Imanol Ordorika
Las instituciones de educación
superior públicas de nuestro país han sido baluartes de las luchas
contra el autoritarismo gubernamental y en favor de la democratización y
el cambio social en México. A sus contribuciones permanentes en los
ámbitos de la generación y transmisión de conocimientos y de extensión
de la cultura, se suman intervenciones de carácter político que han
venido marcando la historia de México desde las luchas por la autonomía
en 1929.
Recordemos sólo algunas de las más importantes. Desde los años
cuarenta se dieron las luchas encabezadas por la Federación de
Estudiantes Campesinos de México (FECSM), en las normales rurales y las
del Instituto Politécnico Nacional en resistencia contra el
desmantelamiento de la educación superior popular. En los sesenta, las
estudiantiles universitarias de Sonora, Michoacán, Sinaloa, Oaxaca y
Puebla en defensa de las universidades, apoyo a luchas sociales y contra
la represión, casi todas reprimidas por el Ejército.
Destaca por supuesto el movimiento estudiantil por las libertades
democráticas de 1968 y la diáspora de movimientos sociales y proyectos
democratizadores y revolucionarios a los que dio lugar. Desde su seno se
gestaron organizaciones independientes de trabajadores, campesinos y
movimientos populares; iniciativas para la creación de medios libres;
proyectos insurreccionales, así como organizaciones y partidos políticos
de oposición de izquierda, entre otros muchos atrevimientos políticos y
culturales.
Entre ellos estuvieron también los intentos de democratización de
escuelas, facultades y universidades en los años sesenta, entre los que
sobresalen el proyecto social de arquitectura de autogobierno en la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Pueblo,
extendiendo su acción social a las zonas más pobres y marginales del
estado de Guerrero. También en los años setenta, la construcción de
sindicatos democráticos e independientes del corporativismo mexicano en
casi todas las universidades del país; el apoyo a luchas sindicales y
movimientos campesinos; y, por supuesto, las luchas por la defensa de
los derechos humanos, contra la represión, la tortura, las
desapariciones forzadas y los asesinatos políticos.
Una de las primeras acciones de resistencia contra el ajuste
estructural y las incipientes políticas neoliberales se dio en la UNAM,
con el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario, en defensa de
la gratuidad, la ampliación del acceso y la permanencia de los
estudiantes en la universidad. Se cuestionó el uso de conceptos
empresariales como la excelencia, discurso que dio marco a las políticas
eficientistas y privatizadoras en el ámbito de la educación superior.
La participación masiva de los universitarios ha marcado los procesos
electorales, desde 1988 en apoyo a Cuauhtémoc Cárdenas, así como en las
elecciones de 1994 y 2000. Las preferencias electorales de estudiantes y
profesores otra vez fueron masivas a favor de Andrés Manuel López
Obrador en 2006, 2012 y de manera especialmente contundente en 2018. En
este contexto se dieron también nuevas luchas en pro de la gratuidad, en
1999, y por la equidad electoral, con el #yosoy132, en 2012.
Es necesario dar cuenta de las grandes luchas contra la represión en
Iguala y la exigencia de la presentación de los estudiantes
desaparecidos de Ayotzinapa, que ha tenido su base principal en las
normales rurales y las universidades públicas. Muy recientemente tenemos
los movimientos en la UNAM y en otras universidades en contra de la
violencia y la inseguridad, por la equidad de género, por la
democratización de las universidades y en favor de la ampliación de la
matrícula universitaria.
Desde los años ochenta las universidades públicas han sido objeto de
fuertes presiones y limitaciones presupuestales impuestas por los
gobiernos neoliberales. Con la excepción de la Universidad Autónoma de
Ciudad de México no se ha creado ni una sola universidad pública
autónoma. Se castigaron los salarios de los académicos y se instalaron
sistemas de pagos por méritos (estímulos y SNI) que han estratificado
profundamente a las plantas de profesores y han generado efectos
perversos en la actividad académica..
Las universidades públicas mexicanas no han sido nunca espacios
homogéneos y monolíticos. En ellas se ha reproducido el autoritarismo y
la antidemocracia que ha caracterizado al sistema político mexicano.
Muchas han sido controladas durante décadas por grupos de poder y
familias bien identificables. Históricamente a su interior se han dado
disputas permanentes por la democratización, la rendición de cuentas, la
transparencia y el acceso a la información, con avances diferenciados
en cada una de las instituciones. Miles de universitarios hemos
levantado estas exigencias y hemos luchado por transformar a las
universidades desde adentro, haciendo un pleno ejercicio de nuestra
autonomía y exigiendo sólo el cese de la complicidad o la intervención
gubernamental.
Por todo esto resulta, por lo menos sorprendente, cuando no
francamente agresivo, que al seno de la coalición triunfadora del pasado
proceso electoral y ahora gobernante existan posturas extendidas de
desprecio y descalificación de las universidades públicas. Con ligereza y
superficialidad se las caracteriza como instituciones corruptas y
privilegiadas. Se generaliza la responsabilidad de autoridades
universitarias específicas, involucradas en hechos recientes de
corrupción, a las instituciones en su conjunto, a sus profesores,
trabajadores y estudiantes. Se hace caso omiso de la exigencia de los
propios universitarios de realizar auditorías y castigar a los
directivos responsables de abusos financieros y corrupción. Esta
concepción se ha visto ahora reflejada en los recortes al subsidio
federal que ha sufrido la educación superior pública, en el proyecto de
presupuesto de egresos de la federación 2019, recién presentado a la
Cámara de Diputados.
Con todas sus contradicciones internas, las universidades públicas
mexicanas, los estudiantes y profesores que las hacemos posibles hemos
sido precursores y actores permanentes del cambio democrático en México.
No es posible olvidar que cualquier intento de transformación del país
tiene que apoyarse en estas universidades. Por un lado, es necesario
revertir la contención neoliberal impulsando proyectos de expansión de
la matrícula universitaria, pública y autónoma, en las instituciones
existentes y en otras nuevas, que ofrezcan a miles de jóvenes más las
mejores condiciones y los más altos niveles de formación. Por otro lado,
es importante asumir que las universidades públicas autónomas son hoy
unas de las instituciones más sólidas, preparadas y progresistas del
país. Que tiene que aprovecharse su potencial para hacer propuestas y
construir alternativas, pero sobre todo aceptar y promover su enorme
capacidad crítica, fundada en el conocimiento que genera y transmite y
también en la gran autoridad que la sociedad mexicana les confiere.
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