, sin ese factor, nuestra decantada riqueza seguirá siendo un mito, pero no realidad tangible y vital...

“El petróleo y su legislación: la naturaleza nos dotó con una de las riquezas más apreciadas, el petróleo; pero no poseemos los capitales que son necesarios para descubrirlo, refinarlo, exportarlo, y transportarlo; ni aun teniéndoles deberíamos de rehusar el concurso de asociaciones y personas que traten de obtener una ganancia legítima”. (17)

En plena guerra cristera, dividida la nación y debilitado el Estado, el 26 de n oviembre de 1927, la Suprema Corte de Justicia de la Nación expidió un fallo en materia petrolera que favorecía a las empresas imperialistas, por lo que el órgano central de los comunistas expuso la idea de que el fallo que acababa de dictar la SCJN sobre la no retroactividad del artículo 27 constitucional en materia de petróleo, era un golpe a la soberanía nacional, asestado en los precisos momentos en que la asonada militar era completamente vencida. El proletariado debía luchar en pro de un artículo 27 retroactivo, tal como figura en la Constitución de 1917, y sin dejarse convencer por las amenazas de Sheffield. (18)

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana

Como explica Arnaldo Córdova, acerca de la relación entre crisis, recuperación económica y movimiento obrero, el primer efecto de la desaceleración de la crisis se experimentó en el desarrollo del movimiento obrero; la dispersión, como un proceso generalizado, llegó a su fin, y comenzó desde entonces una lenta pero progresiva evolución hacia la unificación final de la clase obrera. (19)

Inspirados en la valiosa experiencia del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (1933) y el Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (1934), los organismos sindicales de la industria petrolera constituyeron el 15 de agosto de 1935 el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, con la fusión del Sindicato Único de Obreros y Empleados de la Huasteca Petroleum Company , Mata Redonda, Ver.; Sindicato de Obreros y Empleados de la Compañía Mexicana de Petróleo "El Águila", S. A., Cd. Madero, Tamaulipas; Sindicato de Pierce Oil Company , Cd. Madero, Tamps.; Sindicato de Trabajadores de la Compañía Mexicana del Petróleo El Águila, S. A., México. D. F.; Sindicato de Trabajadores Unidos del Departamento de Ventas de la Huasteca Petroleum Company , México, D. F.; Unión de Obreros y Empleados de la Pierce Oil Company , México, D. F.; Sindicato Único de Empleados y Obreros de la California Standard Oil Company , México, D. F.; Unión de Trabajadores y Empleados de las Compañías Petroleras, Veracruz, Ver.; Sindicato de Empresa de Obreros y Empleados de la Huasteca Petroleum Company de Ébano, San Luis Potosí; Sindicato de Trabajadores del Petróleo de Minatitlán, Veracruz; Sindicato de Estibadores y Jornaleros de Minatitlán, Veracruz; Sindicato de Trabajadores de la Compañía Naviera de San Cristóbal, Minatitlán; Sindicato de Obreros y Empleados de la Compañía Exploradora de Petróleo La Imperial y sus Anexos, Tampico, Tamaulipas; Sindicato Único de Obreros y Empleados de la Penn Mex Fuel Oil Company , Álamo, Veracruz; Sindicato de Obreros y Empleados del Petróleo del Campo de Agua Dulce, Veracruz; Sindicato de Empresa de Obreros y Empleados de la Huasteca Petroleum Company , División Sur, Cerro Azul, Veracruz; Sindicato Único de Trabajadores del Petróleo de la Terminal de Nanchital, Veracruz y sus Dependencias; Sindicato de Obreros y Empleados de El Águila en El Plan, Las Choapas, Veracruz, y Sindicato de Trabajadores de la Petromex, México, D. F. (20)

El STPRM tuvo que abordar como tarea inmediata la lucha por la contratación general única. En noviembre de 1936, la convención del sindicato elaboró su proyecto de contrato colectivo de trabajo tipo, emplazó a las empresas y se encaminó a preparar la huelga general de rama. Las compañías imperialistas armaron un gran escándalo en Excélsior, El Universal, La Prensa y otros diarios.

El 26 de noviembre, sindicato y empresas firmaron un convenio, en el que se establecía una prórroga de 120 días para la declaración de la huelga petrolera. Las compañías accedieron a sentarse a negociar; sin embargo, las pláticas fueron suspendidas y de ahí que el STPRM, para presionar, realizara un paro de 24 horas el 14 de enero de 1937.

La huelga general petrolera empezó el 27 de mayo de 1937. Entre empresarios y obreros se desenvolvió una guerra por ganar la conciencia de la gente. Las compañías imperialistas inundaban la prensa nacional y del exterior de propaganda calumniosa en contra del sindicato y los trabajadores.

El día del inicio de la huelga, se efectuó un acto de masas en el teatro Hidalgo, organizado por la Sección 4 del STPRM. Participaron en él oradores petroleros y Francisco S. Calderón, de la Sección 15 del STFRM; Félix M. Martínez, de la Alianza de Organizaciones de Trabajadores al Servicio del Estado; Emilio Moreno, de la Alianza de Tranviarios; Marcelino Reyes, de la Federación Mexicana de Trabajadores de la Enseñanza; Tomás Cueva, del STFRM, y otros dirigentes de diferentes sindicatos y frentes.

Tras acaloradas discusiones, la convención del STPRM aprobó por mayoría levantar el movimiento de huelga el 9 de junio, y tramitar las peticiones ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por medio de una demanda de orden económico. En el número 481 de El Machete, del 20 de junio de 1937, apareció el artículo de Valentín Campa “Las enseñanzas de la huelga petrolera”, en el que sostenía que el movimiento sintetizaba la lucha de todo el pueblo mexicano contra la opresión imperialista, criticaba la insuficiente solidaridad de las dos fracciones de la CTM, saludaba el acuerdo de no declararle la huelga a la Petromex y exponía los problemas del arbitraje.

La Comisión Pericial nombrada por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, integrada entre otros por Jesús Silva Herzog, dictaminó el 3 agosto de 1937 la capacidad económica de las empresas petroleras para acceder a las demandas del sindicato hasta por la cantidad aproximada de 26 millones de pesos. De cara al peritaje, las compañías imperialistas amenazaron con retirarse de México.

La expropiación petrolera

La clase obrera desempeñó un rol de primer orden en la lucha por las reformas estructurales, pues siempre estuvo en pie de pelea por repartir los latifundios y dar la tierra a los campesinos, expropiar al imperialismo y alcanzar la democracia.

Enrique Ramírez y Ramírez expuso con claridad: “Fueron los trabajadores petroleros, dirigidos por la CTM, los que plantearon el conflicto que, en su desarrollo accidentado desembocó en la expropiación. El movimiento sindical, en esa ocasión, desempeñó el papel de avanzada en la lucha contra las compañías extranjeras, defendió con firmeza los intereses de los trabajadores petroleros y estableció las condiciones propicias para la liquidación del viejo litigio entre el capital petrolero y la nación mexicana. Sus intereses de clase se identificaron con los de la nación”. (21)

La lucha de los trabajadores petroleros por la firma del contrato colectivo de trabajo único se convirtió, por la cerrazón del capital foráneo, en un combate decisivo entre la nación mexicana y el imperialismo. Por eso, al desarrollar sus labores en febrero de 1938 el I Congreso Nacional Ordinario de la CTM , Vicente Lombardo Toledano defendió la política patriótica de Cárdenas, rechazó las amenazas de los monopolios extranjeros, llamó a los trabajadores y el pueblo a hacer causa común, así como previó con gran visión la posibilidad de la expropiación petrolera. (22)

El 18 de d iciembre de 1937 fue expedido el laudo arbitral del Grupo Número 7 de la JFCA que precisaba que existía un desequilibrio entre los factores de la producción en la industria petrolera, que este desequilibrio era imputable a las empresas demandadas, y que d ichas compañías estaban en posibilidad de aumentar los salarios de sus trabajadores y mejorar las condiciones de trabajo de éstos hasta por la suma de 26 millones 332 mil 756 pesos. (23)

Las empresas no acataron el laudo de la JFCA, con lo cual pusieron al gobierno de Cárdenas frente a la disyuntiva de ser derrotado por los monopolios extranjeros o aplicar la Ley de Expropiación de 1936 . El empuje de los trabajadores petroleros, la clase obrera, el pueblo y las fuerzas de izquierda y nacionalistas, la prepotencia de las compañías extranjeras y las contradicciones en el seno de las potencias imperialistas, convencieron al gobierno de la necesidad de decretar la expropiación. La importancia histórica de esta medida es indudable: se eliminó el saqueo de uno de los recursos nacionales no renovables, la sobreexplotación de los obreros petroleros, las constantes presiones de los monopolios y gobiernos de Estados Unidos, las amenazas intermitentes de intervención militar, la creación de guardias blancas y la corrupción de generales y funcionarios públicos. Los veneros del diablo se transformaron en auténtica riqueza nacional.

Se declararon expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanque, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de 17 empresas extranjeras de la industria del petróleo .

De acuerdo con Luis González l a expropiación del petróleo le atrajo a Lázaro Cárdenas una popularidad nunca vista dentro de México y una inquina colérica en las cimas sociales de los países inversores. (24)

Los monopolios extranjeros recurrieron a los servicios del general Saturnino Cedillo, que no tenía posibilidad alguna de poder derrocar al gobierno cardenista. El 15 de m ayo de 1938, el Congreso de San Luis Potosí lanzó un decreto en el que desconocía al gobierno federal y criticaba la expropiación petrolera. (25)

Las dificultades del capitalismo recién salido de la gran depresión, las pugnas entre las potencias capitalistas democráticas y las fascistas, la proximidad de la II Guerra Mundial, la política del buen vecino de Franklin D. Roosevelt y la unidad patriótica del pueblo mexicano impidieron que el imperialismo norteamericano interviniera militarmente para restaurar el dominio de los monopolios extranjeros sobre la riqueza petrolera nacional; pero si bien los gringos no recurrieron a la fuerza de las armas, las empresas expropiadas boicotearon a México mediante el cierre de los mercados de Estados Unidos, América Latina y Europa, la salida del país de ingenieros y técnicos extranjeros, y la cancelación de las importaciones de maquinaria y refacciones necesarias para la industria del oro negro. Ante esta situación, el gobierno mexicano tuvo que dirigir la venta de su crudo a Alemania, Italia y Japón.

Objetivos de la nacionalización

Para Antonio J. Bermúdez, ex director de Pemex, la expropiación petrolera perseguía dos objetivos, cumplir satisfactoriamente y en todo tiempo el de abastecer los combustibles necesarios para el progreso y desarrollo del país, que el monopolio estatal cumplió, aunque con un costo muy superior al que debió haber tenido. El petróleo ha sido la base del desarrollo económico de México, de 1938 a 1975.

En cambio, no logró que la industria petrolera fuera el instrumento clave del desarrollo económico independiente de México, pues Petróleos Mexicanos y la economía de México no han tenido ni tienen el desarrollo ni la independencia que deberían tener. (26)

Lo que indicaba Bermúdez fue cierto hasta hace algunas décadas, mas la corrupción, el entreguismo y la ceguera política de los agentes neoliberales de EU han hecho y hacen que México exporte crudo e importe gasolinas y otros productos del petróleo. En una política de esta naturaleza está el sustento de la reprimarización de la economía mexicana, como del grueso de las economías latinoamericanas.

Contratos riesgo

El imperialismo norteamericano jamás renunció en volver a apropiarse de la industria del petróleo, y siempre que pudo insistió en meter sus manos en Pemex. Las presiones fueron múltiples. En la segunda mitad de los años 40 del siglo pasado, quiso compartir la renta petrolera con México. No lo logró, pero sí pudo imponer los contratos riesgo. Lo que hubo fue una gran presión de parte del gobierno y consorcios petroleros de EU para que las empresas expulsadas volvieran y que, por último, se firmaron los llamados contratos riesgo, en los cuales se contrataban servicios para explorar y perforar y se pagaba a los contratistas si encontraban petróleo, con un porcentaje del valor de la producción, lo que no era ventajoso para la industria nacionalizada. (27)

Pemex

Como lo han señalado diversos autores, la experiencia de Petróleos Mexicanos ha sido y es útil a otros países de América Latina y Asia. O como escribió el combatiente de la Gran Guerra Patria y latinoamericanista soviético Víctor Volski: “Desde que Pemex existe, los trabajadores petroleros han logrado, con su abnegado trabajo, enormes éxitos en el desarrollo de la industria petrolera nacionalizada, éxitos que tienen vasta notoriedad en el mundo entero. Mosadegh esgrimió el ejemplo de Pemex cuando intentó nacionalizar la industria petrolera en el Irán. Antes de crear Petrobrás, el gobierno del Brasil envió en dos oportunidades misiones especiales a México y Venezuela para estudiar ambos métodos de explotación. Y si la elección recayó en el monopolio estatal, ello se debe al ejemplo mexicano. La comparación de los sistemas de México y Venezuela proporcionó a los diputados chilenos una poderosa argumentación para rechazar por dos veces --en 1957 y 1959-- los proyectos de ley del gobierno acerca de la admisión de compañías petroleras extranjeras en la explotación de los yacimientos chilenos…” (28)

México y América Latina

Dos autores argentinos ubicaban con claridad la influencia de la nacionalización del petróleo en otros países de la Patria Grande. Por cierto, Alberto T. Casella, junto con Lázaro Cárdenas y Domingo Vellasco, presidió la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz, celebrada en nuestra capital federal del 5 al 8 de marzo de 1961. (29) Escribían los patriotas de Argentina: “…el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo el 18 de marzo de 1938. La decisión, el valor y el patriotismo, con que el presidente Cárdenas afrontó la lucha con las empresas petroleras fueron realmente dramáticas, pero hoy, transcurridos 25 años, es preciso señalar la tremenda influencia que ese hecho histórico ha ejercido en México y en toda América Latina. Con el derramamiento de sangre entre hermanos y México pasó a ser el país de economía más sólida en Latinoamérica”. (30)

En esa historia de la industria petrolera se ubica la actual lucha entre los sectores patrióticos y los agentes de EU que encabezan el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional. Salta a la vista, pues, que la iniciativa de ley energética de Enrique Peña Nieto busca fortalecer la reserva estratégica de Estados Unidos, entregar la renta petrolera a las trasnacionales gringas, recibir las migajas de la explotación petrolera, continuar la criminal política de exportar crudo e importar gasolinas, marchar al revés de la tendencia mundial al fortalecimiento de las empresas paraestatales, impulsar la reprimarización de la economía de México y dar la espalda a los procesos unitarios de América Latina y el Caribe. Es, en el fondo, una expresión “mexicana” de los intereses del mayor peligro para la paz mundial: el imperialismo norteamericano. Esta política puede y debe ser derrotada.

Notas
(1) María Teresa Aguilar Delsordo y María Cristina del Arenal Mitolo, El general Manuel Peláez G. (Su actuación política y militar en las Huastecas), tesis, FFL UNAM, 1983, B. T. Rudenko, “México en vísperas de la revolución democrático-burguesa de 1910-1917”, en La Revolución mexicana. Cuatro estudios soviéticos , trad. de Arnoldo Martínez Verdugo y Alejo Méndez García, México, ECP, 4ª reimpr., 1979, p. 72, y N. M. Lavrov, “La Revolución mexicana de 1910-1917”, en Ibíd., p. 92 .
(2)Hu Sheng, Historia de las relaciones entre China y las potencias imperialistas. 1840-1925, Montevideo, Ed. Pueblos Unidos, 1957, p. 214, y Li Sin, La Revolución de nueva democracia en China (1919-1949), Pekín, Ed. en L. Extr., 1979.
(3) Ley sobre el petróleo, 24-XII-01, web de Ed. Antorcha.
(4)Decreto de Francisco I. Madero estableciendo un impuesto sobre el petróleo crudo, 3-VI-12, web de Ed. Antorcha.
(5)Octavio Gordillo y Ortiz, La Revolución y las relaciones internacionales de México, México, BINEHRM, 1982, p. 29.
(6)Lorenzo Meyer, México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero 1917-1942, México, El Colmex, 1ª reimpr., 1981, p. 75.
(7)Leonardo Pasquel, La Revolución en el estado de Veracruz, t. II, México, BINEHRM, 1972, p. 89.
(8)Lorenzo Meyer, México y los…, p. 36.
(9) Constitución de México de 5 de febrero de 1917 , en Internet.
(10) Enciclopedia de México, José Rogelio Álvarez (dir.), t. XI, México, EM y SEP, MCMLXXXVIII, p. 6393.
(11)Armando Rendón Corona et al ., Los conflictos laborales en la industria petrolera 1911-1932 , vol. 1, México, UAM-I, 1997, p. 90.
(12)Prólogo de Emilio Portes Gil en Ángel José Hermida Ruiz, Bermúdez y la batalla por el petróleo, México, B. Costa-Amic, Ed., 1974, p. 13.
(13)Jaime Tamayo, “En el interinato de Adolfo de la Huerta y el gobierno de Álvaro Obregón (1920-1924)”, en La clase obrera en la historia de México, t. 7, Siglo XXI Ed., México, 1987, pp. 224-225
(14)Emilio Portes Gil, Autobiografía de la Revolución mexicana , México, Instituto Mexicano de Cultura, 1964, p. 392.
(15)Ilse María Escobar Hofman, La controversia diplomática entre México y los Estados Unidos (1925-1927) , tesis, México, FFL UNAM, 1978, p. 126.
(16)Lorenzo Meyer, México y…, p. 252.
(17)María Elena Aragón Benítez, La campaña presidencial de 1927. Apuntes para la historia del antirreeleccionismo en México , tesis, México, FFL UNAM, 1963, p. 74.
(18) El Machete , 26-XI-27, citado por Ricardo J. Zevada, en Calles el presidente , México, Ed. Nuestro Tiempo, 1971, p. 44.
(19)Arnaldo Córdova, “En una época de crisis”, en La clase obrera en la Historia de México , t. 9, Siglo XXI Ed., México, 1980, p. 145.
(20)Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Acta Constitutiva y Estatutos Generales , México, s. e., 1977, pp. 9-13, y Gerardo Peláez Ramos, “El sindicalismo petrolero en El Machete . 1935-1938”, en Rebanadas de realidad, La Haine y otros portales.
(21) Enrique Ramírez y Ramírez, “Experiencias y ejemplos de la Revolución en la época de Cárdenas”, en Problemas Agrícolas e Industriales de México , vol. VII, núm. 4, octubre-noviembre-diciembre de 1955, p. 383.
(22)Vicente Lombardo Toledano, “Informe del Comité Nacional al Primer Congreso Nacional Ordinario de la CTM”, en Obra histórica-cronológica , t. III, vol. 7, 1938, México, CEFPS “VLT ”, 1996, y CTM : 50 años de lucha obrera , t. 1 (1936-1941), México, PRI ICAP, 1986 .
(23)Julio Valdivieso Castillo, Historia del movimiento sindical petrolero en Minatitlán, Veracruz, México, ed. del autor, 1963, p. 99.
(24) Luis González, “Los días del presidente Cárdenas”, en Historia de la Revolución mexicana. 1934-1940 , t. 15, México, El Colmex, 1981, p. 192.
(25) Ver Manuel Fernández Boyoli y Eustaquio Marrón de Angelis, Lo que no se sabe de la rebelión cedillista , México, s. e., 1938, pp. 315-316.
(26)Antonio J. Bermúdez, La política petrolera mexicana, México, Ed. J. Mortiz, 1976, p. 35.
(27)Ángel José Hermida Ruiz, Bermúdez y la batalla por el petróleo, México, B. Costa-Amic, Ed., 1974, pp. 15-16.
(28)Víctor Volski, América Latina, petróleo e independencia, Buenos Aires, Ed. Cartago, 1966, p. 204.
(29)Véase Gerardo Peláez Ramos, “El Movimiento de Liberación Nacional (1961-1967)”, en los portales Rebelión, La Haine, Apia virtual, MLN y otros.
(30)Alberto T. Casella y Alejandro Clara, Petróleo, soberanía y paz, Buenos Aires, Ed. Platina, 1963, p. 113.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

El espectáculo de la tragedia: 12 meses de movilizaciones juveniles




Después de haber sufrido grandes estragos por la peste, la pequeña ciudad de Loudun, ubicada en el oeste de Francia, presenció en 1632 una serie de eventos considerados sobrenaturales. A inicios de octubre se registraron apariciones demoniacas y posesiones en el convento ursulino de la ciudad lo que atrajo la atención de las autoridades eclesiásticas y civiles. Después de la llegada del exorcista Barré, párroco de la vecina ciudad de Chinon, los exorcismos de las monjas implicadas comenzaron a llevarse en plaza pública, donde se representaba el drama del combate entre Dios y los demonios. Los exorcismos llevados a cabo en Loudun dejaron muy pronto de tener la pretensión de liberar a las poseídas de sus demonios y se transformaron en un espectáculo asistido por miles de personas durante años. Fuera de la plaza pública y del momento del exorcismo las ursulinas y los párrocos llevaban una vida aparentemente normal en la comunidad. Apenas comenzaba la representación del exorcismo los párrocos mostraban su poder sobre los demonios mientras las monjas se retorcían, chirriaban los dientes y voces que parecían venir de otro mundo decían, en claro francés, una gran variedad de blasfemias. El espectáculo del exorcismo, la representación de la batalla entre el bien y el mal encarnado en exorcistas y poseídas, servía para legitimar el poder que la institución eclesiástica pretendía ejercer en una comunidad donde existía una fuerte presencia protestante. No obstante, el guión de dicho teatro del poder no era inofensivo y requería una muerte como prueba de su veracidad. En agosto de 1634 las autoridades civiles y eclesiásticas acordaron que el culpable de las posesiones era Urban Grandier, el jesuita progresista enemigo del cardenal Richelieu, quien, como castigo, fue quemado vivo en la plaza pública. [i]

La exposición que haremos a continuación intenta examinar las características de las movilizaciones juveniles durante el último año utilizando una analogía con la representación demoníaca en Loudun. Sostenemos que la dinámica de las movilizaciones juveniles durante el último año responde a las tensiones sociales experimentadas en el contexto nacional pero que, a la vez, se trata del espectáculo de una tragedia en el cual cada uno de los actores sigue un texto predeterminado. El ensayo está dividido en tres partes. Las dos primeras describen la evolución que tuvieron las movilizaciones juveniles durante el último año, primero en términos del discurso de la acción directa y después la creciente represión por parte del Estado. La última parte describe la lógica de la representación de la batalla entre los manifestantes y el Estado y cómo dicha dinámica justifica los discursos de uno y otro lado.

1. Los jóvenes: la diferenciación

Es 31 de agosto de 2012 y la noche ya ha caído en la Ciudad de México. Los estudiantes que marcharon desde Ciudad Universitaria hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ubicado en Coapa miran videos proyectados en las paredes del edificio del TEPJF. Hay vallas de madera entre los manifestantes y las filas de granaderos que se encuentran frente al edificio, además de los que miran y toman fotos desde el puente ubicado a un costado. Resuena la explosión de una paloma, hay confusión entre la mayoría de los asistentes pero desde el micrófono del sonido se llama a la calma y minutos después reinician las proyecciones. Unos minutos después resuenan dos detonaciones más, una que cae del lado de los manifestantes. Hay empujones y señalamientos hacia un grupo de manifestantes que lleva el rostro cubierto; los flashazos de la prensa retratan el conato de bronca. Desde el sonido se llama a la calma y se disuelve la protesta.

El episodio de los palomazos a las afueras del TEPJF fue a la vez la condensación de un debate anterior al seno del movimiento #Yosoy132 y el inicio de una dinámica de manifestación que había sido ajena a las movilizaciones juveniles durante los meses que siguieron al 11 de mayo de 2012. Dicho evento fue el decantamiento de dos lógicas que se habían reforzado durante las discusiones al interior del movimiento. Por un lado, la Convención Nacional Contra la Imposición había definido la dinámica del movimiento juvenil al encaminarlo hacia la “lucha contra la Imposición” lo que, conforme se materializaba el ascenso a la presidencia de Enrique Peña Nieto, daba como consecuencia lógica una mayor materialidad de la lucha contra el régimen. Por otro lado, en las Asambleas pero sobre todo en la marcha de las acciones se daban discusiones internas respecto al carácter de las acciones, generando una diferenciación entre acciones “simbólicas”, las que había realizado hasta entonces el movimiento #Yosoy132, y las “contundentes” que significaban, sobre todo, levantamiento de plumas de casetas y toma de edificios públicos.

Posterior al 31 de agosto de 2012 aparecieron diversas visiones del movimiento, internas y externas, que tendieron a diferenciar los sectores juveniles en una dupla: “ultras” y “moderados”. Así, por una parte, Silvia Garduño, reportera del Reforma, Leo Zuckerman, desde su columna en El Excelsior, y Gisela Pérez de Acha, antigua integrante de la Asamblea #Yosoy132ITAM acusaban al sector “contundente” de haber cooptado los procesos de decisión del movimiento y, una vez más, de radicalizarlo para posteriormente “reventarlo”; por su parte, Olegario Chávez y Daniel Rantés, en sus artículos de la primera semana de septiembre, “De los manuales de la CIA a la moderación de la socialdemocracia en el #YoSoy132” y “Gene Sharp y el #YoSoy132 (o de cómo llevar la protesta social al fracaso)” respectivamente, se reproducía esta división argumentando que las acciones “contundentes” acusaban al otro sector del movimiento, al “no contundente” digamos, de ser socialdemócratas dispuestos a “negociar con la sangre del pueblo” y, enmascaradamente, ser agentes de la CIA. La diferenciación discursiva se reforzó durante tres meses más hasta tomar forma después de los acontecimientos del primero de diciembre.

Para fines de noviembre la base social del movimiento #Yosoy132 estaba casi completamente desmovilizada y la unión de su dirección, agrupada en la AGI, era únicamente formal. No obstante, a partir de la protesta por la toma de posesión de Enrique Peña Nieto y la represión se reactivó una fracción de los jóvenes movilizados durante el año. Ya con una estructura organizativa casi inexistente, los que respondieron a la convocatoria del #Yosoy132 se vieron envueltos en una dinámica inesperada: la de la división entre un contingente pacífico que salió a las 7 am del metro Moctezuma y uno de confrontación directa que salió del Monumento a la Revolución a las 4 am. Posterior a los sucesos del 1º de diciembre en las cenizas de la dirigencia del #Yosoy132, congregada en la entonces Asamblea Nacional #Yosoy132, se comenzó a definir un sector denominado Ultra que, como contraparte, definió a otro sector como moderado, en una transformación del discurso que dividía al movimiento en contundentes y comeflores. La construcción de la Ultra como concepto e identidad se ubicó en dos niveles fundamentales. En primer lugar, una reivindicación de la violencia y, en particular, de los enfrentamientos ocurridos el día de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto.

No obstante, esta identidad no puede definirse sin un complemento antagónico que la defina en binomio. La Ultra se definió y fue definida sólo en función de su antagonismo con los moderados, el otro polo, en contraste, aceptó la definición de la Ultra pero nunca se reivindicó como moderada.

Dichos grupos tomaron de nuevo como escenario de discusión la AN132 y, a la par que se discutían las estrategias para liberar a los presos del 1Dmx, iniciaron una discusión respecto al carácter pacífico o no del movimiento. El tema fue tocado en las asambleas llevadas a cabo en la Facultad de Ciencias, en el Museo Nacional de Antropología e Historia, en Huexca, Morelos, y terminó el movimiento por definirse como pacífico en la asamblea realizada en la Facultad de Economía, realizada en febrero de 2013. El resultado de la discusión fue menos que nominal. El #Yosoy132 se encontraba extinto para cuando se discutió de nuevo su definición, y ninguno de los sectores en disputa lo reconoció más como un espacio de participación política, atomizándose los que se abrogaban el título de #Yosoy132 en dos espacios. Por un lado, la AN132 fue desde entonces dominada por las células estatales que continuaron operando en el país, teniendo diversos encuentros virtuales y semipresenciales desde entonces. Por otro lado, las mesas de trabajo de Medios y Reforma Energética comenzaron a operar como colectivos muy reducidos.

A pesar de que ambos sectores han reivindicado el #Yosoy132 usando espacios mediáticos, éste dejó de articular la protesta juvenil y, en cambio, la dinámica de movilización siguió la lógica que había comenzado en septiembre de 2012. La participación juvenil en las manifestación se ubicó en movilizaciones coyunturales, como las del ABC o por la liberación de Alberto Patishtan, y conmemorativas, como la del 10 de junio y el 1º de septiembre. En ambas, en diferente medida, se replicó la lógica de división entre manifestantes pacíficos desorganizados y grupos de acción directa así como la represión por parte del Estado. En ambas dicha represión fue seguida por una respuesta de documentación de violaciones de derechos humanos y presión para la liberación de los presos. Pero tales reacciones fueron cada vez de menor fuerza.

2. El Estado: del sigilo a la publicidad

El papel que el Estado representa, se ha ido modificando a lo largo de estos meses de movilización. Entre mayo y septiembre de 2012 se presentaron diversas acciones en las que el Estado protagonizaba actos de agresiones, hostigamiento, acoso, amenazas y en algunos casos, detenciones contra jóvenes en diferentes lugares del país, principalmente en el Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Guadalajara y Distrito Federal. Respondiendo además a fechas específicas, momentos en los que la movilización era más álgida. Sin embargo, en el grueso del movimiento esto no se percibía del todo, no siempre se lograba comunicar y sensibilizar a todos los sectores, de la forma en que éstos mecanismos del Estado alcanzaban a los diferentes integrantes.

La dinámica interna del movimiento juvenil, con una creciente diferenciación de sectores, no fue inadvertida por las fuerzas del Estado. Como los medios de comunicación y los integrantes del movimiento, las fuerzas del Estado explotaron las divisiones que se estaban llevando a cabo al seno del todavía movimiento #Yosoy132 haciendo de la desconfianza y la polarización los más recurrentes personajes de la interacción. Las tensiones inherentes en las marchas son incrementadas con provocaciones policiacas cada vez más francas, lo que desencadena reacciones de los grupos de acción directa, y a la inversa. Es así que desde ése momento, la discreción y el sigilo del Estado se van transformando en exhibiciones de violencia que con los meses ocupan ya por completo la atención de todos.

Así llega el 1Dmx, con las vallas y el cerco policiaco alrededor de San Lázaro, colocado ahí desde una semana antes, como augurio de lo que ese día se presenciaría, con un terreno preparado de descalificación en los medios hacía los jóvenes. Se identifican ahí los operativos de los diferentes niveles de gobierno, la complicidad entre el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno Federal, aprovechando la confusión de la transición de poderes para deslindar responsabilidades de los más altos mandos. La movilización se desarrolló entre el uso de gases, balas de goma, escudos y toletes, en combinación con el actuar de los diferentes cuerpos policiacos, que obedecían ordenes confusas pero que al mismo tiempo eran tan claras como decir “Detener a los que se pueda como se pueda”. Las calles del centro histórico son todas grabadas, con la precaria pero creciente cultura de la documentación, que ya se colocaba entre algunos, como una forma importante de hacer denuncia pública sobre éste tipo de acciones. Se ensaya ahí el proyecto que caracterizará desde entonces la postura del gobierno de Miguel Ángel Mancera “El protocolo de actuación policiaca y control de multitudes”. A pesar de que el impacto mediático es revertido en cierta medida por la documentación de la arbitrariedad, la movilización social se enfoca a partir de entonces en la liberación de los detenidos y la denuncia de las arbitrariedades.

Con ese acto se inauguran ambas gestiones de gobierno y el 2013 se caracteriza ahora por una centralización e incremento de las acciones de represión. Las movilizaciones, incluso las pacíficas y con baja asistencia, son desde entonces testigos de una presencia policiaca desmesurada, de modo que en varias ocasiones se supera el número de manifestantes por el número de granaderos. Asimismo, el amedrentamiento de los asistentes se torna más fino y selectivo y se obstaculizan los procesos reactivos a la represión. Es así que la marcha del 10 de junio estuvo marcada por la agresión a contingentes organizados al finalizar la protesta y para el 1º de septiembre se atomiza la protesta por las detenciones al ubicar en distintos Ministerios Públicos a los detenidos. El Estado sabe perfectamente a quienes detener, en que espacios públicos hacerlo, calcula los tiempos, las respuestas de los actores con quienes se confronta y con cada respuesta planeada con anticipación exhibe su poder sobre la justicia, la ley y la protesta misma.

Los saldos de esos encuentros se van multiplicando y casi la totalidad de los detenidos en fechas recientes continúan su proceso legal: tal es el caso de los detenidos del 1smx. Tomando en cuenta sólo el 1º de diciembre, el 10 de junio y el 1º de septiembre se suman para el movimiento estudiantil y juvenil 145 detenidos con un estatus jurídico distinto cada uno (en algunos casos ya con libertad absoluta), pero en cuya experiencia de vida estará siempre el recuerdo que significa ser un preso. El objetivo del Estado resulta bastante evidente cuando podemos distinguir que ésta lógica no solo ocurre con los jóvenes, y por el contrario es un escenario recurrente que se prepara en muchos otros contextos y estados del país, registrando actualmente, en el periodo que va de junio del 2012 a mayo del 2013, 334 detenciones en todo el país, con el común denominador en la mayoría de los casos, de pertenecer a algún movimiento social, entre los cuales está el #Yosoy132. [ii]

3. La representación del texto

Una vez descritos los actores es tiempo de narrar la representación del drama. Antes de la manifestación los participantes se encuentran en una tensa calma pero el evento desencadena la representación de la tragedia. Por un lado, los grupos que confrontan al Estado, por el otro, las fuerzas represivas de éste; exorcistas y poseídos se encuentran en el escenario y toman sus papeles, encarnan fuerzas destinadas a enfrentarse. El público sabe ya la hora y el lugar del teatro, los clásicos espacios de la manifestación son el campo de batalla, las principales avenidas, la plaza pública. Así como los exorcistas y demonios de Loudun no buscaban eliminarse, los actores de este drama se enfrentan pero ninguno busca realmente suprimir al otro, pues es sólo en el acontecimiento del enfrentamiento cuando sus discursos toman sentido. El objetivo de la manifestación se vuelve irrelevante en tanto que es la pretendida batalla el argumento principal de la obra: los grupos de acción directa legitiman su discurso de confrontación con el Estado mientras que el Estado legitima el uso de la fuerza y muestra su poder represivo.

Otros grupos de activistas y retazos del #Yosoy132 se aparecen en los márgenes de la escena. Cual tramoyistas son necesarios para la obra, aparecen en la manifestación y en sus consecuencias, en los procesos legales, en la documentación del enfrentamiento. Como a todos los demás participantes, el contenido de la protesta les es indiferente, no tienen objetivos propios: nada aparece fuera del exorcismo como acontecimiento.

Todo el teatro ocurre públicamente, no sólo en los espacios físicos, sino que los medios masivos de comunicación y las redes sociales amplifican el espectáculo de la tragedia. Por un lado, los medios de comunicación hacen la épica del Estado, por el otro, en las redes sociales se conjuga la épica de la confrontación y la tragedia de la represión. El público, así, participa del espectáculo: sin él la representación del poder no tiene sentido. Los presos, los lesionados, son el instrumento de la puesta en escena, son aquello que hace posible su guión: son Urban Grandier inmolado en la plaza pública. Al final ellos, las víctimas, son olvidados junto con el objetivo de la manifestación. El espectáculo termina, y los actores y el público regresan a su rutina hasta el próximo exorcismo, donde se encontrarán de nuevo en la plaza, representarán el poder y la violencia y alguien más será inmolado.

¿Es posible salir de la enajenación de la obra?

La respuesta a ésta pregunta, necesariamente implica a todos los actores en escena e incluso al espectador mismo. El análisis que con tal fin lleven a cabo los actores debe versar en el contexto general de violencia que viene a reforzarse con cada una de éstas puestas en escena, debe tomar en cuenta el manejo de la información que cada uno de los actores y espectadores tiene sobre dichas condiciones, pero también sobre los objetivos de la movilización que se han quedado en el olvido con cada representación. Por lo tanto resulta imprescindible que se definan claramente éstos objetivos, abandonando el ciclo de prepararse sólo para la siguiente exhibición de poder, y concentrarse más enfáticamente en la construcción de un discurso propio, con un fondo claro. Romper éste ciclo además supone un ejercicio constante de acción – reflexión, y una responsabilidad colectiva de las decisiones tomadas por los actores que confrontan al movimiento social. La enajenación se fomenta con asumir como tal la tragedia, desde la nota roja, el morbo y el dolor, que representan en el acto del exorcismo los gritos de las monjas, habría que buscar por lo tanto el detonante que contrarreste esa angustia, y que termine por no replicar más la violencia. Dilucidar el objetivo y desvanecer la lógica de la reacción, para avanzar despacio pero construyendo en la claridad la importancia de pensar otras posibilidades y que no aleje la indignación de las acciones concretas y colectivas. Que inviten a sumar esfuerzos y no a la desesperanza y el sentido de tragedia generalizada que ya se respira en el país.

Notas:

[i] Certeau, Michel de. La posesión de Loudun. Universidad Iberoamericana, México, 2012; Huxley, Aldous. Los demonios de Loudun. Circulo de Lectores, S.A. Barcelona, 2004.
[ii] Informe Comité Cerezo México “Defender los Derechos Humanos en México: el costo de la dignidad”.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


Los grandes vencedores en Siria: el BRICS y el Grupo de Shanghai


Bajo la Lupa
Alfredo Jalife-Rahme
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Combatientes del Ejército Libre Sirio intentan cubrirse del fuego enemigo en Alepo, ayerFoto Reuters

Como se anticipó aquí (28/8/13; 1, 4, 8 y 11/9/13), el presidente Barack Obama acepta que el acuerdo sobre Siria puede influenciar las charlas nucleares con Irán y ha llegado hasta confesar que ha tenido correspondencia con su colega iraní Hassan Rouhani sobre la situación en Siria (VOA News, 15/9/13).
Obama puso en relieve el peligro de desatar una carrera armamentista nuclear en el Medio Oriente.
Erich Follath ( Der Spiegel, 16/9/13) reporta que el presidente iraní Rouhani está preparado a cerrar su planta nuclear en Fordo –sitio de su mayor avance de enriquecimiento de uranio en 20 por ciento: muy lejos del mínimo 90 por ciento para fabricar una bomba atómica– si Occidente levanta las sanciones.

Juan Cole, profesor de historia de la Universidad de Michigan y connotado orientalista, comenta en su portal Informed Comment (15/9/13) cómo queda el mundo después del acuerdo Kerry-Lavrov sobre Siria.
Considera que el secuestro de las armas químicas de Siria es improbable que acorte la guerra civil o salve muchas vidas, pero existen vencedores y perdedores en la región y el mundo.

Los grandes perdedores son los halcones –como la cubano-estadunidense Ileana Ros-Lehtinen (republicana de Florida), ya no se diga los senadores superbélicos John McCain y Lindsey Graham, quienes esperaban que el ataque de Estados Unidos con misiles de crucero cambiase la balanza a favor de los rebeldes y en detrimento del partido Baas sirio.

Comenta que el acuerdo desilusionó (sic) profundamente a Turquía, Qatar y Arabia Saudita, quienes deseaban el bombardeo de Estados Unidos.

En Europa resultó gran perdedor el socialismo francés en su asociación bélica con Obama: Francia pensaba posicionarse en su anterior colonia Siria y reinsertarse de nuevo en el centro de los asuntos globales.
A juicio de Juan Cole, los grandes vencedores fueron el BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y el Grupo de Shanghai (China, Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán), lo cual coincide con la apreciación de Bajo la Lupa (15/9/13).

Llama poderosamente la atención el estatuto de observadores del Grupo de Shanghai –India, Mongolia, Afganistán, Irán (sic) y Pakistán– que se traslapa con tres miembros del BRICS mediante el común denominador del triángulo geoestratégico nuclear Rusia/China/India.

Cita que el canciller ruso Serguei Lavrov agradeció explícitamente al BRICS y al Grupo de Shanghai su apoyo al abordaje basado en los principios para resolver el problema de las armas químicas en Siria exclusivamente por medios pacíficos.

A juicio de Lavrov, la resolución del problema de las armas químicas en Siria será un paso mayor hacia la consecución de largo alcance para crear una zona libre de armas de destrucción masiva en Medio Oriente, lo cual, a mi juicio, constituye una vigorosa cuádruple presión para que Israel ratifique la Convención de Prohibición de Armas Químicas, exhume su posesión clandestina de armas químico-biológicas, acepte la inspección de su máximo de 400 bombas atómicas por la AIEA y firme el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.

Después del regaño del Ministerio de Defensa al agregado militar israelí por haber lanzado en conjunción de Estados Unidos una prueba misilística con trayectoria en dirección de Moscú ( Haaretz, 9/9/13), el súper halcón primer ministro Bibi Netanyahu ha de entender perfectamente que la nueva dinámica en el gran Medio Oriente no corre a su favor –abundantemente detallado por Haaretz (20/9/13)– por lo que puede pensarse que buscará descarrilar por todos los medios un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán, a lo que se ha anticipado el anterior canciller Avigdor Lieberman, hoy líder del partido fundamentalista Yisrael Beytenu, quien amenazó que Israel debe contar por sí solo para someter a Irán ( The Times of Israel, 10/9/13).

Por cierto, el canciller Lavrov mencionó insólitamente que China envió un buque de guerra al mar Mediterráneo en las cercanías de Siria, durante el paroxismo de la crisis.

Juan Cole aduce que el ataque unilateral de Obama a Damasco hubiera simbólicamente subrayado que Rusia no es más una gran potencia y que carece de inviolables esferas de influencia. La recíproca es más que cierta: Rusia ha sido tratada como igual por los diplomáticos de Estados Unidos y su estatura ha crecido, lo cual es avalado por la revista Foreign Policy, que califica al presidente ruso como Vlad de Arabia (13/9/13) en alusión a Lawrence de Arabia, el legendario espía británico encargado de implementar en el terreno bélico el acuerdo de Gran Bretaña y Francia para repartirse el féretro del imperio otomano mediante la cartografía de Sykes-Picot.

El director de Red Voltaire, Thierry Meyssan –quien fue de los pocos en el mundo en haber vaticinado el acuerdo entre Putin y Obama–, refiere que Estados Unidos y Rusia rediseñan la nueva cartografía del Medio Oriente, en similitud a los acuerdos Sykes-Picot de 1916, que, se entiende, debe pasar ineludiblemente por la desnuclearización del área.

Juan Cole arguye que el gobierno de Putin apoya al de Siria en parte porque protege a los cristianos ortodoxos de Siria, además que Alepo, la principal ciudad de ese país, se encuentra a sólo 24 horas en carretera, a través de Turquía, de la ciudad de Grozny, donde Rusia ha enfrentado turbulencias sustanciales en las pasadas dos décadas. El fantasma del Cáucaso y su silueta en Chechenia, patio trasero ruso, planeó siempre detrás de la crisis de Siria.

Cole sintetiza que Rusia ganó, la nueva junta militar de Egipto ganó, Irán ganó e India e Indonesia ganaron. Bajo la Lupa había señalado puntualmente la gran relevancia del rechazo de Indonesia (la máxima población islámica sunita del planeta) a la aventura unilateral de Obama durante la Cumbre del G-20 en San Petersburgo.

Además, afirma que existe mucha diferencia entre marzo de 2003 –cuando Baby Bush supuso que Estados Unidos era la súper potencia unipolar y la primera potencia hegemónica en el Medio Oriente– con el anuncio del acuerdo Putin-Obama 10 años después, cuando Rusia irrumpe para compartir un condominio bipolar regional con Estados Unidos.

Juan Cole concluye que el acuerdo Kerry-Lavrov regresa al mundo al siglo XIX, cuando existieron múltiples centros de poder y cada uno con su respectiva esfera de influencia.

A mi juicio, el mundo no cambia en San Petersburgo –ya había cambiado hace cinco años en el Cáucaso en 2008 (ver Bajo la Lupa, El mundo cambió en el Cáucaso; 20/8/08)–, sino que avanza y profundiza su travesía hacia el imparable nuevo orden multipolar policéntrico, un genuino G-3 que no se atreve a pronunciar su nombre: Estados Unidos-Rusia-China.

Casi 100 años más tarde (exactamente 97 años), el acuerdo ruso-estadunidense Kerry/Lavrov sustituye al caduco reparto colonial franco-británico de Sykes-Picot en el Medio Oriente.

Dos nuevos jugadores, Rusia y Estados Unidos –con China en la retaguardia– durante la Cumbre del G-20 en San Petersburgo imponen una nueva cartografía, pero con los mismos hidrocarburos, la mayor reserva del planeta, que permanecen siempre allí.

Sigue la desnuclearización. ¿Podrán Putin y Obama persuadir al mesianismo nuclear israelí?
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Gobernar por las reformas



Arnaldo Córdova
Gobernar mediante reformas o, lo que es lo mismo, realizando determinadas reformas, es una divisa universal. Nada se puede hacer si no es a través de reformas adecuadas que conduzcan a buen término los objetivos de gobierno, sean éstos los que fueren. Gobernar, en cambio, con el objetivo de formular ciertas reformas, sin que importe mucho para qué puedan servir es una moda que ha puesto en circulación el gobierno mexicano. En otros países las reformas son un paso que precede al gobierno. En México, las reformas parecen ser en sí mismas el objetivo que se persigue.

Nosotros estamos llenos de reformas, desde hace por lo menos treinta años, que nunca funcionaron o no alcanzaron o no produjeron los fines que perseguían. Enrique Peña Nieto prometió reformas que nos sacaran del estancamiento y todo su esfuerzo ha estado encaminado a lograr que esas reformas se aprueben. Nadie duda de que se trata de materias que urge resolver en nuestro país. De ellas se esperan maravillas y se apuesta todo a su éxito. Pero, desde el principio mismo que se les plantea, las reformas parecen adefesios informes que no ofrecen ninguna garantía de que serán eficaces.

La reforma laboral prometió la creación de más de 750 mil empleos. Para julio de este año, después de diez meses de prueba, no se han rebasado los 300 mil empleos y los empleadores confiesan que esos empleos se han logrado por otras vías diferentes de las que planteaba la reforma laboral. El outsourcing o subcontratación no ha aportado casi nada. Las vías de la creación de nuevos empleos han sido las más tradicionales y procurando no meterse en las honduras de la nueva legislación del trabajo. Navarrete Prida, secretario del Trabajo, ha reconocido que sin crecimiento la reforma no puede funcionar.

Es un ejemplo estelar de lo que son y de cómo se nos engaña con el tema de las reformas, a las que ahora todo mundo llama estructurales. Es la única reforma de la era de Peña Nieto que ha podido ponerse a prueba y que se ve que ha sido un completo fracaso. Es el caso típico también de una reforma de la que se esperaban infinidad de cosas buenas sin que, en realidad, se supiera por qué o con base en qué premisas ciertas. Simplemente se supuso que la reforma llegaría para movilizar nuestro mercado de trabajo y la creación de nuevos empleos e, incluso, la absorción de la informalidad se daría en automático.

En mi entrega anterior señalé brevemente las bases de verdad endebles de las otras reformas de Peña Nieto. Se nos promete lo que no se puede garantizar y con ello se corre deliberadamente el riesgo de demeritar y volver poco creíbles las propias reformas. Cada nueva reforma se presenta de modo tan inepto y tan poco convincente que a nadie convence. Todo mundo espera algo distinto y, a final de cuentas, apenas se conocen los primeros lineamientos, ya nadie está de acuerdo en nada y se da cuenta de que lo que le interesa no está comprendido en el cuerpo de la reforma. Eso ha ocurrido en todos los casos.

La verdad es que nuestro actual gobierno no sabe cómo reformar o, por lo menos, plantear una reforma. Desde luego que se debe identificar en primer lugar la materia de la reforma y estudiar con detenimiento todas las alternativas y todas las posibilidades de reforma. Pero la reforma es ante todo un acto político y hay que ver quiénes están de acuerdo en sus propósitos y con base en qué podrán apoyarla. Se da por descontado que muchos no estarán de acuerdo con lo que se plantea y que se opondrán encarnizadamente a que la reforma se realice. Eso es de cajón. Siempre habrá quien no esté por la reforma.

En México, empero, las reformas quieren llevarse a cabo siempre desde arriba. Se crea la expectativa, se hace el anuncio y se prometen no se sabe cuántas cosas. Todo mundo toma partido de antemano. Y cuando el planteamiento se hace resulta que nadie está de acuerdo o lo está sólo de dientes para afuera. Desilusionar expectativas parece ser la especialidad del gobierno. Es el estilo de gobernar y también el de reformar. Imposible que, en un momento dado, una reforma cuente con un mínimo de consenso. Las promesas se multiplican y cada aclaración se vuelve otra promesa. Después de unos días de debate resulta que los únicos partidarios de la nueva reforma son sólo los funcionarios que la impulsaron.

En otros países, sobre todo en aquellos en los que ya existen las instituciones constitucionales del plebiscito y el referéndum, las reformas se plantean de otra manera. No se cocinan de antemano para luego someterlas al Legislativo, como se hace aquí. Se elaboran, desde luego, al más alto nivel y tratando de que logren el máximo de poder de convicción; pero luego se proponen para que todos los sectores de la sociedad puedan discutirlas y, llegado el momento, aprobarlas. Es el único consenso que puede hacer fuerte a una reforma. Nuestros burócratas empedernidos, acostumbrados a imponer sus convicciones, no tienen idea de lo que es el verdadero arte de reformar.

Lo más curioso del abominable caso mexicano es que se cree que las reformas, por sí solas, nos van a resolver todos los problemas. Nuestros gobernantes no han aprendido que una reforma es, ante todo, un acto de voluntad política que, para triunfar, debe involucrar a los más posibles de todos los sectores sociales y que éstos deben estar imbuidos de la máxima convicción de que la reforma, en efecto, es necesaria e inaplazable. Las reformas no son cheques en blanco que se libran a favor de los gobernantes. Son compromisos que los superan a ellos mismos y que los deben someter.

México parecería ser un país reformista por excelencia; pero no lo es y, la verdad sea dicha, hace mucho que no lo es. La Revolución Mexicana fue, como revolución, una cadena inagotable de reformas. Su revolucionarismo, si se me permite la expresión, fue su reformismo. Eso hasta el sexenio de Cárdenas. Desde entonces nuestro reformismo se ha convertido paulatinamente en una simulación que encubre, a menudo, los más oscuros y sucios designios. Ya no se reforma para cambiar. Se reforma para simular. La reforma agraria de Salinas de 1992 fue una simulación que encubrió el designio de saquear el campo. Hoy, todo mundo lo puede constatar, es una ruina y nuestra economía agrícola casi ha desaparecido.

Hasta hoy nuestro reformismo ha resultado ser un lúgubre cementerio de falsas promesas y de engaños colosales. La diferencia con nuestro reformismo de antes es que éste se hacía con las masas y el de ahora se hace en las cúpulas del poder. Antes se reformaba para resolver los grandes problemas de la Nación y de sus masas trabajadoras; hoy se hace para lucrar desvergonzadamente o para consumar venganzas políticas de la peor ralea. Antes se tenía una clara idea del interés general, hoy priva sólo el interés más sucio. Antes teníamos verdaderos políticos; hoy sólo simuladores y gesticuladores.

La Unidad Popular frente a la Recolonización de México


Pensando en alternativas




Es fundamental, para empezar, dar algunos rasgos del contexto actual nacional:
  1. La primera fuente de ingresos nacionales procede de la explotación y comercio del petróleo y sus derivados. De concretarse la “contrareforma” energética seriamos despojados, como nación, de la mayor parte de estos ingresos.
  1. La segunda fuente de ingresos nacionales proviene de las remesas que los mexicanos en EUA envían a sus familiares. La nula globalización laboral, que se traduce en el cierre de fronteras y la persecución de los trabajadores, hace que el ingreso de las remesas a nuestro país sea cada vez menor.
  1. Actualmente, en México más del 30 por ciento del territorio está concesionado a las corporaciones mineras.
  1. La guerra que inició Felipe Calderón y que hoy continua Enrique Peña Nieto bajo el pretexto del “combate al narcotráfico”, ha provocado la muerte de más de 100 mil personas, la desaparición forzada o involuntaria de otras 30 mil y cientos de miles que han sido desplazados de sus lugares de origen.
  1. La estrategia de “seguridad nacional” es financiada y operada logísticamente de acuerdo a los intereses geopolíticos de los EUA. La situación se agrava si contamos el espionaje presencial y electrónico y las varias oficinas de seguridad e inteligencia de Washington en nuestro territorio.
  1. Como consecuencia de lo anterior, el proceso de militarización se ha intensificado; peor aún, los grupos en el gobierno se han empeñado en la creación de una gendarmería nacional que en los hechos significa la continuación de la militarización de la seguridad pública.
  1. La legalización de la criminalización y de la represión de la protesta social son un hecho innegable. Hoy día se persigue, reprime y encarcela a luchadores sociales y activistas etiquetados como terroristas. Además, la desaparición forzada o asesinato de líderes y miembros de organizaciones sociales es un fenómeno recurrente por todo el país.
  1. En el ámbito alimentario, estamos frente a una crisis que está matando de hambre a un sector de la población y al resto lo está envenenando por la producción y distribución de alimentos chatarra que han generado enfermedades cardiacas, diabetes y cáncer.
  1. El feminicidio es un hecho de todos los días: cada 24 horas hay más de 6.4 mujeres asesinadas y de 1985 a 2010 se registró un acumulado de 36,606 casos de mujeres asesinadas por razones de género.
  1. Por otra parte, a la falta de oportunidades laborales y educativas para las juventudes se añade el aumento en la taza de suicidios y asesinatos: al año 1,840 niños y adolescentes se quitan la vida. Se calcula también que d e los 30 mil muertos de la “guerra contra el narcotráfico”, 18 mil eran jóvenes. A lo anterior se agrega que existen 19 millones 200 mil jóvenes de entre 15 y 29 años que no tienen acceso a educación y que existen 155 mil jóvenes presos en el país que tienen menos de 28 años.
  1. En cuanto a los pueblos indígenas se refiere, hay que señalar que las políticas de explotación, discriminación, racismo y clasismo siguen siendo la constante en esta materia, al tiempo que los pueblos indígenas son despojados de su territorio y fuente de vida; condenándolos así a la exclusión absoluta y en muchos de los casos a la muerte.
  1. Estos fenómenos de limpieza social y étnica en las poblaciones rurales y urbanas, tanto de indígenas como de mestizos de México, nos hace suponer que estamos bajo la implementación de políticas genocidas abiertas y encubiertas.
  1. A todo lo anterior sumemos que el Pacto por México ha suplantado al Poder Legislativo, es ahí donde los hombres más ricos del país y del mundo y los representantes de los partidos políticos toman las decisiones más importantes y negocian la entrega del país al capital extranjero. Vale señalar que las reformas estructurales –acordadas en el Pacto por México- que actualmente pretenden aprobarse y ejecutarse, representan la fase más avanzada de la desestructuración del Estado mexicano. De ésta forma, los poderes reales se imponen sobre los poderes reales, violando en su totalidad el Estado de derecho.
Tomando en cuenta estos y otros elementos, podemos decir que actualmente nos encontramos en una fase de recolonización en donde las corporaciones, aliadas con las burguesías nacionales y el respaldo estatal, junto con sus operadores políticos que se encuentran en todos los partidos y niveles de gobierno; se apropian velozmente de los recursos naturales, de la tierra y del territorio, atentando contra la vida misma de las poblaciones y el espacio en el que habitamos.
Frente a éste contexto de recolonización nacional se vuelve urgente la Unidad Popular de todos los sectores y clases oprimidas. Ésta Unidad Popular es una alternativa, un acto político y ético que no implica el olvido de nuestras diferencias, prácticas o modos de organizarnos; mucho menos el abandono de nuestros principios. Todo lo contrario, dicha unidad debe partir del respeto y riqueza de nuestras diferencias, sin imponer una única ideología, dirección o forma de lucha.
Se trata de crear una red de organizaciones, donde cada grupo, sector, movimiento, frente o colectivo se planteé como objetivo común la defensa de la nación y que desde sus trincheras luchen por la justicia, la libertad, la democracia y en defensa de la soberanía nacional.
Cada grupo, sector, movimiento, frente o colectivo, con sus modos y bajo sus principios y reglas, necesita articularse en redes para realizar acciones coordinadas.
Para esto se requiere de un programa mínimo que permita la coordinación de las acciones. Algunos elementos de este programa mínimo podrían ser:
  1. Construir espacios de diálogo, debate y consenso –pequeños, grandes, de todo tipo–. Estos espacios servirán como sitios de aprendizaje que fomenten la organización, el respeto y cumplimiento de los acuerdos tomados.
  1. La defensa de la vida y de nuestros derechos es prioridad. Así mismo, cada acto y acuerdo deberían basarse en la pluralidad y el respeto a las diferencias, incluyendo únicamente a aquellas que respetan la vida y los derechos humanos.
  1. Las categorías históricas, basadas en las prácticas de los pueblos y no en ideas metafísicas, serán fundamentales para el análisis de la situación nacional y la configuración de alternativas.
  1. Dar la lucha de forma presencial y también en los espacios electrónicos. Nuestra organización necesita de Nodos donde confluyan las conexiones de otros espacios.
  1. La interacción de Redes, Colectivos y el entramado de luchas, tanto aquellas que se dan en el ámbito de lo local, como aquellas inmersas en lo regional y lo global.
  1. La rebelión, la resistencia y todas las luchas por la liberación, la democracia y la justicia necesitan de una ética política personal y colectiva.
  1. Incluir el programa de lucha de aquellos sectores, grupos o movimientos que tienen demandas a corto plazo y combinarlas o hacerlas parte de aquellas luchas que se plantean objetivos a mediano y largo plazo.
  1. Luchar contra las ideas de la filosofía individualista y del pensamiento hegemónico que aseguran que todo ser humano tiene un precio y que la corrupción y la desigualdad son inherentes a la humanidad.
Pensamos que la libertad y el fin de la explotación y de la opresión sólo son posibles reconociendo los derechos de todos y todas: no caben en la construcción de un mundo distinto las prácticas patriarcales o la discriminación por preferencias sexuales o por filiaciones ideológicas, políticas o religiosas.
Resistir a esta etapa de la globalización neoliberal ya no es suficiente. Hoy se ha vuelto necesario, para nuestra propia sobrevivencia, la construcción de alternativas incluyentes donde quepan todas las izquierdas y así iniciar la construcción de ese mundo en el que quepan muchos mundos.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

¿No que no querían privatizar?



Antonio Gershenson

Vamos a analizar más en detalle la Propuesta de reformas que acompaña el proyecto de cambios de los artículos 27 y 28 que vimos el pasado domingo en este espacio.

“Autoriza, a partir de permisos otorgados por el Ejecutivo federal, la participación de terceros en refinación, transporte” y otros.

Quiero recordar la historia de las refinerías en 2008, especialmente a fines. El gobierno panista quería que las refinerías fueran de empresas trasnacionales. Pero no sólo los legisladores de izquierda querían que siguieran siendo de Pemex. Los legisladores del PRI emitieron una declaración diciendo, entre otras cosas, que las refinerías debían ser de, y ser construidas, por Pemex.

Ahora la posición enviada por el gobierno del PRI dice lo contrario.

El resultado de la Consulta Nacional sobre las Reformas Fiscal y Energética, en la pregunta sobre si sólo Pemex fuera quien invierta en construir refinerías y otras, fue favorable en 86 por ciento.

También escriben los del gobierno: Eliminar la prohibición de que el Estado celebre contratos para la explotación de hidrocarburos. Al eliminar esta parte, si lo logran, estarían eliminando las violaciones cotidianas que están cometiendo. Clásicos son casos como los de Burgos, contratos de 15 años o de 20 años para sacar gas en los que las trasnacionales hacen y deshacen a voluntad y son casi dueños de grandes extensiones cada una.

No está de más recordar que este mismo ejemplo echa abajo todos los discursos sobre la eficiencia y productividad en favor de estas medidas y cambios legales: mil 515 millones de pies cúbicos producidos en 2009, y en 2012 se producen sólo mil 206 mmpcd, una cuarta parte menos que tres años antes. Un caso similar es el de Veracruz, con una baja a la mitad en cuatro años, de 2008 a 2012.

Tenemos ahora un caso de aceite (crudo) en Chicontepec, el gastadero para los monopolios. Su producción en lo que va del año estaba programada para subir de 79 a 95 mil barriles diarios. La realidad fue, según información oficial, de una baja de 75 a 63 mil barriles. En vez de una alza de 17 por ciento proclamada por los jefazos, hay una baja de 16 por ciento de caída en los mismos ocho meses. ¿No que los cambios planteados van a mejorar a Pemex? Los casos de transnacionales los han empeorado.

Ahora, nos ocupamos del sector eléctrico.

El escrito oficial dice: Creación de un mercado competitivo de generación, administrado por el Estado y a través de un operador independiente.

“Las mejores prácticas internacionales destacan la importancia de una entidad independiente que realice la planeación y la operación de la red de transmisión así como el despacho de energía, es decir, que controle la operación del sistema eléctrico nacional”.

¿Quién es, o quién nombra, a esa entidad independiente? ¿El gobierno? ¿Las trasnacionales? ¿Los enviados de otro gobierno? ¿Una combinación de éstos?

¿Independiente de quién? ¿De los empresarios? ¿De las trasnacionales? ¿De cuántos más? ¿De qué funcionario del gobierno? En general, esto no suena como a una planeación que podría darle racionalidad al asunto, y que no es congruente con el resto del proyecto oficial.

Se habla de entidades independientes, pero ya existen y son las empresas que tienen una o más plantas generadoras para vender electricidad a la Comisión Federal de Electricidad. Y ganan un dineral. Se les paga el gas natural, de una u otra manera. Se les pagan todos los gastos de operación, de mantenimiento y en general lo gastado. Y, por supuesto, se les paga la energía eléctrica entregada a la CFE para la red eléctrica. ¿Tendrán algo que ver estas empresas independientes con la entidad independiente de la que habla el gobierno?

Y, ¿se les seguirá pagando durante los 20 años por los que se firmó su contrato? Se supone que se va a establecer una estructura nueva. ¿O va a haber una especie de doble pago?

Estos elementos, y los del domingo pasado, sobre los artículos 27 y 28, y sus derivaciones, pueden ser útiles para la unión anunciada de López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas y otros, y sus discusiones.

Finalmente, hay un error al final del artículo del domingo pasado en este espacio, que dice: “¿Qué se va a hacer, si se va a dar parte del botín de Pemex a empresas, con los ya entregados, a 40, 35 o 30 años, por suelos ya ‘maduros’ por no decir agotados?” Los años están mal y deben decir 30, 25 o 20 años.

Los contratos de utilidad compartida



Adrián Lajous
Foto
Instalaciones de Pemex en SalamancaFoto Alfredo Domínguez

El régimen petrolero mexicano –legislación, regulación, reglas explícitas e implícitas del juego, instituciones– se agotó. Desde hace tiempo su desempeño ha sido pobre y ha logrado sobrevivir, con cierta dificultad, gracias a la generosidad de la naturaleza. Ahora, un cambio fundamental del régimen es imperativo. No es suficiente ajustarlo o, en cierto sentido, restaurarlo. Pero un cambio de régimen es un proceso que tarda, quizás unos 10 años. Por esa razón es necesario iniciarlo ya. Pasar de un régimen de monopolio estatal a uno de competencia y participación privada va mucho más allá de un cambio legislativo. Es necesario modernizar y fortalecer a un Pemex capaz de competir, crear nuevas instituciones y hacerlas operar, refundar otras más y garantizar su credibilidad, para que puedan hacer cumplir las nuevas reglas del juego. Lograrlo requiere recursos humanos calificados, recursos financieros sustanciales y, sobre todo, tiempo. Va a ser necesario diseñar e instrumentar nuevas políticas y estrategias públicas, así como nuevos marcos regulatorios. Deberá también construirse un nuevo consenso respecto al papel que jugará cada uno de los agentes económicos que participan en esta industria y definir con precisión los límites de su campo de acción. Se trata de establecer nuevas formas de intervención estatal, así como desarrollar mercados competitivos de productos.
La opinión pública merece más información sobre la propuesta del gobierno respecto a la reforma petrolera. Por ahora sólo se han anunciado la eliminación de restricciones constitucionales a la participación privada en esta industria, la intención de suscribir contratos de utilidad compartida con Pemex y con particulares, así como un nuevo régimen fiscal para Pemex. Pueden inferirse algunas características de los contratos que se buscará suscribir con empresas petroleras privadas. Todo esto es, sin lugar a dudas, fundamental. Sin embargo, el gobierno está obligado a dar una explicación precisa sobre las razones que lo llevaron a proponer los llamados contratos de utilidad compartida. Se necesita conocer la lógica que subyace a su preferencia por esta forma contractual, frente a los contratos de producción compartida o a un régimen de licencias. No basta con simplemente atribuirles un supuesto origen cardenista.
Los contratos de utilidad compartida son una variante de la familia de los contratos de producción compartida. Lo que los diferencia es el momento en el que el título de propiedad sobre los hidrocarburos pasa a manos privadas. En el caso de los de producción compartida el título de propiedad se transfiere una vez extraídos, jamás en el subsuelo. En cambio, la propuesta gubernamental establece una empresa comercializadora estatal, que no sea propiedad de Pemex, que vendería los hidrocarburos. El producto de la venta sería entregado a un fideicomiso público que garantizaría y liquidaría en efectivo los costos y las utilidades de la exploración, desarrollo y producción al contratista. Estos pasos intermedios agregan complejidad a la estructura contractual. Es posible que la preferencia original del gobierno haya sido por contratos de producción compartida, pero en su negociación con el PRD acordó, en el contexto del Pacto, la variante de utilidad compartida. Si éste fuera el caso, el PRD también deberá explicar y justificar su preferencia. Su preocupación por el momento en el que se transfiere el título de propiedad de los hidrocarburos lo llevó a conceder cuestiones de mucha mayor importancia.
Sorprende la elección de este tipo de contratos, muy en boga en los países subdesarrollados. La experiencia histórica con estas estructuras contractuales es una de conflicto, juicios multimillonarios de arbitraje internacional, renegociaciones y restructuraciones, rezagos significativos de ejecución y sobrecostos sustanciales. Los casos paradigmáticos se dieron en Kazakstán, en Venezuela durante la fallida apertura y en Sajalín. Es probable que eventualmente se enfrenten problemas similares en países como Uganda, Mozambique, Guinea Ecuatorial, entre otros.
Sobresale el caso del proyecto Kashagán, en Kazakstán, uno de los descubrimientos más importantes de los últimos 40 años. Este campo se descubrió en el año 2000. Debió iniciar producción en 2005. No fue sino hasta hace unos días que se obtuvo su primera producción, un rezago de ocho años. El costo de inversión hasta ahora es cuando menos cuatro veces mayor al originalmente estimado. Las empresas involucradas en este proyecto fueron ENI, Exxon, Shell, Total y Conoco Phillips, entre otros. El proyecto Sajalín II es también paradigmático. Fue el primer contrato de producción compartida en Rusia. Su costo se estimó entre 9 y 11 mil millones de dólares. Al reestructurarse el proyecto en 2005, la estimación ascendió a 20 mil millones y aún está por determinarse el costo final.
En los contratos de producción y de utilidad compartida, el principal problema estructural que enfrenta la parte estatal es la determinación del costo de producción y operación. La asimetría de información entre el Estado y su empresa petrolera, y las empresas contratistas internacionales es enorme. La capacidad del Estado para auditar costos es limitada, así como su margen de acción respecto a este tema, en el marco de estos contratos. Un caso particularmente perverso es aquel en el que Pemex y el contratista se asocian y conjuntamente negocian con el Estado. La debilidad del gobierno será entonces aún más palpable. En la medida en que los costos aumentan, la utilidad a compartir disminuye y, por lo tanto, también los ingresos del Estado. Dada la precedencia de cubrir los costos, las utilidades y su distribución se posponen. El único ingreso cierto son las regalías que se cobran sobre el ingreso bruto, no sobre la utilidad. En la propuesta gubernamental las regalías sobre el crudo son entre 5 y 10 por ciento del ingreso. En el caso del gas no-asociado serían de uno por ciento. Estos niveles son particularmente bajos a nivel internacional. A partir del inicio de la producción y durante algunos años lo único que el Estado recibirá serán precisamente las regalías.
El régimen fiscal que puede inferirse es poco robusto ante diversos futuros, todos ellos inciertos. No es posible prever con precisión los precios de los hidrocarburos, el volumen y el perfil de producción de un proyecto determinado, así como sus costos de inversión y operación. En estas circunstancias se vuelve indispensable utilizar diversos instrumentos fiscales y contractuales para determinar los ingresos que el Estado derivará de la extracción de hidrocarburos, diversificando de esta manera los riesgos. En última instancia, la carga fiscal de los contratos de utilidad compartida depende del control de los costos del proyecto en cuestión. Conviene además preguntarse quién efectivamente auditará los costos. ¿Un fideicomiso en un banco de desarrollo, la Secretaría de Energía, el propio Pemex? ¿Cuentan con los recursos y la infraestructura para hacerlo? En estos contratos los costos tienden a dispararse por diversas razones: mala administración, gastos recuperables excesivos y difíciles de justificar, errores técnicos, sesgos a subestimar la complejidad del proyecto, simple manipulación. El Estado debería protegerse estructuralmente de mejor manera que la que brinda la forma contractual propuesta.
A primera vista, el contrato de utilidad compartida que puede inferirse de la iniciativa de Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, y de la práctica internacional en materia de contratos de producción y de utilidad compartidas, resulta particularmente liberal y generoso para el contratista. Sin embargo, un juicio definitivo sería imprudente en estos momentos, dado que no se conoce en su integridad. La forma planteada hasta ahora podría ser riesgosa en términos de conflictos potenciales entre las partes, pues los recursos en disputa tenderían a ser cuantiosos. Falta también saber si el Estado mexicano estará dispuesto a conceder la estabilidad fiscal y los mecanismos de arbitraje que los contratistas probablemente exijan. Ya se hizo en el caso de algunos de los contratos de servicios incentivados suscritos por Pemex. Las consecuencias de otorgar este tipo de garantías a contratos multimillonarios constituirían un grave precedente que afectaría la soberanía fiscal del país.
El registro de las reservas de hidrocarburos en la contabilidad de las empresas contratistas se hace en una cuenta de orden que refleja el equivalente volumétrico de los derechos de la producción que le corresponden contractualmente. No aparecen en los activos de las empresas. La Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos establece los criterios que las empresas petroleras que cotizan en bolsa deben cumplir para lograr dicho registro. Mediante un diseño contractual apropiado no deberán plantearse problemas particulares a la propuesta gubernamental. Esto es importante pues los flujos de inversión privada a la industria petrolera mexicana difícilmente se darían sin dicho registro.
Algunos de los principales criterios para evaluar la selección del régimen petrolero deberían ser:
Sencillez estructural y facilidad de negociación.
Transparencia de relaciones y contratos entre las partes.
Posibilidad efectiva de auditar costos.
Patrones de licitación pública y administración contractual que minimicen la discrecionalidad de los funcionarios estatales involucrados.
Protección frente a posibles diputas y arbitrajes internacionales.
Los niveles de costo, riesgo y producción anticipados.
Perfil y certidumbre de los ingresos estatales, así como robustez del régimen fiscal.
La maximización sostenida de la renta económica del petróleo capturada por el Estado y de la recuperación final de hidrocarburos.
Con base en estos criterios, regímenes de licencias como los de Noruega, Gran Bretaña, Dinamarca, Holanda, Australia, Canadá y Brasil, entre otros, serían una mejor solución. Resulta importante saber por qué no se consideraron. Creo que sería más adecuado un régimen de licencias sencillo, con mecanismos también sencillos, pero que permita al Estado cobrar con mayor certeza desde el inicio de la producción. Para ello tendría que establecerse una regalía progresiva a partir de un mínimo de 20 a 30 por ciento del valor de la producción.

17 Tour de Cine Francés (2)



Carlos Bonfil

Cine de calidad a la francesa: una realización de corte académico, sin grandes rupturas formales; interiores burgueses, exteriores fotogénicos; diálogos laboriosamente cargados de ingenio en una trama que combina el teatro de bulevar y las representaciones clásicas; actores muy profesionales, de dicción perfecta, promovidos al rango de monstruos sagrados.

Entre el registro del drama sicológico y la comedia costumbrista, Paseando con Molière (Alceste à byciclette), de Philippe Le Guay, es una cinta que cumple su cometido de servir como vehículo para el lucimiento de dos grandes actores (Fabrice Luchini y Lambert Wilson), sin importarle mucho dejar en el intento toda originalidad y verosimilitud en la construcción de su trama. Lo primordial es colocar en primer plano el genio de Molière, y particularmente el de la lengua francesa, oponiendo a dos personajes que se disputan el privilegio de ser sus intérpretes perfectos. Este elogio de la cultura clásica francesa tiene en el actor retirado Serge Tanneur (Luchini) a un portavoz tenaz, defensor acérrimo de la tradición y el purismo. Cuando Gauthier Valence (Wilson), viejo camarada y exitoso actor de series televisivas, le propone regresar con él al teatro e interpretar juntos los personajes centrales de El misántropo, las primeras reticencias de Serge se vuelven embestidas de arrogancia y despecho contra el comediante rival.

La cinta deviene el juego de masacre de dos vanidades susceptibles. El asunto podría ser interesante en su intención de contrastar dos maneras de considerar la cultura clásica: la devoción de Serge, celoso guardián de las tradiciones, y las irreverencias de Gauthier, empeñado en modernizar el texto y reducirlo a los requerimientos de la modernidad escénica. Desafortunadamente, la cinta se engolosina en el duelo de las dos figuras, en su combate verbal y sus golpes bajos, y en su afán de incorporar tramas secundarias que son un lastre. La perversidad de Luchini, actor formidable, se desgasta así en el juego teatral narcisista y vano al que le convida el realizador, aderezado todo con toques humorísticos tan reiterativos como desafortunados.
En Renoir, de Gilles Bourdos, hay un intento por apartarse de las vías más trilladas del biopic tradicional. No se intenta una biografía del pintor Pierre-Auguste Renoir, sino tan sólo capturar en los últimos años de su vida algo de la complejidad sicológica del personaje, su aparente frialdad afectiva y su obsesión creadora, el modo en que una joven modelo trastorna por un momento sus certidumbres, y también la forma en que el anciano enfermo asiste a las inquietudes eróticas y artísticas de su hijo Jean, inesperado rival en amoríos y futuro cineasta.
Foto
Fotograma del biopic Renoir, de Gilles Bourdos
La cinta ostenta el pulcro trabajo del camarógrafo taiwanés Ping Bee Lee, colaborador favorito del realizador Hou Hsiao Hsian, y la actuación contenida y sobria del veterano Michel Bouquet. Un atractivo más de la cinta es la tempestuosa irrupción de la joven modelo Andrée (Christa Therel) en las rutinas y los ensimismamientos de un padre indiferente y de su hijo pródigo. Una distancia más clara con el tono narrativo de un telefilm le habría dado al trabajo en su conjunto una mayor distinción artística.

Renoir y Paseando con Molière son dos ilustraciones elocuentes de un cine francés de calidad que con sus dosis de entretenimiento y un cierto barniz artístico goza hoy de una buena respuesta por parte del público francés.

Finalmente, En la casa (Dans la maison), de François Ozon, recurre a la obra teatral El chico de la última fila, del español Juan Mayorga, para explorar el vampirismo moral que un brillante alumno adolescente practica sobre su profesor de literatura. El malestar intelectual del profesor Germain (Fabrice Luchini, vigoroso), novelista fallido, y su fascinada obsesión por el alumno Claude (Ernst Umhauer) que escribe impecablemente y sin esfuerzo, fingiéndose aprendiz del maestro a quien con toda naturalidad supera, son elementos perturbadores que François Ozon maneja con malicia. El vano esfuerzo de Germain por retener en la falsa frescura de su alumno algo de su propia juventud perdida, es un tema que el realizador aborda con familiaridad y maestría.

Como en Gotas de agua sobre piedras ardientes, cinta de Ozon basada en una obra teatral de Fassbinder, las relaciones de poder son parte esencial en un asunto plagado de sordidez moral y animado por una dinámica de suspenso. Hay que ver la manera en que el discípulo convida al maestro al virtual voyeurismo de una intimidad ajena, volviéndolo cómplice y víctima de sus propias obsesiones juveniles, para calibrar el modo en que el realizador francés permanece fiel al estilo y a las recurrencias temáticas de sus primeras cintas, con giros siempre inesperados, renovando los géneros del drama y la comedia en el panorama más bien adocenado del cine francés actual.

En la casa se exhibe este domingo en la Sala 1 de la Cineteca Nacional: 17, 19:30 y 22 horas.
Twitter: @CarlosBonfil1