En una democracia genuina no hay instituciones intocadas, todas tienen que someterse al escrutinio ciudadano y a un régimen republicano de rendición de cuentas.
lasillarota.com
México vive hoy una crisis nacional,
que se manifiesta en una crisis económica, política, social, de
seguridad pública, en una crisis humanitaria de afectaciones gravísimas
a los derechos humanos y, también, en una crisis de moral pública, con
niveles mayúsculos de corrupción.
Nos gobierna la cleptocracia, el gobierno de los corruptos, la institucionalización de la corrupción como política pública.
Esa grave situación es la que padece nuestro país en estos momentos
difíciles con un Ejecutivo federal al que se le cuestiona de
enriquecimiento ilícito por la adquisición de una propiedad de siete
millones de dólares, la llamada Casa Blanca de EPN, cuya versión de que
fue adquirida por su esposa con sus ingresos nadie cree, mucho menos
cuando aparece en esta operación uno de los grupos empresariales
consentidos del régimen priísta- peñista.
El
país se desangra en una grave catástrofe humanitaria, en violaciones
graves a los derechos humanos y el presidente Enrique Peña Nieto y su
camarilla sólo se enfocan en los negocios corruptos y beneficiar a un
puñado de empresas que ya hacían negocios con el peñanietismo desde el
gobierno del Estado de México.
Es
el caso de OHL y las empresas vinculadas a Juan Armando Hinojosa y a
Roberto Alcántara, entre otras que aparecen como las que han acaparado
grandes contratos en el sexenio. Con la reforma energética por su parte
pretenden hacer jugosos negocios con las empresas trasnacionales donde
las comisiones, moches y demás trapacerías alimentarían al grupo en el
poder.
La
construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México, es un ejemplo
más de la gran corrupción que se avecina, esta obra encierra una serie
de interrogantes que resulta necesario solventar para que la ciudadanía
pueda estar completamente segura de los costos que implica una obra de
este tamaño, así como todos los datos relacionados con la licitación de
la que resultó ganador el proyecto de Norman Foster y Fernando Romero.
Es
así que cuestionamos ¿por qué desde hace varios meses comenzaron las
obras en la zona del lago de Texcoco con la finalidad de que
excavadoras y camiones construyeran un camino por donde entraría la
maquinaria pesada?
¿Por qué desde 2008 la Comisión Nacional del Agua comenzó con el sigiloso proceso de compra venta de las tierras, despojando así a los pueblos que han vivido ahí y pagando una ínfima parte del costo real?
Posiblemente,
el nuevo aeropuerto traerá construcciones que no sólo incluirán las
seis pistas planeadas, sino una serie de negocios de transporte,
inmobiliarios, turísticos y de servicios; sin embargo ¿cómo se han
atendido las demandas y resistencias de diversos grupos sociales sobre
los impactos ambientales que generará la obra principal?
Sabemos
que se han hecho varios intentos desde sexenios atrás para construir un
nuevo aeropuerto en la ciudad de México, ahora el grupo político y
financiero mexiquense, conocido como “Grupo Atlacomulco” es el que lo
desarrollará con un costo total de 169 mil millones de pesos.
Sin
embargo, cuando termine el sexenio de Enrique Peña Nieto, sólo
existirán dos o tres pistas terminadas –si los planes no sufren ningún
retraso-, pero se habla de un proyecto transexenal que tardará 50 años
para ser terminado, y será edificado en una superficie de cuatro mil
600 de las 12 mil 500 hectáreas de reserva ecológica en los terrenos
federales contiguos a las actuales terminales 1 y 2.
El grupo impulsor del nuevo aeropuerto, el mismo que lo ha impulsado desde hace dos décadas.
Aarón Dichter, quien fuera subsecretario en la SCT, Alfredo Elías Ayub,
exdirector general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares y de la
Comisión Federal de Electricidad, así como Alfredo del Mazo González,
exgobernador del Estado de México y tío de Peña Nieto.
El
resto de impulsores del proyecto están estrechamente relacionadas con
Del Mazo: Ruiz Esparza fue subsecretario de Gobierno durante la gestión
de Del Mazo y responsable de los proyectos de infraestructura en el
gobierno estatal de Peña Nieto, mientras que el director del actual
aeropuerto internacional, Alfonso Sarabia de la Garza, fue el
secretario particular del entonces mandatario mexiquense.
¿Bajo
qué argumentos lógicos y sustentados se justifica toda la relación que
tiene este grupo de funcionarios y ex funcionarios priístas
involucrados en la construcción del nuevo aeropuerto?
¿Qué
debemos esperar con esta mega obra presentada en el marco de una mega
producción televisiva? ¿Quiénes serán los beneficiados, los mexicanos,
la clase política o las empresas trasnacionales?
En
una democracia genuina no hay instituciones intocadas, todas tienen que
someterse al escrutinio ciudadano y a un régimen republicano de
rendición de cuentas. No puede haber instancias ni poderes al margen de la crítica ciudadana.
Sólo en las autocracias la genuflexión y el culto a la personalidad, suplanta a la reflexión y al debate informado.
Si
el presidente de la República es corrupto y tiene su Casa Blanca, debe
decirse; sí malos elementos del ejército violan derechos humanos, debe
decirse; si la Suprema Corte de la Justicia falla, debe decirse.
Es
el aeropuerto de la ciudad de México, pero es también la cancelación de
la "extraña" licitación del tren México- Querétaro; en todas las obras
de infraestructura se asoma la corrupción.
El discurso de campaña de Peña Nieto de luchar contra la corrupción fue una patraña. Nos gobiernan los cleptócratas a quienes les sirven los jueces para perpetrar los atracos.
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