Maíz transgénico y T-MEC

 

Ana de Ita*

L

as presiones de Estados Unidos sobre las decisiones del gobierno de México respecto al maíz transgénico han continuado creciendo. De ambos lados de la frontera la desinformación y la propaganda sobre la cancelación de las importaciones mexicanas de maíz genéticamente modificado, a partir de enero de 2024, que establecía un decreto emitido en diciembre de 2020, escalaron la confrontación (bit.ly/3S5rbZP).

El presidente López Obrador propuso aplazar –hasta enero de 2025– la entrada en vigor de la prohibición de uso de maíz genéticamente modificado, lo que fue considerado insuficiente por el gobierno de Estados Unidos y los intereses corporativos que representa.

El jefe de comercio agrícola estadunidense declaró que había dado a México hasta el 14 de febrero pasado para explicar los argumentos científicos que sostienen las prohibiciones que prevé aplicar sobre el maíz transgénico y el glifosato (bit.ly/3Ib5Sl4).

Un día antes del vencimiento del plazo, el mandatario mexicano emitió un nuevo decreto, que sustituye al anterior y busca aclarar los alcances de las medidas (bit.ly/3YAjdKI).

El nuevo decreto mantiene la prohibición de siembra y liberación al ambiente de maíz transgénico, en vigor actualmente gracias a la presión de los movimientos sociales y a una demanda colectiva interpuesta por la sociedad civil y ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Establece que no se autoriza el uso de maíz genéticamente modificado para la elaboración de masa y tortillas, que también responde a una demanda social y no debería estar sujeta a explicaciones científicas ni de ninguna índole, pues no enfrenta al Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que no impide las importaciones, sino únicamente prohíbe internamente que el maíz genéticamente modificado se use para la elaboración de masa y tortillas.

No obstante, esta prohibición se debilita al dejar la responsabilidad de no utilizarlo a las propias empresas importadoras, que en distintas ocasiones han utilizado las compras del maíz en su beneficio.

Con el propósito de tranquilizar al gobierno de Estados Unidos, el nuevo decreto aclara que el maíz genéticamente modificado está autorizado para la alimentación animal y también para el procesamiento industrial de alimentos para consumo humano, que en conjunto absorben la mayor cantidad de importaciones. Como parte del texto, y más bien dirigido hacia los mexicanos, declara la intención gubernamental de una futura sustitución del maíz transgénico destinado a estos fines, aunque no propone fecha, ya que dependerá de la suficiencia en el abasto. Declarar la intención de una futura prohibición, incierta y sin fecha, pone nuevamente en guardia a los vecinos protransgénicos.

Estados Unidos exige a México explicar los argumentos científicos que están detrás de la prohibición del maíz transgénico y proporcionar cualquier evaluación de riesgo, norma internacional, directriz o recomendación que respalde sus decisiones. Aunque existen muchos estudios científicos que demuestran los daños a la salud, al ambiente y a la biodiversidad que provoca el maíz genéticamente modificado y el glifosato que lo acompaña, en el terreno científico las corporaciones biotecnológicas han acaparado la mayoría de los espacios y posiciones de poder, así la discusión científica no está libre de intereses y puede resultar cuesta arriba.

Para estar a tono con el T-MEC, el texto señala que las alternativas que se impulsen para sustituir el maíz genéticamente modificado se llevarán a cabo tal como el tratado lo exige: de conformidad con principios científicos y normas, directrices o recomendaciones internacionales relevantes y compromete a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) a realizar, junto con otras instancias equivalentes de distintos países, un estudio sobre los daños a la salud que provoca el maíz genéticamente modificado.

El secretario de agricultura de Estados Unidos manifestó estar decepcionado por el nuevo decreto que mantiene la prohibición de maíz genéticamente modificado para consumo humano (bit.ly/3I9RPvZ), mientras el jefe de comercio agrícola dijo que analiza cuidadosamente el decreto en su totalidad.

Así, aunque México ha continuado importando maíz en cantidades récord de más de 17 millones de toneladas, que provienen en su mayoría del país vecino del norte y son transgénicas, la intención declarada del gobierno de lograr en un futuro no definido la sustitución de las importaciones de maíz a partir de la autosuficiencia alimentaria le ha colocado en la antesala de un panel de solución de controversias en el T-MEC. El capítulo 9, relativo a medidas sanitarias y fitosanitarias, que invoca la representación comercial de Estados Unidos, apunta que un país está autorizado a solicitar el razonamiento científico cuando la medida de otro país está restringiendo, o tiene el potencial de restringir el comercio, y la medida no se basa en una norma, directriz o recomendación internacional relevante (bit.ly/3XDra0k).

No parecería viable iniciar una controversia comercial con base en una intención futura, a la que contradice la realidad de importaciones crecientes, pero veremos qué nos depara el T-MEC.

* Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano

Autosuficiencia alimentaria para las trasnacionales

Ana De Ita*

La columna vertebral para la recuperación del campo que propone el gobierno federal es la autosuficiencia alimentaria. Pero ésta es imposible con un mercado abierto, ya que las importaciones no ocurren sólo por falta de producción, sino por ventajas en las condiciones financieras, logísticas, de precios, influidas por las condiciones climáticas y los subsidios que otorgan otros países a la producción y exportación de sus productos.

La autosuficiencia alimentaria además de irrealizable, tampoco es conveniente. La agricultura mexicana es hoy un sector altamente trasnacionalizado y concentrado. Después de 26 años de operación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la agricultura y alimentación de los tres países está desfavorablemente integrada para México. El TLCAN eliminó cualquier arancel a las importaciones y mantiene el mercado agroalimentario abierto con Estados Unidos y Canadá. Resultado de ese tratado muchas empresas trasnacionales instalaron sus plantas en México para aprovechar las ventajas de una fuerza de trabajo barata y calificada, de la posibilidad de acaparar bienes naturales como tierra y agua, de la falta de regulaciones ambientales, laborales y fiscales que sí existen en sus países. El valor de las exportaciones agrícolas de Estados Unidos a México es superado todos los años por la venta de los productos de las trasnacionales estadounidenses instaladas en el país, que controlan importantes segmentos del mercado. El Tratado México Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no cambia estas condiciones, sino que las profundiza.

El último año del sexenio peñista (2018), cerró con una importación de maíz de 17 millones de toneladas, mientras aquí se produjeron más de 27 millones. Desde 1996 las importaciones del grano crecieron exponencialmente y no por falta de producción nacional, sino por un cambio en los patrones de consumo de sus grandes consumidores. Muchos campesinos y agricultores no pudieron vender sus cosechas, pues sus mercados habían sido inundados por el cereal estadunidense subsidiado, que convertía la importación de maíz a México en un negocio financiero. Los maíceros nacionales fueron colocados en el mercado abierto desde los primeros años del TLCAN.

Las grandes comercializadoras y procesadoras trasnacionales de granos, con el apoyo de los sucesivos gobiernos mexicanos (1995-2018), controlaron el mercado doméstico. Se beneficiaron de las importaciones mexicanas demaíz desde Estados Unidos, a la par que absorbieron gran parte de la cosecha nacional a precios internacionales y se hicieron de la in-fraestructura necesaria: molinos, plantas de procesamiento de aceites, pastas, jarabe de alta fructosa, mezcladoras para alimentos de animales, terminales de distribución, elevadores. Además impulsaron esquemas de financiamiento para productores y diversificaron sus operaciones hacia la producción de jarabe de alta fructosa de maíz, carne de res y pollo, fabricación industrial de alimentos, harinas, almidones, texturizantes y elaboración de alimentos industriales para animales.

La creciente demanda de piensos para el ganado y de alimentos procesados de granos y oleaginosas ha dirigido la integración de los mercados de Estados Unidos. Las grandes trasnacionales que operan en el mercado de la carne, como Smithfield, Tysson y Pilgrims, las dos últimas compradas por JBS, establecieron filiales en México, desplazando a los pequeños y medianos ganaderos para crear fábricas de puerco, pollo y res maltratados y hacinados, alimentados con granos industriales de importación como maíz transgénico, pasta de soya transgénica, granos secos de destilería con solubles (DDGS) que sobran de la producción de etanol. Estos ganaderos industriales buscan nuevos mercados en los países asiáticos y de Medio Oriente, y utilizan a México como plataforma exportadora.

Las agroindustrias globales instaladas en México son las principales demandantes de las importaciones de granos al país. En 2016 de un total importado de maíz de 14.2 millones de toneladas se destinaron a los fabricantes de ganado 77 por ciento y a los procesadores de alimentos industriales 19 por ciento.

Seguir el paso a la demanda imparable de maíz de las trasnacionales para lograr la autosuficiencia alimentaria, y establecer grandes extensiones de monocultivos de maíz amarillo con agricultura climáticamente inteligente, como proponen las corporaciones, es un contrasentido, lo mismo que pretender la autosuficiencia alimentaria en soya o arroz estableciendo monocultivos con agrotóxicos en la península de Yucatán.

La propuesta de autosuficiencia alimentaria del gobierno sirve a las trasnacionales y se opone a la soberanía alimentaria desde los pueblos.

* Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano

Fábricas de puerco: calentando el planeta

Ana De Ita*

Mientras la pandemia de Covid-19 ha mantenido aislados a millones de habitantes del mundo, ha destruido la economía global y la normalidad social, en sólo unos cuantos meses, varios científicos llaman a revisar la producción de animales en granjas industriales, antes que la nueva normalidad la mantenga intacta.

La infuenza porcina de 2009 (H1N1), que tuvo su origen en México, en una granja de cerdos de Smithfield –Granjas Carroll– en el valle de Perote, Veracruz y Puebla, puso de manifiesto que la producción fabril de animales representa un peligro para la salud humana y animal. Luis Hernández Navarro y otros investigadores documentaron sus impactos en ese momento. https://bit.ly/36AhxGO https://bit.ly/2X6Au0L, pero nada ocurrió a Smithfield, ni cambiaron las regulaciones en el país.

Los animales confinados y hacinados, genéticamente homogéneos, con sistemas inmunes deprimidos, a quienes se administra antibióticos con fines preventivos para que logren vivir el número exacto de días para alcanzar la tasa de ganancia esperada, genera un ambiente ideal para los patógenos. De tal forma que en las pasadas décadas coleccionamos epidemias virales: distintos tipos de influenza aviar, de fiebre porcina, de síndrome respiratorio agudo (SARS).

La llamada revolución ganadera llegó a México con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1994), impulsada por las facilidades que el país otorga a las inversiones en cuanto falta de regulaciones ambientales, bajos costos de la fuerza de trabajo y de los bienes naturales como el agua, y posibilidades de acaparamiento de tierras rurales. El crecimiento de la demanda de proteínas animales fue aprovechada por las corporaciones trasnacionales que controlan la producción mundial de ganado.

Los datos de producción de puerco nos muestran cómo se redujeron el número de granjas a la par que se concentró el número de puercos en cada vez firmas más grandes. Para 1991 había en el país cerca de 2 millones de unidades productoras de cerdo, que produjeron 10.6 millones de animales; 600 mil viviendas campesinas produjeron 1.5 millones de ellos. La gran mayoría de las granjas eran pequeñas, con menos de 20 cabezas, y producían más de la mitad de la producción. En el otro extremo sólo 700 unidades grandes, de más de mil cabezas producían un tercio de los especímenes. En 2017, 99 por ciento de las granjas existentes en 1991 habían desaparecido y el uno por ciento restante producía 75 por ciento más de cabezas. Esta concentración se realiza en favor de las granjas industriales de puercos propiedad de corporaciones nacionales y extranjeras, instaladas en nuevas regiones del país que se han convertido en sus feudos.

Granjas Carroll y Kekén se disputan el primer lugar en el mercado mexicano. Granjas Carroll es propiedad de Smithfield, el gigante productor de cerdos y de Agroindustrias Unidas de México (AMSA). Se fundó en el país en 1993, y actualmente tiene ya casi 13 por ciento de la capacidad productiva. Sus 20 megaindustrias en Puebla y Veracruz crían cerca de 1.6 millones de cerdos y tienen planes para aumentar en un millón de cerdos más y expandirse a Tlaxcala. Los pobladores de la región han denunciado que estas plantas amenazan su salud y el ambiente y se oponen al establecimiento de un rastro en el municipio Oriental. La campaña publicitaria de responsabilidad ambiental y social de la compañía –por ejemplo, paga un dólar a quien encuentre una mosca dentro de la fábrica– resulta poco creíble, sobre todo ante la falta de inspecciones y regulaciones sanitarias estrictas.

Kekén, su competidora, decidió establecerse en Yucatán, en sitios relativamente aislados, rodeados de selva para protegerse de la contaminación viral de otras granjas porcinas. Pero ella no cuida la selva, según manifiestan las comunidades mayas en su vecindad. Kekén, que significa puerco en maya, les ha usurpado hasta su lengua. El Consejo Maya del Poniente de Yucatán “Chik’in Ja” interpuso una denuncia popular ante la Procuraduría del Ambiente (Profepa), pues encontró una laguna negra formada con las descargas de residuos sólidos sin tratar de la empresa, que dañan el ambiente, la apicultura y la ganadería campesina en Kinchil, Hunucmá, Maxcanú y Celestún.

La comunidad de Homún, una localidad con menos de 8 mil habitantes con un proyecto de ecoturismo que tiene como atractivo los cenotes, está en lucha contra la empresa Producción Alimentaria Porcícola (Papo), que trabaja en aparcería con Kekén, pues inició la cría de cerdos sin contar con la planta de tratamiento de aguas residuales prometida. Apoyados por la organización Indignación, han promovido demandas desde septiembre de 2018 por la falta de respeto al derecho a la autodeterminación de las comunidades mayas y por los efectos ambientales que provocará. En Yucatán la nueva y pujante industria porcícola amenaza con destruir el frágil ecosistema, formado por corrientes subterráneas y suelos kársticos.

Éste es un ejemplo de los proyectos de desarrollo impulsados por los gobiernos, que a cambio de una centena de empleos precarios comprometen la vida de las comunidades y el buen vivir.

*Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano

Maíz nativo: la ley y el plan, el plan y la ley

Ana De Ita*

Ahora que todos sabemos que la Asociación Mexicana de Semilleros (Amsac) felicitó a los diputados por aprobar la Ley de Fomento y Protección del Maíz Nativo (https://bit.ly/3cFlGLL), intentamos avanzar en sus posibles motivos.

El Consejo Directivo de la Amsac integra a los gigantes genéticos Syngenta y Bayer, ahora dueña de Monsanto, y tiene como uno de sus socios estratégicos a Corteva, fusión de Pioneer-Dupont-Dow. Estas tres corporaciones solicitaron la gran mayoría de permisos para siembra de maíz transgénico en el país entre 2009 y 2012.

En años recientes otro grupo de corporaciones realizó reuniones en torno al maíz, convocadas por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMyT) y auspiciadas por el gobierno de México a través del programa Masagro, por la membresía del Fondo de Innovación del sector privado en el que participan Kellogg’s, Bimbo, Gruma, Nestlé, Syngenta y Pioneer. En estas reuniones, celebradas entre 2017 y 2019, participaron instituciones del gobierno y académicas, empresas, además de asociaciones, entre ellas por supuesto la Amsac. Sus resultados fueron publicados en agosto de 2019, como Plan Estratégico 2030, Maíz para México.

Plantearon posibles escenarios para el grano en México hacia 2030 y definieron dos propósitos: aumentar la autosuficiencia de producción de maíz, que repercutiría en la disminución de importaciones, a cargo de pequeños y medianos agricultores con excedentes y grandes productores, proteger la milpa, la biodiversidad y el bienestar, en el que entran los agricultores familiares y comunitarios.

El plan maíz para México separa dos tipos de producción: de agricultores y de razas y variedades de maíz; por un lado, los que se orientan a lograr la autosuficiencia de la producción y, por otro, los que protegen la milpa y la biodiversidad. Pero ambos son parte de la misma estrategia que interesa a las corporaciones.

Para la autosuficiencia, propone aumentar la adopción de semillas mejoradas, asunto muy importante para las corporaciones semilleras, pues en México, según la Encuesta Nacional Agropecuaria 2017, sólo 26 por ciento de las unidades de producción las utiliza, mientras que 77 por ciento siembra semillas campesinas. Busca aumentar la superficie de maíz sembrada con semilla mejorada en 1.7 millones de hectáreas, que será disminuida a la que actualmente se siembra con granos campesinos, para duplicar las ventas de las empresas semilleras mexicanas. Además, promueve adoptar sistemas de agricultura climáticamente inteligente, que de acuerdo con las investigaciones del Grupo ETC resultan en una agricultura sin campesinos, a la par que afianzan el control corporativo sobre la agricultura y la alimentación.

Para proteger la milpa y la biodiversidad, el plan propone acciones muy similares a las que plantea la ley de fomento al maíz nativo: proteger al sistema milpa como patrimonio biocultural, desarrollar un consejo consultivo para guiar la agenda nacional, preservar la biodiversidad y los recursos genéticos, la creación de bancos comunitarios de semillas, consolidar un registro nacional sobre la diversidad en el sistema milpa y vincular a los productores de maíz nativo con los mercados formales. Apunta también que es necesario un marco legal para salvaguardar la integridad del sistema milpa. No sabemos si fue la ley la que inspiró al plan o al revés.

Tal como señaló la Red en defensa del maíz, en su comunicado del 2 octubre de 2019, uno de los aspectos más cuestionables de la ley de fomento del maíz nativo es su artículo 12, el cual propone que las instituciones identificarán las áreas geográficas en las que se practican sistemas tradicionales de producción de razas de maíz nativo. Segregar regiones donde sí se produce maíz nativo, coloca a las que no como sitios donde se puede sembrar cualquier cosa y bajo cualquier método. Las corporaciones semilleras han sido las más interesadas en lograr esta diferenciación regional para tener un territorio libre para sus paquetes tecnológicos.

En paralelo, y tal como analiza la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, la propuesta de proteger al sistema milpa resulta un instrumento idóneo para la biopiratería de las semillas y saberes campesinos en favor de las trasnacionales. A través de los bancos de semillas, los catálogos, las bases de datos y los procesos de sistematización que pretenden llevar a cabo los agentes que elaboraron el plan maíz para nuestra nación, podrán adueñarse de la biodiversidad del sistema milpa y de sus conocimientos asociados, que pertenecen a los pueblos originarios, quienes los han creado, mantenido, mejorado y diversificado a través degeneraciones.

El plan corporativo de maíz para México clarifica que el avance de la agricultura industrial, mediante su intensificación y uso de los insumos producidos por las trasnacionales, incluye también la protección de la milpa, la biodiversidad y el maíz nativo como recursos genéticos privatizables por las corporaciones, y sugiere una explicación posible al beneplácito de la Amsac por la Ley de Fomento y Protección al Maíz Nativo.

*Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano 

Garantía de maíz en tiempos de coronavirus

Ana De Ita*

Aun mes de la trilla del maíz y como parte de los programas de reactivación económica que impulsa el gobierno para paliar la crisis que se agudizará por la pandemia del coronavirus, el pasado 25 de marzo se anunció un nuevo precio de garantía para los medianos productores del grano en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. El precio de 4 mil 150 pesos por tonelada dirigido a productores de hasta 50 hectáreas de riego y por un volumen de producción máximo de 600 toneladas, rectifica, al menos en parte, la errónea política que desde el año pasado, pretendía dejar a los medianos productores comerciales del grano, sin ningún apoyo, a merced del mercado y con la frontera abierta.

Desde febrero los maíceros de Sinaloa, que producen alrededor de 6 millones de toneladas de maíz blanco para alimentar a las ciudades, empezaron a organizarse con la finalidad de que se respetara el precio de 4 mil 150 pesos por tonelada, estipulado como acuerdo después de las fuertes movilizaciones del año pasado. No querían que se repitiera la experiencia de 2019, cuando para comercializar su cosecha debieron tomar carreteras, el aeropuerto de Culiacán, la Secretaría de Agricultura estatal, y negociar en la Ciudad de México. Aunque el 10 de abril habían logrado un acuerdo por los mismos 4 mil 150 pesos (menos de lo que ellos pedían), para finales de junio la cosecha seguía sin poder ser colocada.
En octubre, durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Sinaloa, integrantes de organizaciones campesinas lo detuvieron en una caseta de peaje para exponer el problema de comercialización de sus cosechas, bajo la consigna de: ¡no somos ricos!
Pero en el presupuesto para 2020 de-saparecieron la mayoría de los subsidios productivos y se priorizaron los subsidios asistenciales. Entre los programas y recursos financieros eliminados está el de Apoyos a la Comercialización. Este programa impulsaba la agricultura por contrato y cubría a los agricultores 50 por ciento de los costos de las coberturas, que funcionan como seguro cuando baja el precio de mercado del grano. La agencia estatal de servicios a la comercialización (Aserca), definía un ingreso objetivo con base en el precio internacional, más los costos de internación y colocación en el lugar de destino. De esta forma el agricultor tenía garantizado un precio mínimo por su cosecha. Cuando el precio del maíz bajara más que el precio objetivo, el gobierno aportaría la diferencia.
Los medianos productores comerciales de maíz, de los estados del norte de la República se enfrentarán en el presente año a la desaparición de Aserca, a la eliminación de todos los programas de comercialización como el de agricultura por contrato, los subsidios a las coberturas y al seguro agrícola, al transporte y almacenamiento, y a la inexistencia de un ingreso objetivo que es el precio que en este momento se reinstala, bajo el nombre de precio de garantía.

No es un precio de garantía similar a los que existieron antes de la apertura del mercado, ni a los establecidos en el gobierno actual para los productores pequeños, ya que éste no comprará las cosechas, sino corresponde más a un precio objetivo. Pero puesto que en el presupuesto de 2020 fueron borrados los recursos para la comercialización y los destinados al programa de precios de garantía crecieron de 6 mil millones de pesos a 10 mil millones, parece lógico el cambio de nombre y su operación a partir de Seguridad Alimentaria Mexicana.
El programa de precios de garantía estaba destinado únicamente a los cam-pesinos de menos de cinco hectáreas de temporal y había dejado fuera a todos los productores de riego, y a los mayores de cinco hectáreas. Ofreció un precio de 5 mil 610 pesos por tonelada, más 150 pesos para el flete, y a pesar de que nadie conoce todavía sus resultados, el director de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) mencionó que de los 1.6 millones de campesinos a quienes se destina, lograron acopiar únicamente un millón de toneladas, cuando esperaban 2.5 millones, ambas cantidades insignificantes comparadas con los 27 millones de toneladas que se producen en el país. Esto puede explicarse porque los pequeños campesinos de temporal son fundamentalmente de autoconsumo y cuando venden una parte de su cosecha pueden obtener mejores precios en las comunidades en donde su maíz es más valorado.
El nuevo precio de garantía, de 4 mil 150 pesos por tonelada, para productores de riego de hasta 50 hectáreas reconoce la necesidad de apoyos de un segmento de productores –cerca de 25 mil en los tres estados anunciados– que producen un volumen importante del grano, pero operan con una rentabilidad muy limitada. El precio es el mismo del año pasado, cuando el precio a futuro más cercano es de 139 dólares y las bases de alrededor de 34 dólares, por lo que con un tipo de cambio cercano a 25 pesos por dólar, el precio objetivo sería superado por el precio de mercado. No obstante ha sido bien recibido por los productores, pues les otorga certeza, en un momento en que es una necesidad del gobierno y de la sociedad contar con el grano fundamental para la dieta de los mexicanos.

*Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CEECAM)

Sembrando Vida y organización comunitaria

Ana de Ita *

Uno de los programas estrella para el campo del presidente López Obrador debilita desde dentro la organización comunitaria.

El programa busca establecer en dos años un millón de hectáreas con milpa intercalada con árboles frutales y maderables y generar 400 mil empleos. Las comunidades y ejidos son seleccionados por su biodiversidad, pobreza y violencia y ascienden a un total de 4 mil 120.

El programa Sembrando Vida se presenta ante las asambleas comunitarias y ejidales para saber si aceptan participar. Hasta ese momento reconoce que la tierra es de los ejidos y comunidades y que la asamblea es la máxima autoridad en el territorio.

El problema empieza con el requisito de que cada campesino o campesina –pues se prioriza la participación de las mujeres– cuente con 2.5 hectáreas de tierra en posesión. Los ejidatarios y comuneros son dueños de la mitad del territorio nacional, pero en muchos casos no tienen esa superficie parcelada para su uso personal y muchos jóvenes y mujeres no poseen tierra. Según el programa en estos casos pueden acceder a la extensión requerida estableciendo un contrato de aparcería con el núcleo agrario por lo menos hasta 2024. El ejido o la comunidad cede tierras de uso común y propiedad colectiva al productor, quien dará a cambio la mitad de su cosecha, pero no compartirá el pago de 5 mil pesos mensuales que le otorga el programa.

Los ejidos y las comunidades le dieron la vuelta a la privatización de la tierra que significó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede), certificando la mayor proporción de la tierra, como de uso común, porque mantiene las características de inalienable, imprescriptible e inembargable. Sembrando Vida impulsa que la propiedad social colectiva sea parcelada e individualizada, será muy difícil que cuando termine el programa, esa tierra vuelva a ser de uso común del núcleo agrario.

Los programas forestales que otorgan recursos para los bosques y selvas que son propiedad social colectiva se entregan al conjunto del ejido o comunidad, cuyas asambleas definen su uso y distribución. Esto permite que una parte de los recursos se invierta en aserraderos, beneficios, transportes o en infraestructura, como letrinas, canchas, caminos, mantenimiento de escuelas, etcétera, además de destinar otra parte de ellos al pago de las labores que cada uno de los participantes realiza. Experiencias autogestivas de empresas forestales ejidales también consideran el impulso a la organización comunitaria y tienen en sus reglamentos la prioridad de contratar para los trabajos a los hijos, a las mujeres, o a los avecindados sin tierra. Pero en el caso de Sembrando Vida los recursos se otorgan a los productores individuales, quienes normalmente los destinan al consumo personal, que no fortalece la organización comunitaria, ni dinamiza la economía local. En regiones en las que ya ha iniciado el programa se ha notado un aumento del consumo suntuario, por ejemplo de cerveza en lata.

El programa se propone crear una organización paralela a la organización agraria, pues los participantes se deben integrar a una Comunidad de Aprendizaje Campesina integrada por 25 de ellos, que deben responder a un técnico productivo y a un técnico social. Existe también un coordinador territorial para cada 50 mil hectáreas y 20 mil productores. Los recursos del programa fortalecen esta estructura gubernamental que puede ser utilizada con distintos fines.

Este programa también provoca la diferenciación social, ya que hay un abismo entre los campesinos que reciben su cosecha como producto de su trabajo, y aquellos que, además de su cosecha, recibirán un salario de 5 mil pesos por mes, durante seis años.

La significativa entrada de dinero a las comunidades, que se celebra pues por supuesto lo necesitan, debería estar dirigida de forma autogestiva por las asambleas comunitarias para evitar la polarización social y redistribuir oportunidades y tareas.

Pese a que Sembrando Vida operará en 19 estados, el que concentra un quinto del programa es Chiapas, con 200 mil hectáreas y 80 mil productores, a los que según cifras oficiales llegarán 400 millones de pesos cada mes.

Sembrando Vida operará en 70 de los 118 municipios del estado y en mil 185 ejidos y comunidades. A su paso competirá con esfuerzos de organización autónomos que por años han promovido la agroecología, intervendrá en la reserva de la biosfera Montes Azules, se encontrará con los municipios autónomos zapatistas, topará con movimientos de resistencia al despojo de sus territorios y bienes naturales por empresas extractivas, buscará detener a los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos.

El gobierno de la 4T ha decidido impulsar la individualización de los apoyos antes que consolidar las estructuras organizativas comunitarias que son una fortaleza real en el país. Pronto podrán observarse los impactos de tantas balas de azúcar.

* Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceecam)

Los campesinos y los programas para la autosuficiencia alimentaria

Ana De Ita*

El gobierno del presidente López Obrador decidió cambiar el eje de las políticas agrícolas hacia la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria, en lugar de plegarse hacia el libre mercado. La idea de comprar en el mercado internacional los alimentos –incluso básicos– en los que no tenemos ventajas comparativas fue construyendo una fuerte dependencia alimentaria. El año pasado México ocupó el primer lugar en el mundo en la importación de maíz, con 17 millones de toneladas, mientras se produjeron 27.2 millones. El maíz es el principal producto básico para la alimentación, el mayor cultivo por superficie y número de productores que a él se dedican.

Sin embargo, esta creciente dependencia es fruto de la nueva forma de consumir el maíz. Antes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el consumo por persona por año era de 223 kilogramos, en tanto que el año pasado fue de 347.

Actualmente el maíz importado es fundamentalmente el amarillo, transgénico, demandado para los alimentos balanceados y piensos para la producción de ganado, lo mismo que por la industria almidonera y de alimentos procesados, así como por los fabricantes de jarabe de alta fructosa de maíz. A la par que el consumo interno de carnes, alimentos procesados y bebidas edulcoradas ha aumentado, estas empresas también producen para la exportación, como es el caso de la producción de puerco para China. Así, seguir el paso a la demanda de estas empresas trasnacionales y tratar de disminuir la importación de maíz destinado a estas industrias parece una propuesta difícil de alcanzar. Por otra parte México es autosuficiente e incluso excedentario en maíz blanco destinado al consumo humano.

El gobierno impulsa un programa nuevo de Precios de Garantía a los Productos Básicos, que tiene como objetivos: apoyar a más de 1.9 millones de productores, de los cerca de 5.4 millones en el país, con precios justos por sus cosechas, para lograr la autosuficiencia alimentaria y reducir las importaciones. El programa recién inició su operación para el maíz del ciclo primavera-verano y pagará a los campesinos con superficies menores a 5 hectáreas de temporal 5 mil 610 pesos por tonelada, precio que según Seguridad Alimentaria Nacional (Segalmex) es 40 por ciento mayor al del mercado. Además de 150 pesos por tonelada para el pago de flete. El volumen máximo que puede vender cada productor es de 20 toneladas.

Los precios de garantía de maíz están dirigidos a los campesinos de autoconsumo, que producen cerca de 25 por ciento del maíz. Pero los más pequeños no tienen producción siquiera para cubrir las necesidades de su familia, mientras en otros casos su cosecha consigue un mejor precio que el ofrecido, pues es muy valorada regionalmente. Así de acuerdo a la Encuesta Nacional Agropecuaria 2017, podríamos pensar que únicamente 1.1 millones de toneladas de maíz de los campesinos de autosubsistencia participarían en este programa. No obstante Segalmex ha informado que espera que los campesinos no mantengan su producción para autoconsumo, sino que la vendan a precio de garantía, pues después este maíz estará disponible en las tiendas Diconsa a un precio de 5 mil pesos. En síntesis, después de transporte, almacenamiento y distribución los campesinos que entren al mercado con su maíz recibirán un subsidio de 610 pesos por tonelada. Veremos si este ir y venir al mercado es la forma más eficiente de entregarlo.

El otro es el programa de Producción para el Bienestar que sustituye al antiguo Procampo y al de apoyo a los productores pequeños de maíz y frijol (PIMAF), pero que eliminó los subsidios a los productores grandes y a varios medianos, pues está limitado a maíz, frijol, trigo suave, arroz, de hasta 20 hectáreas de temporal y cinco de riego. Este programa considera productores pequeños a quienes tengan cinco hectáreas de temporal o 0.2 hectáreas de riego a quienes se les dará subsidio de 1 mil 600 pesos por hectárea, y como productores medianos a quienes tienen hasta 20 hectáreas de temporal y cinco de riego a quienes se subsidiará con mil pesos por hectárea. Estos montos y estratos de productores son los mismos que los del Proagro productivo del gobierno anterior pero elimina al resto de los segmentos de productores que se supone deberán ser compensados por el mercado. En el caso del maíz la estratificación adoptada dejó fuera a los productores en transición de riego que tienen hasta 20 hectáreas, que tendrán que competir con las importaciones y la agricultura empresarial de hasta 2 mil 500 hectáreas. Los subsidios de Producción para el Bienestar apoyan la mitad de la producción de maíz, la otra mitad deberá arreglárselas en el mercado sin subsidios. A pesar de las dificultades de comercialización del maíz durante el ciclo otoño-invierno pasado, el presupuesto para el próximo año no contempla recursos para comercialización, ni para ingreso objetivo. Está por verse si la meta de reducir las importaciones se cumple o por el contrario aumentan.

*Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam)

Pueblos originarios y programas de bienestar

Ana de Ita

La Jornada

El 18 de junio pasado, el presidente López Obrador al referirse al apoyo de su gobierno a la cultura –que él de manera reductiva define como lo que tiene que ver con los pueblos– sostuvo que: nunca los pueblos originarios, los integrantes de nuestras culturas habían sido atendidos como ahora, pues el objetivo preferente de los programas sociales son los pueblos indígenas.

Esa concepción es justo la que rechazaron integrantes de 20 pueblos: maya, chuj, yaqui, zapoteco, ñuu savi, tseltal, ch’ol, mam, rarámuri, ikoot, ikojt, ñahñu, ñuhú, nahua, chatino, ayuuk, totonaco, lacandón, me`phaa y zoque, reunidos en la Ciudad de México el mes pasado para analizar la situación en que se encuentra la defensa de sus territorios ante el nuevo gobierno. Reivindicaron con orgullo ser pueblos originarios, sujetos colectivos, con una cultura e identidad propia y se opusieron a ser tratados por Presidencia como pobres individuales, necesitados de asistencia.

Por eso cuestionaron que los programas de bienestar están dirigidos exclusivamente a individuos, mientras no hay apoyos que fortalezcan las comunidades agrarias o indígenas, ni los ejidos, ni otras formas de organización que han sido la base agraria sobre la que los habitantes originarios han mantenido sus identidades, sus sistemas normativos, sus instituciones, en fin su cultura.

Analizaron que la correlación de fuerzas para la defensa del territorio no ha mejorado con el gobierno de la 4T. El principal problema que enfrentan los pueblos indígenas en la actualidad es la disputa por sus asentamientos, de los que quieren apropiarse tanto las empresas, como el gobierno, el crimen organizado o todos en combinación.

Para los pueblos el territorio es la condición que garantiza su sobrevivencia y que posibilita ejercer su libre determinación, por eso en su defensa les va la vida.

Pero los proyectos que los amenazan como la minería, las presas hidroeléctricas y termoeléctricas, los generadores eólicos, las explotaciones petroleras y de hidrocarburos, los gasoductos, los grandes proyectos de infraestructura se mantienen, con excepción de la prohibición presidencial al fracking que consideran un acierto.

Revisaron las declaraciones del presidente López Obrador sobre los proyectos energéticos y extractivos y encontraron que en la minería las concesiones –que según cifras presidenciales invaden 30 por ciento del territorio nacional– se respetarán, aunque no se otorgarán nuevas. Sobre las presas hidroeléctricas el jefe del Ejecutivo declaró también que no se construirían nuevas, sino se modernizarán las 60 existentes que trabajan muy por debajo de su capacidad.

Los proyectos siguen

Pero en ciertos casos como en la presa El Zapotillo, en Jalisco, han visto que su construcción se ha reiniciado.

El proyecto de la termoeléctrica de Huexca definió la relación del gobierno con los defensores del territorio, pues el rescate de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), prioridad del actual gobierno para avanzar en la soberanía energética se colocó sobre los derechos indígenas al territorio. Las comunidades que han detenido los pasos de gasoductos se sienten emplazadas. Las leyes energéticas y extractivas que durante los sexenios neoliberales legalizaron este despojo de las tierras y bienes naturales de los pueblos indígenas y campesinos no se derogarán, ni se restituirán a las comunidades sus bienes.

A esos proyectos se suman los nuevos proyectos federales para modernizar el sur-sureste del país, como el tren Maya, el corredor multimodal transístmico, la refinería Dos Bocas, que se planean ubicar en territorios ancestrales y afectarían las formas de vida, futuro y territorios de miles de comunidades. Por ello sería imprescindible obtener su consentimiento o respetar su rechazo, sin embargo este gobierno ha vulgarizado el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, llegando al extremo de realizarla como opinión de asistentes a una reunión, sin representatividad y con participación de quienes no serán afectados, sin información ni análisis, sin discreción y polarizando las opiniones y a mano alzada. Tal como los ñu savi expresaron nos quitan la posibilidad de ejercer nuestra libre determinación.

La violencia en las comunidades no ha cesado. El asesinato a los defensores del territorio sigue siendo una constante, sin importar que el nuevo gobierno haya prometido que no habrá más persecución política a los opositores.

La impunidad en la que se mantienen los crímenes de los ecologistas indígenas abona a que la violencia continué y a que los narcoparamilitares hagan el trabajo sucio a los invasores del territorio para deshacerse de quienes estorban a los proyectos.

Frente a este panorama sostuvieron que los pueblos originarios han resistido por cientos de años y no bajarán ahora la guardia. Se mantendrán organizados para defender sus bienes naturales, y la vida en sus territorios.

La autosuficiencia energética en las tierras de Zapata

Ana de Ita*

Estos eran unos campesinos que no querían cambiar y que por eso mismo hicieron una revolución. Así inicia el Zapata de Womack y pinta en una frase la identidad campesina.

Uno de los principales problemas para los campesinos y pueblos indígenas, dueños de la mitad del territorio del país, ha sido la invasión de sus tierras y el despojo de sus bienes naturales por los proyectos extractivos y energéticos, apoyados e impulsados por los sucesivos gobiernos neoliberales y sus leyes.

El 8 de diciembre de 2018 en la presa de Malpaso en Chiapas, López Obrador presentó su programa eléctrico y declaró que cada vez es más difícil construir nuevas hidroeléctricas porque hay mucha oposición, en la mayoría de los casos con justicia, de ambientalistas, pero también de quienes no quieren que se fortalezca la empresa pública.

Para algunos movimientos esta declaración significó el triunfo de muchos años de lucha por detener distintos proyectos de construcción de presas. Pero en el programa se define como prioridad avanzar hacia la autosuficiencia eléctrica. Se explica que actualmente la Comisión Federal de Electricidad sólo produce la mitad de la energía eléctrica que consume el país y el resto la compra a empresas privadas y la importa de Estados Unidos.

El 12 de enero AMLO visitó Ayala, Morelos, para declarar 2019 año del Caudillo del Sur, los herederos de Zapata apoyados por el pueblo le demandaron cancelar definitivamente la termoeléctrica de La Huexca, que forma parte del Proyecto Integral Morelos (PIM). Los campesinos dueños de las tierras se oponen a que el agua del río Cuautla que ellos utilizan para regar sus cultivos, se desvíe para emplearla en la termoeléctrica y después se regrese al caudal. Con base en distintos estudios consideran que pone en riesgo el volumen y la calidad del agua. Otros problemas son el ruido de las turbinas de la termoeléctrica, y la zona sísmica del Popocatépetl que recorrerá el gasoducto. El PIM incluye la construcción de una segunda termoeléctrica, un gasoducto y un acueducto.

Desde 2011 los campesinos, muchos de ellos integrantes de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos y del Frente en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala se movilizaron y actualmente mantienen parada la obra. Algunos fueron encarcelados y torturados, pero han ganado distintos amparos y existen procesos judiciales en marcha.

En 2014, AMLO les aseguró que detendría la termoeléctrica cuando llegara al poder. Pero ahora pesa más su propósito de autosuficiencia energética que respetar la autodeterminación de los pueblos.

El 10 de febrero pasado, el presidente López Obrador regresó a Cuautla, Morelos, con el fin de proponer una alternativa para la termoeléctrica y enfrentó a los campesinos opositores llamándolos radicales de izquierda y conservadores. Visiblemente irritado, emplazó a una consulta ciudadana para el 23 y 24 de febrero en la que supuestamente el pueblo decidirá el destino del proyecto. En esta consulta no sólo votarán los afectados directos de la termoeléctrica y su infraestructura, sino también los pobladores del resto del estado, que en caso de aprobar su operación serán compensados con reducciones a la tarifa de luz. Los resultados de esta consulta son obvios.

En caso de que la termoeléctrica funcione, utilizará gas natural importado de Estados Unidos, obtenido mediante la técnica de fracking y transportado por medio del gasoducto.

Otro problema del sector eléctrico es que actualmente entre 60 y 80 por ciento del gas que se utiliza para generar electricidad es importado. La construcción de gasoductos fue adjudicada a empresas privadas, como TransCanada, Fermaca, Ienova, Carso, y siete gasoductos se encuentran detenidos por problemas sociales, o debido a que la Secretaría de Energía está realizando las consultas a las comunidades. La CFE debe pagar a las empresas aunque el gas no exista, por lo que AMLO solicitó su colaboración para revisar los contratos, aunque les garantizó que serían respetados.

Contrasta la actitud presidencial beligerante hacia los campesinos y movimientos opositores, con la asumida frente a las empresas. Al respecto Slim, dueño de Carso, urgió que la CFE y Carso arreglen la problemática social que impide continuar la construcción del gasoducto.

La posición del gobierno ante la termoeléctrica es una señal de cómo serán tratados los movimientos en defensa del territorio y es posible suponer que las presiones hacia las comunidades y movimientos opositores a los gasoductos se recrudecerán próximamente.

Antes de enviar estas opiniones se hizo público que Samir Flores Soberanes, uno de los opositores al PIM, fue asesinado la mañana del 20 de febrero, afuera de su casa, ubicada en el poblado de Amilcingo, municipio de Temoac. Él era integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos.

* Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam)

Precios de garantía y mercado abierto

Ana de Ita*

Los precios de garantía para maíz, frijol, arroz y trigo suave marcan un parteaguas después de 30 años de reformas neoliberales en el campo.

Los precios de garantía se eliminaron entre 1989 y 1994 para limpiar el terreno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). De un día al otro los campesinos que entregaban sus cosechas a Conasupo a precios garantizados vieron cancelada esa posibilidad y no encontraron compradores para sus cultivos. En respuesta protagonizaron enormes marchas desde el norte hasta el centro del país, hicieron huelgas de hambre, cerraron los puentes internacionales, tomaron las plazas de las ciudades, emprendieron caravanas con tractores, pero a pesar de sus esfuerzos perdieron la guerra por la producción y el mercado de los alimentos. El TLCAN se impuso y transfirió el control del sector alimentario del país a las empresas trasnacionales.

El doctor Zedillo eliminó la Conasupo en 1998, a la par que entregó el mercado de maíz a las corporaciones que controlan el mercado mundial. Las importaciones del grano libre de aranceles inundaron el mercado interno, mientras los sucesivos gobiernos justificaban la dependencia alimentaria como una condición inevitable en la aldea global.

Los campesinos se refugiaron en el autoconsumo y perdieron 2 millones de empleos. Los productores medios que a partir de la organización y de sus empresas sociales intentaban controlar la comercialización de sus productos fueron destruidos desde el gobierno para dejar el campo libre a los grandes productores empresariales –alrededor de 10 por ciento de los productores del país– y a las comercializadoras multinacionales. Para ellos sí hubo subsidios mediante distintos programas –coberturas, transporte, costos financieros, precios objetivo, subsidios a la comercialización– y exenciones de pago de aranceles a las importaciones.

El aumento de la dependencia alimentaria fue paulatino y sistemático, considerado una condición inevitable del libre comercio. Casi 3 mil 800 millones de dólares en importaciones de granos básicos en 2017, que según el orgulloso presidente Peña Nieto se pagaban con la venta de aguacates y bayas al mercado estadunidense.

En este escenario los precios de garantía del gobierno de Andrés Manuel López Obrador marcan un punto de quiebre. Sin embargo estarán operando en el mercado abierto, al haberse firmado el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que impide cualquier tipo de arancel o barrera a las importaciones. Por esta razón no pueden funcionar como un instrumento de regulación, pues se propone que no afecten los precios domésticos, ni el control trasnacional de los mercados.

Los nuevos precios de garantía del maíz y el frijol, cultivos a los que se dedican la mayoría de los campesinos, buscan apoyar su ingreso, fortalecer la autosuficiencia alimentaria de las familias y lograr que cuenten con algún excedente comercializable. Se destinan a productores con parcelas no mayores a cinco hectáreas y tienen un límite de compra de 15 toneladas para el frijol y 20 toneladas para el maíz. El transporte hasta los centros de acopio lo pagará el gobierno.

El organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) comprará la tonelada de frijol a 14 mil 500 pesos, mientras el precio en las regiones productoras es de 9 mil pesos. La cosecha de maíz de otoño invierno se pagará a 5 mil 610 pesos por tonelada, en tanto el precio actual en origen es de 4 mil 200. Ya que la infraestructura del sistema Conasupo se privatizó, Segalmex utilizará la disponible, pública o privada.

Aunque el gobierno ha declarado que espera se reduzcan las importaciones de estos dos granos básicos, 10 por ciento del consumo en el frijol y 45 por ciento del maíz, parece muy poco probable que ocurra, ya que las importaciones no se deben a la falta de producción nacional, sino a las ventajas –precios, subsidios, esquemas financieros– que ofrecen las importaciones a los consumidores industriales de estos productos. El caso más dificil es el maíz. El gobierno sin mecanismos de distribución propios y en el mercado abierto tendrá que vender el maíz acopiado a precio de garantía –cerca de la mitad de la producción nacional– a precio internacional.

Además los campesinos que tienen parcelas menores a cinco hectáreas destinan una buena parte de su producción al autoconsumo, de ahí que si no venden su maíz o frijol, no recibirán el subsidio.

Los precios de garantía para trigo suave y arroz tienen como propósito reducir los volúmenes de importaciones, por ello no hay límite de tamaño de parcela por productor, sino únicamente límites a los volúmenes entregados. Estos productos serán directamente comprados por las agroindustrias, y el gobierno entregará a los productores el diferencial de precios.

Según cifras oficiales, los precios de garantía beneficiarán a 2 millones de agricultores, pero al individualizar la venta, sin considerar el papel de las organizaciones de productores en la comercialización, reproducirán la fragilidad de los campesinos en el mercado.

* Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam)

Iniciativa de Ley de Desarrollo Agrario: sembrando viento institucional

Ana de Ita*

Una de las principales consideraciones de los pueblos indígenas y campesinos al emitir su voto el pasado primero de julio fue garantizar su derecho a la tierra y al territorio. Era necesario detener el despojo de sus tierras y bienes naturales por las industrias extractivas, energéticas o de desarrollo de megaproyectos. El triunfo del candidato de Morena a la Presidencia del país, con más de 8.7 millones de votos por parte de la sociedad rural fue la muestra de su decisión.

Pero la propuesta de iniciativa de Ley para el Desarrollo Agrario del senador de Morena Ricardo Monreal va en sentido contrario a las aspiraciones de los pueblos indígenas y campesinos, delos ejidatarios y los comuneros.

Las comunidades y ejidos respondieron a la contrarreforma salinista en algunos casos negándose a participar en el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), y en otros certificando sus tierras como de uso común, para mantener su carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables. Por decisión de las asambleas existen hoy más de 70 millones de hectáreas que mantienen esas características.

La Ley Minera de 1992 y las leyes energéticas y extractivas reformadas por el presidente Enrique Peña Nieto (2013) debilitaron la propiedad de la tierra ejidal, comunal y privada al establecer que las actividades extractivas y energéticas son de utilidad pública y prioritarias sobre cualquier otro uso del territorio. La invasión empresarial ha abonado con creces a la violencia en el campo. Hay cientos de conflictos abiertos por la disputa por las tierras de las comunidades y ejidos.

En este contexto el senador Ricardo Monreal presenta una iniciativa de Ley de Desarrollo Agrario que derogará la Ley Agraria existente, pero mantiene su misma línea privatizadora e incorpora en distintos artículos los procedimientos de participación de las inversiones privadas y de las industrias extractivas y energéticas ampliamente rechazadas por los dueños de las tierras.

Uno de los motivos expresados para proponer esta iniciativa es tomar en cuenta las recomendaciones de la Relatora Especial para los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, por lo que agrega varios artículos para incorporar a los pueblos indígenas, en temas administrativos y de procedimientos, sin abordar otros fundamentales, como la libre determinación, sus propias prioridades de desarrollo, la participación política y el acceso a la justicia, el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho, etcétera, que se encuentran entre los considerados por la relatora.

Así, una parte medular de esta iniciativa es allanar el camino a las inversiones en los territorios indígenas y campesinos, al colocar en la propia Ley de Desarrollo Agrario distintos procedimientos para que las comunidades y ejidos legitimen reformas que han rechazado profundamente.

Por ejemplo en el título tercero, sobre los órganos del ejido, apunta entre las funciones de la asamblea: autorizar el uso y ocupación superficial de tierras ejidales para las actividades estratégicas de las industrias de hidrocarburos y energía eléctrica…

En cuanto a las inversiones en la propiedad ejidal y comunal (título sexto), declara que los ejidos y comunidades tienen derecho a conocer la información sobre las inversiones planteadas en tierras de su propiedad. Los inversionistas informarán de los impactos positivos y negativos de la ejecución de proyectos de inversión (artículo 126). En ninguno de estos casos se reconoce el derecho de las comunidades y ejidos a oponerse a los proyectos que se pretenden desarrollar en sus propiedades.

El capítulo tercero, sobre el derecho a la consulta de ejidos y comunidades que pertenecen a pueblos indígenas, que debería ser fundamental, según la exposición de motivos, es particularmente ambiguo y confuso. Apunta que “…tienen derecho a que se les consulte sobre la instrumentación del proyecto, informando sobre los impactos sociales, económicos y ambientales, positivos y negativos”.

Marca diferencias en la escala de participación y determinación de los resultados, de acuerdo con el grado de afectación en la vida de las personas, la tierra y los recursos naturales. Cuando el proyecto no impacta el modo de vida, únicamente se les informará; si afecta directamente al modo de vida, deberá incorporar sus recomendaciones, mientras que en el caso de un impacto significativo, como pérdida de tierras, reasentamientos, etcétera, “deberá obtenerse el consentimiento previo –durante la planeación del proyecto– libre e informado”.

En la práctica, considerar algunos derechos indígenas de manera parcial, aislada y reductiva provoca que más que garantizarlos, se conviertan en fuertes candados que obstaculicen su defensa.

Aprobar una nueva Ley de Desarrollo Agrario que va en contra de las aspiraciones y derechos de los pueblos indígenas y campesinos, sin reformar las leyes extractivas y energéticas, provocará que el nuevo gobierno coseche tempestades.

* Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam)

Saldos de las ventajas comparativas en la agricultura

Ana de Ita*

En tanto el presidente de Estados Unidos Donald Trump mantiene en jaque la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el presidente Peña Nieto, los candidatos presidenciales Meade y Anaya, funcionarios e integrantes de organizaciones de agricultores empresariales y de productores rurales sostienen que su única propuesta para la agricultura es el libre comercio y censuran la autosuficiencia alimentaria como una política del pasado.

El Sistema Alimentario Mexicano (SAM), entre 1980 y 1982, se propuso lograr la autosuficiencia alimentaria, a partir de resucitar la producción de alimentos básicos y reducir la dependencia de importaciones. En esta política, los campesinos temporaleros fueron una pieza clave para impulsar la recuperación de la producción. El SAM es considerado como la única experiencia de planeación estratégica exitosa en la producción agrícola y la alimentación.

Los modernizadores actuales, al igual que los que promovieron en su momento el TLCAN en la agricultura como el único camino al progreso, de salida de la pobreza y de entrada al primer mundo, no han hecho un balance de los saldos de este modelo.

En la década de los ochenta del siglo pasado, México importaba sólo 10 por ciento de los alimentos que consumía, y cerca de 75 por ciento de ellos provenían de Estados Unidos, pero las políticas estructurales y la apertura comercial que el TLCAN garantiza han colocado al país en franca dependencia alimentaria. Actualmente, México importa 45 por ciento de los alimentos que consume y más de 70 por ciento proviene de Estados Unidos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) indica que un país debe producir más de 75 por ciento de los alimentos que consume, para no ser vulnerable a los vaivenes de precios, las crisis económicas, las presiones políticas y la escasez.

La política agrícola que acompañó al TLCAN ha estado guiada por la reduccionista teoría de las ventajas comparativas según la cual resulta más barato comprar afuera la comida que se puede cultivar en el país. Así, el gobierno mexicano aceleró los plazos de la apertura comercial que protegía la producción interna, por ejemplo de maíz, sesgó los subsidios hacia los grandes productores empresariales, las agroindustrias y las comercializadoras transnacionales, desmanteló la planta productiva agrícola y eliminó sus propias funciones de regulación y fomento.

Los precios reales a los productores de granos básicos se redujeron a cerca de la mitad durante el periodo de transición del TLCAN y para el año 2007 se habían perdido 2 millones de empleos agrícolas directos. La agricultura campesina, sin regulación ni apoyos, con el mercado interno inundado de importaciones a precios dumping, no pudo sostener a los miembros de la familia que trabajaban en la unidad de producción, quienes engrosaron las filas de los jornaleros, migraron a las ciudades o a Estados Unidos.

Los campesinos pequeños, aunque debilitados al no poder reproducir la fuerza de trabajo familiar, se refugiaron sabiamente en el autoconsumo y mucha de su inversión provino de las remesas familiares de los migrantes que trabajan en Estados Unidos.

Los campesinos medios, que impulsaban procesos de organización para controlar las distintas fases del proceso productivo, no pudieron resistir la competencia trasnacional y la política anticampesina del gobierno y quebraron a manos de las comercializadoras y agroindustrias, o de los bancos. Sus organizaciones desaparecieron, perdieron su infraestructura, y en varios casos las regiones que ellos dinamizaban y protegían se convirtieron en bastiones del crimen organizado.

Mientras la población creció, la política de desaliento a la producción de los cultivos básicos provocó su estancamiento o disminución, aumentaron las importaciones y creció la dependencia alimentaria del país.

La producción de maíz es la única que ha aumentado, en el periodo del TLCAN. El año pasado se produjeron 27.4 millones de toneladas. Sin embargo, la demanda de maíz amarillo para la alimentación de vacas, cerdos y aves ha crecido a mayor velocidad y junto a la demanda de la industria almidonera se satisface con importaciones. En 2017 se importaron 15.3 millones de toneladas de maíz, cifra récord que equivale a 36 por ciento del consumo nacional de ese año.

Los promotores de las ventajas comparativas en la agricultura demuestran ignorar que la producción de hortofrutícolas, de la que depende el superávit comercial con Estados Unidos, y en la que México tiene ventajas comparativas, no compite, salvo algunas excepciones, con la superficie en la que se cultivan granos básicos. Los cultivos hortofrutícolas, considerados suntuarios porque son prescindibles, tienen barreras climáticas y de mercado que les impiden extenderse sobre los más de 13 millones de hectáreas cultivadas con granos básicos, por casi 4 millones de productores. La producción de aguacate, jitomate, pimiento, brócoli, otros vegetales, melones y todo tipo de moras, absorbe si acaso un millón de hectáreas, está controlada por unas 500 empresas, muchas de ellas extranjeras, y genera menos de un millón de empleos de pésima calidad.

Por si esto fuera poco, exportar hortofrutícolas no se contrapone a fomentar la producción interna de básicos e impulsar una política que tenga como base a los campesinos.

* Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam)

Los barones del azúcar

Ana de Ita

El 5 de julio pasado la industria estadunidense productora de azúcar aceptó a regañadientes el acuerdo al que habían llegado los gobiernos de su país y México un mes antes, como forma de resolver el conflicto del comercio de azúcar. A pesar de que México concedió sin chistar todas las demandas de Estados Unidos, el acuerdo les pareció poca cosa a las Big Sugar.

Encabezada por los barones del azúcar Alfonso y José Fanjul, la industria azucarera estaba ansiosa de que el presidente Donald Trump atendiera el caso de las importaciones provenientes de México.

Los hermanos Fanjul son dueños de la mayor empresa de refinación de azúcar en el mundo: American Sugar Refining, formada por Florida Crystals propiedad de los Fanjul y una Cooperativa: Sugar Cane Growers. El grupo posee además ocho refinerías de azúcar en Estados Unidos, Canadá, Belice, Inglaterra, Portugal y el ingenio de San Nicolás en Veracruz, México. Tienen también plantaciones y refinerías en República Dominicana.

Según refiere una entrevista en Vanity Fair (goo.gl/iAYyfC), los multimillonarios Fanjul salieron de Cuba, huyendo de la revolución, donde eran propietarios de 70 mil hectáreas de caña y 10 ingenios, y se instalaron en Palm Beach, Florida, para construir un nuevo emporio. Compraron ranchos ganaderos, granjas hortícolas y establecieron una plantación de 73 mil hectáreas en los Everglades. El embargo de Estados Unidos a Cuba prohibió la importación de azúcar y fue un gran incentivo para su producción en el país y para su importación desde distintos orígenes como República Dominicana.

La explotación de mano de obra jamaiquina para el corte de caña, fue una pieza clave para su veloz y exitosa expansión. Alrededor de 20 mil jornaleros llegaban cada año a la zafra de los barones del azúcar, apoyados por un programa de gobierno, y eran enrolados en un sistema de esclavitud moderna, con jornadas de trabajo extenuantes y mal pagadas, viviendo en barracas insalubres y sin poder denunciar su situación para mantener el empleo. A pesar de que en 1986 el gobierno impulsó un programa de amnistía para trabajadores agrícolas que les otorgaba permiso de trabajo, las compañías azucareras lograron que los cortadores de caña no tuvieran acceso a este permiso pues los liberaría de las plantaciones. Esto enfureció a muchos jornaleros que se atrevieron a participar en una acción colectiva para demostrar la falta de derechos laborales y los fraudes salariales de los que habían sido objeto. El juicio tardó 10 años debido a la influencia política de los demandados y costó a muchos trabajadores sus empleos. Después de este juicio, los Fanjul decidieron mecanizar el corte de caña y desechar a los migrantes.

Pero los barones del azúcar no sólo amasaron su fortuna explotando la fuerza de trabajo del Caribe, también son responsables por la contaminación de los Everglades con fosfatos y plaguicidas utilizados en sus plantaciones. En la bárbara carrera de la agricultura industrial del siglo XX, los ingenieros drenaron miles de hectáreas pantanosas para construir el área agrícola de los Everglades, sobre la que se expandieron rápidamente las plantaciones de nuevos tipos de caña. Un costoso sistema de bombas, diques y canales impide que el área agrícola regrese a su condición original de pantano y que el lago Okeechobee se inunde. Pero este sistema no ha podido controlar el flujo río abajo de los fertilizantes pesados que aplican los azucareros, ni de otros desechos agrícolas que han contaminado los Everglades. El desastre ambiental se manifestó en últimas fechas con la proliferación de algas azules tóxicas para la salud humana y de los ecosistemas.

Una de las principales enseñanzas de la experiencia cubana según los Fanjul, fue que para que los negocios prosperen no se debe estar fuera de la política. Así desde su llegada a Estados Unidos se enfocaron en establecer relaciones con el poder político, sin importar la orientación partidaria. Alfonso es demócrata y Pepe republicano. La donación de recursos a las campañas políticas es una práctica que les retribuye con creces distintos favores. Una costumbre que disfrutan es invitar a su casa de Palm Beach o de Dominicana a personajes de influencia política. Se ha rumorado que el acuerdo paralelo sobre el azúcar del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pudo tener su origen en una visita social de Serra Puche a los Fanjul. Wilbur Ross, secretario de Comercio de la administración de Trump y encargado de la reciente negociación del azúcar es amigo de Pepe Fanjul desde hace casi 10 años y ha vacacionado en Casa de Campo. Pepe Fanjul donó una considerable suma para los festejos

de campaña del presidente Trump.

Se descubren los hilos tras el tinglado que permiten a los barones del azúcar creerse con derecho de obtener aún más concesiones.