Fiscales en EU piden al juez la designación
de caso complejo
El juzgado décimo de distrito en materia administrativa,
con sede en la Ciudad de México, negó la protección de la justicia
federal a los representantes de la empresa ICIT Private Security México,
y a Jonathan Alexis Weinsberg Pinto, vinculados con el ex secretario de
Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, luego de que la Secretaría
de Hacienda les congeló cuentas e inversiones financieras como parte de
la investigación que se inició contra el ex funcionario mexicano
detenido en Estados Unidos por presuntamente haber recibido sobornos de
grupos delictivos.
Además, los fiscales y la defensa de García Luna solicitaron al juez
Brian M. Cogan, encargado del juicio, que considere y declare el caso
como complejo debido a que el gobierno considera que cuenta con un
expediente voluminoso relacionado con la conducta del acusado, quien
laboró durante casi dos décadas en la élite del gobierno mexicano.
Ni a la hermana
En tanto, en los juzgados mexicanos también negaron la
suspensión provisional solicitada contra el congelamiento de cuentas que
presentó Esperanza García Luna, hermana del ex funcionario.
Información de funcionarios del Poder Judicial, señala que en los
tres casos el juzgador mantendrá vigente la clausura de las cuentas
debido a que se trata de una investigación de carácter transnacional en
la cual autoridades de Estados Unidos tienen interés y hay acuerdos
binacionales en los que se sustenta la decisión.
En un recurso de amparo presentado el pasado 2 de enero, Esperanza
García Luna solicitó la protección de la justicia federal mediante una
suspensión provisional, pero deberá esperar el resultado de la audiencia
constitucional que se realizará el 2 de marzo para conocer si le
conceden el amparo.
Respecto de la empresa ICIT, la compañía propiedad de la familia
Weinsberg, dueños de la residencia que ocupaban Genaro García Luna y su
familia en Miami, fueron beneficiarios de contratos durante la gestión
del ex funcionario, ya que además dan servicios relacionados con
programas de cómputo para espionaje, también recibieron contratos
relacionados con la venta de equipo y tecnología empleada por los
elementos de la Policía Federal.
De acuerdo con los registros judiciales, tanto ICIT como Jonathan
Alexis Weinsberg Pinto presentaron su solicitud de amparo a la ley el
pasado 15 de marzo y ayer les fue notificada la negativa de suspensión
provisional para que la UIF descongele sus cuentas, y las audiencias
constitucionales se realizarán los días 2 y 6 de marzo.
Los aseguramientos financieros en territorio nacional están
relacionados con la investigación que inició la Fiscalía General de la
República (FGR) de manera paralela a la estadunidense por la presunta
comisión de delitos por parte de García Luna, y se ordenó la clausura de
cuentas a personas cercanas al ex secretario, porque presuntamente se
ha descubierto que diversas dependencias habrían desviado recursos
públicos y realizaron contratos de bienes y servicios de manera ilegal
cuando García Luna se desempeñó como alto funcionario público; y parte
de esos recursos habrían llegado a familiares de él y a empresarios
beneficiados en su gestión.
Más descubrimientos
En un oficio enviado por el fiscal Richard Donoghue, se refiere que las autoridades han hecho
descubrimientosque van más allá de señalamientos descriptivos y por ello piden al juez Cogan que considere aceptar la moción planteada en la audiencia del próximo martes en la corte de Brooklyn, Nueva York.
García Luna fue detenido en diciembre en Texas y fue puesto a
disposición del juez Cogan, el mismo que llevó el proceso penal contra
Joaquín El Chapo Guzmán Loera, ex líder del cártel de Sinaloa, quien fue condenado a cadena perpetua.
En el escrito entregado por el fiscal Donoghue se refiere que en el
expediente acusatorio su contenido no está limitado a la obtención de
grabaciones sino que cuenta con pruebas y evidencias obtenidas de otras
naciones en las que se le menciona y que fueron proporcionadas con base
en tratados y acuerdos de intercambio de información.
Se hace referencia a que tanto los fiscales estadunidenses como la
defensa solicitan al juez que considere el caso como un asunto complejo y
reconsidere que se trata de un asunto en el que se debe analizar los
señalamientos en la óptica de la justicia criminal y por ello también
solicitaron que durante la audiencia del próximo martes se autorice que
la siguiente comparecencia se lleve en un plazo de al menos 60 días
El escrito lo dio a conocer una dependencia de Estados Unidos y se
entregó un día después de que su fiscal general de Justicia, William
Barr, visitó México y se entrevistó con el gabinete de seguridad,
particularmente con su homologo Alejandro Gertz Manero.
Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
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