1/13/2021
Prensa México miércoles 13 de enero de 2021
1/12/2021
Prensa México martes 12 de enero de 2021
1/11/2021
Más de 50 comisiones, institutos, creados por gobiernos anteriores, ayudaron a desfalcar al país
Pedro Echeverria
1. El presidente López Obrador sigue denunciando y repitiendo robos y desfalcos sin parar. En su “Mañanera” de hoy habló de la existencia de unas 50 comisiones creadas en el sector energético, hidráulico, de hidrocarburos, de energía y decenas de “comisiones” que se encargarían de regular, vigilar, informar de lo bueno y lo malo de sus funcionamientos. Pero, dice, que todas fueron tapetes, comisiones que sirvieron para esconder todos los robos, las desviaciones de dineros. Dijo AMLO, fíjense: se creó una comisión de la “transparencia” para que todo se vea como si fuera un cristal, pero escondieron (prohibieron investigar) de entrada las listas de los empresarios a quienes se les condonaban sus impuestos, así como todos los negocios que hacían funcionarios y empresarios con Odebrecht.
2. Estos miembros de comisiones durante estos dos largos años del gobierno de AMLO han seguido actuando como antes y cobrando salarios superiores al del presidente. Esa comisión de la transparencia cuesta al presupuesto mil millones de pesos y sumadas las otras comisiones pueden alcanzar los 50 mil millones de pesos mientras la población mexicana sigue en la miseria y sufre hambre. Pensé que con la ideología de “anticorrupción” del gobierno este tipo de instituciones muy corruptas desaparecerían -así como miles de presos miserables- con un decreto garantizando que los miles de empleados cobraran un sueldo de unos 20 mil pesos al mes. Pero nada de eso, las denuncias de AMLO continuarán sin parar y sin castigo porque el llamado fiscal general actúa (lo apodan “florero”) al ritmo que ordena AMLO.
3. Alguien medio bobo me diría que si AMLO tiene miedo de castigar pues basta con denunciar, porque los anteriores ni eso hacían. Pero también los anteriores presidentes –que son los directamente responsables de los funestos gobiernos y merecen 100 años de prisión-, también han sido perdonados por AMLO porque “no quiere meterse con el pasado”. De los cientos de miles de millones que causaron millones de muertos entre los trabajadores y su familia, quizá se piense pedir perdón o se busque hacer una misa de desagravio. Así que los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, pueden vivir tranquilos y continuar con sus robos y trinquetes; incluso deberían hacer campañas políticas para asegurar que AMLO continúe en la Presidencia. También los empresarios deberían pedir a AMLO el perdón de los impuestos.
4. Los trabajadores –por lo menos desde hace un siglo- han sabido que todos los gobiernos han perdonado la corrupción pasada y presente porque son los que la han dirigido. Todos los gobiernos han sido cómplices de sus antecesores porque han conformado juntos la misma clase política. El presidente Salinas, que fue el cerebro de Miguel de la Madrid denunció a los expresidentes Echeverría y López Portillo; Zedillo denunció a su antecesor Salinas a raíz de la gran devaluación de diciembre de 1994; los presidentes panista Fox y Calderón no denunciaron al PRI, al contrario tuvieron la necesidad de aliarse con ellos; el presidente Peña siguió aliándose; pero nadie, ninguno, –ni AMLO- denunció el capitalismo y la profunda explotación y desigualdad. Ha habido una gigantesca complicidad y compromiso de no llevar las cosas a fondo.
5. Del gobierno de AMLO que mantuve algunas esperanzas de cambio, sólo puedo aplaudir el ofrecimiento de asilo a Assange, por ser un verdadero héroe mundial al denunciar para la prensa más de 10 mil acciones de robo y muerte de los yanquis contra los pueblos. Me hice ilusiones de que AMLO iría al fondo contra eso que llama “corrupción”, que sería el camino para comenzar a acabar con la explotación y caminar hacia la igualdad. Nada de nada. Ha denunciado mínimamente 500 casos que deberían castigarse para beneficiar a la población; sin embargo todo lo ha dejado a la mitad o de plano ni lo ha tocado. Mínimamente: Fox, Calderón, Peña y lo peorcito de sus funcionarios, como Fdez. de Cevallos; unos 10 gobernadores, algunos empresarios, etcétera deberían estar en prisión; pero AMLO todo lo ha perdonado. Como dicen aquí: “¿No le saldrá el tiro por la culata?” (8/I/21)
https://pedroecheverriav.wordpress.com
alterar26@gmail.com
Trump, el realismo político y las ratas
Prensa México lunes 11 de enero de 2021
1/09/2021
Hombres, violencia y masculinidad
Parten de su condición superior basada en lo que los hombres blancos han decidido para sí mismos y para el resto de la sociedad.
Miguel Lorente Médico forense y profesor en la Universidad de Granada

El asalto al Capitolio por los seguidores de Trump muestra cómo la violencia es uno de los principales instrumentos de la sociedad y cómo las referencias sociales vienen definidas por el machismo que los hombres han creado en forma de cultura para hacer de todo ello “normalidad”.
Y para no desvelar su entramado y estrategia necesita presentar sus acciones como “casos aislados”, como producto de determinados hombres o de ciertas circunstancias, justo lo mismo que hace con la violencia de género y los 60 homicidios de media que se producen cada año, que todavía no se entienden como una consecuencia del machismo social capaz de generar esos 60 asesinos anuales, y se intentan presentar como “casos aislados”.
Pero no se trata de casos aislados, todo lo contrario, es la dinámica de un modelo que busca defender el poder sobre las condiciones que previamente ha decidido que deben tener quienes ejerzan ese poder. Y en esa construcción androcéntrica los hombres pasan por ser la referencia para desarrollarlo y decidir, siempre que así lo consideren, si quieren que haya alguna mujer junto a ellos, y, sobre todo, qué estrategias se deben desarrollar para defender ese modelo que los sitúa en la cúspide y con la capacidad de influir y determinar la realidad.
Todo forma parte de un proceso, no de un accidente, y lo ocurrido en el Capitolio es el resultado de lo que Donald Trump empezó a preparar durante la campaña electoral, al afirmar que se iba a producir un fraude, al pedir a sus seguidores violentos de ultraderecha que estuvieran atentos, al negarse a aceptar el resultado de las elecciones afirmando sin ninguna prueba que se había producido el fraude, y al manifestar ayer en un discurso que era la hora de “dirigirse al Capitolio” para que otros lo tomaran.
Todo eso que está perfectamente documentado en lo sucedido con Trump es un ejemplo de su manera de entender el poder (político, económico, familiar, relacional…) y de la mentira machista que ataca directamente a quien considera inferior: votantes progresistas, mujeres, población negra y otros grupos racializados, extranjeros, personas LGTBIQ+… porque ellos parten de su condición superior basada en lo que los hombres blancos han decidido para sí mismos y para el resto de la sociedad, por eso necesitan ser ellos quienes ejerzan el poder.
Los que han tomado el Capitolio y los que recurren a la violencia de género, son más hombres para el resto al haber actuado de ese modo
Pero Trump no es solo Trump. Trump es el Partido Republicano con su acompañamiento, son algunos medios con su complicidad, y es la gente con su apoyo a todas estas estrategias.
Ningún caso individual sería factible sin esa complicidad general. Hace falta poder para poder abusar del poder, y las alternativas al modelo machista no tienen poder. Por eso no sólo no pueden hacer pasar una mentira por verdad, sino que ni siquiera pueden evitar que la verdad sea presentada como una mentira por parte del lado machista. Porque el modelo androcéntrico cuenta con el poder material para hacerlo y con la receptividad social para aceptarlo.
Trump siempre dirá que él no asaltó el Capitolio, incluso negará que llamó a hacerlo, y manifestará que se trató de “grupos aislados”… Y será creído.
Ocurre lo mismo cuando un hombre asesina a una mujer, nadie ve a todos los hombres que maltratan a diario entre la invisibilidad creada por la cultura, y tampoco a todos los hombres que minimizan, justifican o insinúan que la mujer “habrá hecho algo”, y mucho menos a los que se mantienen en una aparente posición de neutralidad ante esta violencia. Tampoco se ve a los medios que dan voz a quienes cuestionan la realidad de la violencia de género o a quienes intentan ocultarla detrás de otras violencias, ni a quienes mienten y manipulan cuando se habla de estas cuestiones. Pero al final, cada año, 60 hombres de media asesinan en España a 60 mujeres desde la normalidad. Sin ese contexto social que normaliza la violencia, la minimiza y la contextualiza no se podría producir el homicidio final.
Por eso hay una responsabilidad directa de los hombres para erradicar esta violencia, y lo mismo que reaccionan para decir que la ley integral va contra “todos los hombres” o que no todos los hombres maltratan, deberían reaccionar para decir que todas las personas que agreden a través de la violencia de género son hombres, y que todos los hombres deberían implicarse en su erradicación.
Ya se encarga el modelo de defender esa masculinidad y el recurso a la violencia presentando sus conductas como “casos aislados”
Pero no lo hacen, prefieren seguir mintiendo, justificando y jugando al “y tú más”. Y no lo hacen, no por desconocimiento, sino con plena conciencia de que lo que está en juego es su modelo de poder y sus privilegios.
La propia escenificación del asalto al Capitolio, con esos hombres disfrazados de “más hombres” (militares, vikingos, paramilitares o del mismo Trump), escenificando conductas de poder, como poner los pies sobre la mesa de la presidenta del la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y haciéndose selfies de todo tipo, recuerda mucho a la reivindicación de la virilidad que hacen los hombres a través de la violencia de género, y los vídeos que graban y comparten en las agresiones sexuales que cometen. Pues no basta con ser hombre, hay que demostrarlo.
Porque todos ellos, los que han tomado el Capitolio y los que recurren a la violencia de género, son más hombres para el resto al haber actuado de ese modo. Ninguno de ellos es cuestionado como hombre por los demás; serán delincuentes, antidemócratas, exaltados o asesinos, pero todos ellos son más hombres al final del episodio.
Ya se encarga el modelo de defender esa masculinidad y el recurso a la violencia presentando sus conductas como “casos aislados”, y que todo siga igual bajo las referencias androcéntricas de poder que actúan desde la invisibilidad para que se sigan produciendo “casos aislados” por exceso, cuando la normalidad no logra mantener el orden dado por defecto.
#SeráLey: El derecho a la ILE
Un año marcado en sus inicios por las marchas multitudinarias del 8 de marzo en México y América Latina culminó en la madrugada del 30 de diciembre con un gran logro para la causa de las mujeres: la despenalización del aborto en Argentina hasta la 14ta. semana de gestación. Esta medida representa sin duda la conjunción de voluntades políticas de los poderes ejecutivo y legislativo, pero es sobre todo la demostración de lo que pueden lograr las mujeres mediante la organización feminista, la claridad de objetivos y la perseverancia contra la adversidad.
Pensar en Argentina es hoy pensar en la Marea verde y en la consigna #NIUNAMENOS, pero el camino ha sido largo y pedregoso. Lastrada por la dictadura militar y su legado de violaciones de Derechos Humanos, con 30 mil personas desaparecidas y miles exiliadas, la sociedad argentina, en particular las mujeres, ha dado diversas lecciones de entereza y creatividad en defensa de los DH que merecen retomarse para avanzar la causa de las mujeres en toda la región.
Desde las Madres de Plaza de Mayo hasta la Marea Verde, la conjunción de voces – diversas y hasta discordantes– y la acción colectiva han sido clave para defender la vida contra la violencia y el autoritarismo, contra la imposición de una visión unívoca y regresiva, contra la pretensión de moldear las mentes y controlar los cuerpos en nombre de una “verdad” rígida que acaba por ser inhumana.
Así, tras un largo recorrido que se inicia en los años 80 cuando, junto con el impulso democrático, las feministas reclaman el derecho a vivir sin violencia y el derecho a decidir sobre la maternidad, los diputados primero y el Senado después aprobaron la ley que permite la interrupción Voluntaria del Embarazo hasta la 14ta. semana de gestación y mantiene las causales de aborto por violación o por peligro para la salud de la madre después. Como la reforma de 2007 en la Ciudad de México, esta ley permite la objeción de consciencia del personal de salud pero obliga a las instituciones a garantizar la IVE de modo que los objetores no puedan boicotear el derecho de las mujeres, como ha sucedido en Italia y ha intentado promover la iglesia católica en México.
A diferencia de otras, la Ley argentina busca ser incluyente en dos sentidos: por un lado, contempla la posibilidad de que niñas menores de 13 años puedan acceder a la IVE con el acompañamiento de uno de sus padres o un tutor, esto reduce –aunque no elimina- la limitación que implica el permiso parental, particularmente nefasto en casos de incesto o abuso familiar. Por otro lado, la ley menciona no sólo a las mujeres sino también a “personas de otra identidad de género”, con lo que incluye a hombres transgénero que puedan necesitar una ILE. Este tipo de lenguaje puede resultar incómodo en cuanto la lucha por el aborto seguro ha sido causa de las mujeres, no de hombres trans ni de ningún otro grupo. En este sentido es importante recordar y reivindicar las luchas históricas de las mujeres por sus propios derechos.
A más de una década de la aprobación de las reformas que despenalizaron el aborto hasta la duodécima semana en la Ciudad de México, periodo en que sólo se logró un avance legal significativo en Oaxaca y se han dado retrocesos en más de 18 estados debido a la presión de las iglesias y a la complicidad de todos los partidos, conviene retomar algunos de los argumentos planteados por la senadora argentina Gladys González, quien se presentó ante sus colegas como una mujer católica practicante y madre de familia, que fue acosada y amenazada por haber votado a favor de la IVE, en 2018 cuando, en una primera discusión, el Senado rechazó esta medida.
Con gran honestidad, la senadora rechazó unirse a quienes pretenden imponer su particular interpretación de la religión para prohibir el aborto, los anticonceptivos o la educación sexual. Basada en su experiencia, afirmó que el aborto clandestino es “un negocio” que afecta sobre todo a las mujeres pobres, que no pueden acceder a un procedimiento seguro y gratuito y “siguen muriendo en abortos clandestinos”. Contra quienes confunden ampliación de derechos con imposición, explicó que la Ley no obliga a nadie a abortar. Insistió así mismo en que la despenalización del aborto es una cuestión de justicia social que debe ir acompañada, entre otros, de programas de prevención del embarazo adolescente.
En el caso de México es preciso añadir la exigencia de que se garantice el acceso al aborto legal en caso de violación, causal vigente en todo el país. Recordemos también que los derechos humanos pueden ampliarse, no reducirse, por lo que no se puede revertir los avances en la Ciudad de México y Oaxaca. Hay que señalar también que plantear, como lo ha hecho el presidente, que el derecho a decidir se pueda someter a consulta es ignorar que los derechos humanos tampoco se pueden decidir “por mayoría”, son derechos propios de cada persona por el hecho de existir; y, sobre todo, que imponer la maternidad desde el Estado, la Iglesia o la familia, es una forma de tortura y que en ninguna sociedad se puede legalizar ésta. Tampoco se puede pretender buscar una sociedad más igualitaria y al mismo tiempo avalar prácticas discriminatorias como la prohibición o restricción del aborto que restringe la autonomía y libertad de las mujeres.
La lucha por el acceso al aborto seguro, legal y gratuito en México ha sido una de las causas feministas más arduas y perseverantes. Ningún gobierno ni ninguna iglesia logrará detener la lucha de las mujeres por nuestros derechos, a decidir, a vivir sin violencia. Nada nos detendrá si nos organizamos y dejamos atrás protagonismos y divisiones y damos prioridad a la causa de la justicia social.
El año de los retrocesos: la pandemia profundizó en 2020 las desigualdades que ya vivían las mujeres
Desigualdad & Género

La crisis desatada por el coronavirus supuso un aumento de la violencia de género, más pobreza y nuevas barreras en el acceso a la salud sexual y reproductiva.
El año que terminó hace pocos días estuvo marcado a nivel global por el coronavirus, que llegó para modificar la vida de prácticamente todas las personas, en todos los sentidos y en todas partes. Una enfermedad que no discrimina, en tanto puede afectar a personas de cualquier edad, clase socioeconómica o género, pero que tiene un impacto diferenciado en las poblaciones que ya atravesaban situaciones de especial vulnerabilidad.
La cronología es conocida: la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia de covid-19 en marzo y enseguida los países decidieron imponer confinamientos, restringir la circulación de personas, cerrar fronteras, apostar a las clases virtuales y exhortar a la implementación del teletrabajo.
Las medidas fueron efectivas para contener la propagación del virus. Sin embargo, las consecuencias del encierro no tardaron en aparecer a nivel económico, social y emocional, y muchas brechas que ya existían se profundizaron. Las mujeres, una vez más, quedaron en desventaja.
En América Latina, la pandemia provocó la pérdida de miles de empleos, sobre todo en sectores que tuvieron que paralizar la actividad. Esto derivó en una grave crisis económica que impactó más fuerte en las mujeres, que incluso antes de la pandemia ocupaban puestos laborales más precarizados o estaban en la informalidad. Para muchas, quedarse en casa significó la pérdida parcial o total de los ingresos, por lo que en algunos casos se vieron obligadas a salir a la calle a buscar trabajo ‒pese al riesgo de contagio‒ para no pasar hambre o quedarse sin techo.
A eso se suma que, mientras la actividad mermaba afuera de las casas, adentro aumentaba la carga de las tareas domésticas y de cuidados, que más que nunca recayeron de manera desproporcionada sobre las mujeres.
Con las puertas cerradas, también aumentó el riesgo para las mujeres que vivían situaciones de violencia por parte de parejas o familiares varones convivientes. En la mayoría de los países de la región, de hecho, se dispararon las llamadas a servicios de ayuda o asesoramiento ante casos de violencia de género, especialmente durante los primeros meses de pandemia.
Por otro lado, priorizar recursos para gestionar la emergencia sanitaria implicó en algunos países que los servicios de salud sexual y reproductiva se vieran interrumpidos, sufrieran recortes o directamente fueran negados. En muchos casos, gobiernos nacionales o locales conservadores pusieron la excusa de la pandemia para restringir estos derechos, y fueron aplaudidos por grupos “provida”. Mujeres han denunciado las dificultades en la región para acceder a los servicios de aborto, recortes en el suministro de anticonceptivos y casos de violencia obstétrica “justificados” por el contexto de emergencia.
Ante las diferentes urgencias que desató la pandemia, colectivos feministas tejieron redes para asesorar, acompañar y ayudar a quienes en algunos casos parecían olvidadas por el Estado. Ollas populares, canastas de alimentos, líneas de asistencia para víctimas de violencia y mecanismos de acompañamiento a la distancia para las que necesitaron interrumpir embarazos se replicaron en la región. Frente a la crisis de la parálisis, se activó la solidaridad.
Desempleo y pobreza
Las mujeres son las más afectadas por el aumento del desempleo, la pobreza y la sobrecarga de cuidados no remunerados que provocó la pandemia, aseguró ONU Mujeres en un artículo publicado a principios de noviembre.
Según las estimaciones del organismo, el coronavirus dejará en América Latina a 118 millones de mujeres y niñas en la pobreza. Esto se debe a que la reducción de la actividad económica afecta en primera instancia a las trabajadoras informales que pierden su sustento de vida de forma casi inmediata, sin ninguna posibilidad de sustituir el ingreso diario. “Más de la mitad de las mujeres trabaja en sectores de alto riesgo de ser afectados por la contracción económica: comercio, trabajo doméstico, manufacturas, turismo, servicios administrativos, actividad inmobiliaria y el sector salud; donde las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas en la primera línea de respuesta, pero con una participación minoritaria en la toma de decisiones frente a la pandemia”, dice ONU Mujeres.
Las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y de la Organización Internacional del Trabajo señalan que, efectivamente, las mujeres están perdiendo sus empleos a un ritmo mucho mayor que los hombres. A fin de año estimaban que 2020 cerraría con una tasa de desocupación de las mujeres en la región de 15,2%, casi seis puntos porcentuales más que en 2019.
En Uruguay, la emergencia sanitaria también tuvo mayor impacto en las trabajadoras informales, que no sólo no pudieron acceder al seguro de paro sino que, además, integran sectores que se han visto especialmente afectados por las medidas adoptadas para contener la propagación del coronavirus. Así lo aseguran la economista Alma Espino y la socióloga Daniela de los Santos en el informe “Pandemia, políticas públicas y desigualdades de género en Uruguay”, publicado a mediados de año.
Las investigadoras citan el ejemplo de las trabajadoras domésticas, quienes denunciaron reducciones de jornadas laborales, “despidos abusivos” y suspensiones desde que comenzó la emergencia sanitaria.
Otro caso es el de las trabajadoras sexuales, que perdieron posibilidades laborales debido al cierre de boliches, bares y whiskerías, y a la restricción de la circulación en las calles. Sin alternativas para percibir ingresos, unas y otras tuvieron que generar alternativas para sostener la vida de sus familias organizando ollas populares o buscando donaciones de canastas de alimentos y productos de higiene.
La situación en América Latina es también complicada para las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes, que, además de trabajar de manera informal, debido a la pandemia se enfrentaron a obstáculos para acceder a recursos productivos como el agua, la tierra, insumos agrícolas, financiamiento, seguros o capacitación, y tuvieron dificultades para comercializar sus productos en los mercados. Las proyecciones de la CEPAL auguran que seis millones de mujeres rurales de la región corren el riesgo de caer en la pobreza extrema.
En nuestro país, la Red de Grupos de Mujeres Rurales del Uruguay advirtió en octubre sobre el impacto de la crisis sanitaria en la actividad laboral y en su autonomía económica, “que es una de las maneras de luchar contra la violencia patrimonial y desterrar de una vez por todas el patriarcado”, como explicó a la diaria la vicepresidenta de la plataforma, Silvia Páez, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales.
Uno de sus comentarios podría resumir la sensación de las trabajadoras en el resto de los sectores mencionados: “Todo ha tenido un proceso de detenimiento y de tener que pensar cómo volver a empezar”.
La crisis de los cuidados
Con los centros educativos cerrados, las personas adultas mayores aisladas y la imposibilidad de contar con alguien externo al núcleo familiar para encargarse del cuidado, las mujeres también tuvieron que asumir gran parte de los cuidados de niñas, niños y otras personas dependientes. Esto implicó el aumento de la carga de una tarea que ya recaía de manera desproporcionada sobre las mujeres.
Así, se vieron obligadas a hacer malabares para conciliar los cuidados con el trabajo remunerado. Las mujeres que inevitablemente tuvieron que salir a trabajar fuera del hogar vieron las alternativas reducidas a la hora de definir con quién dejar a sus hijas e hijos. Aquellas que podían trabajar desde su casa, en tanto, se enfrentaron al doble desafío de ocuparse en simultáneo del trabajo y el cuidado.
Antes de la pandemia, las mujeres de la región dedicaban más del triple de tiempo al trabajo no pago que los hombres, según datos de ONU Mujeres. La crisis sanitaria sólo agravó esta desigualdad histórica y puso en evidencia la necesidad un reparto equitativo de los cuidados, que venga acompañado de un cambio cultural.
“La crisis debe transformarse en una oportunidad para fortalecer las políticas de cuidados en la región, desde un enfoque sistémico e integral, incorporando a todas las poblaciones que requieren cuidados, a la vez que se articulan con las políticas económicas, de empleo, salud, educación y protección social sobre la base de la promoción de la corresponsabilidad social y de género”, aseguran ONU Mujeres y la CEPAL en un informe publicado en agosto.
En Uruguay, “las cargas de cuidados no han estado presentes en el discurso público, así como tampoco las tensiones que conlleva para las mujeres quedarse en casa y no recibir los apoyos de las instituciones educativas y de cuidados durante la cuarentena”, resumen Espino y De los Santos en su estudio. Al mismo tiempo, se preguntan si, “de profundizarse la estrategia de los trabajos remotos”, “se podrán conciliar los tiempos de la vida y del mercado” y “se facilitará la corresponsabilidad en el trabajo no remunerado entre varones y mujeres”.
Unos días después de que se conoció el primer caso de coronavirus en Uruguay, Espino dijo a la diaria que se trataba de una buena oportunidad para llamar a los varones “a tener un papel más relevante y sentirse parte del cuidado de lo más importante que tenemos los seres humanos, que son las personas a las que queremos”. La invitación sigue abierta.
Violencia machista, la otra pandemia
Con o sin pandemia, la mayoría de las situaciones de violencia de género tienen lugar en el ámbito privado y son ejercidas por parte de parejas, ex parejas o familiares varones. Por eso el llamado al confinamiento prendió las alarmas: la casa era el mejor refugio para evitar el contagio del coronavirus, pero el lugar más inseguro para muchas mujeres.
Organizaciones y colectivos feministas iniciaron campañas para alertar y prevenir sobre esta situación, al tiempo que exigieron a los gobiernos la adopción de medidas que se ajustaran a la nueva realidad. Muchos países reforzaron entonces los servicios de atención telefónica y las apps, que habilitaron una vía posible para que las mujeres pudieran pedir ayuda incluso estando encerradas con sus agresores las 24 horas del día.
El número de las llamadas a los servicios de atención a la violencia de género se disparó en la región durante los primeros meses de la pandemia, casi sin excepciones. En Uruguay, el total de consultas telefónicas y presenciales a los servicios del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) de todo el país aumentó 25% respecto de 2019. Sólo entre enero y setiembre fueron atendidas 11.281 llamadas al 0800 4141, un promedio aproximado de 41 por día, según cifras del Inmujeres. El pico máximo se registró en abril, con una consulta cada 20 minutos.
En paralelo, hubo una baja de las denuncias policiales, un fenómeno que se repitió en otros países y que dejó en evidencia los obstáculos a los que se enfrentaron las mujeres a la hora de denunciar en el contexto de aislamiento. De todas formas, el Ministerio del Interior registró 33.004 denuncias por violencia de género de enero a octubre de 2020. Es decir, 109 por día. O una cada 13 minutos.
Varios países de la región que optaron por cuarentenas estrictas también enfrentaron un aumento de los femicidios durante la pandemia. En Argentina, por ejemplo, hubo 298 casos del 1º al enero al 31 de diciembre, según datos del Observatorio de Violencias de Género “Ahora que sí nos ven”. De ese total, 217 tuvieron lugar durante el período de aislamiento y distanciamiento social obligatorio, entre el 20 de marzo y el 30 de diciembre. En 65,1% de los casos, los femicidios se dieron dentro de una vivienda, lo cual ratifica que “el hogar de las mujeres continúa siendo el lugar más inseguro”, puntualiza el observatorio en el informe.
Reforzar los servicios telefónicos fue una de las distintas medidas que se adoptaron en la región para abordar la violencia de género. Hubo otras. Las autoridades argentinas, por ejemplo, decretaron una excepción para que mujeres y personas LGBTI en situación de violencia pudieran romper la cuarentena para ir a hacer una denuncia penal o pedir asistencia. El gobierno de Colombia expidió un decreto para garantizar la prestación ininterrumpida de servicios de atención a víctimas de violencia de género en las comisarías de familia, de forma virtual. La Fiscalía de Honduras anunció que investigaría de oficio a personas que promovieran la violencia contra las mujeres a través de redes sociales durante el período de aislamiento.
En todos los países, sin excepción, el riesgo y los obstáculos para huir de las situaciones de violencia fueron y son todavía más grandes para las mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad a múltiples formas de discriminación, como mujeres con discapacidad, con VIH, LGBTI, migrantes, desplazadas y refugiadas, víctimas de conflicto armado, indígenas, afro, rurales o que viven en asentamientos. Por eso, organizaciones sociales insisten en que el abordaje de las distintas problemáticas tiene que incluir siempre la mirada interseccional.
El periplo por la salud sexual y reproductiva
La OMS publicó en marzo una guía con orientaciones para mantener los servicios de salud esenciales durante la pandemia que incluía tanto los relacionados con la salud sexual y reproductiva como los de maternidad. El documento advertía, de hecho, que la reducción de la disponibilidad de esos servicios podía implicar “miles de muertes maternas y neonatales debido a los millones de embarazos no deseados adicionales, los abortos en condiciones de riesgo y los partos complicados sin acceso a la atención esencial y de emergencia”. Incluso alertaba que una reducción de 10% en estos servicios “podría resultar en unos 15 millones de embarazos no deseados, 3,3 millones de abortos en condiciones de riesgo y 29.000 muertes maternas adicionales durante los próximos 12 meses”.
Pero de lo recomendado a lo hecho hubo un largo trecho, y varios países se vieron obligados a priorizar los servicios destinados exclusivamente a atender la covid-19. Como consecuencia, la atención a la salud sexual y reproductiva de mujeres, niñas y adolescentes fue interrumpida, negada o sufrió recortes.
En muchos casos, hubo negación o suspensión de los servicios de interrupción voluntaria del embrazo y recortes de suministros de misoprostol y mifepristona, según denunció en octubre Catalina Martínez Coral, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, en una entrevista con la agencia DW. En otros casos, como en Brasil, la crisis redujo drásticamente el acceso a los abortos legales porque muchas clínicas cerraron: de las 76 registradas que brindan servicios de aborto legal en todo el país, sólo 42 permanecieron abiertas durante la pandemia, de acuerdo con datos recopilados por activistas y relevados por la cadena BBC.
Las barreras para el acceso al aborto fueron incluso alentadas y celebradas por grupos “provida”, algunos con influencia en gobiernos nacionales o locales.
Martínez Coral aseguró que las mujeres también encontraron obstáculos para acceder a la salud materna. En ese sentido, dijo que en países como Honduras y Perú se denegaron atenciones prenatales “inclusive a personas que tenían embarazos de alto riesgo”.
En Uruguay no se registraron irregularidades para acceder a los servicios de aborto, pero sí fueron denunciados casos de violencia obstétrica. En concreto, se denunciaron situaciones en las que se prohibió el acompañamiento en controles prenatales y ecografías, así como casos de maltrato verbal. La organización Gestar Derechos advirtió sobre el caso de una mutualista que impuso la cesárea a una mujer con coronavirus y prohibió el acompañamiento de su pareja.
La respuesta de los feminismos, otra vez, fue organizar la sororidad. En Argentina, las Socorristas en Red lanzaron una campaña para recordar que las mujeres tienen derecho a un aborto seguro incluso en cuarentena. “El sistema de salud no te puede abandonar. Los derechos sexuales y reproductivos no se suspenden en pandemia”, decía una de las placas que circularon en redes sociales. En Ecuador, la red Las Comadres también difundió información de contacto para atender a mujeres que quisieran interrumpir el embarazo, tanto por vía telefónica como a través de Telegram. “Un aborto acompañado es un aborto seguro” era una de las premisas. En Uruguay, el colectivo Mujeres en el Horno reafirmó que el aborto es legal incluso en pandemia y le dio difusión al número de la Línea Aborto, mientras que Gestar Derechos se puso a disposición para asesorar a quienes hubieran vivido algún episodio de violencia obstétrica.
Brevísima historia del pañuelo verde

Atado en las mochilas, en la muñeca, alrededor del cuello, como un top, brazalete o en la cintura, durante este año también como barbijo. Para regalarle a una amiga, atado a monumentos, pintado como intervención en carteles, sostenido por miles de manos, de abrazos.
El pañuelo verde se transformó en el signo por excelencia de la lucha por el aborto legal seguro y gratuito. Forma de cuidado, identidad, lazo social. Lo repartieron por primera vez Católicas por el Derecho a Decidir en Rosario allá por el 2003, dos años después se crea la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que lo adoptó como propio. La Campaña le agregó el lema “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir” que se suele leer en ellos.
La extensión y amplitud de su uso merece un análisis más profundo pero yo esbozo acá unas ideas.
El pañuelo verde tiene dos características centrales. Es un pañuelo y es verde. Dos cosas obvias claro pero que merecen ambas una reflexión. En un país donde hay una larga tradición alrededor de los pañuelos blancos portados durante años y años por mujeres madres que buscaban a sus hijas e hijos desaparecidos elegir como signo a un pañuelo es colocarlo en esa misma trayectoria y vincularlo a la genealogía de la lucha por los distintos derechos humanos.
El verde -según cuentan algunas de sus creadoras- surgió también de un debate. Había que alejarse del rosa -estereotipo tradicional-, también del lila que ya estaba siendo utilizado por otros movimientos de mujeres. Otros colores cargaban con fuertes cargas simbólicas. El rojo de las izquierdas o el azul ligado al justicialismo. El amarillo estaba descartado de plano. El verde por su parte es un color relacionado con la vida y la ecología. Se podía re-utilizar cargándole este nuevo sentido. La defensa de la vida de la mano de los que no quieren que mueran más mujeres en abortos clandestinos.
Así surge el pañuelo de color verde y con la consigna central de la campaña. El que sea un pañuelo tiene además muchas ventajas. Es fácil de transportar, es multifacético en sus posibles usos, se puede atar. Es económico, cualquiera se puede hacer uno. Sirve también para identificarse. Ver a alguien con un pañuelo verde en el tren, en la escuela, en el trabajo alcanza para sentirse compañerx, para no sentirse sola.
Luego se multiplicó también en otros formatos: pecheras, prendedores, cintitas, remeras, collares, carteras, perfiles de whatsapp o de facebook, infinitas formas de uso, soportes y materialidades.
Frente a las imágenes violentas utilizadas por los que están en contra de la aprobación de la ley se creó una imagen vital, alegre, festiva que se extendió como marea.
El pañuelo verde llegó para quedarse y hoy es el símbolo de una lucha que se volvió ley.
Fuente: https://www.agenciapacourondo.com.ar/generos/brevisima-historia-del-panuelo-verde
1/08/2021
El presidente AMLO, que antes denunciaba, hoy se dedica a llorar como cobarde sin hacer nada
Pedro Echeverría V.
1. Hay por lo menos 15 grandes instituciones –encabezadas por la SCJN, por el INE y el Banco de México- que se ríen y burlan del presidente AMLO porque en los dos años de su Presidencia, siguen cobrando lo triple o cuatro veces el equivalente del salario presidencial. Ya sus quejas, de tanto repetirlas, son lastimosos lloriqueos de un presidente que se autocalifica de demócrata pero permite que el presupuesto público –dinero que el pueblo miserable y hambriento necesita para vivir- sea dilapidado por funcionarios ladrones. Habría que decirle a López Obrador que no llore, que no repita en sus discursos su llanto, porque ahora causa desprecio y enseña cobardía.
2. Mientras el presidente cobra al mes 150 mil pesos –que indudablemente es mucho dinero comparado con los cuatro mil de salario mínimo de trabajadores- se permite que unas 15 instituciones sigan cobrando su viejo salario de 450 a 500 mil pesos mensuales. ¿Para qué carajos sirve un presidente sino para servir a los intereses del pueblo explotado y oprimido y, al mismo tiempo, para obligar a que todos se sometan a eso que llaman Constitución que se estira y afloja acomodándose a conveniencias del poder? Esa pinche “ley de amparo” y demás leyes hechas por la burguesía, no sirve al pueblo sino a los empresarios y burgueses ladrones que las usan a conveniencia.
3. Pero AMLO está muerto de miedo. El presidente del INE, los altos funcionarios de la Suprema Corte, Salinas Pliego, cuatro o cinco empresarios y algunos políticos de la llamada oposición derechista, lo tratan como un subordinado. Algunas gentes se preguntan porque esos grupos y sus personeros tratan así al presidente, ¿tendrán algunos negocios o secretos? ¿En que quedaron las denuncias de Lozoya y Zebadúa? ¿Qué pasó con Cienfuegos y García Luna? ¿Quién le puso freno al fiscal general? Una verdadera denuncia es aquella que marcha a diario para hacer justicia. Un lloriqueo es el que se repite a diario y teniendo el poder para remediarlo, se prefiere, por miedo o cobardía, no hacer nada para ponerle remedio.
4. Cuando deberían estar en prisión unos 200 políticos y empresarios denunciados por Lozoya y Zebadúa, así como por medios de información, sólo tienen a la corrupta Rosario Robles que fue a entregarse a los carceleros; los demás –conociendo al presidente AMLO no es vengativo porque espera la bendición de dios, se les han “pelado” al gobierno estableciéndose en Europa o los EEUU para disfrutar sus miles de millones de pesos robados en México. Se olvida que todo lo saqueado en México debería estar al servicio del pueblo. ¿O es que los 37 mil millones que debe en impuestos Salinas Pliego no se lo robó a la población? (5/I/21)
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