Julio Hernández López: Astillero
La coartada de la presunta lucha contra el narcotráfico ha llegado ya al previsto escenario del castrense control social de brotes de insurrección. La semana pasada, durante cuatro días, medio millar de soldados mantuvieron durante cuatro días bajo control un par de comunidades de la Tierra Caliente, en Guerrero (en las que viven apenas unas decenas de personas), en abierta violación de preceptos legales y humanitarios y en una clara reinstauración del modelo de guerra sucia que contra disidentes vivieron México y otros países de Centro y Sudamérica en décadas pasadas. La jornada de horror, como la definió Marlén Castro, reportera de La Jornada Guerrero en su edición del domingo, comenzó el martes 9 y terminó el sábado 13, cuando una misión civil de observación, formada por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), miembros de organizaciones estatales y reporteros llegaron a Puerto las Ollas, que junto con Las Palancas, ambas en Coyuca de Catalán, habían sido tomadas durante esos días por militares en busca de armas y grupos armados, específicamente del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y del llamado comandante Ramiro, cuyo nombre sería Omar Guerrero Solís, quien organizó una conferencia de prensa desde la clandestinidad rural el pasado 31 de mayo y cuyas palabras llegaron a ser difundidas en el programa de Denise Maerker en Televisa.
Los reportes conocidos por la mencionada misión civil hablan de la tortura específica de dos personas, allanamiento de casas, colocación de cuchillos en la garganta de tres mujeres para que dieran información sobre el paradero de sus esposos; robos, amenazas y siembra de semillas de amapola, uniformes y armas. Según las denuncias, los soldados entraron a esas pequeñas comunidades gritando ¡Viva Rogaciano!, lo que fue entendido en relación con Rogaciano Alba Álvarez, ex alcalde de Petatlán y líder de la unión estatal de ganaderos que ha sufrido ataques en su persona y familia supuestamente cometidos por bandos contrarios en el negocio del narcotráfico. A ese Rogaciano se le entiende vinculado con el cártel de Joaquín Guzmán, El Chapo.
La decisión calderonista de lanzar a los soldados mexicanos a reprimir sin consideración legal alguna (un adelanto del estado de excepción que pretende el felipismo le sea autorizado o tolerado) se da apenas unos días después de que se conociera el contenido de un libro escrito por el general de división retirado Antonio Riviello Bazán, quien fue secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en el cual advierte que el Ejército y la Fuerza Aérea han pagado un precio muy alto por una democracia que no les sirve, por un sistema de gobierno que los ha usado de manera desleal para legitimar sus desaciertos o sus ambiciones. Las consideraciones del general, dadas a conocer por el especialista en asuntos de las fuerzas armadas Javier Ibarrola en su columna publicada en Milenio, tocan fibras altamente sensibles en ese ámbito castrense, donde cada vez con mayor frecuencia y con menos sigilo se analiza críticamente la conducción nacional que ejercen Calderón y su peculiar grupo de íntimos. Esas fuerzas armadas, señaló el mencionado divisionario, no pueden ni deben (...) estar confiadas a los errores y aciertos de quienes, por voluntad de los ciudadanos, hoy ejercen el poder y mañana no. Deben entender que el liderazgo no emana de la ciega obediencia hacia una persona. Se debe hacer algo de manera urgente. Sólo en el marco de una democracia verdadera es posible conciliar los conflictos sin la fuerza y la violencia.
Ese contexto de inquietudes crecientes de los mandos armados (no necesariamente de la alta burocracia sexenal, sino del cuerpo de oficiales en general) se ha agravado con la extraña decisión de enviar este sábado al norteño triángulo dorado del narcotráfico (Sinaloa, Chihuahua y Durango) a cadetes de todos los planteles educativos militares (10 compañías, más jóvenes de nuevo ingreso). Un conocedor de esos entretelones, ya en el retiro, comentó a esta columna que recurrir a muchachos sin experiencia, que están estudiando, por ejemplo, medicina, información, ciencias de guerra, transmisiones y lanzarlos a la sierra a erradicar manualmente plantíos de mariguana y opio podría derivar en una desgracia. Sería, dijo, una irresponsabilidad del alto mando colocar a los jóvenes como carne de cañón, como si de lo que se tratara fuera de empeorar las cosas para así justificar un mayor endurecimiento militar. La guerra contra el narcotráfico no tiene mayor sentido que “posicionar a la gente del cártel de Sinaloa como los número uno en la distribución de droga en México y Estados Unidos, con un abierto favoritismo para esa organización, a cuyos verdaderos líderes no se les puede detener ni sus pistas de aterrizaje cerrar”. En el Ejército, según esa fuente, también hay hartazgo por los errores diariamente cometidos en el gobierno del país.
Mientras tanto, en Arcelia, Guerrero, hay dolor colectivo por la muerte de un sacerdote y dos seminaristas a manos de todavía nadie sabe quién, si acaso narcos sin brújula o con ella. Un lector de esta columna informó al respecto: el padre Habacuc Hernández Benítez ha sido el más querido de que se tenga memoria en la diócesis de Ciudad Altamirano. Era el encargado de las vocaciones desde hace cuatro años. Incursionaba por rancherías y poblaciones, carreteras, brechas, caminos, atajos. Lo asesinaron junto con dos jóvenes seminaristas de 14 años de edad que lo acompañaban. ¿Lo habrán confundido con grupos contrarios? Miles y miles de calentanos de la zona limítrofe de Guerrero, Michoacán y estado de México estamos más que dolidos por lo sucedido; pareciera que ya nos hubieran asesinado a todos en la diócesis.
Desde el cielo de la música, donde diariamente ha de emprender con paciencia la tarea de ajustar al muñón de una de sus manos el arco para tocar su violín, don Ángel Tavira podría preguntarse si esto se está acabando o comenzando. ¡Hasta mañana!
A primera vista es una acción inútil, improductiva, un gesto que se perderá en el vacío. La denuncia fue presentada en la Procuraduría General de la República, la oficina a cargo de Eduardo Medina Mora, que tiene más funciones políticas que judiciales: persigue a los enemigos del régimen y protege a los familiares, socios y amigos, como en el caso de la guardería de Hermosillo. (Si alguna duda existe, basta con leer el libro Derecho de réplica, del controvertido Carlos Ahumada, quien narra cómo Medina Mora, entonces director del Cisen, participó activamente en el compló fraguado para arrebatar a la mala la elección presidencial de 2006). Sin embargo, tiene un significado que va más allá de lo meramente judicial la denuncia que presentó AMLO contra Felipe Calderón, los ex presidentes Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas; la cacique Elba Esther Gordillo, el coyote Diego Fernández de Cevallos y los empresarios Roberto Hernández, Claudio X. González, Gastón Azcárraga y José Luis Barraza, por los delitos de tráfico de influencias, corrupción y saqueo de bienes y recursos públicos. Significa, entre otras cosas, que el Peje no ha sido aniquilado, millones de ciudadanos siguen apoyándolo. Tienen claro que los que robaron la elección son también los responsables del atraco cotidiano contra la nación. La denuncia –preparada por el abogado José Agustín Ortiz Pinchetti– impedirá que en algún futuro los presuntos culpables argumenten que sus delitos prescribieron porque no hubo quien los señalara.
La lista de Karam
¿Por qué le resulta tan difícil al director del IMSS, David Karam, ordenar a uno de sus muchos auxiliares y secretarias que imprima la lista de los concesionarios de guarderías infantiles? La información completa está en computadora, con un clic bastaría. Parece que antes de entregarla a los medios de comunicación –como lo ha ofrecido– febrilmente la rasura. No es fácil. Tiene que quitar el nombre de muchos influyentes y sustituirlos por prestanombres. ¡Cuántas idas y venidas, cuántas vueltas y revueltas, con tal de salvar a los picudos de la guardería de Hermosillo! Los que conocen a Karam de tiempo atrás dicen que es un experto: también tapaba agujeros en el Seguro Popular.
Nuevo préstamo
Ayer el Banco Interamericano de Desarrollo autorizó ooootro préstamo, ahora por 600 millones de dólares, destinado al programa Oportunidades. Con este nuevo empréstito suman alrededor de 50 mil millones los que ha solicitado el gobierno calderonista; el mayor de todos fue el de 46 mil millones del Fondo Monetario Internacional. Sumando externa e interna, México es hoy día el país más endeudado del mundo –entre las naciones emergentes.
La lista de Karam
¿Por qué le resulta tan difícil al director del IMSS, David Karam, ordenar a uno de sus muchos auxiliares y secretarias que imprima la lista de los concesionarios de guarderías infantiles? La información completa está en computadora, con un clic bastaría. Parece que antes de entregarla a los medios de comunicación –como lo ha ofrecido– febrilmente la rasura. No es fácil. Tiene que quitar el nombre de muchos influyentes y sustituirlos por prestanombres. ¡Cuántas idas y venidas, cuántas vueltas y revueltas, con tal de salvar a los picudos de la guardería de Hermosillo! Los que conocen a Karam de tiempo atrás dicen que es un experto: también tapaba agujeros en el Seguro Popular.
Nuevo préstamo
Ayer el Banco Interamericano de Desarrollo autorizó ooootro préstamo, ahora por 600 millones de dólares, destinado al programa Oportunidades. Con este nuevo empréstito suman alrededor de 50 mil millones los que ha solicitado el gobierno calderonista; el mayor de todos fue el de 46 mil millones del Fondo Monetario Internacional. Sumando externa e interna, México es hoy día el país más endeudado del mundo –entre las naciones emergentes.
Sólo en el sector formal de la economía, 111 mil mexicanos –cabeza de familia la mayoría de ellos– se sumaron al desempleo en el quinto mes del año del catarrito casi el doble con respecto a abril, con lo que de noviembre de 2008 a mayo de 2009 la cancelación de plazas laborales inscritas en el IMSS se aproxima a 700 mil, cifra equivalente a 65 por ciento de los puestos de trabajo generados por los dos gobiernos panistas en sus casi nueve años de estancia en Los Pinos.
Es parte del aterrador balance de una crisis brutal, sí, pero también de un gobierno que no ata, pero sí desata: 700 mil empleos formales cancelados en siete meses (permanentes 82 por ciento de ellos) es reducir el número de trabajadores inscritos en el IMSS a niveles observados a comienzos de octubre de 2006, casi tres años de retroceso en un país en el que, según la ciega visión de Los Pinos, se registran signos alentadores. Y todas las cifras son oficiales, de tal suerte que la realidad puede ser mucho peor.
Nunca como ahora Felipe Calderón puede sonreír y presumirse como el presidente del desempleo. En sus 54 meses de estancia en Los Pinos (hasta mayo) la desocupación abierta en el país pasó de 3.58 a 5.5 por ciento (sin incluir subempleo e informalidad, pero sí restando exilio económico) de la población económicamente activa, y en el balance del periodo la pérdida neta de plazas laborales en el sector formal ronda las 113 mil, es decir, cero empleos generados y, de pilón, cancelados 113 mil de los existentes al primer día de diciembre de 2006.
De por sí raquítica desde hace décadas, la generación de empleo formal en las dos administraciones panistas (del cambio y de la continuidad) resulta verdaderamente espeluznante: un millón 90 mil plazas laborales en casi nueve años, a razón promedio de poco más de 121 mil cada 12 meses, o lo que es lo mismo que sólo uno de cada 10 mexicanos pudo colocarse. Los nueve restantes, al desempleo, la informalidad o el exilio económico.
Desde luego que este lúgubre balance no forma parte de la campaña electoral panista, que sólo habla del combate decidido en contra del crimen organizado y los 11 mil muertos que tal actividad acumula, una cifra, dicho sea de paso, 63 veces inferior a la que el desempleo podría provocar por hambre, sin considerar a las familias de los desocupados.
Tan sólo en los primeros cinco meses de 2009 se cancelaron 310 mil empleos formales registrados en el IMSS, cifra que resulta de la pérdida de 315 mil plazas permanentes y la generación de 5 mil eventuales en las ciudades, porque en el campo estos últimos se redujeron en casi 22 mil.
Y mientras muchos caen al pozo, otros, muy pocos, están de lleno en el gozo, aunque de vez en vez registren ciertos inconvenientes. Repartido el botín de las guarderías del Seguro Social entre los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), a la hora de dar la cara el ping-pong es el juego por excelencia. Tras el incendio de la ABC en Hermosillo, el empresario Eduardo Bours, gobernador de Sonora, le aventó la pelotita a una de las ramas familiares, la Gómez del Campo, de la first lady instalada en Los Pinos, y el balconeo pegó en el hígado.
Irán: crisis poselectoral
Por tercer día consecutivo, las calles de Teherán, capital de Irán, se poblaron con decenas de miles de personas que protestaron en contra de un supuesto fraude durante las elecciones del viernes pasado, en las que el actual presidente Mahmoud Ahmadinejad obtuvo, según cifras oficiales, 66 por ciento de los sufragios. Estas movilizaciones –las más numerosas que ocurren en ese país en las últimas tres décadas, desde la Revolución Islámica de 1979– culminaron ayer con escenarios de violencia alarmantes, que dejaron decenas de detenidos y al menos un muerto. La crispación social ha llegado a tal nivel que el propio el presidente Ahmadinejad se ha visto obligado a posponer viajes de trabajo al extranjero, mientras el líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, quien en un principio avaló los resultados, ha pedido al Consejo de Guardianes de la Revolución Islámica que investiguen las acusaciones de fraude, al tiempo que ha exhortado al candidato opositor, Mirhosein Musavi, quien encabeza las protestas a conducir sus reclamos por la vía legal.
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Es parte del aterrador balance de una crisis brutal, sí, pero también de un gobierno que no ata, pero sí desata: 700 mil empleos formales cancelados en siete meses (permanentes 82 por ciento de ellos) es reducir el número de trabajadores inscritos en el IMSS a niveles observados a comienzos de octubre de 2006, casi tres años de retroceso en un país en el que, según la ciega visión de Los Pinos, se registran signos alentadores. Y todas las cifras son oficiales, de tal suerte que la realidad puede ser mucho peor.
Nunca como ahora Felipe Calderón puede sonreír y presumirse como el presidente del desempleo. En sus 54 meses de estancia en Los Pinos (hasta mayo) la desocupación abierta en el país pasó de 3.58 a 5.5 por ciento (sin incluir subempleo e informalidad, pero sí restando exilio económico) de la población económicamente activa, y en el balance del periodo la pérdida neta de plazas laborales en el sector formal ronda las 113 mil, es decir, cero empleos generados y, de pilón, cancelados 113 mil de los existentes al primer día de diciembre de 2006.
De por sí raquítica desde hace décadas, la generación de empleo formal en las dos administraciones panistas (del cambio y de la continuidad) resulta verdaderamente espeluznante: un millón 90 mil plazas laborales en casi nueve años, a razón promedio de poco más de 121 mil cada 12 meses, o lo que es lo mismo que sólo uno de cada 10 mexicanos pudo colocarse. Los nueve restantes, al desempleo, la informalidad o el exilio económico.
Desde luego que este lúgubre balance no forma parte de la campaña electoral panista, que sólo habla del combate decidido en contra del crimen organizado y los 11 mil muertos que tal actividad acumula, una cifra, dicho sea de paso, 63 veces inferior a la que el desempleo podría provocar por hambre, sin considerar a las familias de los desocupados.
Tan sólo en los primeros cinco meses de 2009 se cancelaron 310 mil empleos formales registrados en el IMSS, cifra que resulta de la pérdida de 315 mil plazas permanentes y la generación de 5 mil eventuales en las ciudades, porque en el campo estos últimos se redujeron en casi 22 mil.
Y mientras muchos caen al pozo, otros, muy pocos, están de lleno en el gozo, aunque de vez en vez registren ciertos inconvenientes. Repartido el botín de las guarderías del Seguro Social entre los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), a la hora de dar la cara el ping-pong es el juego por excelencia. Tras el incendio de la ABC en Hermosillo, el empresario Eduardo Bours, gobernador de Sonora, le aventó la pelotita a una de las ramas familiares, la Gómez del Campo, de la first lady instalada en Los Pinos, y el balconeo pegó en el hígado.
Irán: crisis poselectoral
Por tercer día consecutivo, las calles de Teherán, capital de Irán, se poblaron con decenas de miles de personas que protestaron en contra de un supuesto fraude durante las elecciones del viernes pasado, en las que el actual presidente Mahmoud Ahmadinejad obtuvo, según cifras oficiales, 66 por ciento de los sufragios. Estas movilizaciones –las más numerosas que ocurren en ese país en las últimas tres décadas, desde la Revolución Islámica de 1979– culminaron ayer con escenarios de violencia alarmantes, que dejaron decenas de detenidos y al menos un muerto. La crispación social ha llegado a tal nivel que el propio el presidente Ahmadinejad se ha visto obligado a posponer viajes de trabajo al extranjero, mientras el líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, quien en un principio avaló los resultados, ha pedido al Consejo de Guardianes de la Revolución Islámica que investiguen las acusaciones de fraude, al tiempo que ha exhortado al candidato opositor, Mirhosein Musavi, quien encabeza las protestas a conducir sus reclamos por la vía legal.
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El Correo Ilustrado
Candidatos del PT respaldan a Clara Brugada
Rechazamos que desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se impongan los candidatos de los partidos políticos.
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Hace tres décadas Ariel Dorfman y Armand Mattelart escribieron lo que después se convertiría en un clásico de la ciencia política latinoamericana: Para leer al pato Donald (1972), obra en la que esos autores revelaban los mensajes ideológicos enajenantes de las historietas de Walt Disney, ya convertidas en lectura de masas. En realidad la obra solamente abordó una de las dimensiones de Disney para disfrazar al mundo de magia, luces e ilusiones, pues la otra, la de los parques de diversiones, secuela de la primera, no fue abordada y hasta donde sé aún se encuentra a la espera de ser analizada y deconstruida por el pensamiento crítico. Disney se gana, y por mucho, el mérito de ser el gran anestesista de la modernidad, el máximo virtuoso en el arte de disfrazar la realidad, muy cerca de las aportaciones de Hollywood y de Las Vegas.
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Un concepto atrapado en la polisemia. Según Wikipedia, la Cruz Roja Internacional utilizó esa expresión en 1999, en términos neutrales, al hablar sobre una ley internacional. En 2002, el ex secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en una conversación con Hu Jintao, presidente de China, expresó: no podemos permitirnos otro Estado fallido como Afganistán, convertido en un bastión del terror organizado.
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Llamar a votar a unos contra otros de los que fueron juntos en 2006 es anular su fuerza. Más por menos o menos por más da menos: es una regla aritmética, y aplicada en política no es de estrategas, sino de sectarios. Lo extraño es que el llamado de Andrés Manuel López Obrador a votar por el Partido del Trabajo (PT) y Convergencia se basa, o justifica, en la supuesta traición del PRD a su movimiento, pero no abandona al partido del sol azteca que ha decidido destruir, transfiriéndole el porcentaje que le quita a su partido, al PRI y el PAN.
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Durante años, en poemas, novelas, ensayos y artículos periodísticos, José Emilio Pacheco ha colocado, una a una, las piezas del rompecabezas que explica nuestra caída en una modernidad devastadora. Echando mano de las herramientas del historiador y de las enseñanzas de la historia, ha dibujado el mapa en el que se avista la ruta que conduce a nuestro país al borde del abismo en el que se encuentra. Con los recursos de la literatura ha nombrado la sensibilidad cotidiana de una sociedad que se vive crecientemente amenazada.
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En los momentos en que muchos mexicanos aún celebramos que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue reconocida por el Estado español con el Premio Príncipe de Asturias, el gobierno de la República sorprende y confunde con su decisión de recortar el presupuesto a las universidades públicas del país.
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Sigan abaratando costos, no para hacer menos oneroso al gobierno, sino para que ustedes dispongan de márgenes mayores de utilidad en su negocio de gobernar. Sigan eficientando procesos, no para dar gusto a la población sino para que ustedes puedan ensamblar con más facilidad su triunfalismo en los informes de labores. Avancen en el recorte de propiedades, atribuciones y facultades del Estado, no para impulsar las libertades y la participación ciudadana –qué va– sino para empoderar a los consorcios nacionales y extranjeros más cercanos a su corazón y a su portafolio de inversiones. Y es que algún día ustedes, los influyentes, pasarán a retirarse y se merecerán, además de la mención imperecedera en los libros de historia, un estatuto tan digno como el del licenciado, el doctor o el esposo de la señora, quienes gracias a su sentido de previsión patrimonial hoy disponen del dinero y de los archivos confidenciales suficientes para seguir metiendo la garra o la pezuña en la vida política y, lo más importante, evadir la cárcel –privada o pública– por los siglos de los siglos.
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Javier Flores: No salvamos a la humanidad
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Javier Flores: No salvamos a la humanidad
José Ángel Córdova Villalobos, titular de la Secretario de Salud (Ssa), estuvo hace algunas semanas en Ginebra, Suiza, con motivo de la asamblea de la Organización Mundial de Salud (OMS). Llevaba el encargo de solicitar una compensación económica para México, pues, en opinión del gobierno del que forma parte, lo realizado por nuestro país para contener la epidemia de influenza A/H1N1 había sido de utilidad para proteger al resto del mundo de la enfermedad. O, dicho en palabras del licenciado Felipe Calderón: con las acciones realizadas, México estaba defendiendo a la humanidad.
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Con motivo de su ingreso a la Academia de Artes, el Museo Nacional de San Carlos exhibe una muestra de Luis López Loza que congrega pinturas, esculturas y grabados.
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Alberto Aziz Nassif
Legitimidad anulada
La novedad más debatida en esta elección es que se ha puesto en duda, de forma directa y activa, la legitimidad de los partidos y los candidatos con el movimiento de opinión pública que se ha pronunciado por el voto nulo. Este movimiento afectará la legitimidad de los resultados del proceso electoral.
A medida que se acerca la elección del 5 de julio se terminan de pulir las estrategias y se definen con más precisión los dilemas de este proceso. Uno de los dilemas más relevantes que se presentan en este momento es el que se plantea entre cálculo político y legitimidad. El primero tiene que ver con el trabajo de los partidos y los candidatos para ganar la mayor cantidad de votos, los cuales se van a traducir en curules, financiamiento público y espacios en radio y televisión. El segundo tiene que ver con las formas cómo se van a lograr estos objetivos, es decir, si la ganancia electoral va a tener reconocimiento y prestigio social para lograr una buena representación ciudadana o, por el contrario, si se va a aumentar el desprestigio y el rechazo ciudadano hacia la política partidista.
El debate que se ha generado con esta elección sobre anular el voto es interesante porque ha permitido analizar el estado de nuestra democracia. Hay un supuesto que comparte un amplio sector de la ciudadanía, y que algunas encuestas lo han medido: la insatisfacción ante los resultados deficientes que ha tenido la democracia durante esta fase inicial. Este proceso se manifiesta en el poco aprecio ciudadano hacia las instituciones y los actores políticos.
Desde hace tiempo existe una creciente falta de participación electoral; se trata de un abstencionismo que ha tenido tres características: abultado, difuso y pasivo. No acudir a votar se ha instalado como un fenómeno que no ha tenido prácticamente ninguna repercusión en la vida pública del país. Los partidos conviven de forma más o menos cómoda con los millones de ciudadanos que no asisten a las urnas. Este rechazo silencioso no molesta a los partidos, porque se puede interpretar como un problema de falta de cultura política de los ciudadanos o como una expresión que ya forma parte del paisaje cotidiano electoral. No obliga a los partidos a hacer nada fuera de sus clásicas rutinas y, al final de cuentas, simplemente se ignora a estos millones que no votan.
Si cada tres o seis años los partidos piden el voto de los ciudadanos y sólo obtienen la mitad o menos de los posibles sufragios, piensan que se trata de un problema ciudadano. Ni la clase política ni las autoridades electorales o instituciones como la Iglesia católica se han preocupado mucho por la abstención. Es probable que esta expresión de millones de ciudadanos no afecte el cálculo político o la legitimidad de los procesos.
En cambio, hoy resulta contrastante lo que ha generado el movimiento por el voto nulo: una condena generalizada de la clase política porque, a pesar de que pueda ser una expresión relativamente pequeña, habrá que esperar la elección para conocer su dimensión; es un abierto rechazo que pega de forma directa a la legitimidad política de partidos y candidatos.
Quizá uno de los mejores aprendizajes que ha dejado el movimiento por la anulación es que le ha dado al voto un nuevo sentido, lo ha convertido es una poderosa arma de rechazo. La anulación tiene una lógica: ponerle un alto a la ineficiencia, al cinismo, a la opacidad, a la falta de rendición de cuentas y a los abusos de una clase política, que con amplios recursos y posibilidades prefiere mirarse al ombligo de sus intereses.
También puede tener consecuencias prácticas; una de ellas es la que afecta al cálculo político, el cual —según escribió en estas páginas Mauricio Merino— afectará sobre todo a los partidos más pequeños y beneficiará a las grandes maquinarias electorales que tienen capacidad para mover a los electores.
Si se afecta a los pequeños partidos, quizá se trate de una acción positiva, porque varios de estos institutos son en realidad franquicias que se alquilan o se venden, y están muy lejos de convertirse en nuevas opciones partidistas frente a los tres grandes y viejos partidos. Tenemos que preguntarnos por qué los viejos partidos son los que siguen gobernando el país y no han surgido nuevas opciones viables para ser gobierno. En otros países se ha dado una restructuración completa del sistema de partidos a partir de la transición democrática.
Una parte del malestar tiene que ver con los viejos partidos, que sólo reciclan sus mañas y acrecientan sus beneficios. Los nuevos y pequeños partidos muchas veces han resultado peores que los grandes. No se piensa que una democracia pueda funcionar sin partidos, pero parece que ha llegado el momento de decirles a los partidos que su funcionamiento no ha estado a la altura de las expectativas ciudadanas y que algo tendrán que hacer para legitimarse ahora que las urnas estarán mayoritariamente vacías con el abstencionismo y, quizá, con una legitimidad cuestionada por los votos de rechazo, nulos o blancos que se depositen.
En lugar de rechazar la anulación del voto, una clase política inteligente debería entender el malestar ciudadano y dar respuestas efectivas, pero eso es mucho pedir.
Investigador del CIESAS
A medida que se acerca la elección del 5 de julio se terminan de pulir las estrategias y se definen con más precisión los dilemas de este proceso. Uno de los dilemas más relevantes que se presentan en este momento es el que se plantea entre cálculo político y legitimidad. El primero tiene que ver con el trabajo de los partidos y los candidatos para ganar la mayor cantidad de votos, los cuales se van a traducir en curules, financiamiento público y espacios en radio y televisión. El segundo tiene que ver con las formas cómo se van a lograr estos objetivos, es decir, si la ganancia electoral va a tener reconocimiento y prestigio social para lograr una buena representación ciudadana o, por el contrario, si se va a aumentar el desprestigio y el rechazo ciudadano hacia la política partidista.
El debate que se ha generado con esta elección sobre anular el voto es interesante porque ha permitido analizar el estado de nuestra democracia. Hay un supuesto que comparte un amplio sector de la ciudadanía, y que algunas encuestas lo han medido: la insatisfacción ante los resultados deficientes que ha tenido la democracia durante esta fase inicial. Este proceso se manifiesta en el poco aprecio ciudadano hacia las instituciones y los actores políticos.
Desde hace tiempo existe una creciente falta de participación electoral; se trata de un abstencionismo que ha tenido tres características: abultado, difuso y pasivo. No acudir a votar se ha instalado como un fenómeno que no ha tenido prácticamente ninguna repercusión en la vida pública del país. Los partidos conviven de forma más o menos cómoda con los millones de ciudadanos que no asisten a las urnas. Este rechazo silencioso no molesta a los partidos, porque se puede interpretar como un problema de falta de cultura política de los ciudadanos o como una expresión que ya forma parte del paisaje cotidiano electoral. No obliga a los partidos a hacer nada fuera de sus clásicas rutinas y, al final de cuentas, simplemente se ignora a estos millones que no votan.
Si cada tres o seis años los partidos piden el voto de los ciudadanos y sólo obtienen la mitad o menos de los posibles sufragios, piensan que se trata de un problema ciudadano. Ni la clase política ni las autoridades electorales o instituciones como la Iglesia católica se han preocupado mucho por la abstención. Es probable que esta expresión de millones de ciudadanos no afecte el cálculo político o la legitimidad de los procesos.
En cambio, hoy resulta contrastante lo que ha generado el movimiento por el voto nulo: una condena generalizada de la clase política porque, a pesar de que pueda ser una expresión relativamente pequeña, habrá que esperar la elección para conocer su dimensión; es un abierto rechazo que pega de forma directa a la legitimidad política de partidos y candidatos.
Quizá uno de los mejores aprendizajes que ha dejado el movimiento por la anulación es que le ha dado al voto un nuevo sentido, lo ha convertido es una poderosa arma de rechazo. La anulación tiene una lógica: ponerle un alto a la ineficiencia, al cinismo, a la opacidad, a la falta de rendición de cuentas y a los abusos de una clase política, que con amplios recursos y posibilidades prefiere mirarse al ombligo de sus intereses.
También puede tener consecuencias prácticas; una de ellas es la que afecta al cálculo político, el cual —según escribió en estas páginas Mauricio Merino— afectará sobre todo a los partidos más pequeños y beneficiará a las grandes maquinarias electorales que tienen capacidad para mover a los electores.
Si se afecta a los pequeños partidos, quizá se trate de una acción positiva, porque varios de estos institutos son en realidad franquicias que se alquilan o se venden, y están muy lejos de convertirse en nuevas opciones partidistas frente a los tres grandes y viejos partidos. Tenemos que preguntarnos por qué los viejos partidos son los que siguen gobernando el país y no han surgido nuevas opciones viables para ser gobierno. En otros países se ha dado una restructuración completa del sistema de partidos a partir de la transición democrática.
Una parte del malestar tiene que ver con los viejos partidos, que sólo reciclan sus mañas y acrecientan sus beneficios. Los nuevos y pequeños partidos muchas veces han resultado peores que los grandes. No se piensa que una democracia pueda funcionar sin partidos, pero parece que ha llegado el momento de decirles a los partidos que su funcionamiento no ha estado a la altura de las expectativas ciudadanas y que algo tendrán que hacer para legitimarse ahora que las urnas estarán mayoritariamente vacías con el abstencionismo y, quizá, con una legitimidad cuestionada por los votos de rechazo, nulos o blancos que se depositen.
En lugar de rechazar la anulación del voto, una clase política inteligente debería entender el malestar ciudadano y dar respuestas efectivas, pero eso es mucho pedir.
Investigador del CIESAS
Ricardo Rocha
Detrás de la Noticia
Nuestra UNAM
A este país le urgen las buenas noticias. Porque empieza a ser insoportable el bombardeo infame de sucesos vergonzosos sobre abusos, corrupción, crímenes colectivos, negligencia, soberbia, autoritarismo y tantos otros males cotidianos.
Por ello reconforta y reconcilia el que nuestra Universidad Nacional Autónoma de México sea distinguida con el prestigiosísimo Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2009. Un reconocimiento que prestigia todavía más a nuestra UNAM, nos alienta a todos los mexicanos y cuestiona severamente al aparato de gobierno.
Por partes: lo que se está premiando es una suma de esfuerzos de siglos que se ha venido incrementando brillantemente en las décadas y años recientes. Por sólo mencionar algunos datos: baste decir que suman millones de egresados desde su fundación hace casi 500 años; que con sus 300 mil estudiantes y 30 mil profesores genera la mitad de toda la investigación científica y humanística del país; que son invaluables sus aportes cotidianos en servicios como el Sismológico Nacional, el Observatorio Astronómico y el monitoreo al Popocatépetl; que es decisiva en la cultura del país con sus cientos de museos, bibliotecas, teatros, salas de concierto y miles de eventos anuales; que sin la UNAM no se explican la posibilidad del ascenso social ni el país en su conjunto.
Es por todos estos logros que ahora, entre 11 mil, está considerada entre las 100 mejores del mundo y la más destacada en el ámbito iberoamericano. Un mérito en el que han trabajado ejemplarmente sus recientes rectores, Juan Ramón de la Fuente y José Narro Robles, quien por cierto la ha consolidado como la gran plataforma de intercambio de ideas y ejercicio de la crítica. Todavía resuenan las palabras expresadas por el rector Narro en el Congreso con señalamientos estremecedores: nuestra crisis más severa es de valores; la educación en México no tiene la importancia que debe. Y el dedo en la llaga totémica causante de nuestros grandes males: México requiere un modelo distinto en lo económico, en lo social, en lo político y en la convivencia colectiva para fortalecer nuestros valores laicos.
Es por esta vinculación con todos los mexicanos que tanto nos alienta este premio. Y nos llena de legítimo orgullo.
A los que no sé si enorgullezca es a los señores del gobierno. Que al igual que el anterior está cada vez más lejos de nuestra UNAM. Y no sólo por la amenazante reducción presupuestaria. Sino por las diferencias diametrales que suelen plantear los Pumas y no sólo en el futbol.
A este país le urgen las buenas noticias. Porque empieza a ser insoportable el bombardeo infame de sucesos vergonzosos sobre abusos, corrupción, crímenes colectivos, negligencia, soberbia, autoritarismo y tantos otros males cotidianos.
Por ello reconforta y reconcilia el que nuestra Universidad Nacional Autónoma de México sea distinguida con el prestigiosísimo Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2009. Un reconocimiento que prestigia todavía más a nuestra UNAM, nos alienta a todos los mexicanos y cuestiona severamente al aparato de gobierno.
Por partes: lo que se está premiando es una suma de esfuerzos de siglos que se ha venido incrementando brillantemente en las décadas y años recientes. Por sólo mencionar algunos datos: baste decir que suman millones de egresados desde su fundación hace casi 500 años; que con sus 300 mil estudiantes y 30 mil profesores genera la mitad de toda la investigación científica y humanística del país; que son invaluables sus aportes cotidianos en servicios como el Sismológico Nacional, el Observatorio Astronómico y el monitoreo al Popocatépetl; que es decisiva en la cultura del país con sus cientos de museos, bibliotecas, teatros, salas de concierto y miles de eventos anuales; que sin la UNAM no se explican la posibilidad del ascenso social ni el país en su conjunto.
Es por todos estos logros que ahora, entre 11 mil, está considerada entre las 100 mejores del mundo y la más destacada en el ámbito iberoamericano. Un mérito en el que han trabajado ejemplarmente sus recientes rectores, Juan Ramón de la Fuente y José Narro Robles, quien por cierto la ha consolidado como la gran plataforma de intercambio de ideas y ejercicio de la crítica. Todavía resuenan las palabras expresadas por el rector Narro en el Congreso con señalamientos estremecedores: nuestra crisis más severa es de valores; la educación en México no tiene la importancia que debe. Y el dedo en la llaga totémica causante de nuestros grandes males: México requiere un modelo distinto en lo económico, en lo social, en lo político y en la convivencia colectiva para fortalecer nuestros valores laicos.
Es por esta vinculación con todos los mexicanos que tanto nos alienta este premio. Y nos llena de legítimo orgullo.
A los que no sé si enorgullezca es a los señores del gobierno. Que al igual que el anterior está cada vez más lejos de nuestra UNAM. Y no sólo por la amenazante reducción presupuestaria. Sino por las diferencias diametrales que suelen plantear los Pumas y no sólo en el futbol.
Pedro Salazar Ugarte
La danza de las sotanas
En los días previos al inicio de la emergencia de salud que nos tuvo atrapados en una amalgama de temor y desconcierto, la Iglesia católica había desplegado uno de los embates más intensos de los últimos años en contra de un pilar fundamental de la democracia mexicana: la laicidad estatal. La jerarquía de esa Iglesia —que, nos guste o no, tiene fuerte influencia en la vida de muchos ciudadanos de este país— decidió arrojarse a la arena pública para incidir abiertamente en la agenda política del México contemporáneo. Nada nuevo pero no por ello insignificante.
Por una parte, esa Iglesia impulsó con éxito una serie de reformas constitucionales en diferentes entidades federativas —Jalisco, Durango, Campeche, Quintana Roo, Baja California, Sonora, Guerrero, Morelos, Puebla— para “garantizar la vida desde el momento de la concepción” (en algunos casos, incluso, “hasta la muerte natural”). Y, en paralelo, ha desplegado una campaña de posicionamiento político para incidir en el proceso electoral del año en curso. En el fondo se agazapa una agenda reaccionaria bien articulada y peligrosa: el desmantelamiento de la educación laica; la restricción de libertades en aras de una concepción unipolar de la vida; la reivindicación de una supuesta “libertad religiosa” que pretende otorgar a las organizaciones lo que es un derecho de las personas; en fin, la imposición de un solo modelo de vida, de familia, de sociedad.
La Iglesia —alguno podría observar— está haciendo lo que sabe hacer con la misma tenacidad que lo ha hecho siempre: intentar modelar la vida social a la estrecha concepción de sus dogmas. Acción estratégica que históricamente le ha granjeado mucho poder y, con ello y de paso, le ha permitido acallar escándalos y enterrar delitos cometidos por alfiles y generales de su jerárquica organización.
¿Para qué, entonces, escribir estas líneas potencialmente estériles? Una prudencia calculada —que podría rayar en complicidad— aconsejaría callar ante lo evidente y apechugar ante la desfachatez impune. Total, el 130 no es el único artículo constitucional descaradamente violado. Dado que las sotanas andan sueltas —pensarán desde el realismo oportunista algunas voces—, ¿para qué insistir en estos temas? Después de todo —remataría el pragmático imaginario—, la Iglesia y su jerarquía nunca han quitado, ni quitarán, el dedo de su agenda.
Tal vez eso sea cierto. Pero también lo es que la laicidad de la vida pública mexicana ha sido una victoria ilustrada que, entre otras cosas, permitió nuestra lenta transición hacia la democracia. La derrota del dogma y la victoria de la tolerancia sobre la imposición de un credo son bienes valiosos que deben defenderse. Sin ellos las libertades se estrechan, la diversidad se asfixia y la pluralidad se evapora. Por eso —dejando de lado la milenaria cruzada de los curas—, nuestro reclamo debe ir dirigido al oportunismo blandengue de nuestra clase política. Todas las reformas constitucionales que he mencionado han sido aprobadas por los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional.
Ese asalto a la congruencia histórica ha sido asestado de la mano de un Partido Acción Nacional cada vez más colonizado por un conservadurismo recalcitrante. Y, para colmo, el líder del Partido de la Revolución Democrática aprovechó la pasarela a la que acudieron —sin excepción— todos los partidos políticos nacionales ante la Conferencia del Episcopado Mexicano para hacer pública su postura contra el aborto.
Si lo que pretendía el líder del partido más representativo de la presunta izquierda mexicana era comunicarnos que defender la libertad de las mujeres no supone fomentar abortos, lo hizo mal y en el peor contexto. Y, por si no bastara, como testigo de honor a este evento acudió el presidente del Instituto Federal Electoral. ¿Qué pensaría Juárez?
Nadie niega que las personas tengan el fundamental derecho a tener un credo religioso (o a no tener ninguno). Precisamente por eso debemos negar a una Iglesia —a todas— la potestad de moldear las decisiones colectivas a partir de sus dogmas y principios. Lo que nuestra clase política debe garantizarnos, en los hechos, es que el pecado y el delito no volverán a confundirse.
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Por una parte, esa Iglesia impulsó con éxito una serie de reformas constitucionales en diferentes entidades federativas —Jalisco, Durango, Campeche, Quintana Roo, Baja California, Sonora, Guerrero, Morelos, Puebla— para “garantizar la vida desde el momento de la concepción” (en algunos casos, incluso, “hasta la muerte natural”). Y, en paralelo, ha desplegado una campaña de posicionamiento político para incidir en el proceso electoral del año en curso. En el fondo se agazapa una agenda reaccionaria bien articulada y peligrosa: el desmantelamiento de la educación laica; la restricción de libertades en aras de una concepción unipolar de la vida; la reivindicación de una supuesta “libertad religiosa” que pretende otorgar a las organizaciones lo que es un derecho de las personas; en fin, la imposición de un solo modelo de vida, de familia, de sociedad.
La Iglesia —alguno podría observar— está haciendo lo que sabe hacer con la misma tenacidad que lo ha hecho siempre: intentar modelar la vida social a la estrecha concepción de sus dogmas. Acción estratégica que históricamente le ha granjeado mucho poder y, con ello y de paso, le ha permitido acallar escándalos y enterrar delitos cometidos por alfiles y generales de su jerárquica organización.
¿Para qué, entonces, escribir estas líneas potencialmente estériles? Una prudencia calculada —que podría rayar en complicidad— aconsejaría callar ante lo evidente y apechugar ante la desfachatez impune. Total, el 130 no es el único artículo constitucional descaradamente violado. Dado que las sotanas andan sueltas —pensarán desde el realismo oportunista algunas voces—, ¿para qué insistir en estos temas? Después de todo —remataría el pragmático imaginario—, la Iglesia y su jerarquía nunca han quitado, ni quitarán, el dedo de su agenda.
Tal vez eso sea cierto. Pero también lo es que la laicidad de la vida pública mexicana ha sido una victoria ilustrada que, entre otras cosas, permitió nuestra lenta transición hacia la democracia. La derrota del dogma y la victoria de la tolerancia sobre la imposición de un credo son bienes valiosos que deben defenderse. Sin ellos las libertades se estrechan, la diversidad se asfixia y la pluralidad se evapora. Por eso —dejando de lado la milenaria cruzada de los curas—, nuestro reclamo debe ir dirigido al oportunismo blandengue de nuestra clase política. Todas las reformas constitucionales que he mencionado han sido aprobadas por los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional.
Ese asalto a la congruencia histórica ha sido asestado de la mano de un Partido Acción Nacional cada vez más colonizado por un conservadurismo recalcitrante. Y, para colmo, el líder del Partido de la Revolución Democrática aprovechó la pasarela a la que acudieron —sin excepción— todos los partidos políticos nacionales ante la Conferencia del Episcopado Mexicano para hacer pública su postura contra el aborto.
Si lo que pretendía el líder del partido más representativo de la presunta izquierda mexicana era comunicarnos que defender la libertad de las mujeres no supone fomentar abortos, lo hizo mal y en el peor contexto. Y, por si no bastara, como testigo de honor a este evento acudió el presidente del Instituto Federal Electoral. ¿Qué pensaría Juárez?
Nadie niega que las personas tengan el fundamental derecho a tener un credo religioso (o a no tener ninguno). Precisamente por eso debemos negar a una Iglesia —a todas— la potestad de moldear las decisiones colectivas a partir de sus dogmas y principios. Lo que nuestra clase política debe garantizarnos, en los hechos, es que el pecado y el delito no volverán a confundirse.
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
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