Sin
vivienda ni salario seguros, con extenuantes jornadas de más de 16
horas, expuestos al maltrato y al abuso de enganchadores, capataces y
empresarios, alrededor de 9 millones de jornaleros languidecen en
plantaciones de todo el país. Las políticas públicas ignoran a esta
población al grado de que ni siquiera se cuenta con un censo confiable
Su
hermana parió en la calle, sobre la banqueta que da a la entrada del
Centro de Salud José María Pino Suárez, de la Secretaría de Salud del
Estado de Jalisco. Llegó al servicio de urgencias y la burocracia hacía
de las suyas; le pedían su papeleo, que si había asistido a revisión
médica, que sí traía carnet… los dolores se intensificaban, el bebé
venía en camino.
Los encargados de brindarles atención médica
pedían papeles, “pero hay mujeres jornaleras que no sabemos ni pedir
ayuda en español, nosotros hablamos nu’ saavi, y a mi hermana no la
atendieron aunque ya iba con dolor de parto”, relata Lucy, una jornalera
agrícola que se ha visto obligada a bajar de la montaña de Guerrero en
busca de mejores condiciones de vida.
Lucy Peña Four tiene 28 años
y ha vivido en los campos agrícolas de otros estados desde que tiene
uso de razón. Recuerda que desde niña se ha montado en camiones de
redilas, con los suyos, para salir de la extrema pobreza que lastima la
región. Ella creció entre los surcos de las agroempresas instaladas en
Baja California, Zacatecas y Jalisco. Va y viene de un lado a otro, a
donde haya trabajo. Vive donde mejor le convenga. A la montaña ya casi
no sube, la ha ido dejado.
Es madre de dos niños, de ocho y dos
años de edad, a quienes deja con su pareja mientras ella va a trabajar.
“Nos turnamos por temporadas para cuidarlos; cuando él tiene trabajo, yo
los cuido y al revés. Es la única forma en que podemos hacerle para
trabajar los dos y no dejarlos solos”, dice en entrevista.
Sabe
del riesgo que corren sus hijos en los campos agrícolas, ellos no tienen
atención médica y ha habido muertes en el área de trabajo: “los han
atropellado, y qué es lo que hace el patrón o el encargado, les compra
el silencio a los padres, sólo les da unos cuantos pesos para que se
callen y no haya justicia”, comenta.
Manuel Oliviera Anzueto,
director de igualdad laboral para jornaleros indígenas, jóvenes y
personas privadas de su libertad en la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, asegura que sí hay una política de atención para
erradicar el trabajo infantil en la agricultura y dice que en 10 años se
ha disminuido en 50 por ciento el trabajo infantil.
“Sin embargo,
hace falta fortalecer las acciones y darles un enfoque más sistémico,
porque sacamos de trabajar al niño de la agricultura y qué pasa, ¿hay
fortalecimiento en la estructura de los sistemas para atenderlo en su
educación, salud, alimentación? Habría que ver, ese es el área de
oportunidad, fortalecer esa coordinación para poder dar alternativas”,
comenta.
Sin garantías
Información del Centro de los
Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, indica que la pobreza
extrema, discriminación y exclusión son los patrones con quienes
conviven día con día los jornaleros agrícolas desde sus lugares de
origen.
La falta de trabajo y acceso a los derechos básicos a la
alimentación, salud y educación obliga a miles de familias a abandonar
sus hogares y buscar en los campos agrícolas la oportunidad que les
permita sobrevivir.
El forzado éxodo es el impacto de la omisión
de las autoridades municipales, estatales y federales para garantizar
los derechos básicos de la ciudadanía.
Según los registros del
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, los estados a los
que migra la población jornalera de Guerrero son: Coahuila, Chihuahua,
Sonora, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima,
Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Estado de México,
Hidalgo, Morelos, Guerrero (Tierra Caliente) —por lo menos 90 por ciento
de estas zonas enfrentan delincuencia organizada—.
Cifras del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), mediante la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), indican que en México la
población mayor de 15 años de edad ocupada en el trabajo agrícola es de
5 millones 538 mil 979 personas.
La ENOE muestra que de estos
millones, el 56 por ciento son agricultores y el 44 por ciento
trabajadores agrícolas de apoyo (peones o jornaleros). Con respecto al
género, entre los trabajadores agrícolas el 89 por ciento son hombres y
11 por ciento mujeres.
Entre el olvido y el peligro
Los
migrantes del país, los más pobres, viajan hacinados en vehículos en
mal estado. El peligro los acecha en las terracerías y las carreteras.
Castro Solano, de la comunidad Colonia de Guadalupe, Tlapa, en la región
de La Montaña de Guerrero denuncia el olvido que hay por parte de las
autoridades y la falta de auxilio.
El hombre, originario de uno de
los municipios más pobres del país, recuerda el accidente ocurrido el
año pasado en el norte del país: “una camioneta grande, en la que
viajaban cinco niños que pretendían cambiarse de trabajo (viajaban de
Torreón, Coahuila, al municipio Escalón, en Chihuahua), se volcó”.
Luego, dice Castro Solano en el marco del foro: Jornaleras y jornaleros agrícolas. Presente y futuro,
“este año (entre enero y abril) se murieron cinco de nuestro pueblo;
una mujer y cuatro niños, en Sinaloa. Hasta ahorita no sabemos nada de
nuestro gobierno. Solamente los de Tlachinollan [organización defensora
de derechos humanos] son los que luchan por nosotros y nos ayudan a
regresar a algunos cuerpos a su origen. Cada año, de mi comunidad se
mueren dos o tres niños y, a veces, se entierran donde estén o se los
llevan al [lugar de] origen”, denuncia.
“En su traslado, los
accidentes automovilísticos, los retenes policiales y militares son
algunas de las arbitrariedades a las que las familias jornaleras se
enfrentan”, documenta el Centro de los Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan.
Mientras, el Catálogo de Localidades de la
Secretaría de Desarrollo Social indica que Tlapa de Comonfort, lugar de
origen de Castro Solano, evidencia que en esta región la pobreza existe
en todas sus clasificaciones. El documento oficial indica que ahí viven
81 mil 419 personas, de las cuales 38 mil 122 sobreviven en “pobreza
extrema”; es decir que el 45.76 por ciento de pobladores de ese
municipio no tiene ni para comer.
En lo que respecta al grado de
marginación, según muestra la Sedesol, 15 mil 127 se encuentran en un
muy alto grado de marginación (44.07 por ciento); 65 mil 774 (26.27) en
un grado de marginación alto y apenas el 0.85 por ciento, que
representan 39 personas, tienen un grado de marginación medio.
Migrar desde el sur
El
norte, para miles, aparenta oportunidad. Pareciera que no es necesario
salir del país cuando miras hacia arriba en busca de mejorar tus
condiciones de vida. Abraham Gómez, de la Coalición de Indígenas
Migrantes de Chiapas, ha sido uno de esos miles que buscan huir de la
miseria que agobia a sus pueblos.
Cada viaje implicaba recorrer
una distancia de más de 2 mil 200 kilómetros, aproximadamente. Los
padecían con la precariedad en que viajaban y el hambre que tenían que
aguantar. Y cuándo parece que las cosas cambiarán para mejorar llegan
los abusos, violaciones laborales y explotación.
Abraham, quien
empezó a migrar en el 2007 rumbo a los campos agrícolas de Sonora, se
dio cuenta de que los problemas inician desde el momento mismo en que se
entabla relación con un reclutador o enganchador, quien ofrece buenos
empleos, pero cuando se llega a las plantaciones la realidad es otra.
“Llegas
al campo y no tienes los servicios necesarios. Todo es una cadena de
violaciones a los derechos de los jornaleros: somos explotados como
migrantes y trabajadores, las condiciones de vida y de trabajo son de
esclavitud”, relata.
Él mismo sufrió esta situación en un campo
llamado Casas Grandes, en aquella entidad. “Fuimos contratados y,
supuestamente, el camión que te lleva de Chiapas a Sonora te tiene que
regresar y no pasó así. Se habla de un contrato pero no se hace un
contrato formal y tú como jornalero si haces valer tu derecho, el patrón
te desconoce, dice que no eres su trabajador”, comenta.
La esclavitud moderna
“Vivimos
en condiciones infrahumanas”, suelta Lorenzo Rodríguez Jiménez,
secretario general del Sindicato Independiente Nacional Democrático de
Jornaleros Agrícolas (SINDJA), originario de San Martín Itunyoso, Oaxaca
(este municipio está catalogado con un “muy alto” índice de
marginación. En él habitan 2 mil 460 personas).
El SINDJA es la
primera organización constituida como sindicato ante la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social y respalda a los jornaleros del Valle de San
Quintín, en Baja California, quienes incluso han parado labores y
protestado por las condiciones de explotación en la que trabajan en la
pisca de alimentos.
Es
muy común que en este trabajo los patrones registren a los jornaleros
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para cubrir con el
requisito requerido por la Ley; pero son dados de baja en los primeros
días para no pagar la cuota correspondiente, acusa el líder sindical.
No
acaban de entender que “nadie deja su pueblo de origen por gusto o a
sus hijos. Es por una necesidad, y esa necesidad no ha sido porque los
jornaleros seamos personas flojas, que no les guste trabajar, que
solamente estemos tendiendo la mano para que el gobierno nos de comer;
sino que las políticas públicas del gobierno no han funcionado
lamentablemente y los beneficios y proyectos productivos no han llegado a
las manos de los campesinos del país”, dice en el marco del foro,
llevado a cabo en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
Lorenzo es jornalero activo, trabaja desde los
15 años en los surcos de Baja California “porque en mi pueblo no hay
oportunidad para poder superarse, para poder llegar a tener una
profesión”, dice.
El 17 de marzo de 2015 miles de jornaleros “nos
cansamos de vivir todo este tipo de explotación; decidimos dejar el
miedo a un lado, organizarnos y alzar la voz, porque todo el gobierno se
ha hecho de oídos sordos, los sindicatos de protección y los
empresarios”.
El líder de los jornaleros señala a los culpables de
la miseria de estos trabajadores: “Los principales culpables son el
gobierno, porque no crea políticas públicas que realmente puedan
beneficiarlos, que puedan aplicar para que a un jornalero se le pueda
vigilar que se respeten sus derechos mínimos, humanos y laborales
establecidos en la constitución.
“El segundo culpable es el
empresario, porque de acuerdo con la ley Federal del Trabajo, al momento
de contratar a los trabajadores, tiene la obligación de afiliarlos al
Instituto Mexicano del Seguro Social, de otorgarles todas las
prestaciones que la misma ley establece.
“El tercer culpable son
los sindicatos de protección que han sido cómplices durante años junto
con el gobierno y los empresarios para que se den estas condiciones de
esclavitud moderna, en pleno siglo XXI. El punto principal aquí es la
corrupción, los delegados que nombra para que no se violenten esos
derechos no han sido capaces de hacer su trabajo porque les encanta el
dinero, hasta el día de hoy no hemos conocido un sindicato que luche por
los trabajadores”, dice.
Las carencias
Isabel Margarita
Nemecio, representante de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras,
dice que la organización se ha enfocado en la demanda de cinco puntos
principales:
- Se necesita un registro actualizado de los jornaleros en México,
para poder instrumentar políticas integrales que realmente atiendan a la
población.
- Se debe mejorar la articulación de las autoridades en los tres
niveles de gobierno, para mejorar el impacto de los programas públicos
- Se deben revisar las reglas de operación de los programas existentes
para asegurar que tengan mayor potencial de impactar positivamente en
la protección de los jornaleros agrícolas migrantes, principalmente el
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), operado por la
Sedesol.
- También pidió contar con indicadores cualitativos y de impacto que
permita medir los efectos en la población jornalera agrícola de estos
programas.
- La Red se unió a las exigencias del SINDJA en Morelos para que los
dueños del ingenio Beta San Miguel (el más importante del país) y la
Unión local de productores de caña de azúcar lleguen a una negociación
con los cortadores de caña.
