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4/30/2019

Halla la Auditoría Superior local más de 800 anomalías en la cuenta pública 2017

Hoy entrega informe al Congreso

El documento incluye 127 trabajos de fiscalización; emite 856 recomendaciones; las secretarías recibieron el mayor número: 313

 Vista nocturna del parque La Mexicana, en Santa Fe,
 el cual se erigió sin contar con la manifestación de construcción correspondiente.
La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) detectó más de 800 irregularidades en el ejercicio de la cuenta pública 2017, como falta de cheques de ayuda para renta a los damnificados del sismo de septiembre de 2017 y que el parque La Mexicana se realizó sin contar con la manifestación de construcción correspondiente.
En el segundo informe parcial de fiscalización superior de la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2017, que hoy se entregará al Congreso local, se establece que en el Instituto de Vivienda no se registraron las pólizas de al menos 11 cheques e incluso en seis casos no se encontró copia de la identificación oficial de los beneficiarios.
Además, no se fijaron requisitos para la entrega de esos apoyos, se identificaron 22 casos en los que los domicilios registrados en los formatos emitidos por las autoridades no coincidían con la dirección asentada en los comprobantes o identificaciones de quienes presuntamente recibieron esa ayuda.
En el caso del parque La Mexicana, la Auditoria Superior señala que la Secretaría de Desarrollo Urbano u Vivienda (Seduvi) incumplió la norma al presentar y registrar un aviso de realización de obras que no requieren manifestación o licencia de construcción especial, sin tener atribuciones para ello.
La falta de esa manifestación de construcción derivó en que el particular encargado de la obra no cubriera el pago de 7 millones 645 mil pesos por derechos y aprovechamientos, entre otras irregularidades cometidas por la Seduvi.
El informe incluye 127 auditorías a dependencias, órganos político administrativos, desconcentrados, entidades, Legislativo, Judicial y autónomos que dieron como resultado 856 recomendaciones, de las cuales 521 son por incumplimiento de disposiciones legales, 203 con debilidades de control interno y 64 por incumplir la norma interna de los entes auditados.
Las secretarías fueron las que más recomendaciones recibieron, con 313, seguidas de las entidades paraestatales, con 219, y las delegaciones (hoy demarcaciones territoriales), con 164.
La Secretaría de Obras y Servicios es una de las dependencias con más recomendaciones, toda vez que la Auditoría Superior encontró que en el caso del Tren Interurbano México-Toluca duplicó la autorización de un pago por 5 millones 21 mil pesos por la construcción de las pilas de cimentación del viaducto elevado, además de que pagó por 77 conceptos de obra no previstos en el contrato.
En el caso de la ampliación de la línea 12 del Metro de Mixcoac a Observatorio, la dependencia también realizó pagos por trabajos no previstos en el contrato y no aplicó multas económicas por deficiencias en la supervisión de la obra civil.
Asimismo, la secretaría inició los trabajos del Museo Interactivo del Niño en Iztapalapa (los cuales ya fueron cancelados por la actual administración) y el Hospital General de Cuajimalpa (actualmente detenidos) sin contar con el proyecto ejecutivo de dichas obras. Además, en el primer caso, erogó más de 17 millones de pesos por trabajos no incluidos en el contrato y excavaciones, entre otros conceptos.
De igual manera, no reclamó el pago de multas por retrasos o deficiencias en la construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes, la remodelación del Zócalo y la modernización de la Planta de Asfalto, entre otras irregularidades.
Otras deficiencias encontradas por la Auditoría Superior son: que la de-saparecida Agencia de Gestión Urbana construyó el parque lineal Viaducto sin contar con estudios de factibilidad y que la Secretaría de Desarrollo Económico no devolvió 7 millones 700 mil pesos que no ejerció.
Foto Roberto García Ortiz
Alejandro Cruz Flores
Periódico La Jornada
Martes 30 de abril de 2019, p. 28

2/24/2019

Irregularidades en el Senado ascienden a más de 1 mil millones: ASF

Más del 22 por ciento del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores –más 1 mil 27 millones de pesos– fueron ejercidos de manera irregular durante 2017. Falta de transparencia, pago de trabajo no realizado, sobreprecio de bienes adquiridos y cancelaciones no reintegradas a la Tesorería de la Federación, documenta la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su tercera entrega de los resultados de la fiscalización de 2017.


Poco menos del 99 por ciento de este monto, 1 mil 14 millones 89 mil pesos, corresponde a gastos no transparentados; es decir, erogaciones de las que no se pudo comprobar cuál fue el destino final de los recursos, ya que “sólo se proporcionó el auxiliar contable de los importes y descripción de los recursos que fueron transferidos a los Grupos Parlamentarios y Senadores sin Grupo”, se detalla en el Informe de resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2017.
Dado que se trata de dinero público destinado al Senado únicamente para realizar trabajos legislativos, la ASF recomendó agilizar las acciones necesarias para transparentar el ejercicio de este dinero.

Una cuenta con “presupuesto” vencido

Al ser cuestionada por la ASF sobre la existencia de la cuenta “3252”, la Cámara de Senadores explicó que correspondía a las “omisiones e inexactitudes en los registros contables”, tales como cancelación de seguros, ajustes en redondeo de gastos, cancelación de pasivos y registro de ingresos, referentes a años anteriores.
Este dinero, sin más trámite, pasó a formar parte del presupuesto ampliado del Senado para 2017. Esta acción –que involucró nada menos que 10 millones 294 mil 100 pesos– fue completamente irregular ya que los recursos que generaron dichas cancelaciones debieron reintegrarse a la Tesorería de Federación “por corresponder a ejercicios de años anteriores y cuyo presupuesto de egresos ya no estaba vigente”.
Por este motivo la ASF emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores investigue e inicie el procedimiento administrativo correspondiente contra los funcionarios responsables.

Por precios duplicados, 2 millones de más

Algunas empresas contratadas por el Senado añadieron más del 50 por ciento al valor de los productos, según evidencia el informe citado anteriormente. Sólo en 2017, la cámara alta del Poder Legislativo pagó bienes con 2 millones 396 mil 100 pesos de sobreprecio.
Del total de este recargo, casi el 90 por ciento –2 millones 133 mil 200 pesos– tiene su origen en una “confabulación” entre dos empresas para lograr la adjudicación de un contrato mediante el que se adquirieron 165 tabletas electrónicas para los escaños del Salón de Sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente.
La ASF descubrió que durante 2017 existió un “convenio de intercambio de bienes” entre ambas empresas para lograr beneficiarse de los contratos con el Senado. Mientras una se encargaba de adquirir las tabletas la otra se encargaba de desarrollar un software. Dado que ambas participaron en el mismo proceso de adjudicación, incurrieron en un arreglo prohibido por la normativa.
Incluso, el proveedor que resultó adjudicado vendió en 4 millones 185 mil 300 pesos los bienes que obtuvo de la otra empresa por un valor de 2 millones 52 mil 100 pesos. Es decir, la Cámara de Senadores pagó más del doble al tener que cubrir la diferencia de 2 millones 133 mil 200 pesos.
El resto del sobreprecio registrado fue descubierto a partir de dos visitas realizadas por la ASF a dos empresas comercializadoras. Éstas compraron bienes por 229 mil 600 pesos y 21 mil pesos, mismos que posteriormente vendieron a la Cámara de Senadores en 453 mil 500 pesos y 60 mil pesos, respectivamente: entre ambas aumentaron el precio de los productos en 51. 2 por ciento, cobrando 262 mil 900 pesos de más.
La responsabilidad no corresponde únicamente a las empresas. De hecho, las sanciones deben aplicarse sobre aquellos funcionarios que participaron en la adjudicación y permitieron tan evidente sobreprecio, mismo que representa un perjuicio a la Hacienda Pública Federal.
Al respecto la ASF también emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que se investigue y se proceda tal como lo ameriten las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión “llevaron a cabo los procedimientos de adjudicación para la adquisición de diversos bienes sin buscar las mejores condiciones para el Estado”.

Les pagan pero no trabajan

El último monto usado sin apego a la normatividad suma un total de 707 mil 700 pesos. Aunque del total de irregularidades apenas representa el 0.07 por ciento, se destaca por estar relacionado con pagos de apoyo “en labores legislativas” durante sesiones que no se llevaron a cabo o a senadoras y senadores que no asistieron.
En este sentido, la ASF recomienda que se fortalezcan los mecanismos de supervisión para que este apoyo se entregue con base en los días en los que realmente los legisladores van a las sesiones.
Además, los pagos improcedentes deberán ser recuperados y reintegrados a la Tesorería de la Federación. De esta manera los recursos pueden ser usados, por ejemplo, para pagar a funcionarios que sí realizan sus tareas asignadas.
Marcial Yangali

9/20/2018

La Estafa Maestra: Auditoría prepara 5 denuncias contra Sedatu por presunto desvío de 1,500 mdp


En un punto de acuerdo, senadores de Morena pidieron a la PGR informe sobre el estado de las denuncias por La Estafa Maestra.
desvío Sedesol
Rosario Robles, extitular de la Sedesol y actual titular de la Sedatu. Cuartoscuro

3/14/2018

En esta semana habrá nuevo auditor: diputado; legisladores deben explicar selección de terna: ONG’s

Organizaciones piden que los legisladores expliquen y justifiquen la selección de Salim Arturo Orci Magaña, David Colmenares Páramo y Ángel Trinidad Zaldívar como los mejores candidatos.


Este miércoles se reúne la Junta de Coordinación Política (Jucopo) -conformada por los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios- con el fin de determinar el método de votación para elegir al nuevo auditor superior de la federación este jueves, anticipó Édgar Romo, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

“La intención es que exista en las próximas horas un Auditor Superior de la Federación designado por la Cámara de Diputados”, dijo el diputado del PRI.
En entrevista para #AristeguiEnvivo, informó que para decidir quién de los tres candidatos quedará al frente de la Auditoría Superior de la Federación, se requiere que dos terceras partes estén presentes en la sesión.
Señaló que en caso de que no exista un acuerdo entre los diferentes grupos parlamentarios sería necesario voltear a ver al universo de aspirantes para elegir otra terna o realizar una nueva convocatoria, lo cual atentaría contra los derechos de quienes participaron en el primer concurso.
“Creo que lo mejor es ver el asunto sin intereses electorales y partidistas, sino simplemente ver las capacidades de las personas, los tres tienen probada capacidad en materia de fiscalización, han desempeñado cargos en organismos autónomos en beneficio de la fiscalización de las cuentas y la contabilidad gubernamental“, indicó.
Por su parte, organizaciones sociales encabezadas por México Evalúa pidieron que los legisladores expliquen y justifiquen la selección de Salim Arturo Orci Magaña, David Colmenares Páramo y Ángel Trinidad Zaldívar como los mejores candidatos.
“El dictamen publicado se limita a describir el procedimiento de integración de la terna, sin los argumentos que sustentan las propuestas”, sostuvieron las ONG’s. 
En un comunicado recordaron que el 16 de noviembre del año pasado, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación inició el proceso de designación del próximo titular del órgano de fiscalización federal para el ejercicio 2018-2025.
“Desde la publicación de la convocatoria, académicos, organizaciones sociales y medios de comunicación solicitamos a la Comisión responsable que una vez  concluido el proceso de verificación y de entrevistas, se hicieran públicos los criterios de evaluación así como la justificación sobre la idoneidad de los integrantes de la terna que habría de ser sometida a votación por el pleno de la Cámara de diputados para finalmente elegir al auditor superior”, apuntaron.
Sin embargo, añadieron, los integrantes de la comisión responsable han sido omisos y “al día de hoy no tenemos información que permita  conocer, analizar y entender el razonamiento que siguió cada grupo parlamentario para evaluar y definir la terna“. 
Advirtieron que “sin una auditoría autónoma, sin una auditoría que sirva, se seguirá abriendo la puerta a la corrupción y la impunidad que tanto lastiman a los mexicanos”.
“Reiteramos nuestra exigencia a que los legisladores ejerzan su responsabilidad constitucional con transparencia, claridad, profesionalismo y pertinencia en un nombramiento fundamental para el rumbo democrático de nuestro país como lo es el Auditor Superior de la Federación”, agregó la organización. 

7/02/2017

Presentó 799 denuncias penales entre 2009 y 2015; pronto responderá PGR


Periódico La Jornada

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) acumuló 799 denuncias penales (de hechos) entre 2009 y 2015, y se encuentra en proceso de presentar nuevas querellas sobre las cuentas públicas 2013, 2014 y 2015. Tenemos el ofrecimiento de que en breve empezaremos a tener resultados por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), informó el auditor Juan Manuel Portal.

Al concluir la primera entrega de Informes individuales de la Cuenta Pública 2016 ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Portal respondió a las preguntas de los reporteros.
Acerca del estado en que se encuentran los procedimientos por actos fuera de la ley, refirió: “Les voy a poner un ejemplo. Recuerden el caso Provida, lo denunciamos por ahí de 2005-2006 y apenas el año anterior fue consignado; entonces se puede llevar años. Lo que hemos observado en la práctica es que la PGR requiere recursos, no son suficientes las agencias del Ministerio Público con las que cuenta. Me dicen en la PGR que el número de expedientes en proceso es de cien mil.
Nosotros presentamos 500 en los últimos tres o cuatro años. Nuestros expedientes no son prioritarios, o sea, deben seguir un curso, habrá algunos casos que por la presión mediática, la opinión pública o por el riesgo, o el tamaño, hay que darle cierta preferencia, no a todos.
El funcionario explicó que los plazos para resolver las denuncias de hechos se pueden acortar con un mayor número de agentes del Ministerio Público. Cuando exista la fiscalía anticorrupción, de ese montón de 100 mil expedientes y, a partir de las nuevas presentaciones de denuncias, se van a separar en una fiscalía especial de delitos de corrupción.

ASF: "anomalías" en el uso de $25 mil 894 millones


Entrega informe parcial de la Cuenta Pública 2016 a la Cámara de Diputados
Reporta la ASF observaciones a gastos por $25,894.7 millones

"Tenemos definido el rumbo para generar las condicones de paz": Vidal Soberón

Los diputados Sharon Cuenca (PVEM) y Luis Maldonado Venegas (PRD), con Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación, en la entrega del reporte parcial sobre la Cuenta Pública 2016

Periódico La Jornada

Este viernes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó a la Cámara de Diputados su primer informe parcial correspondiente a la cuenta pública 2016 –primera vez que ocurre tras los cambios legales–, en el que incluye el resultado de 502 auditorías de las mil 836 que tiene programadas.

En el reporte incluye, en su mayoría, la verificación de los programas federalizados operados por los gobiernos estatales, sobre los cuales hizo observaciones al ejercicio del gasto de 25 mil 894.7 millones de pesos.

De acuerdo con el documento, derivado de la fiscalización en 367 auditorías realizadas a gobiernos estatales y municipales, 19 mil 504 millones de pesos correspondieron a observaciones de "recuperaciones determinadas" –desviación de recursos, transferencias de partidas irregulares o ejercicio del gasto ajenos a los objetivos del programa en cuestión–, y 6 mil 30 millones de pesos correspondientes a subejercicios de los gobiernos fiscalizados.

En su discurso, durante la entrega del informe, el auditor Juan Manuel Portal reconoció que existen percepciones de que las irregularidades reportadas son recurrentes, lo cual no obedece, dijo, a una deficiencia en la rigurosidad de la fiscalización del gasto. Se trata de la "existencia de problemas estructurales en distintas instituciones y en diversos renglones del gasto que han sido señalados por el organismo y deben asumir en ese carácter estructural".

Portal definió este nuevo esquema de revisión de las cuentas públicas como un "parteaguas de la fiscalización", si bien reconoció que aún existen visiones que estiman que la revisión del gasto de la ASF ha sido ineficiente para frenar las irregularidades. Sin embargo, señaló que la confianza en el órgano por parte del Congreso y la adecuación del marco legal permitirá fortalecer paulatinamente su desempeño.

En el documento entregado se da cuenta de que de las 2 mil 833 observaciones que se desprendieron de las 367 auditorías vinculadas a programas asociados al gasto federalizado, mil 411 se solventaron a lo largo del proceso de fiscalización. En tanto que mil 422 acciones quedaron pendientes de solventar, por lo que comenzarán a correr los plazos correspondientes de los entes ejecutores para que acrediten el correcto ejercicio del recurso otorgado.

Al desglosar las consecuencias de estas observaciones, la ASF reportó que se desprendieron mil 471 acciones de seguimiento, de las cuales 473 fueron recomendaciones; 29 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 443 promociones de responsabilidad administrativa sancionatorios, y 526 pliegos de observación por posible daño patrimonial al erario.

En su intervención, Portal explicó que como resultado de estas primeras acciones de fiscalización a la Cuenta Pública 2016, se iniciaron las recuperaciones que ascienden a mil 642 millones en esta primera entrega, pero esa cifra se incrementará conforme vayan concluyendo el resto de las mil 836 auditorías programadas.

Más adelante señaló que este año la ASF ha promovido acuerdos tanto con la Procuraduría General de la República (PGR) como con el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, cuya finalidad es la revisión de los alcances de las acciones legales que se desprenden de la fiscalización. En el caso de la SNA, dijo que planteó una propuesta para que se revisen las necesidades que tienen las agencias del Ministerio Público dedicadas a ese ramo.

"No hay que descartar que, en gran medida, la brecha entre la procuración de justicia y las expectativas ciudadanas se explica por la falta de recursos humanos, financieros y materiales que enfrentan las instituciones responsables".

3/09/2017

La “lista negra” de la ASF en la Cuenta Pública 2015


Diversas dependencias tanto locales como federales son relacionadas con presuntas irregularidades

Entre las dependencias federales, estados, organismos autónomos, fondos, programas y poderes de la Unión que reciben recursos públicos, Chiapas, Veracruz, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Hidalgo, la Ciudad de México, Conagua, las secretarías de Economía, Agricultura y Educación, la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Cámara de Diputados y el Senado ocupan los primeros lugares de observaciones y de presuntas irregularidades, de acuerdo con la Cuenta Pública 2015.

En una revisión a esta última cuenta, elaborada por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), se constata que hay al menos una decena de temas y programas a los que los auditores pusieron lupa y especial énfasis.
Las principales observaciones están en infraestructura y obra pública, el seguro popular, subsidios federales, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Ramo 23, las subvenciones que se reparten en la Cámara de Diputados y en el Senado, los estados más observados y con más subejercicio y las auditorías forenses hechas a universidades y en programas de Sedesol y Sagarpa.
Obra pública
En este rubro, el de la infraestructura y obra pública, uno de los programas auditados fue el avance en la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se determinaron problemáticas en áreas como el nivel salarial en la gerencia de proyecto; en el costo de proyecto ejecutivo del edificio terminal; pagos por ajuste de costos; pagos por duplicidad de conceptos; comprobación de recursos, entre otros.
“Resulta relevante mencionar que la ASF participará como observador durante los procesos de ejecución de los trabajos referentes al sistema de precarga e instrumentación de las pistas 2 y 3; la fabricación y colocación de los pilotes de la torre de control, del edificio terminal y del centro de transporte terrestre intermodal y la construcción de la losa de cimentación del edificio terminal”, anunció la ASF.
Otra obra de retrasado considerable es la construcción del Túnel Emisor Oriente, localizado en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y que está dentro de la Cuenca del Valle de México.


Esta construcción comenzó en agosto de 2008 y debió concluirse a mediados de 2012; sin embargo, hasta diciembre de 2016 el avance era menor al 70 por ciento y se prevé concluir la obra en agosto de 2018.
Un caso similar es el proyecto carretero Acayucan-La Ventosa, con una longitud de 182 km entre los estados de Veracruz y Oaxaca. Esta obra inició en 2006; a diciembre de 2016 se tenía un avance de 80 por ciento y se proyecta que finalice en 2017. El atraso está relacionado con la falta de liberación de derecho de paso por conflictos sociales.
Otro proyecto cuestionado es el de la rehabilitación de las plantas de urea, ácido nítrico y, nitrato de amonio de Agronitrogenados, en Pajaritos, Veracruz. Inicialmente, este proyecto del sector energía, estimó un costo por 195 millones de dólares y su conclusión para su puesta en operación en abril de 2016; no obstante, al momento de la fiscalización de dicha obra se observó que este costo se había duplicado a 443 millones de dólares, mientras que el periodo de ejecución se modificó hasta marzo de 2017. En noviembre de 2016, la obra tenía un avance del 60 por ciento.
Entidades y programas bajo lupa
En esta lista negra también destacan algunos estados del país que han sido observados por subejercicios o que siguen con pendientes para solventar montos millonarios desde 2011
En este segundo, caso destacan Veracruz, Michoacán, Estado de México, Jalisco y Chiapas. Respecto a las entidades con más subejercicios, destacan la Ciudad de México, Baja California Sur, Durango, Aguascalientes y nuevamente el Estado de México.
“La existencia de recursos no ejercidos o no aplicados con oportunidad es injustificable ante carencias sociales apremiantes, como la insuficiente disponibilidad de medicinas en las unidades de salud, personas sin acceso a servicios básicos, infraestructura educativa en condiciones inadecuadas y población que debe seguir en espera para la atención de sus demandas de servicios, entre otras situaciones”, detalla la Cuenta Pública.
Respecto a las auditorías al gasto federalizado, donde se incluyen a las entidades federativas, la Cuenta Pública 2015 da cuenta que el Seguro Popular concentra la mayor proporción del monto observado, situación igualmente registrada en la Cuenta Pública 2014, en la que significó el 20.3 por ciento, lo que manifiesta la existencia de problemas estructurales en la gestión de ese programa .
Auditoria forense
La Cuenta Pública 2015 registró 14 auditorías forenses, la cuales consisten en la revisión rigurosa, pormenorizada y crítica de los procesos, hechos y evidencias derivados de la fiscalización, para la investigación y documentación de un presunto ilícito.
Estas auditorías están concentradas en la Sedesol, Sagarpa y en universidades. Un caso de un presunto desvío se detectó en la Secretaría de Desarrollo Social, en el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, Baños Ecológicos, donde se determinaron recuperaciones probables por 240 millones 262 mil pesos.
“Con los pagos en exceso por la adquisición de los baños ecológicos del programa de desarrollo de zonas prioritarias, la secretaría dejó de realizar obras de infraestructura social necesarias para mejorar la calidad de vida de la población que vive en esas zonas, obras necesarias en las zonas de atención prioritaria rural y localidades marginadas, donde la carencia de los servicios básicos, la calidad de espacios de vivienda y la infraestructura básica, es alta.
Los montos desviados pudieron privilegiar entre otros programas, la construcción y equipamiento de hospitales, la compra de medicamentos, el mantenimiento de aulas, la adquisición de tecnología forense para fortalecer áreas de investigación y procuración de justicia, que hoy día, la sociedad padecen agravios significantes derivado de la carencia de esta infraestructura básica, en zonas marginadas, para atender las demandas sociales”, concluye la Cuenta Pública 2015.
Las subvenciones y el Ramo 23
Otro rubro que es cuestionado años con años es el de las “subvenciones” que reciben las bancadas en la Cámara de Diputados y las “asignaciones a los grupos parlamentarios” en el Senado.
En estos casos, la ASF ha dicho que no se contó con la información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto, o bien, comprobar que los recursos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos.
En 2015, el Congreso mexicano olvidó justificar más de 2 mil 950 millones de pesos. En San Lázaro el faltante fue de mil 742 millones 978 mil pesos y en la cámara alta fue de casi mil 207 millones de pesos.


El mismo cuestionamiento se repite con la mayoría de programas que se etiquetaron en el Ramo 23, lugar en el Presupuesto de Egresos de la Federación donde los diputados destinan recursos que son usados para “moches”.
En los últimos años se han incrementado las críticas de las organizaciones de la sociedad civil, quienes han buscado por la vía legal obligar la transparencia del destino de los recursos del Ramo 23, donde los legisladores etiquetan el dinero para “moches”.
En 2015, por ejemplo, el “Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal” generó un posible quebranto de casi 25 millones de pesos, correspondiente principalmente a recursos no transferidos a los municipios beneficiados.
En el caso del Fondo de Infraestructura Deportiva, en 2015 se generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 145 millones 730 mil pesos.
Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 30 entidades federativas reportaron a la UPCP de la SHCP la información trimestral de los proyectos, incluyendo los avances físicos y financieros; sin embargo, los estados de Baja California Sur y Yucatán no reportaron el avance financiero.

3/27/2016

ASF detecta falta de transparencia en contratos y modificaciones de cláusulas que representan desventajas para Pemex


PEMEX(27 de marzo, 2016).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó falta de transparencia en contratos de arrendamiento de plataformas petroleras y modificaciones de cláusulas que representan desventajas para Petróleos Mexicanos (Pemex), así como disminución en el monto de las penalizaciones por incumplimiento y demora en el pago de los mismos por parte de las empresas contratadas y la falta de registro de personal, entre las principales irregularidades.
También destacó la renta de tres equipos que la empresa productiva del Estado hizo durante 2014 para tareas de exploración y explotación de yacimientos de petróleo y gas natural en aguas profundas y ultraprofundas. “Falta transparencia en el proceso de negociación de los contratos”, concluyó el órgano.
En ese año, Pemex Exploración y Producción (PEP) contaba con 63 plataformas (54 autoelevables y nueve sumergibles), contratadas a particulares para incrementar las reservas y niveles de producción de hidrocarburos. El 69.8% de las plataformas, es decir 44, las consiguió por adjudicación directa y las restantes 19 mediante licitación pública internacional, destacó la ASF.
Hizo mención que, el predominio de la contratación directa “obedece a la estrategia que adoptó Pemex para garantizar su contratación y conseguirlas con oportunidad en el mercado exterior, ya que son equipos que tienen poca disponibilidad y alta demanda a nivel global”.
La ASF auditó una muestra de 3 mil 251 millones 805.9 mil pesos, lo que representa 37% respecto del pago que hace dos años Pemex hizo por tres contratos adjudicados directamente a igual número de arrendadores: “los más representativos en las operaciones vinculadas a 13 contratos de arrendamiento de plataformas en aguas someras (profundidades menores a 500 metros) y ultraprofundas (profundidades mayores a mil 500 metros)”.
El mayor monto, 2 mil 331 millones 915.6 mil pesos, que concentra 71.2% de toda la erogación auditada, y fue para la plataforma La Muralla IV, cuyo periodo de arrendamiento se inició en 2012 y concluye en marzo de 2018. Otros 507 millones 460 mil 900 pesos se ejercieron para la plataforma West Intrepid y los restantes 412 millones 429 mil 400 pesos para la plataforma West Obero, ambas contratadas desde febrero 2014 y hasta 2020.
La ASF señaló que “Pemex Exploración y Producción realizó modificaciones al clausulado de los contratos para el arrendamiento de plataformas que representan desventajas, como la disminución en el cobro de penalizaciones de 10 a 1.9 por ciento, sin penalizaciones y plazos para las correcciones de anomalías no impeditivas y sin contar con evidencia de los acuerdos en la dirección general”.
Además de la reducción de penalizaciones, “hubo un desfase de dos a 250 días en la atención de anomalías de riesgo, PEP demoró hasta 421 días para realizar el cobro de la penalización por 198 días de atraso en el arrendamiento de una de las plataformas y las empresas no informaron a las autoridades competentes ni registraron en sus libretas de mar e identidad marítima a 46 personas que subcontrataron”.
ASF emitió seis observaciones a Pemex, las cuales a su vez generaron siete recomendaciones, una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y tres pliegos de observaciones. “En términos generales, Pemex Exploración y Producción cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia”, pero dio a conocer cuatro excepciones que involucran en conjunto la aplicación de penalizaciones por 25 millones 250 mil 200 pesos, que consideró recuperables.
“No se proporcionaron los acuerdos de la dirección general de PEP para realizar las modificaciones de los contratos de arrendamiento de las plataformas West Intrepid y West Obero, lo que denota falta de transparencia en el proceso de negociación de los contratos”, a su vez, “Pemex tampoco cuenta con registro de 46 personas subcontratadas y no aplicó las penas convencionales por 23 millones 90 mil 700 pesos, ni de otros 2 millones 159 mil 500 pesos por la falta de aplicación de penalizaciones por retrasos de las empresas para el arrendamiento de las plataformas y por la recuperación de pernoctas que les fueron pagadas en exceso”.

2/18/2016

Estas son 11 irregularidades que encontró la Auditoría Superior en la Cuenta Pública 2014


Las áreas de riesgo enfrentan circunstancias que afectan el funcionamiento de las políticas y programas públicos, indicó el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal.

Redacción Animal Político

2/20/2015

En estados del país, desvíos de recursos y “simulación espantosa”: ASF


Anuncia la presentación de denuncias de hechos contra servidores públicos.


dinero
La falta de control y planeación financiera en los estados, provocó que se hayan endeudado, traspasen fondos de una cuenta a otra, o “programas de estos cubren otros”, detalló Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación, quien el miércoles entregó los resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, detalló que hay comportamientos recurrentes, y “se ve que no se acaba de corregir, o no se acaba de entender o no se quiere corregir”.
“Esto es recurrente, se está señalando año con año, y tenemos los mismos problemas, el mismo origen, ¿qué es lo que pasa?”, preguntó.
La deficiente planeación financiera implica “un gasto excesivo, gasto corriente, una falta de recaudación adecuada, requiere tener mayor cuidado esto, porque obliga a los estados a que se vayan endeudando conforme se los aprueban“. En ese sentido, celebró que se haya aprobado una ley que acote la forma como se endeudan estados y municipios. 
“Obviamente que se van a ver más limitados y van a estar en situación más crítica en virtud de los escasos que tendremos no este, el año próximo, por la falta de recursos del petróleo y algunas otras cosas”, abundó.
Apuntó que recursos que fueron desviados -es decir, que se destinaron para fines diferentes-, en algunos estados los reintegraban a los fondos federales, pero después volvían a sacar esos recursos.
“Ocurría que una vez que nos mostraban el depósito a la cuenta, un estado de cuenta del banco, lo solventábamos nosotros (la ASF), sin embargo, en algunos estados lo volvían a sacar después de haber sido solventado. Es una simulación espantosa que ahora está provocando la presentación, por parte de nosotros, de denuncias de hechos, contra los servidores”, indicó el auditor. 
Era una práctica “bastante extendida” en un buen número de estados, que “yo creo que está detenida ahora, porque no estamos solventando por el simple hecho de que reintegren el dinero a la cuenta, ahora hasta que nos demuestren que el dinero se utilizó en el programa para el que se autorizó. Entonces, si no me demuestran que utilizaron esto en salud, seguridad, sigue pendiente la observación”, agregó.
Sobre el subejercicio, expuso que los recursos que no se gastan en el año, deberían reintegrarse a la Tesorería de la Federación, pues hay una parte importante que corresponde al gasto federalizado, recursos para grandes fondos en educación salud, seguridad, que no son gastados y se quedan para el año siguiente, y se pueden gastar sin ser fiscalizados. 
Un ejemplo: Michoacán, Veracruz y Morelos, en 2013, no ejercieron entre el 68 y el 78 por ciento de los recursos federales que les fueron otorgados a través del Fondo de Asignaciones para la Seguridad Pública, según la ASF.
De las 10 mil 861 observaciones presentadas el miércoles por la ASF, la mayor parte se concentran en salud, desarrollo social, fondo para la educación y seguro popular.
El órgano fiscalizador ordenó mil 321 acciones de responsabilidad administrativa en contra de funcionarios; la ASF podría presentar hasta 150 denuncias penales por presunto quebranto.
En tanto, sobre la condonación de impuestos del SAT, Portal mencionó en MVS que “hubo diversas reuniones… no nos han convencido que la forma como se aplicó fue la correcta”.
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