Autor:
Francisco Chew Plasencia
La masificación del robo de combustible es una consecuencia directa de la reforma energética y del empobrecimiento de la población. La cifra negra de muertos y heridos por accidentes y enfrentamientos entre las bandas es incalculable. Lo ocurrido en Tlahuelilpan tiene todas las características de atentado y no de un simple robo. Recuperar Pemex y revertir la reforma energética, ineludible.
La tragedia de Tlahuelilpan del pasado 18 de enero ha enlutado al
estado de Hidalgo. Por sus dimensiones, es una de las mayores de las que
se tenga registro en dicha entidad. Esta ocurre en el marco de
estrategia de lucha contra el robo de combustible que ha emprendido el
gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El horror de las cifras habla por sí mismo: 117 muertos hasta el
momento, más de 70 personas heridas debatiéndose entre la vida y la
muerte y alrededor de 50 desaparecidos. La secuencia de los hechos es
relativamente simple: alrededor de las 14 horas se reportó una fuga de
combustible en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en San Primitivo,
en la vía a Teltipán, cercana a la carretera Tlahuelilpan-Tlaxcoapan.
La ruptura del ducto fue obra de un reducido grupo delincuencial, el
cual también incitó a la población a acudir al lugar del siniestro. Se
presume que los autores del atentado contra el ducto forman parte de las
bandas de huachicoleo (robo de combustible) que operan en la
región. Entre 600 y 800 personas que acudieron con cubetas y bidones a
tratar de recoger la gasolina que se estaba derramando de la fuga.
Casi de inmediato personal militar y policías federales se
apersonaron. Advirtieron a la población del peligro, pero se retiraron a
distancia pertinente ante el gran número de personas. Las autoridades
estatales y municipales brillaron por su ausencia a pesar de su
responsabilidad en materia de protección civil y orden público que
tenían en dicho evento.
La composición que se observa de la gente que participaba en la
recolección del combustible era de transportistas, jornaleros, jóvenes,
campesinos, mujeres y niños que, durante horas, iban y venían acarreando
gasolina. A las 19:00 horas ocurrió la tragedia con la explosión e
incendio del ducto.
En los últimos días, a través de redes sociales y de páginas que se caracterizan por difundir noticias falsas (fake news) y hacer guerra sucia, se ha emprendido una campaña para criminalizar a las víctimas y hacer escarnio de la tragedia de forma ruin y cobarde.
Privatización y corrupción: dos caras de la misma moneda
La puesta en marcha de la estrategia de combate al robo de
combustible desarrollada por el gobierno de López Obrador, desde finales
de diciembre, se basó en un diagnóstico con cuatro elementos
principales: 1) Las pérdidas por robo de combustible en Pemex tuvieron
un valor superior a los 66 mil 300 millones de pesos sólo en 2018; 2) el
80 por ciento del robo de combustible se producía dentro de las
instalaciones de Pemex, refinerías y centros de distribución: esto se
hacia abajo la dirección de altos funcionarios de la empresa productiva
del Estado; 3) existía una red de gasolineras y empresas del sector
privado que comercializaban y/o utilizaban dicho producto a nivel
nacional, incurriendo, además, en lavado de dinero, producto de esta actividad; 4) la ordeña
de ductos mediante tomas clandestinas sólo representa alrededor del 20
por ciento del total del robo y, entre otras cosas, ayudaba a ocultar la
sustracción mayor desde dentro del sector público.
Habría que agregar que esta situación es efecto de la reforma
energética realizada durante el sexenio pasado y diseñada para
desmantelar Pemex y entregar la riqueza petrolera al sector privado,
esencialmente a las empresas trasnacionales. Y también, de la reforma
fiscal, diseñada para llenar el agujero que dejó en las finanzas
publicas la reforma energética a partir de la creación y aplicación del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los
combustibles, y que generó un alza constante a partir de 2017 luego de
la liberalización del mercado de la gasolina y el diésel.
La estrategia del nuevo gobierno ha logrado frenar el robo de
combustible de manera importante, combatiendo centralmente la red de
corrupción al interior de Pemex; pero en el caso de la ordeña de ductos
la situación se ha tornado más compleja.
Huachicoleo y comunidad: una relación de explotación capitalista
La ordeña de ductos no es nueva; sin embargo, desde 2017 pasó de ser
una actividad relativamente marginal en la región a expandirse de forma
importante, impulsada por el gasolinazo que, entre otras cosas, implicó
la liberalización del precio y la venta de los combustibles. De
entonces a la fecha los precios aumentaron en 70 por ciento. Lo
anterior propició el establecimiento de un mercado negro que abastecía no sólo pequeños expendios clandestinos, sino principalmente gasolineras y empresas medianas y grandes.
Las bandas dedicadas al robo de combustible requieren de capacidad
técnica y logística sólo posibles con la colaboración de personal de
Pemex. No es para nada sencillo perforar ductos, establecer tomas y
conocer la programación del flujo de diferentes productos energéticos.
Además, en esta actividad no sólo estarían implicados trabajadores
petroleros. Parecería imprescindible la complicidad abierta o
encubierta, a cambio de pago de cuotas y financiamiento de campañas
políticas, de autoridades de los tres órdenes de gobierno y de fuerzas
policiacas y militares que permitieran el desarrollo de dichas
actividades de manera masiva.
Las bandas, por su parte, han reclutado personas de la región como
“empleados” o “comisionistas” de los llamados “dueños de tomas”. Estos
“dueños” instalaron las tomas al apropiarse de las tierras por las que
pasan los ductos. Ante la expansión de la actividad que hizo necesaria
la instalación de infraestructura, comenzaron a requerir mano de obra.
Estos “dueños de tomas” con sus empleados fueron integrados a las
estructuras del crimen organizado que opera en connivencia con la red de
corrupción en el sector público, las empresas y grupos políticos.
El contexto que propició este reclutamiento, esencialmente laboral,
fue el estancamiento económico, las pérdida de empleos productos, la
pauperización de los empleos subsistentes, la descapitalización del
campo y un regreso importante de migrantes de Estados Unidos
(desplazados hacia México por la política xenófoba del gobierno de
Donald Trump). Todo lo anterior generó un grave aumento de la pobreza y
dejo sin alternativas de subsistencia a una parte importante de las
comunidades, particularmente a los jóvenes.
Es de señalarse que la alta volatilidad del combustible y las
condiciones inseguras propias de esta actividad ilegal ocasiona
constantes accidentes en su manejo, lo que ha dejado una cifra negra
(no contabilizada) de personas muertas o quemadas de gravedad en estos
años, que se suman a las victimas producto de las pugnas y ajustes de
cuentas entre facciones de estas bandas, que tan sólo en 2018 dejo más
de 100 muertos.
Política contra el robo de combustible en la región Tula-Tepeji
El combate al robo de combustible ha dejado saldos positivos para las
finanzas públicas y para Pemex: se recuperaron alrededor de 5 mil
millones de pesos sólo durante enero de 2019, al evitar la sustracción
de hidrocarburo que se hacía desde dentro de la paraestatal, donde se
realiza el mayor quebranto. En el caso de Tula, el personal militar tomó
control de la refinería los últimos días de diciembre de 2018, casi a
la par de la de Salamanca Guanajuato.
Sin embargo en lo que respecta al combate a la ordeña en los
ductos, la estrategia de parar el flujo en la red de distribución al
detectarse baja de presión ha ocasionado escasez de combustible en el
bajío (Guanajuato y Querétaro), el occidente (Jalisco y Michoacán) y el
centro del país (Ciudad de México, Estado de México, Puebla e Hidalgo),
regiones donde se han detectado la mayor cantidad de tomas clandestinas.
En el caso de Hidalgo, particular incidencia de ordeña de ductos
ocurre en los municipios de Tula, Tepetitlán, Tezontepec de Aldama,
Tlahuelilpan y Mixquiahuala, entre otros, por su cercanía con la
Refinería Miguel Hidalgo, pero que se extiende a otras regiones como
Ixmiquilpan o Tulancingo por el paso de la red de ductos como el
Tuxpan-Azcapozalco.
La escasez es principalmente de gasolina, y en menor medida de
diésel. Este último por lo general lo ocupa la maquinaria industrial y
agrícola y el transporte pesado de carga y pasajeros. Es de señalarse
que la escasez también se debió en cierta media a causa de la falta de
combustible robado que se vendía a través de gasolineras, o que ocupaban
empresas y expendios clandestinos.
El abasto mediante tanques-cisterna (pipas) ha ayudado a mitigar y a
restablecer el abasto, como en el caso de la Ciudad de México y algunos
otros estados. Pero en el caso del estado de Hidalgo y la región de
Tula, la escasez era grave en la semana del 14 al 20 de enero. En
promedio, en la ciudad de Tula había combustible sólo en tres o cuatro
gasolinerías de las 14 con las que cuenta el municipio. Y en los
municipios más pequeños, como Tlahuelilpan, la escasez era más severa
aún.
Santa Ana: los riesgos de la militarización
La actuación de las fuerzas federales no ha estado exenta de
conflictos. El más grave, antes de la explosión en Tlahuelilpan, había
ocurrido el pasado 13 de enero: al perseguir camionetas con contenedores
utilizados para transporte de huachicol sobre la carretera
Tula-Tepetitlán, éstas ingresaron a la comunidad de Santa Ana Ahuehuepan
y detrás de ellos, los militares. La población civil salió a la calle
por el rumor esparcido de que los militares habían atropellado a una
persona. Y al reunirse un gran número de vecinos en torno a una patrulla
militar, algunos elementos dispararon al piso para intentar alejarlos.
Por el rebote de una bala mataron a una persona delante de su familia,
lo que ocasionó la retención de tres soldados, entre ellos el
responsable de la muerte del joven dedicado a la venta de comida.
La crisis se resolvió mediante el diálogo, con mediación del
Movimiento Social por la Tierra (MST), entre las autoridades del pueblo y
el coordinador de programas de desarrollo federal. Se atendió la
demanda de la comunidad y los deudos de la víctima, que demandaban la
puesta a disposición del elemento responsable de los disparos ante el
ministerio público. Cabe señalar que las autoridades estatales y
municipales de concertación política y de seguridad pública brillaron por su ausencia y omisión, y no sólo en este incidente sino desde el inicio del operativo contra el robo de combustible.
Después de este incidente, los militares salieron de los poblados
donde se habían instalado, pero reforzaron su presencia sobre el ducto y
en las vías de comunicación. El incidente mostró las limitaciones y los
riesgos de la inclusión de los militares en tareas policiacas, sobre
todo en las que implican contacto e interacción con la población civil,
dado que la formación militar por naturaleza es para la utilización de
la fuerza letal y no para la contención, conminación o detención de
personas. Lo anterior también muestra los riesgos de la Guardia Nacional
que está en proceso de conformación legal y operacional bajo mando
militar.
Tlahuelilpan: ¿huachicoleo o sabotaje?
La tragedia de Tlahuelilpan ha suscitado muchas reacciones, desde la
solidaridad humana ante el horror y el dolor, hasta la criminalización,
la burla y el odio contra las víctimas (esto último sobre todo en redes
sociales y páginas que en buena medida difunden y articulan noticias
falsas con intensiones aún no claras). ¿Pero qué fue lo que pasó?
Quien conoce la actividad de la ordeña de ductos y su logística sabe que su modus operandi es más o menos el siguiente:
Existe un área donde están establecidas las tomas clandestinas. La
toma consiste en una o varias conexiones con válvula en el ducto y un
sistema de mangueras con las que, a la hora que tienen el aviso desde la
red de corrupción dentro de Pemex del transito y las características
del combustible, cargan contenedores y/o pipas.
Para ello, llega un conjunto de individuos que abre la válvula y
controla el flujo hacia los vehículos para llenar los tanques y
contenedores que están ahí para tal efecto. Previamente, otro grupo de
personas armadas y vigilantes (halcones) establece un perímetro
alrededor de la toma y la ruta de trasiego para evitar que la población
o los cuerpos de seguridad se acerquen mientras se realiza la
sustracción, hasta que esta es llevada a su destino, sean centros de
almacenamiento, empresas, gasolinerías o expendios clandestinos.
En este proceso no hay fugas o derramas, salvo que se presente algún
accidente o enfrentamiento con grupos antagónicos o cuerpos de
seguridad.
En Tlahuelilpan lo que ocurrió fue una cuestión diferente, un acto de
sabotaje. Una célula del crimen organizado rompió el ducto donde antes
existía una toma presumiblemente de un grupo rival, ocasionando una
derrama de gasolina, e incitó a la población de San Primitivo y a la que
transitaba sobre la carretera a Teltipan y Tlaxcoapan a que
recolectaran la gasolina que se derramaba en una zanja sobre la ruptura
del ducto. Esto también lo promovieron en redes sociales. Este tipo de
acciones no son nuevas y las hemos visto en circunstancias similares en
la zona de Palmar de Bravo o Texmelucan, Puebla, y recientemente en
Acambay, Estado de México.
La gente llegó en su mayoría motivada por la escasez de combustible
luego de 2 semanas, en una región donde estaban impactadas las
actividades económicas locales. Y ante la posibilidad aliviar la falta
de gasolina, o de venderla para tener un ingreso adicional por su alto
costo y escasez, y dada la pobreza de una parte importante de la
población, acudieron al lugar. La cantidad de personas osciló entre las
600 y 800 personas.
Las bandas de huachicoleo con esta acción perseguían dos
cosas: 1) Cubrir la apertura de sus tomas evitando la detección de éstas
por el mecanismo de detección de la baja de presión en el ducto, para
atribuirla a la derrama de Tlahuelilpan, y 2) distraer y propiciar el
retiro del Ejército del cuidado del ducto en otras áreas de ordeña,
buscando que la situación generará confrontación con la población civil.
La actuación de las fuerzas federales consistió en hacer acto de
presencia en número reducido para conminar a la población a retirarse
dado el riesgo, pero no hicieron más ante la posibilidad de un
enfrentamiento con alto costo social, y tampoco desplazaron las unidades
que cuidaban el ducto más adelante, por lo que la intención de quienes
lo sabotearon fracasó. Esto a pesar de que ampliaron el boquete para
aumentar la derrama que duró más de 5 horas.
Es temeraria la afirmación de que las víctimas de la explosión eran huachicoleros,
y peor aún, que se merecían lo que les ocurrió. Y en el colmo de la
insensibilidad, negar la tragedia. Las personas afectadas casi en su
totalidad no se dedican a la actividad de robo de combustible, no forman
parte de esas bandas, ni se benefician de este ilícito; sólo era
población civil motivada por las razones que señalamos con anterioridad.
Decir que de todos modos estaban robando y por eso eran delincuentes,
también es una afirmación inexacta si consideramos que la gasolina
estaba derramándose, contaminando el suelo y que era irrecuperable y,
sobre todo, tal derrama no había sido ocasionada por quienes estaban
recolectando. El propio código penal contempla esta circunstancia, o el
estado de necesidad, como una atenuante o causa excluyente del delito
(si lo queremos ver técnicamente); por lo que es ridícula la petición de
castigar a los sobrevivientes con cárcel.
Lo que es una realidad es que es un acto imprudente e indebido de
quienes acudieron y expusieron su vida. Se trata de hombres, jóvenes,
mujeres y niños pobres en su mayoría. Es falso que los familiares le
soliciten al gobierno indemnizaciones, como se ha difundido.
Esto no exime de responsabilidad a las autoridades estatales y
municipales y en parte también a las federales, en materia de protección
civil y cuidado del orden público, cuyas acciones hubiesen ayudado a
evitar la tragedia o, por lo menos, a limitar el alcance de la misma.
Las derramas y accidentes en ductos han generado graves daños
ambientales al suelo y a la atmósfera en los últimos años y este caso no
es excepción, cuestión de la que Pemex ha tratado de evadir su
responsabilidad legal y social mediante argucias administrativas y
legales desde hace tiempo.
Esta tragedia ha puesto de relieve algunos hechos importantes: la
dificultad y complejidad de la lucha contra el robo de combustible; la
necesidad de normalizar el abasto para el éxito de la estrategia; la
responsabilidad del crimen organizado que busca poner en medio a la
población para amortiguar o neutralizar las acciones en su contra; la
limitación de las fuerzas militares en tareas policiales; la omisión y
complicidad de ciertas autoridades locales (estatales y municipales) en
materia de protección civil y seguridad pública; ciertas limitaciones de
Pemex y las fuerzas federales para la prevención, y la necesidad de la
atención de los problemas sociales, económicos y ambientales que afectan
a las comunidades y municipios de la región y que están en el olvido.
El linchamiento en redes sociales busca criminalizar y minimizar la
tragedia; se vale de imágenes, videos y argumentos falsos, sesgados o
fuera de contexto, muy parecidos a los usados para criminalizar a la
caravana migrante, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y
a las organizaciones campesinas que cercaron el Congreso (a las que se
les quiso vincular con Antorcha Campesina y el Partido Revolucionario
Institucional, PRI). Quienes participan en estos linchamientos esgrimen
valores neoliberales. Buscan romper los lazos de solidaridad natural del
pueblo de México con las víctimas. En mucho parecen un experimento de
agencias especializadas de contrainformación con fines no claros,
similares en su acción a la campaña impulsada por Bolsonaro contra la
izquierda en las pasadas elecciones en Brasil o la campaña contra la
Revolución Bolivariana en Venezuela.
Acciones necesarias para la el desarrollo y la soberanía nacional
El combate al robo del combustible como parte de la erradicación de
la corrupción es importante para la recuperación de la capacidad
productiva de Pemex, que ha sido desmantelada por los gobiernos
neoliberales para entregar la riqueza petrolera a empresas extranjeras.
Su desmantelamiento incluyó el beneficio, vía el robo, para la red de
corrupción de alto nivel de la burocracia de la empresa productiva del
Estado, una parte del sector empresarial, camarillas políticas y el
crimen organizado.
Sólo con una empresa energética sana, y operando a toda su capacidad,
es posible fortalecer las finanzas públicas e impulsar el relanzamiento
de las actividades productivas de país, por lo que la estrategia de
combate anunciada por López Obrador es necesaria y ha contado con amplio
apoyo popular a pesar los problemas de desabasto.
Sin embargo, no es suficiente esta medida. También es necesario en el
mediano plazo revertir la reforma energética para recuperar la
soberanía nacional, es decir, la parte del patrimonio público cedido a
las empresas petroleras trasnacionales mediante licitaciones y
asignación de concesiones estos años, y recuperar la rectoría del Estado
para frenar no sólo el despojo en sector publico sino también en el
sector social, sobre todo en el campo.
Para ello se tiene que derogar la reforma constitucional entreguista,
la ley de hidrocarburos y otras que emanaron de esta reforma impuestas
mediante el acuerdo antinacional llamado Pacto por México, que impulsó
el gobierno de Enrique Peña Nieto con la complicidad de toda la clase
política.
También es necesario relanzar la inversión y expansión de Pemex y,
dentro de los planes, contemplar la construcción de la Refinería
Bicentenario en Tula, que tendrá un impacto económico positivo para el
país y desde luego para la región y el estado.
Es importante destacar que cuando se puso en marcha la última
ofensiva para privatizar Pemex, mediante la reforma energética en 2013,
nuestra región, este pueblo noble que hoy algunos criminalizan, y
particularmente las comunidades que hoy conforman el MST, fueron la
vanguardia de uno de los principales focos de lucha y resistencia en
regiones petroleras del país en aquel momento.
La jornada desarrollada implicó un fuerte proceso asambleario y
organizacional regional para la resistencia: la movilización de
aproximadamente 10 mil personas el 3 de Septiembre de 2013 de Tula a la
refinería Miguel Hidalgo; la participación en dos movilizaciones
nacionales en el Zócalo con nuestro actual presidente Andrés Manuel
López Obrador; el cerco al senado y a la cámara de diputados; la
concentración masiva de rechazo en Tula el 12 de diciembre; el cerco el
día 13 de ese mismo mes al Congreso del Estado de Hidalgo, y una amplia
campaña de recolección de firmas durante el primer semestre de 2014
para, mediante la consulta popular, intentar revertirla. Desde luego,
también debemos mencionar la jornada de lucha impulsada contra el
gasolinazo en enero y febrero de 2017, donde miles de personas salimos
de manera pacífica a demandar el fin de esta medida producto de la
reforma energética y fiscal.
Francisco Chew Plasencia*
*Dirigente del Movimiento Social por la Tierra (MST)
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