Por Mariela Jara
Un
grupo de niñas de la Amazonia de Perú, la región del país con la mayor
tasa de embarazo adolescente, entre las que se encuentran las niñas de
menos de 14 años. América Latina es la segunda región del mundo en
embarazos adolescentes, solo por detrás de África Subsahariana. Crédito:
Mariela Jara/IPS
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Investigaciones y campañas feministas empiezan a poner la mirada sobre
el drama de las niñas latinoamericanas que antes de los 14 años son
forzadas al embarazo y la maternidad producto de violaciones sexuales
que afectan sus proyectos de vida sin que los Estados respondan con
políticas que garanticen sus derechos humanos.
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) se aproximó al problema en 2016 con un estudio en 14 países de la región
que empezó a sacar de la invisibilidad la franja de niñas menores de 14
años que se encontraban en la estadística de los Estados como madres
adolescentes.
Julia Escalante, abogada mexicana y coordinadora regional del Cladem,
recordó a IPS que fue el caso de la niña paraguaya Mainunbuy (nombre
ficticio) el que las motivó a profundizar sobre esta realidad. Ella
quedó embarazada en el 2015 por la violación de su padrastro y fue
forzada a asumir una posterior maternidad al negársele la interrupción
de la gestación.
“La violencia sexual
es el evento traumático más grave para una niña y no nos hacemos cargo
por la conspiración del silencio…Pero la niña es una niña, tiene el
cerebro de sus pocos años , tenía un proyecto de vida que ya no
realizará. Se siente abrumada por las tareas maternales, además de
llevar el hijo del violador, algo que no pidió ni deseó”: Marta Rondón.
Cladem y la organización Equality Now acudieron en mayo de ese año a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que instó al Estado paraguayo
a proteger la vida y todos los derechos de la niña. Pero eso no ocurrió
y desde entonces se repitieron en ese país casos parecidos, el último
en noviembre.
“El caso de Mainunbuy nos llevó a preguntar qué sucede en los otros
países y trabajamos un balance regional. Encontramos ausencia de
políticas de prevención del embarazo y maternidad infantil, y de
protección de los derechos de las niñas”, indicó.
Un estudio publicado este año
por el Fondo de la Población de las Naciones Unidas (UNFPA) refrendó
que esta es la segunda región del mundo, después de África Subsahariana,
con la tasa más alta de embarazo adolescente, con 66,5 nacimientos por
cada mil niñas y adolescentes, frente a una tasa mundial de 46.
Además, de los 7,3 millones de partos de adolescentes menores de 18
años que ocurren cada año en la región, más de dos millones son de niñas
menores de 15 años, y si la tendencia se mantiene esa cifra llegaría a
tres millones en 2030.
El estudio en 14 países de Cladem subraya que en la región los partos de niñas tienen como causa
la violación sexual, porque la legislaciones de sus países fijan que
eso es toda relación carnal con una niña menor de 14 años, la edad hasta
la que rige la llamada indemnidad sexual.
Las organizaciones regionales que defienden los derechos de las mujeres coinciden, además, en considerar un embarazo infantil forzado
cuando una niña de menos de 14 años queda embarazada sin haberlo
buscado o deseado y se le niega, dificulta, demora u obstaculiza la
interrupción del embarazo, si lo desea.
Los datos que obtuvo Cladem sobre partos de niñas menores de 15 años
revelan que en 2015 se registraron 122 en Uruguay, 1.432 en Perú, 1.444
en El Salvador, 1.600 en Nicaragua, 2.787 en Argentina, 6.045 en
Colombia, 10.277 en México, 13.332 en Bolivia y 26.700 en Brasil.
Esta red regional, con presencia en 15 países y su sede central en Lima, mantiene la campaña “Embarazo infantil es tortura”, que ha contribuido a ampliar la preocupación sobre esta realidad en la comunidad internacional.
“Casi
14.000 menores violadas en los últimos 6 años”, dice el cartel de la
izquierda durante una movilización en Lima el Día Internacional de la No
Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre. La
violación sexual es la causa del embarazo infantil y maternidades
forzadas en Perú, como en otros países de América Latina. Crédito:
Mariela Jara/IPS
Escalante pone énfasis en la responsabilidad de los Estados, a los
que llamó a realizar una estadística diferenciada y específica sobre los
embarazos y partos de niñas menores de 14 años.
Perú, expresión de problema regional
Marta Rondón, psiquiatra consultora en el Instituto Nacional Materno
Perinatal de Perú, conoce de cerca la realidad de niñas violadas que
quedan embarazadas y dan a luz contra su voluntad porque el Estado no
les ofrece oportunamente el derecho a interrumpir la gestación para
evitar en su salud un grave daño y permanente.
“La violencia sexual es el evento traumático más grave para una niña y
no nos hacemos cargo por la conspiración del silencio”, expresó a IPS.
A los 11 y 12 años les llevan pañalitos, cochecito, ajuares, les dicen
que tienen un motivo para vivir y las preparan para el amamantamiento,
narró. Profesionales de salud, que son agentes del Estado, hablan de
cómo la naturaleza es sabia y que la pelvis de la niña está preparada
para el parto y de que puede producir leche, acotó.
“Pero la niña es una niña, tiene el cerebro de sus pocos años, tenía un
proyecto de vida que ya no realizará. Se siente abrumada por las tareas
maternales, además de llevar el hijo del violador, algo que no pidió ni
deseó”.
Rondón dijo que el Estado no reconoce el impacto de la violación sexual y
del embarazo en la salud mental de las niñas, que la obligación de
todos los operadores de salud al entrar en contacto con una niña
embarazada es informarles de su derecho al aborto terapéutico para
proteger su salud mental, tal como señala la norma.
“Tenemos que prevenir la violencia sexual en la infancia y cuando ocurre
ofrecer el aborto terapéutico para limitar el daño, y acompañamiento a
quienes deciden continuar con el embarazo para restaurar su salud
mental”, señaló.
También exhortó a tomar medidas de prevención mediante la educación
sexual integral con enfoque de género en los centros educativos desde la
primera infancia, ingresar con esos contenidos a los medios de
comunicación y erradicar prácticas de sexualización de las niñas en
estos espacios.
A la vez, demandó que los Estados eliminen los obstáculos normativos,
legales y culturales que impiden el acceso al aborto a las niñas
embarazadas, y así evitar daños irreparables a su salud física y mental.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha venido
alertando sobre el incesante incremento de la maternidad adolescente en
América Latina y el Caribe.
En su informe de 2014
señaló, además, que 20 por ciento de los embarazos de menores de 18
años correspondía a niñas por debajo de los 15 años, como consecuencia
de una violación.
La colombiana Olga Isaza, representante adjunta de Unicef en Perú,
inició su diálogo con IPS precisando las cifras de la maternidad
infantil en el país, que sirven como ejemplo del fenómeno en la región.
Refirió que entre 2011 y 2017 el estatal Servicio Integral de Salud
atendió 14.325 partos de menores de 15 años. Además, que en el 2015 el
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil inscribió 1.538
recién nacidos de madres de entre 11 y 14 años.
“En 71 por ciento de los casos, los padres de esos recién nacidos
eran mayores de 18 años, lo que confirma el abuso sexual detrás de esos
embarazos”, remarcó.
La tasa anual de embarazo adolescente en Perú es 13 por ciento del
total, porcentaje que sube a 30 en regiones de la Amazonía, como Loreto.
“El grupo de menores de 14 es el que más nos preocupa porque hay una
relación de sometimiento y poder que genera niñas teniendo niños, niñas a
quienes se vulneran sus derechos a estar protegidas contra toda forma
de violencia, a vivir de acuerdo a su edad y desarrollarse”, sostuvo la
funcionaria internacional.
Isaza mencionó cinco recomendaciones de política para asegurar los
derechos de adolescentes y jóvenes presentadas en Perú por las agencias
de Naciones Unidas, lideradas por Unicef y UNFPA, y que sirven a los
demás Estados.
Por ejemplo, el diseño de paquetes integrales para atender las
dimensiones del desarrollo de esta población y accedan a servicios de
salud amigables, en horarios específicos y con personal preparado;
tengan educación pertinente que incluya educación sexual integral, así
como apoyo con esta información a sus propias familias.
“Se trata de que la casa y el colegio sean espacios seguros para cada
niña, niño y adolescente, de que tengan salud, educación, protección
frente a toda forma de violencia, y participación en sus comunidades”,
subrayó.
Añadió que deben priorizarse zonas de mayor riesgo en cada país y
que, para ser eficaces, estas medidas de acción integral desde el Estado
tienen que ser culturalmente adecuadas, lo que incluye personal formado
y capacitado para brindar servicios de calidad, y presupuesto
suficiente a ser ejecutado con eficiencia.
Isaza recordó que 13 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), que conforman la Agenda 2030, están directamente asociados a la
niñez y adolescencia para llegar a ese año con esta generación en
mejores condiciones en salud, educación, justicia, protección, igualdad
de género.
“Y la única manera es hacer de los ODS un compromiso de los Estados y
que ubiquemos en la sociedad el rol que nos toca jugar a cada sector y
cumplirlo, es ponernos de acuerdo en un gran consenso social”, remarcó.
Edición: Estrella Gutiérrez
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