El poder de Televisa, y de los otros grandes consorcios mediáticos, no es resultado de la operación del libre mercado o de la libertad de expresión, sino del control estatal y de los privilegios gubernamentales. Durante el sexenio pasado, Enrique Peña Nieto gastó más de 50 mil millones de pesos en publicidad oficial. De acuerdo con los estudios de la organización civil Fundar, 40% de ese gasto llegó a solamente diez de las mil 433 empresas mediáticas que operan en el país. Televisa y TV Azteca juntos recibieron 30%.  Y estas cifras no incluyen la indignante corrupción informativa que también existe a nivel estatal, donde gobernadores derrochan enormes cantidades de dinero público a favor de coberturas mediáticas favorables.
Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que reducirá drásticamente el gasto en publicidad. Habrá un recorte de más de 50% en este rubro. Además, el jefe de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, afirma que este recurso se distribuirá de manera mucho más equitativa y equilibrada, incluyendo las radios comunitarias y los medios alternativos.
El nuevo gobierno también dará un fuerte impulso a los medios públicos. Se creará una nueva Coordinación General de Medios Públicos para potenciar y coordinar la muy importante labor de medios como Canal 11, Canal 22, Radio Educación, IMER y Notimex, entre otros.  El nuevo presidente ha aclarado que no se trata de convertir estos medios en voceros del gobierno en turno, sino de fortalecerlos como verdaderos medios públicos que abren la puerta a la más amplia pluralidad de voces.
López Obrador también se ha comprometido con garantizar el acceso universal y gratuito al internet en todo el país. En muchas regiones la televisión abierta sigue siendo la única fuente de información disponible. Con internet para todos los ciudadanos podrán elegir mucho más libremente dónde y con quiénes se informan.
Así que los medios de comunicación privados tendrán que aprender rápidamente a convivir con las reglas del libre mercado y la competencia mediática. Si quieren sobrevivir, deben generar nuevos contenidos más confiables y formatos más plurales capaces de retener la atención de una audiencia mexicana cada vez más demandante y consciente, como lo anticipó Jenaro Villamil desde el año pasado en su importante libro La rebelión de las audiencias.
Este nuevo contexto es lo que explica tanto la llegada de Carmen Aristegui como la salida de Carlos Loret de Mola de Grupo Radio Centro. Aristegui no es de ninguna manera una aplaudidora ciega de López Obrador. La periodista ha ganado a pulso su gran prestigio a partir de décadas de trabajo sumamente profesional a favor de la verdad y la pluralidad. Su contratación por la radiodifusora responde al hecho de que México ya no es gobernado por un presidente de la República intolerante y autoritario que censura las voces disidentes. Al contrario, López Obrador promueve la libertad de expresión y está a favor de que se prioricen tanto los criterios del libre mercado, Aristegui es una apuesta lucrativa para cualquier medio, como la voluntad de las audiencias.
Es absurdo alegar censura en el caso de Loret de Mola. Las tendencias en las mediciones de audiencia de su programa Sin Anestesia no eran positivas. Aun así, Radio Centro quiso retener sus servicios a partir de una renegociación de su contrato, tal y como se logró con el importante programa de Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez. Pero Loret prefirió hacer berrinche en lugar de aceptar las nuevas condiciones. Sus posibilidades de contratación futuras con algún otro medio no dependerán de la venia del presidente de la República sino de la capacidad del periodista de asumir con humildad las lecciones del libre mercado resultado del nuevo momento democrático que se vive en la nación.
Ahora bien, se facilitaría enormemente la necesaria rebelión de las audiencias si los grupos parlamentarios de Morena en el Congreso de la Unión también pusieran manos a la obra para reformar tanto la Ley Federal de Radio y Televisión como la Ley Federal de Telecomunicaciones. Recordemos cómo en 2013 el Congreso de la Unión se vio obligado por la presión social, articulada con particular fuerza por el movimiento #YoSoy132, a aprobar una reforma constitucional en materia de medios de comunicación. Esa reforma implicó un avance importante en varias materias, incluyendo el fortalecimiento de los medios públicos, indígenas y comunitarios, la prohibición de los monopolios, los derechos de la audiencia, y mayor autonomía legal para el órgano regulador del sector.
Sin embargo, las modificaciones a las leyes secundarias correspondientes dejaron mucho que desear, ya que fueron redactados con la activa participación de los abogados de Televisa. Ello explica por qué aun después de las reformas continuamos hoy en un contexto mediático muy similar al pasado. Televisa sigue como la empresa dominante en el sector, concentrando 70% de la audiencia nacional, 65% de las concesiones de televisión abierta, 55% de la televisión por cable, 80% de televisión satelital y 90% de los contenidos audiovisuales, de acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y el nuevo canal de televisión, de Grupo Imagen, en lugar de revolucionar las formas de comunicación ha terminado reproduciendo el mismo modelo periodístico de Televisa.
El éxito de la Cuarta Transformación no sólo depende de las acciones del nuevo presidente o de las instituciones públicas, sino también de las acciones de cada uno de nosotros. Así como votamos el pasado primero de julio, continuemos expresando nuestras preferencias todos los días con nuestras miradas, nuestros oídos y nuestras pantallas.
http//johnackerman.mx
Este análisis se publicó el 9 de diciembre de 2018 en la edición 2197 de la revista Proceso.