Javier Flores
a senadora Olga Sánchez
Cordero no se anduvo por las ramas. Durante la presentación del proyecto
de decreto para expedir la Ley General para la Regulación y Control de
Cannabis, explicó sin ambigüedades que el objetivo de la iniciativa es
enfrentar la violencia que agobia al país: “240 mil muertos, 40 mil
desaparecidos en 10 años, además de miles de niñas y niños, jóvenes y
mujeres, amenazados por el crimen organizado (…) Es el momento de
cambiar a través de todos los mecanismos institucionales que tengamos a
nuestro alcance para poder construir la paz”. Si bien es cierto que la
Ley que se propone tiene alcances muy amplios pues se trata de regular
el empleo de la mariguana para usos personales, científicos y
comerciales, el propósito central es contar con un instrumento para
enfrentar la violencia, pues como lo dijo la futura secretaria de
Gobernación:
No queremos más sangre que ensucie nuestra patria.
El primer paso lo dio el 4 de noviembre de 2015 la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, donde la ex ministra Sánchez Cordero también jugó
un papel central en las primeras resoluciones que permitieron a
particulares el uso recreativo de cannabis, junto con el voto
de la mayoría de los ministros integrantes de la Primera Sala. Luego, el
sentido del primer dictamen fue reiterado en otros amparos sometidos a
revisión, hasta que el pasado 31 de octubre se acumularon cinco, con lo
que se estableció jurisprudencia que beneficiaría a todos los mexicanos.
Con esto el Poder Judicial fijaba claramente su postura dentro del
debate social estimulado por la creciente violencia, el avance del
conocimiento científico y de las libertades y derechos de los mexicanos.
La iniciativa presentada el jueves cubre un universo más amplio que
los permisos otorgados individualmente, pues tiene un alcance nacional
para la regulación del empleo de la mariguana para uso personal (uso
adulto), para fines de investigación científica, su uso farmacéutico,
terapéutico y paliativo, así como para la comercialización y la creación
de cooperativas de producción. Así, se articulan los criterios de los
Poderes Judicial y Legislativo que se extenderá al Ejecutivo cuando la
senadora proponente esté al frente de la Secretaría de Gobernación, para
lograr, con toda la fuerza del Estado, una de las mayores y urgentes
transformaciones en nuestro país.
Todos los aspectos contemplados en la iniciativa, quedarán bajo la
supervisión de una nueva instancia dentro de la Secretaría de Salud, el
Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis, que ejercerá la
rectoría absoluta sobre todas las fases de producción de la planta
desde la siembra hasta su comercialización y los usos ya mencionados. El
instituto tendrá un director que será nombrado por el Secretario de
Salud y contará con dos consejos, uno consultivo, integrado por
representantes de siete Secretarías de Estado y otro ciudadano del que
formarán parte personalidades propuestas por instituciones académicas y
organizaciones de la sociedad civil, lo que brinda permeabilidad entre
el nuevo órgano y la sociedad.
Me referiré aquí sólo a dos aspectos contenidos en la propuesta:
Sobre los usos con fines de investigación científica, la iniciativa
establece que se debe contar con un protocolo de investigación que debe
ser autorizado por el Instituto ya citado; en el caso de personas
físicas se deberá ser mexicano y para el caso de las morales se deberá
contar con el 80 por ciento de capital nacional, con lo que se busca que
la investigación se realice principalmente por instituciones y empresas
de nuestro país. Lo anterior tendrá efectos muy interesantes, pues al
legalizarse el empleo de la mariguana para la investigación, el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, estará obligado a otorgar
financiamiento en los mismos términos que a otros campos del
conocimiento.
En el caso del consumo adulto, el artículo 4 establece que toda persona tiene el derecho a portar hasta 30 gramos de cannabis
–que es el equivalente a entre 15 y 18 cigarrillos convencionales– y
puede cultivar la planta para uso personal dentro de su propiedad,
siempre y cuando la producción no rebase 480 gramos por año. Entre las
prohibiciones destacan que no pueden conducirse vehículos, o manejar
equipo o maquinaria bajo el efecto del tetrahidrocanabinol (uno de los
principios activos de la mariguana). Estará permitido el consumo en
espacios públicos con excepción de aquellos 100 por ciento libres de
humo de tabaco. Con lo anterior quedará anulada la prohibición para el
empleo de cannabis con fines lúdicos. La iniciativa establece
prohibición y sanciones para quienes fomenten el consumo o la
participación de menores, y medidas para advertir sobre los riesgos.
La nueva ley es una pieza indispensable para acabar con la violencia
que sufre el país. Es parte de una estrategia integral que incluye
nuevas políticas de seguridad y la creación de mayores oportunidades
para los jóvenes en la educación y el trabajo. Requiere del máximo apoyo
de todos los mexicanos.
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