Jueza del caso desestimó la denuncia por agresiones
Irinea
Buendía Cortés, madre de Mariana Lima, víctima de feminicidio en el
Estado de México en 2010, denunció que su familia recibió nuevas
amenazas ante la inminente sentencia contra el acusado del crimen de su
hija.
En conferencia de prensa junto con organizaciones civiles, la
defensora y su hija, Guadalupe Michel Buendía, relataron que desde el
día que el cuerpo de Mariana fue hallado y la familia puso en duda la
teoría de que se suicidó la ex pareja de la víctima, el policía
judicial, Julio César Hernández Ballinas, empezó a intimidarlas.
La semana pasada, el 13 de diciembre, relató Guadalupe Michel,
recibió una llamada en la cual la amenazaron y dijeron que la estaban
vigilando. En los días siguientes, la volvieron a marcar desde el mismo
número, hechos que junto a la abogada de la familia, Ana Yeli Pérez
Garrido, la llevaron a denunciar las amenazas ante las autoridades.
Las amenzas contra Irinea Buendía, su hija Guadalupe Michel y el
resto de su familia llegó a tal grado que ameritó medidas de protección
otorgadas por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras
de los Derechos Humanos y Periodistas.
En agosto del año 2017, el hijo de Irinea, Aurelio Michel Buendía,
fue agredido por personas desconocidas cuando regresaba a su casa. Lo
golpearon y le dejaron heridas con arma cortopunzante en la cabeza;
mientras lo agredían le advirtieron: “Deja tu pinche juicio pendejo
contra Ballinas”.
Irinea y su familia tienen medidas de protección
pero con irregularidades. Por ejemplo, hace seis meses, narró, hubo un
cambio de comandantes en su localidad, y el nuevo funcionario determinó
sin previo aviso que sólo le iban a otorgar 12 horas de custodia en vez
de 24, por lo tanto, ellas no tienen protección durante la noche.
La familia Buendía ha denunciado en varias ocasiones que el presunto
feminicida de Mariana, Julio César Hernández Ballinas, cuenta con redes
de apoyo, aún cuando está en reclusión desde el 23 de junio de 2016.
Desde que fue trasladado al Centro Penitenciario Neza-Bordo en el Estado
de México se han perpetrado nuevas agresiones contra la familia.
En rueda de prensa junto con el Observatorio Ciudadano Nacional del
Feminicidio (OCNF) y la Red “Todos los derechos para Todas y Todos” (Red
TDT), la abogada Ana Yeli Pérez Garrido relató que el 14 de diciembre
informaron de las amenazas a la jueza del caso Mariana, Yolanda Romero
Vásquez.
La familia y sus abogados pidieron que se otorgara una orden de
restricción para que Hernández Ballinas y otras personas cercanas a él
se abstuvieran de realizar actos que puedan presentar una amenaza a la
familia Buendía. También pidieron se diera vista de estos hechos al
Ministerio Público.
El 18 de diciembre la jueza negó la solicitud. “Lo grave no es
solamente la negativa, es la argumentación”, advirtió Pérez Garrido. La
jueza, dice la abogada, confundió los principios de denuncia y órdenes
de protección, dio la carga probatoria a las víctimas, cuestionó la
defensa legal y negó que Guadalupe sea víctima indirecta del feminicidio
de su hermana.
Esta argumentación representa una grave violación a la debida
diligencia, opinó la abogada, en particular porque el caso de Mariana
llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tribunal que
en un fallo histórico a través de la sentencia 554/2013 ordenó reabrir
el caso e investigarlo como feminicidio, al mismo tiempo que ordenó a
las instancias investigar con perspectiva de género.
La jueza Romero Vásquez demostró con esta argumentación que no tiene
esta perspectiva de género. “Me causa enojo, molestia y horror de ver
esas declaraciones tan temerarias”, dijo Irinea Buendía y
citó el Artículo 4 de la Ley General de Víctimas, que da una clara
definición de una víctima indirecta. Agregó que el hostigamiento no se
dirige a ella directamente pero “van contra quien me duela más”, porque
“el asesino de mi hija sabe perfectamente quien es mi familia y dónde
los puede ubicar.”
Ante las amenazas, dijo que no iba a ceder pero pidió una respuesta a
las autoridades del Estado de México y de la Federación para garantizar
la integridad física de su familia.
Maria de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, agregó que el
Mecanismo de Protección se tardó demasiado en responder y denunció que
les dió una cita hasta 2019 para realizar un nuevo análisis de riesgo.
Las defensoras coincidieron en que el riesgo de la familia Buendía
aumentó debido a que se encuentran en la recta final del proceso, y que
“Hernández Ballinas siente que se avecina la sentencia”. La abogada
Pérez Garrido refirió que se acerca el cierre de instrucción final,
luego vienen las conclusiones del Ministerio Público, la parte
acusadora, y la defensa, y después existe un plazo para emitir la
sentencia.
Dijo que las representantes legales tienen confianza en que existen
las pruebas contundentes para sentenciar a Hernández Ballinas, pero
aseguró que preocupa la falta de perspectiva de género de la jueza.
CIMACFoto: Sonia Gerth
Por: Sonia Gerth
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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