Los cambios clave en la propuesta de Guardia Nacional que fue aprobada en comisiones

Informes periódicos, sanciones a estados que no desarrollen policías y la facultad para atender también delitos locales son algunos de los cambios aprobados por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Cuartoscuro

Arturo Angel (@arturoangel20)

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Organizaciones civiles integrantes del colectivo #SeguridadSinGuerra y organismos nacionales e internacionales advierten que, en caso de ser aprobado el proyecto de dictamen de la Guardia Nacional, se dará continuidad al modelo de seguridad militarizado, y a la violación sistemática de los derechos humanos en México.

La sesión en la que los diputados discutieron el dictamen fue interrumpida esta mañana por Alfredo Lecona, integrante del colectivo #SeguridadSinGuerra, quien realizó pintas sobre el tablero de la comisión de Puntos Constitucionales, donde diputados de Morena buscan discutir y aprobar el dictamen de la Guardia Nacional para llevarlo al pleno.

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Luego de manifestarse, Lecona dijo a medios de comunicación que este dictamen, que aprobaría que un grupo formado por policías militares y navales, con mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), tuviera facultades en materia de seguridad pública, no fue elaborado con estudios técnicos, y es una imposición.

“Quieren llevar a la Constitución lo que ya empezó a suceder desde hace tres semanas: a la policía militar y la policía naval con mando de Sedena. Primero nos dijeron que no, que el mando iba a ser civil. Ahora, alguna voz desde las fuerzas armadas les dijo que no le movieran por ahí y empeoraron el dictamen. Lo que hoy están votando es peor que la iniciativa, no tiene ni siquiera un estudio técnico, no está sustentado en absolutamente nada más que en una imposición”, denunció.

El colectivo llamó a los diputados de Morena a no perpetrar “el fallido modelo de seguridad de los últimos años, miren la evidencia, escuchen a las víctimas y digan no a la Guardia Nacional militarizada”.

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ONU pide no emplear a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad 

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU-DH), llamó a los legisladores a no emplear a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, y adoptar una fórmula que permita su retiro gradual de las tareas de seguridad pública.

A través de una misiva, la ONU-DH expresó a los legisladores su reconocimiento del “importante reto que en materia de seguridad enfrenta el país y que la estrategia iniciada hace más de una década no ha dado los resultados esperados”; sin embargo, el dictamen que podría ser aprobado “consolidaría el paradigma militar” que ha contribuido “al deterioro de la situación de derechos humanos en México”.

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De acuerdo con el organismo, la Guardia Nacional “perjudicaría la posibilidad de dotar a México en el futuro de una corporación civil capaz de ejercer tareas de seguridad pública en estricto apego a los estándares internacionales de derechos humanos”.

La ONU-DH recordó que diversos organismos internacionales de derechos humanos han expresado su preocupación por el empleo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, por lo que llamó al Estado mexicano “a adoptar una fórmula que permita su retiro gradual, ordenado, planificado, medible y verificable de las tareas de seguridad pública, y se garantice el carácter excepcional y temporal de su participación” en esta materia.

También pidió que se asegure la supeditación de las Fuerzas Armadas a la autoridad civil; se fortalezca las capacidades de las corporaciones civiles, y que se incorpore un régimen efectivo de control y rendición de cuentas que inhiba el abuso y la violación a los derechos humanos.

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“La ONU-DH alienta respetuosamente a la Cámara de Diputados a reconsiderar los contenidos del Proyecto de Dictamen y reitera su atento llamado a establecer un espacio real de deliberación, abierto, plural e incluyente que garantice, entre otros, la participación efectiva de víctimas de violaciones a derechos humanos, especialistas, organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos públicos de derechos humanos, organismos internacionales y pueblos indígenas”, señaló.

Hay riesgo de que se vulneren derechos humanos, dice la CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también expresó su preocupación por el dictamen que podría ser aprobado.

“La utilización de las Fuerzas Armadas no es la solución para los problemas de violencia e inseguridad que enfrentamos, tan solo es una parte de la misma”, aseveró en un posicionamiento.

De acuerdo con la CNDH, el replanteamiento de la Guardia Nacional “generaría el riesgo de que se vulneraran derechos humanos, no garantizaría en modo alguno o contribuiría por sí misma de manera sustantiva a que se acabara con la impunidad, debilitaría nuestra institucionalidad civil y democrática, además de contravenir principios, recomendaciones y criterios en materia de derechos humanos”.

El organismo nacional aclaró que no se opone a la participación “temporal y extraordinaria” de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pero “ve con preocupación que el eje de la política de Estado que busca crear condiciones mínimas de seguridad en el país y abatir la violencia, se centre en el replanteamiento de la Guardia Nacional”.

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Además, destacó que la propuesta de Reforma constitucional “tiene múltiples ambigüedades e imprecisiones que podrían derivar en violaciones a los derechos humanos, tales como la potestad genérica que se confiere a la Guardia Nacional para actuar a efecto de “preservar el orden y la paz pública”, que abre la puerta a una utilización discrecional de dicho cuerpo que podría violentar garantías y libertades tan básicas como las de expresión, al disenso y a la protesta”.

La CNDH detalló que tampoco se establece cómo se van a desarrollar las policías civiles, y que la iniciativa es omisa en precisar los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y supervisión externa a los que tendría que estar sujeta la Guardia Nacional en el ejercicio de sus funciones, que “necesariamente tendrían que ser de carácter civil”.

“Asumir la atención de las tareas de seguridad bajo enfoques meramente reactivos, como lo es el replanteamiento de funciones de la Guardia Nacional, ha demostrado su ineficiencia para resolver los problemas de fondo, llegando en algunos casos a propiciar, inclusive, mayor violencia”, aseveró.

Ve Humans Rights estrategia equivocada

La organización Humans Rights Watch (HRW) calificó el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador de “una estrategia equivocada”.

En un comunicado, HRW expresó que “el uso de las Fuerzas Armadas para enfrentar la violencia criminal ha provocado abusos generalizados, incluidas ejecuciones, desapariciones forzadas y torturas, lo cual demuestra por qué no se deben utilizar para tareas de seguridad pública”.

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Para el director para las Américas de organización, José Miguel Vivanco, “al redoblar la apuesta de la estrategia fallida de la militarización de la seguridad pública”, López Obrador “comete un error colosal que podría frustrar cualquier esperanza de poner fin a las atrocidades que tanto sufrimiento han causado en México los últimos años”.

“Instamos a López Obrador a reconsiderar esta política desacertada y potencialmente desastrosa… debería comprometerse a mejorar las fuerzas de policía civil del país, una tarea que, por más compleja que sea, es esencial para terminar de manera sostenible con la violencia y los abusos que han proliferado en México”, concluyó Vivanco.

La organización Amnistía Internacional recordó que, desde 2006, en México ha aumentado el número de soldados y marinos desplegados para tareas de seguridad pública, y a pesar de ello, el 2018 terminará siendo el año más violento de las últimas décadas.

“Las fuerzas armadas no son adecuadas para las funciones policiales, ya que su formación se centra en la eliminación de un enemigo más que en garantizar la protección de la población y el uso de la fuerza como último recurso, como es el caso de las instituciones policiales civiles”, indicó.

Por ello, inició una campaña para hacer llamamientos al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo; el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, y la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Miroslava Carrillo Martínez, para que rechacen la Reforma constitucional que modificaría trece artículos de la Constitución para crear la Guardia Nacional.

En caso de que el proyecto de dictamen sea aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, este pasaría al Senado para su discusión.