1/23/2018

Prensa Mexico Martes 23 de enero 2017


REFORMA
En los últimos cuatro años, la empresa del Estado asignó más de 3 mil millones de pesos para el mantenimiento y rehabilitación de la plataforma habitacional semisumergible Chemul para luego rematarla en 140 millones de pesos.
EL UNIVERSAL
Reforma fiscal de Trump beneficia a México: FMI
Prevé crecimiento de 2.3% en 2018 y 3% en 2019 por el ajuste fiscal; elecciones y tratado comercial pueden nublar proyecciones, advierte.


El declive de yacimientos y la reducción del presupuesto de Petróleos Mexicanos (Pemex) generaron una caída de 9.6% en la producción durante 2017, la más baja en 38 años. De acuerdo con un reporte semanal de Pemex Exploración y Producción (PEP), el año pasado la extracción de petróleo cerró ..


Meade quiere quitarle al narco 250 mil mdp y 750 mil armas; propone base de datos homologados para la identificación de personas.SINEMBARGO

Javier Corral Jurado no tiene duda: el grupo que obstaculiza la extradición de César Duarte Jáquez es la “aristocracia hacendaria” de la que forman parte José Antonio Meade Kuribreña, Luis Videgaray Caso y José Antonio González Anaya, los tres últimos ex titulares de la SHCP.El Gobernador de Chihuahua sostiene que este grupo –que se ha acomodado desde la administración federal de Carlos Salinas de Gortari hasta la actual– “ha sido muy poco visibilizado en términos de la responsabilidad que tiene en la corrupción de México, porque es imposible que no se hayan enterado y no hayan sido copartícipes de todo el problema del país” y han sido los responsables del modelo económico actual.El mandatario norteño sostiene que la gran oportunidad para acabar con el régimen de corrupción es la elección 2018.



Actualmente, la coalición PAN-PRD gobierna cinco estados de la República [Baja California, Durango, Nayarit, Quintana Roo y Veracruz]. Pero en las últimas dos décadas, administró 11 gobiernos estatales. En ese transcurso, nueve de sus gobernadores han sido señalados por corrupción, además que, las promesas de campaña, no han sido respaldadas por los resultados oficiales de sus respectivas administraciones. De 11 gubernaturas –dos de ellas en Nayarit–, siete aumentaron o no han podido detener el endeudamiento estatal. La violencia, en cambio, no cejó de crecer en dos entidades [Puebla y Yucatán]. Y en la actualidad, las administraciones pan-perredistas de Baja California, Durango, Nayarit, Veracruz y Quintana Roo se han estancado o padecido aún más los exabruptos. SinEmbargo, como destaca Marcela Bravo Aguja, académica de la UNAM, los malos resultados son independientes de la coalición electoral, aunque existe la posibilidad de que los gobernadores aliancistas sean “débiles” porque no tuvieron fuerza para llegar a gobernar sin otro apoyo que el de su partido. “Y la debilidad puede haber gobiernos no tan eficientes”, dijo.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior (LSI), por un conflicto de competencias donde se viola la secrecía de la información y podría poner en riesgo a las víctimas.De acuerdo con el documento –entregado la mañana de este martes por el consejero de la Defensoría, Bernardo Rodríguez Alamilla, y firmado por el ombudsman Arturo de Jesús Peimbert Calvo–, la LSI, particularmente en su artículo 31, asienta que los órganos autónomos deberán rendir información cuando les sea requerida, aunque en muchas ocasiones, apunta, las instancias de gobierno son acusadas de violaciones graves a los derechos humanos.La controversia de la Defensoría de Oaxaca se suma a las que presentaron la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y el municipio de San Pedro Cholula, Puebla.De las otras cinco acciones de inconstitucionalidad, la primera fue promovida por los grupos parlamentarios del PRD, PAN, Morena y Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados.Una más fue presentada el pasado viernes 19 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), luego hizo lo propio el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). La cuarta fue interpuesta por la Cámara de Senadores y la última por MC.

ARISTEGUI NOTICIAS

Es “imposible” que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales atraiga el caso de la presunta triangulación al PRI desde Chihuahua; lo que debe hacer es abrir su propia carpeta de investigación por el delito electoral que representa, indicó el gobernador Javier Corral.En entrevista para #AristeguiEnVivo, refirió que a nombre del gobierno de Chihuahua, el fiscal de ese estado manifestó al titular de la Fepade su “desacuerdo” con el anuncio hecho el lunes, sobre que atraería la investigación. “Esta investigación no puede ser atraída porque es un proceso judicial en marcha que tiene ya incluso varios imputados, vinculados a proceso y sentencias condenatorias”, expuso.“La facultad de atracción no se puede ejercer”, aseveró Corral. “Hay un tuit del propio fiscal que señala que eso no será en demérito de las investigaciones que realiza el MP en Chihuahua”, apuntó sobre este mensaje:Recordó que en Chihuahua “nosotros estamos investigando el desvío, el peculado agravado, debe haber una investigación en materia de delito electoral, debe haber otra por parte de la PGR y una fiscalización del INE”.La Fepade, comentó Corral, debe abrir la carpeta derivada de las 2 denuncias que hicieron el PAN y Morena por el presunto desvío de 250 millones de pesos en la administración de César Duarte, a favor del PRI.


El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvió que la Procuraduría General de la República (PGR) debe liberar información del caso Odebrecht solicitada por un ciudadano.La PGR debe informar cuántas personas han sido llamadas a declarar dentro de la carpeta de investigación del caso, cuántas de ellas son funcionarios o exfuncionarios de Pemex, cuántos son directivos de Odebrecht y el número de hojas del expediente.“Consideramos que esta información debe ser entrega por existir un interés público… así pues las reservas previstas en la ley no son absolutas ya que también prevén excepciones como lo es el interés público”, explicó la comisionada Ximena Puente.El caso Odebrecht está considerado uno de los escándalos de corrupción más grandes de Latinoamérica, en el que la constructora brasileña otorgaba sobornos a altos funcionarios para obtener contratos preferenciales. 
CONTRALINEA
30 de enero se cumplen 5 años de la inverosímil sentencia con que los ministros integrantes de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocaron el amparo concedido a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), por los magistrado del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Laboral, el 13 de septiembre de 2012, que ordenaba al gobierno de Felipe Calderón asumir su obligación como patrón sustituto, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para devolver su empleo a 16 mil 599 trabajadores en resistencia.El perverso fallo emitido el 30 de enero de 2013 quedó registrado en los anales de la jurisprudencia como una de las peores bajezas cometidas en el seno del máximo tribunal, y demostró que en nuestro país el respeto al marco constitucional y al estado de derecho no existen; siendo una irrealidad la autonomía de un Poder Judicial supeditado a los designios del Ejecutivo.Hasta la fecha, no hay un solo jurista que, en su sano juicio, se atreva a meter las manos al fuego en la argumentación presentada por los ministros Sergio Valls, Fernando Franco, Luis María Aguilar, Margarita Luna Ramos y Alberto Pérez, para justificar tal desaseo jurídico. Debemos recordar que estos personajes tuvieron la desfachatez de asegurar que “los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo”, razón por la cual al extinguirse Luz y Fuerza del Centro, el expresidente Calderón no era responsable, mediante la Comisión Federal, de asumirse como patrón sustituto, según el torcido criterio de los integrantes de la Segunda Sala.

El pasado 11 de enero, Leonardo García Vázquez, quien denunció ante los medios de comunicación que su casa en Hidalgo fue mal construida y que existía un presunto conflicto de interés entre la constructora y un funcionario público del estado, fue detenido. La empresa SYLMA lo acusó de difamación, por lo que podría pasar en prisión de 3 meses a 2 años, o pagar una multa de hasta 150 días de salario mínimo. En otros diez estados, también se castiga con cárcel este delito.En Guanajuato, Nuevo León, Baja California Sur, Nayarit, Michoacán y Yucatán se persigue penalmente el delito de difamación, con penas de entre tres días a cinco años de prisión, y con multas de entre cinco a quinientos días de salario mínimo por cometer difamación o calumnia, ambos considerados “delitos contra el honor”.En el caso del delito de calumnia, definido como la imputación falsa a otro de un hecho que la Ley tipifique como delito, éste se castiga penalmente en Hidalgo, Guanajuato, Nuevo León, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Zacatecas, Colima, Michoacán, Campeche y Yucatán, y las penas van de los tres meses a los seis años de prisión, y de tres hasta mil días de salario mínimo como multa.“Muchas veces son delitos con penas menores, pero el simple hecho de que haya una amenaza de ser privado de la libertad por ejercer tu derecho, genera lo que se llama el efecto inhibitorio, entonces la mera existencia de estos delitos, puede generar un efecto de amedrentamiento para no hablar de ciertos temas, sobre todo cuando se trata de funcionarios públicos o de empresas privadas con mucho poder, como en este caso”, señaló Leopoldo Maldonado, integrante de la organización Artículo 19.Maldonado explicó que, desde hace diez años, organismos que se encargan de la supervisión de tratados internacionales y de la tutela de derechos humanos, expertos independientes y relatores de la libertad de expresión han recomendado al Estado mexicano derogar este tipo de delitos, que tienen como centro inhibir mediante la criminalización de la libertad de expresión.Aunque en los diez años que han transcurrido desde que comenzaron a recomendar al Estado mexicano derogar estos delitos se redujo el número de códigos penales que lo contemplan de 33 (32 estatales y el Código Penal Federal) a 12, Maldonado explicó que, al mismo tiempo, hay “una reconfiguración de estos delitos por otros que se mantienen vigentes en la mayoría de los estados”: ultrajes, halconeo y el castigo a la modificación de fotografías e información (antimemes).

LA JORNADA 
    Centroamericanos que piden asilo son deportados ilegalmente 
     La organización presenta informe sobre el trato del INM a afectados 
    Se viola el principio de no devolución y se ponen vidas en peligro 
    Revela el caso de un chofer hondureño asesinado tras su repatriación 
    Emir Olivares Alonso
    Fotoportada

    Vigilancia en la azotea de un hotel cercano al centro alpino en Davos, Suiza, donde hoy dará comienzo la cumbre del Foro Económico Mundial. Autoridades de ese país estimaron que las protestas de diversas agrupaciones serán limitadas debido a las intensas nevadas Foto Afp 

    Estima el organismo avance de 2.3% para este año y de 3% para 2019 
    La revisión al alza es porque se espera un impulso en la demanda en EU 
    Advierten Guajardo y Freeland que la sexta ronda del TLCAN será crítica
    Se pegaría a la delincuencia si se logran incautar bienes y armas
    Nos reservamos el derecho de admisión de Salinas, Fox y Calderón
    opinión 
    José Antonio Meade 
    Complicado defender a nuestros migrantes cuando aquí hacemos con los centroamericamos lo mismo, o peor. 
    La idea sería establecer un pacto sobre problemas comunes, dice el aspirante
    La alianza del PRI con el Verde se desmorona en Chiapas, afirma el panista
    Bofetada no intencional a víctimas, dice; persiste en su apoyo al obispo Barros

    María de Jesús Patricio (centro), aspirante independiente a la Presidencia de la República, encabezó ayer un acto en Paracho, Michoacán. El Congreso Nacional Indígena (CNI) responsabilizó a los tres niveles de gobierno del ataque de un grupo armado a tres reporteros que cubrían la gira de la vocera indígena, a quienes les fueron quitados teléfonos celulares y equipo fotográfico. El ombudsman estatal emitió medidas cautelares de protección para los integrantes de la caravana de la abanderada Foto Afp 
    Congreso y Casa Blanca acuerdan paquete de financiamiento 
    Ceden demócratas; les ofrecen que se negociará el tema de los dreamers 
    ONG acusan a legisladores de abrir espacios a Trump para maniobrar 
    Me complace que recuperen los sentidos, se burla el magnate en tuit 
    David Brooks, corresponsal

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