Asamblea del PRI: Enrique Peña Nieto y Enrique Ochoa Reza.
Foto: Benjamín Flores.
Por
Jesús Cantú
La reforma a los estatutos del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) –que ahora permiten la postulación a la Presidencia de la
República de ciudadanos sin militancia previa en el partido, a partir
sólo de su compromiso de actuar conforme a la plataforma electoral
priista– está dirigida a otorgar poderes plenipotenciarios al presidente
Enrique Peña Nieto para designar al candidato de su partido.
Al hacerlo, se abre la puerta para que el mandatario proponga a un
personaje que atraiga el voto panista, en caso de que la contienda
presidencial se polarice entre el PRI y Morena, como podría ser.
La lectura generalizada es que la reforma amplió la baraja de
posibles candidatos, pues ahora sí ningún integrante de su gabinete
queda fuera de esa posibilidad. Antes de la reforma, José Antonio Meade
no tenía posibilidades de ser el candidato tricolor; él mismo ha
reiterado que no es militante del PRI, sino un profesional que ha
servido en el gobierno lo mismo a priistas que a panistas.
El otro beneficiario es Aurelio Nuño, aunque en menor medida. Él sí
ha señalado que es orgullosamente priista, por lo cual lo único que
podría cuestionarse sería el tiempo de su militancia y la cobertura de
los requisitos de haber sido postulado a puestos de elección popular.
Pero las repercusiones de la reforma estatutaria van mucho más allá
de los beneficiarios directos e inclusive del propio PRI, pues al abrir
la posibilidad de postular a Meade, coloca en una situación muy difícil
al mismo PAN y, particularmente, a su pretendido Frente Amplio Opositor.
La volatilidad del electorado mexicano es una realidad en los últimos
años y las elecciones del Estado de México son el reflejo más
fehaciente de que la identificación partidaria dejó de ser el elemento
más relevante para decidir el sentido del voto. El surgimiento de Morena
y el derrumbe del PAN en dicha entidad dejaron en claro que ningún
partido puede confiar en la lealtad de sus votantes.
La decisión de la asamblea priista del sábado 12 obliga a los cuatro
partidos políticos con mayores preferencias electorales a repensar sus
estrategias de cara a las elecciones presidenciales.
Al PRI, porque dejó todo en manos del pragmatismo de Peña Nieto, que
repetidamente ha dado muestras de que está dispuesto a sacrificar todo
en función de los posibles resultados electorales. En 2011, al decidir
su sucesión en el Estado de México, sacrificó a su pariente Alfredo del
Mazo y postuló a Eruviel Ávila para evitar una posible fractura del
tricolor y frustrar la anhelada coalición PAN-PRD.
Ya como presidente, son varios los ejemplos de candidaturas que Peña
Nieto dejó en manos de los gobernadores, buscando su compromiso para
mantener el gobierno. Destacan en este sentido Nuevo León y Coahuila: en
el primero, con resultados negativos; en el segundo, hasta hoy,
positivos, aunque el proceso electoral todavía no concluye.
En este sentido, los militantes tricolores saben que, por más
cercanos que sean a los afectos presidenciales, nada está seguro.
Finalmente, todo se resolverá en función de las posibilidades de
triunfo; y, en ese sentido –aunque en estos momentos en las encuestas
Meade no aparece con muy buenos resultados– es una realidad que si la
elección se polariza entre Andrés Manuel López Obrador (AMLO), seguro
candidato de Morena, y el PRI, muchos de los simpatizantes e incluso
militantes panistas estarían dispuestos a sufragar por el candidato
tricolor.
Pero el mismo PAN hoy tiene que reconsiderar su estrategia del Frente
Amplio Opositor, pues muchos simpatizantes y militantes panistas
podrían inclinarse por Meade (como candidato priista) antes que por un
candidato no panista postulado por la coalición; eso podría inclinar la
balanza para el tricolor y llevar a esta polarización que conduzca a un
voto entre PRI y Morena, donde el voto útil resulte definitorio.
El PAN se benefició del voto útil en 2000 y 2006: en 2000, de los
simpatizantes del PRD y la izquierda en general, quienes por sacar de
Los Pinos al PRI decidieron darle su voto a Vicente Fox; y en 2006 de
los priistas, que al ver a Calderón como el único que podía impedir la
llegada de AMLO a Los Pinos, optaron por votar por el blanquiazul.
En esta ocasión podría ser al contrario: los simpatizantes y
militantes del PAN podrían votar por el PRI para evitar la llegada de
AMLO. Esta fuga de voto útil del blanquiazul puede darse con frente
amplio o sin él, pues de mantenerse las actuales tendencias es muy
probable que los votantes se decanten por el partido o candidato que
tenga más posibilidades de ganar la elección.
Por supuesto que el PRD también tendrá que repensar su estrategia,
pues si ya lucía difícil la coalición que impulsa un grupo de la
dirigencia amarilla con esta decisión, la posibilidad todavía parece más
lejana y en ese sentido, más vale que empiecen a pensar si optan por
una apuesta como la del Estado de México, es decir, ir solos con un
candidato sin posibilidades reales de ganar, pero que logra rescatar un
porcentaje aceptable de votos; o, a pesar de sus principales dirigentes,
apoyar a López Obrador.
Y el mismo López Obrador tendrá que repensar su estrategia, pues
–aunque la posibilidad implica todavía una mayor cercanía e identidad
entre PRI y PAN– desde ahora tendrá que trabajar en disipar los
fantasmas de su populismo para tratar de minimizar la posibilidad de ese
voto útil. Y, por supuesto, para en contrapartida, intentar una
coalición de izquierda o conseguir el voto útil que Delfina Gómez no fue
capaz de conseguir en el Estado de México.
El PRI libró exitosamente la XXII Asamblea Nacional, pues a pesar de
que se encuentra en su peor momento se mantuvo unido; amplió la baraja
de posibles candidatos y obliga a los otros contendientes a repensar y,
eventualmente, replantear su estrategia.
Este análisis se publicó en la edición 2129 de la revista Proceso del 20 de agosto de 2017.
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