La Jornada
De acuerdo con una nota
publicada en estas páginas, basada en datos de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV), durante el primer semestre de este año los
23 grupos financieros que operan en el país incrementaron en 24.7 por
ciento sus utilidades respecto del mismo periodo del año pasado, lo que
implica una ganancia global de 77 mil millones de pesos.
Considerada en una perspectiva anual, la tasa de crecimiento de las utilidades de esas empresas es ocho veces mayor a
la del conjunto de la economía, la cual repuntó sólo 3 por ciento con
respecto del primer semestre del año pasado. También los activos de esas
corporaciones han crecido en comparación con el resto de la economía:
4.6 por ciento más que en 2016, para sumar un total de 8 billones 754
mil millones de pesos, algo equivalente a 43 por ciento de la economía
del país (20.3 billones de pesos).
La concentración de los beneficios económicos en el sector financiero
(bancos, casas de bolsa, casas de cambio, instituciones de fianzas,
aseguradoras, operadoras de fondos de inversión, gestoras de fondos para
el retiro, sociedades financieras de objeto múltiple, sociedades
financieras populares y almacenes generales de depósito) se ve reflejada
en una notable concentración de las ganancias y de los activos en ese
mismo sector.
Así, cuatro de los 23 grupos financieros del país (Grupo Financiero
BBVA Bancomer, 24.1 por ciento; Grupo Financiero Banamex, 14.9; Grupo
Financiero Banorte, 14.5 y Grupo Financiero Santander, 13.8) controlan
más de dos terceras partes de los activos de la totalidad de las
corporaciones financieras.
Estos datos resultan ilustrativos no sólo de las
desproporcionadas utilidades de estos grupos empresariales –que en el
caso de los extranjeros BBVA, Banamex y Santander son marcadamente
superiores a las que obtienen en sus países de origen– sino también de
políticas oficiales que permiten una altísima concentración de las
ganancias en el se- ctor financiero, en detrimento del resto de la
economía.
En un entorno mayormente desregulado –valga decir, en una suerte de
jungla económica– las altas tarifas y los elevados márgenes de
intermediación de las entidades financieras privadas representan, en
efecto, inhibidores para el crecimiento económico a las tasas que el
país requiere, condiciones desventajosas para las empresas productivas y
una carga operativa que gravita en forma restrictiva sobre los
presupuestos públicos.
La responsabilidad última de esta situación no recae, a fin de
cuentas, en los conglomerados financieros mencionados sino en
autoridades como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco
de México y la propia CNBV, los cuales, sin obstaculizar la obtención de
ganancias legítimas, tendrían que poner un freno a lo que parece más
bien usura, devastación y saqueo.
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