Presidente Jimmy Morales los califica de “terroristas”
Agrupaciones
de la sociedad civil y de defensoras de Derechos Humanos hicieron un
llamado urgente al gobierno de Guatemala de revocar su decisión de
ordenar la salida de personas expertas de la Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) del país.
El día de ayer, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país
centroamericano dio a conocer que no se les renovó su visa de cortesía,
acreditación diplomática y se les retiró la inmunidad a once
colaboradoras y colaboradores de la CICIG, y que ordenó a diez de ellos
salir del país en las próximas 72 horas, y en caso de incumplimiento, se
procederá a su expulsión.
En un comunicado, la CICIG descalificó la decisión y argumentó que
carece de fundamento legal, “y por lo tanto, es arbitraria.” La
información, publicada en el Diario oficial, “no corresponde a las vías
diplomáticas de comunicación previstas”, y no se ajustaría al debido
proceso.
El Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, advirtió que los
señalamientos del presidente guatemalteco, Jimmy Morales, quien calificó
a integrantes del CICIG como “terroristas”, serían “absolutamente
falsas”, y que las vías adoptadas constituirían un “atentado al Estado
de Derecho y podrían significar el preludio de acciones de fuerza contra
los funcionarios de la CICIG.”
El mismo Comisionado ha sido atacado varias veces, en agosto de 2017,
el presidente Morales declaró al colombiano “non grato” y lo quiso
expulsar del país, aunque la Corte de Constitucionalidad guatemalteca
suspendió la decisión. El 31 de agosto de este año, Morales anunció de
manera unilateral que no renovaría el mandato de CICIG, y que por ende,
la Comisión cesaba funciones el 3 de septiembre de 2019.
El objetivo de la CICIG es apoyar y fortalecer a las instituciones
del Estado de Guatemala encargadas de la investigación y persecución
penal de los delitos cometidos por cuerpos ilegales y aparatos
clandestinos de seguridad (Ciacs), grupos criminales que han infiltrado
las instituciones estatales fomentando la impunidad y socavando los
logros democráticos alcanzados en Guatemala desde el final del conflicto
armado interno.
La CICIG ha jugado un papel importante en las investigaciones sobre
la violación de Derechos Humanos en otros países como México donde
participó en el caso del Campo Algodonero. Personas expertas en
peritajes de la Comisión formaron parte del equipo que investigó las
fallas en la investigación de la muerte de 14 mujeres en Ciudad Juárez,
luego de la sentencia emitida en 2009 por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano.
La comisión fue creada en 2007 por un Acuerdo entre las Naciones
Unidas y el Estado de Guatemala. Desde entonces, ha empujado más de 80
casos de corrupción y otros delitos, donde altos funcionarios y
funcionarias del Estado se ven involucradas. Uno de ellos, el “Caso
Línea”, implicó al expresidente de la República, Otto Pérez Molina, y
llevó a la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti Elías, a renunciar
en mayo de 2015.
El 25 de agosto de 2017, el Comisionado Velásquez junto a la Fiscal
General de Guatemala, Thelma Aldana, demandó retirar la inmunidad al
Presidente por estar involucrado en un caso de corrupción en el que se
le acusa del delito de financiamiento electoral ilícito.
Tres días después, Morales intentó expulsarlo. En el comunicado que
la CICIG publicó hoy, señala que “los funcionarios internacionales
involucrados son investigadores y litigantes de casos de alto impacto en
Guatemala. La medida busca afectar la independencia en su trabajo
contra los CIACS, sea en la investigaciones o varios litigios en curso;
además de constituirse en una oportunidad de eventual persecución penal
contra los funcionarios.”
La organización Red Mesoamericana de Mujeres Defensoras hizo un
llamado a la comunidad internacional para que se solidarice con la CICIG
y se mantenga al pendiente de la situación. Calificó la acción como
arbitraria y un ataque contra una instancia fundamental para combatir la
corrupción, al mismo tiempo que exigió la inmediata suspensión de las
órdenes de expulsión.
El procurador de los Derechos Humanos en Guatemala, Jordán Rodas,
aseguró que el gobierno hostiga a la CICIG y atenta al Estado de
Derecho. Exigió al gobierno que dé “marcha atrás a esta decisión” y
pidió a la comunidad internacional y a la sociedad guatemalteca que “no
se deje engañar”.
Mientras tanto, agrupaciones de la sociedad civil en Guatemala
ofrecieron hoy una conferencia de prensa enfrente de la Corte de
Constitucionalidad, en la cual pidieron se abran procesos legales contra
Morales, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart y la canciller
Sandra Jovel.
Las decisiones del gobierno reflejarían que “se está buscando
desmantelar la capacidad investigativa de la Comisión y cubrir con el
manto de impunidad a los corruptos e integrantes del crimen organizado”,
dijeron.
Las organizaciones dieron a conocer que las y los trabajadores de la
CICIG presentaron una apelación de amparo ante la Corte de
Constitucionalidad, y que también existe una solicitud de declarar en
desobediencia a la canciller Sandra Jovel. Pidieron a la sociedad
guatemalteca permanecer alerta y expresar su inconformidad ante los
acontecimientos.
Imagen retomada de Twitter
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario