Por: Lilia Arellano
(30 de abril, 2016. RevoluciónTRESPUNTOCERO).- Durante el proceso
de cancelación del régimen democrático del país y su sustitución por un
régimen policial-militar, debemos tener muy presentes los nombres de los
actuales senadores del PRI, encabezados por Emilio Gamboa Patrón y,
particularmente, la presidenta de la comisión de Estudios Legislativos,
Graciela Ortiz, y los legisladores del PAN, que coordina Fernando
Herrera y especialmente el presidente de la comisión de Justicia,
Fernando Yunes, cuyas bancadas aprobaron las reformas en materia de
justicia militar, las cuales posibilitan a las autoridades castrenses
violar derechos humanos civiles y pasar por encima de recomendaciones y
sentencias formuladas a México por organismos internacionales.
En futuros procesos electorales, locales y federales, en donde sin
duda habrán de participar, no podrán alegar desconocimiento o inocencia
en la aprobación de las modificaciones al Código de Justicia Militar y
el Código Militar de Procedimientos Penales, o argumentar que lo
hicieron para adecuar la justicia militar al nuevo sistema penal
acusatorio, próximo a entrar en vigor. Su acción legislativa ahora
permite a los militares efectuar cateos en domicilios particulares, así
como en oficinas del gobierno federal, de los poderes legislativo y
judicial y de órganos desconcentrados. No podrán justificar
desconocimiento de la facultad otorgada a los ministerios públicos
militares para inmiscuirse en tareas de inteligencia, de intervenir
comunicaciones telefónicas y darle la facultad de ordenar la
presentación de civiles en juicios militares.
La aprobación de esta reforma en lo general y lo particular,
perpetrada a la una y media de la madrugada de ayer, también suprime los
consejos de guerra, se crean los juzgados militares de control y
tribunales militares de juicio oral, además de transformar a la
Procuraduría de Justicia Militar en la Fiscalía General de Justicia
Militar. En el debate legislativo de más de cuatro horas, donde la
mayoría del PRI-PAN rechazó la moción suspensiva propuesta por el
senador Alejandro Encinas, el senador del PT, Manuel Bartlett, les pidió
a los legisladores del PRI y PAN: “no cometan esta fechoría que nos
pone en riesgo a todos los mexicanos. Es una decisión peligrosa. El
Ejército ya está en todos los estados y ahora le van a dar más
instrumentos para continuar con una función inconstitucional”.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la
Peña, del PRD, advirtió: organismos internacionales dan cuenta de graves
violaciones a los derechos humanos, cometidos por el Ejército, al
actuar en el combate al crimen organizado. Para la senadora perredista,
Dolores Padierna, con la aprobación de tales modificaciones, México está
desafiando las recomendaciones y sentencias de organismos
internacionales de protección a los derechos humanos, en materia de
fuero militar y se abre la puerta a que los efectivos castrenses
pudieran ser juzgado y sentenciados en un proceso penal militar por una
conducta sólo de desobediencia.
Padierna acusó: ”nuevamente se pretende imponer por vía fast track
una reforma contraria al artículo primero constitucional, nuevamente se
quiere garantizar la impunidad para militares que cometen delitos
vinculados a la disciplina militar y violaciones a los derechos
humanos”. Y subrayó: al ser sentenciados por un fuero castrense, están
imposibilitados para ser juzgados por el fuero civil, lo cual asegura la
impunidad para los militares que cometan delitos contra civiles.
El video que se filtró en donde se muestra el modus operandi de cómo
elementos el Ejército torturan a una mujer en Guerrero -dijo el
perredista Armando Ríos Pitter- debería obliga a los legisladores a no
aprobar una reforma que da más facultades a los militares para el cateo
de los domicilios de las personas, así como la invasión de sus
comunicaciones privadas y aspectos graves como la comparecencia de
civiles en la jurisdicción militar, así también como aquellos actos de
investigación tan amplios que no requieren de control judicial.
Ayer mismo, el Senado también aprobó por 90 votos a favor y cuatro en
contra la nueva Ley para Sancionar y Prevenir la Tortura y Tratos
Inhumanos, Crueles y Degradantes. Horas antes se aprobó en comisiones y
se dictaminó rápidamente. Los legisladores ni siquiera tenían el
conocimiento del contenido de la ley de referencia, como destacó la
petista Layda Sansores.
En la Cámara de Diputados, el coordinador de los priístas, César
Camacho, advirtió: sería irresponsable que las minutas enviadas del
Senado a San Lázaro se pretendan llevar al pleno sin antes haber pasado
por las comisiones. Hasta el mediodía de ayer, y a unas horas de
concluir el periodo ordinario de sesiones, la presidencia de la Cámara
de Diputados informó que no le habían sido remitidas las minutas
aprobadas por el Senado en la madrugada, entre ellas la que modifica la
justicia militar para permitir cateos en domicilios y dependencias.
En torno a la posibilidad de la aprobación de esas iniciativas antes
de concluir el periodo el 30 de abril, Camacho Quiroz dijo: “sería una
irresponsabilidad que sin tocar baranda en las comisiones ordinarias, se
traigan al pleno, se discutan y se voten”.
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