John M. Ackerman
Periódico La Jornada
Esto es un pinche mugrero, todos sabemos cómo se manejan las cosas aquí.Son las palabras de Martín, familiar de un preso en la cárcel de Topo Chico en Nuevo León donde perdieron la vida 49 internos el jueves pasado.
A todos [los internos] les piden cuota, les cobran a los familiares mil 200 pesos a la semana para no golpearlos, explica el familiar a La Jornada. El periódico también reporta que desde 2011 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha advertido sobre el control que los mismos internos tienen sobre la seguridad y la vida interna de la cárcel, lo cual ha generado una situación de ingobernabilidad, extorsiones constantes e incluso una red de prostitución dentro del
Centro de Reinserción Social.
La masacre de Topo Chico no se debe entonces a una
riña entre bandas, como ha señalado el gobernador ex priísta Jaime Rodríguez, sino a la negligencia y la complicidad activa de parte de las autoridades del estado de Nuevo León. Se confirma una vez más que el crimen más
organizadoes el que se organiza y se solapa desde las mismas instituciones gubernamentales. Si México fuera una democracia, el gobernador responsable tendría que presentar inmediatamente su renuncia después de una tragedia de esta magnitud.
Ahora bien: si las instituciones públicas no son capaces de mantener
la orden y la paz en una cárcel, donde supuestamente contarían con un
control absoluto sobre la población, ¿qué destino nos depara a los
ciudadanos en el resto del país? La respuesta la encontramos en
Guerrero, donde ha habido 190 asesinatos y múltiples secuestros masivos
durante los primeros 44 días de 2016. También la encontramos en
Veracruz, donde la semana pasada Anabel Flores Salazar se convirtió en
el decimoquinto periodista asesinado durante el gobierno despótico de
Javier Duarte.
En su valiente
Carta abierta a gobiernoscon motivo del asesinato de Flores Salazar, los periodistas de Veracruz preguntan:
¿Cómo pueden los grupos de la delincuencia organizada cogobernar [a Veracruz y a Puebla], y tirar cuerpos de un lado y del otro?(véase: http://ow.ly/Yj0nA). Una vez más se confirma que el verdadero crimen organizado se encuentra dentro, no fuera, del gobierno y las instituciones públicas.
Nuestros problemas se inician en Los Pinos. La semana pasada el
Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó la conclusión a
la cual ya habían llegado tanto los científicos de la UNAM como el
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la supuesta
calcinación de los cuerpos de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el
basurero de Cocula. Resulta científicamente imposible que los
estudiantes hayan sido incinerados en ese lugar. En otras palabras,
desde el primer día tanto Enrique Peña Nieto como Jesús Murillo Karam
han mentido descaradamente a la población mexicana sobre el caso.
El probable encubrimiento y posible complicidad de estos dos
servidores públicos con los delincuentes amerita una investigación
independiente. Los resultados de los tres estudios arriba mencionados
constituyen más que suficiente motivo para que la PGR inicie una
investigación penal contra su extitular y el Congreso de la Unión inicie
procedimientos contra el Presidente de la República, de acuerdo con los
artículos 110 y 111 de la Constitución. Recordemos que el artículo 108
de nuestra Constitución permite acusar al Presidente por
delitos graves del orden común. Si las instituciones públicas no están dispuestas a hacer su trabajo, que la Nación se lo demande.
En este contexto, resulta indignante la actitud complaciente que ha
demostrado el papa Francisco con la corrompida y traicionera clase
política mexicana. Si bien el sumo pontífice deslizó algunas críticas
suaves y demasiado abstractas durante su intervención en Palacio
Nacional, el
Papa progresistaterminó avalando y fortaleciendo al narcoestado mexicano con sus afectuosos saludos y agradecimientos demasiado concretos a Peña Nieto, Angélica Rivera, Miguel Ángel Mancera, Emilio Gamboa, Manuel Velasco y Javier Duarte.
Urge romper el guión. Si el Papa no está dispuesto a salir del
protocolo del poder represor, tendremos que hacerlo nosotros. Hasta en
un sistema político tan podrido como el de Estados Unidos empiezan a
asomarse algunas fisuras importantes, con el sorprendente éxito de la
candidatura de Bernie Sanders.
México no puede quedar atrás. El primer paso para dejar de ser
víctimas es dejar de amar a nuestros victimarios. Hay que dar la espalda
a las instituciones realmente existentes, consolidar nuestra
desconfianza en la mafiocracia y reconstruir las redes de
solidaridad social y trabajo político en favor de la patria. Solamente
el pueblo podrá salvar al pueblo.
Twitter: @JohnMAckerman
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