John M. Ackerman
Los salarios estratosféricos
de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y
de los altos ejecutivos del sector privado no tienen justificación
moral, ética o profesional en un país donde por lo menos 53 millones de
personas se encuentran bajo la línea de pobreza y 9 millones sobreviven
en la miseria.
México es un país rico, la decimoquinta economía más grande del
mundo, con un producto interno bruto (PIB) de 1.15 billones de dólares
estadunidenses. Si las ganancias de la economía nacional fueran
repartidas de manera equitativa entre los mexicanos, todos tendrían
ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
El PIB per cápita en México hoy alcanza unos 9 mil dólares, o 180 mil
pesos, anuales. Así que en una situación de reparto estrictamente
equitativo, una familia de cuatro personas recibiría 720 mil pesos al
año, o 65 mil al mes, una cifra que permitiría una vida perfectamente
digna para todos.
¿Por qué entonces no ganan todas las familias mexicanas un ingreso de 65 mil pesos al mes?
En principio, los productos de la economía nacional son resultado del
trabajo de todos. Los corredores de bolsa, los trabajadores de
limpieza, los jueces de distrito, los carpinteros, los pequeños
empresarios, los estudiantes, los profesores, los ejecutivos de empresas
trasnacionales, los taxistas, los plomeros y las amas de casa, todos
contribuimos con nuestro sudor y esfuerzo cotidiano para mantener a
flote la economía nacional.
Lamentablemente, el mercado no valora por igual el trabajo de todos. A
algunas personas se les asigna un salario muy abultado y a otros un
ingreso miserable, aunque ambos laboren exactamente la misma cantidad de
horas. Otras personas, como los estudiantes y las amas de casa, no
reciben absolutamente nada a cambio de su entrega diaria a la causa
social.
En un sistema neoliberal como el que predomina hoy en el mundo, el
mercado no trabaja en función de principios éticos o sociales, sino
estrictamente en favor de la ganancia máxima.
Andrés Manuel López Obrador respeta absolutamente al sector privado y
ha señalado que no implementará ninguna reforma que pudiera implicar
una intromisión en la libertad del mercado. También se ha comprometido a
respetar la independencia del Banco de México y a no elevar los
impuestos.
Sin embargo, el nuevo Presidente ha decidido dar un ejemplo de
justicia salarial dentro del sector público. Los 108 mil pesos que
recibirá para mantener a su familia son mucho más que el estándar
equitativo de 65 mil. Los 43 mil pesos adicionales se justifican, desde
luego, por la importancia de su cargo y por las capacidades especiales
de liderazgo y de honestidad con las que cuenta.
De la misma manera se pueden justificar privilegios salariales para
otras personas. Por ejemplo, quienes cuentan con conocimientos
especializados, trabajan horas extras o necesitan protecciones
especiales en su trabajo, como los doctores, los jueces, los maestros y
los mandos policiacos, merecen, sin duda, un reconocimiento especial por
sus importantes labores en favor de la colectividad.
Pero muy difícilmente se puede justificar un ingreso de casi 7
millones de pesos anuales para el ministro presidente de la SCJN.
Quienes ganan cantidades similares, o mayores, en el sector privado
también se apartan de criterios éticos básicos.
Recordemos que la primera frase del artículo 123 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos señala sin rodeos que
toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útily que el artículo 27 de la misma Carta Magna establece la vocación colectiva y social de la propiedad al señalar que
las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación.
Si los integrantes del Poder Judicial que hoy protestan contra las
medidas de austeridad realmente estuvieran interesados en el
cumplimiento estricto de la Constitución, demostrarían la misma
indignación con respecto al incumplimiento generalizado del artículo 123
para los millones de desempleados del país, así como la inaceptable
brecha salarial que existe tanto en el sector público como en el privado
en México.
La aplicación estricta del artículo 127 de la Constitución, que
determina que ningún funcionario público puede ganar más que el
Presidente de la República, a todos los poderes del Estado mexicano no
implica de ninguna manera una intromisión en la autonomía del Poder
Judicial. Al contrario, el intento de remover el Poder Judicial de la
aplicación de esta norma general, de crear un estado de excepción para
un solo poder, busca colocar a los jueces por encima del Estado de
derecho. Esta defensa de los privilegios de los juzgadores implica una
grave afectación a una sana división de poderes basada en un control y
equilibrio mutuo entre los diferentes órganos del Estado mexicano.
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