La Jornada
El proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) para 2019 que presentó en días recientes
el Ejecutivo federal fija una reducción de 1.03 a 3.43 por ciento en los
recursos federales destinados a las universidades Nacional Autónoma de
México (UNAM) y Autónoma Metropolitana (UAM), así como al Instituto
Politécnico Nacional (IPN) y otras instituciones de educación superior.
El dato lleva a preguntarse en qué medida tal proyección presupuestal
afectará el desempeño de esos centros de estudio –varios de los cuales
habían solicitado, en cambio, incrementos en sus partidas– y si no
perjudicará uno de los programas más importantes del propio gobierno
federal, Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual requiere plazas
adicionales para los 300 mil jóvenes a los que se proyecta incorporar a
la educación superior.
Un caso crítico es el de la UAM, cuya unidad de Iztapalapa tiene
inactivos dos edificios desde el sismo del 19 de septiembre de 2017 y
requiere fondos para rehabilitarlos, algo que resultará imposible con el
recorte de 3.43 por ciento en su presupuesto general, a menos que los
recursos correspondientes sean previstos en el Programa Nacional de
Reconstrucción que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el
11 de diciembre anterior en Jojutla, Morelos, habida cuenta que el
programa correspondiente de Ciudad de México estará exclusivamente
enfocado a la restitución y reparación de viviendas.
Una consideración adicional necesaria es que hasta ahora los centros
de educación superior se han quedado al margen del gran debate nacional
que tiene lugar sobre las medidas de austeridad y de lucha contra la
corrupción, con todo y que no están del todo a salvo –como tampoco lo
están las instituciones del país– de ésta ni de prácticas dispendiosas.
Como ha ocurrido en el Legislativo, en el Ejecutivo federal, en la
Judicatura y en los organismos autónomos del Estado, es necesario y
saludable incluir en la discusión los niveles de ingreso de los altos
funcionarios de las universidades públicas, así como las posibles
medidas para evitar que los recursos otorgados a esas entidades sean
utilizados en forma indebida, no sólo con la finalidad de aplicar
principios éticos y legales que deben ser adoptados por todo el sector
público, sino para que presupuestos iguales o menores permitan cumplir
con mayor eficiencia la misión de los centros de educación superior.
Por lo anterior, así como la sociedad ha conocido en días recientes
las percepciones reales de los servidores públicos en distintas esferas
del Estado, sería deseable que las universidades públicas realizaran un
ejercicio de transparencia a este respecto y se adhirieran a las
políticas de austeridad impulsadas desde la Presidencia.
Y no debe soslayarse, desde luego, que lo anterior debe realizarse
con el más estricto respeto a la autonomía universitaria por parte del
gobierno. Lo cierto es que si las instituciones de educación superior
exhibieran ante la opinión pública la forma en que emplean los recursos
que les son entregados, estarían en una posición más sólida y legítima
para reclamar que el Congreso de la Unión incremente los que se ha
planteado asignarles en el proyecto del PEF.
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