En entrevista con Reporte Indigo, Talía Vázquez Alatorre denuncia recibir y rechazar la oferta de negociación del senador panista Roberto Gil que, para terminar con el pleito que él mismo inició, le exige que se retracte en público
Martes 9 de abril de 2013
La defensa del legislador, a cargo del exdirigente nacional del PAN, Germán
Martínez, asegura que ella no puede aludir al derecho a la información,
pues no es periodista
"Gil Zuarth tiene que probar que yo miento, y tiene que probar lo que él
dice. Las dos cargas de las pruebas las tiene que probar: que no recibió el
dinero, que yo soy asesina y que tengo casinos y todo lo que dijo”
"Le falta valor civil al senador Roberto Gil Zuarth, para decirlo suavecito.
Como puedo creer que yo que soy una señora, que yo sí me sostenga, y el
senador no. Yo no voy a aceptar un arreglo semejante como el que propone”
Él asegura que fue ofendido y difamado. Ahora propone un acuerdo para terminar con la demanda que él mismo inicio.
Así, el senador panista Roberto Gil quiere poner fin a su litigio por daño moral con la abogada Talía Vázquez Alatorre.
La última audiencia para este caso, que surgió después de que se vinculara al legislador con una mafia de funcionarios ligados a casinos con permisos irregulares, fue el pasado 21 de marzo.
Roberto Gil no se presentó, pero mandó unos representantes que, frente a la juez Martha Alicia Cuevas Nava, hicieron una propuesta de convenio para terminar de una vez por todas con el proceso de la denuncia.
“La juez preguntó que si traían una propuesta, los abogados que él envió, sin facultades, dijeron que sí llevaban una propuesta y yo le dije a la juez pues escuchemos.
“La propuesta del senador, que se me hace increíble, es que yo salga en la televisión que es mentira lo que dije, que yo diga que no vi lo que sí vi, y que él a cambio sale diciendo que él no dijo nada”.
“Bueno, pues de verdad que increíble, porque sí dijo y dijo cosas terribles. Y ahora resulta que no, que él no dijo nada, él simplemente citó a otras personas”.
Con la legislación vigente en el Distrito Federal, la carga de la prueba tendría que presentarla el legislador. Sin embargo, optó por una estrategia de defensa distinta.
La verdad es que, si cada vez que se habla mal de un servidor público, se estuvieran entablando demandas, no darían abasto los juzgados en todo el país.
“Gil Zuarth tiene que probar que yo miento, y tiene que probar lo que él dice. Las dos cargas de la prueba las tiene que probar.: que no recibió el dinero, que yo soy asesina y que tengo casinos y todo lo que dijo”.
Esta denuncia marcará un precedente. Se verá qué tan productivo es que un ciudadano denuncie a un legislador. Podría ser objeto de estudio incluso, sobre si en realidad existe igualdad procesal y las verdaderas oportunidades de defensa jurídica ante un servidor público.
Solo periodistas pueden denunciar
El argumento de Talía Vázquez siempre ha sido que la denuncia que hizo en enero sobre que Roberto Gil recibió dinero de su exmarido, Juan Iván Peña Neder, para gestionar la apertura de un casino ilegal en Querétaro, se sustenta en la libertad de expresión.
La entrega del dinero –800 mil dólares– fue en el que entonces era su departamento. Ella vio al senador llevarse los paquetes de billetes en una mochila y por eso no se retractará de lo que denunció.
Sin embargo, en la defensa del legislador, a cargo del exdirigente nacional del PAN, Germán Martínez, se asegura que ella no puede aludir al derecho a la información de todos los ciudadanos pues no tiene ninguna actividad periodística.
La intención de la defensa en el escrito presentado ante el juzgado civil con el número de expediente C68/0026/2013/TSJDF es exigir que presente las pruebas de que el senador recibió el dinero.
Si esas pruebas no se presentan, lo que hizo la abogada fue una difamación y provocó daño moral en el senador Roberto Gil.
Básicamente con esos argumentos se defiende al senador panista. Sin embargo, Vázquez Alatorre asegura que todo lo que ha dicho está basado en la zquez Alatorreo, Tal por llamarl y Tlaxlaca,riodistasza de 35 mil pesos, fue acusado por el Oficial Mayor del Estado por llamarllibertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada.
“La señora Talía Vázquez, tanto en su escrito de contestación a la demanda, como en su respectiva reconvención, hace valer excepciones y defensas propias de la labor periodística. Asimismo, cita jurisprudencia y precedentes en caminados a proteger la actividad periodística, esto es la de mantener informada a la ciudadanía.
“Al respecto, cabe precisar que la señora Talía no es una informadora, periodista, reportera, o similar y tampoco realiza labor de este tipo. Por el contrario, tal como ella lo ha mencionado en innumerables ocasiones, es una abogada, que en ejercicio de su profesión ha representado a empresas permisionarias, operadoras o vinculadas a la industria del juego de azar. Contrario a lo que pudiese afirmar, ella no realizó una denuncia, investigación o relatoría periodística sobre mi desempeño como servidor público”.
En el documento presentado el 25 de marzo de este año se establece que, de ninguna forma, la abogada puede recurrir a la protección de los artículos 6 y 7 de la Constitución. Para demostrarlo, citan un extracto del amparo directo 6/2009 resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 7 de octubre del 2009.
La defensa insiste nuevamente en que la abogada tiene que probar sus dichos porque no los dijo en calidad de periodista.
“En el caso que aquí se analiza, la señora Talía Vázquez Alatorre no es una periodista, ni una reportera, ni actuó en tal condición o similar, por lo que sus afirmaciones en ningún modo se encuentran bajo la cobertura constitucional de derecho a la información, como ya lo ha resuelto nuestro máximo tribunal.
“El estándar de imparcialidad es el antídoto constitucional para evitar la malicia afectiva en el ejercicio de las libertades informativas, de modo que resultan exigibles mínimas condiciones de veracidad en cuanto a los hechos en materia de difusión o expresión”.
Sin embargo, en su respuesta a la reconvención que se hizo a su demanda original, el 4 de febrero del 2013 y con expediente 26/2013, Roberto Gil no aplica los mismos criterios.
Con respecto al daño moral que alega Talía Vázquez Alatorre que se le provocó al llamarla “asesina”, “casinera” y “miembro del crimen organizado”, la defensa asegura que el legislador solo retomó lo que es público.
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