Por: Cecilia Balderas
(26 de junio,
2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Fidel Sánchez Gabriel, uno de los
voceros oficiales de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y
Municipal por la Justicia Social, informó que aún permanecen 14
trabajadores jornaleros detenidos -en el cerezo de Ensenada, acusados
de robo calificado- tras las agresiones de que fueron objeto en la
propiedad denominada Rancho Seco, a manos de la Policía Federal y
estatal, y que la versión oficial calificó como un “enfrentamiento” en
el Valle de San Quintín.
Sánchez declaró, en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO,
que aunque existe el compromiso del gobierno federal de ayudar
económicamente al movimiento para reunir el dinero de la fianza de cada
uno de ellos, sin que hasta el día de hoy hayan tenido ningún
acercamiento con funcionarios federales.
El líder jornalero añadió que hasta la
fecha, no han podido ver o hablar con los detenidos, pero esperan que a
la brevedad posible se lleve a cabo un encuentro, pues desconocen las
condiciones en que se encuentran, tanto físicas como emocionales.
Consideró que el uso de la fuerza que
el Estado utilizó en contra de los trabajadores del campo el pasado
mayo, que dejó como saldo al menos 70 jornaleros heridos, siete de
ellos de gravedad, fue completamente desproporcionado, pues “las únicas
armas que tenemos son nuestras voces y la Constitución, el exigir el
cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo; si es un delito levantar
nuestras voces y se tiene que pagar con cárcel, estamos dispuestos y
asumimos la responsabilidad, pero las detenciones son injustas”,
sostuvo.
Informó que el aumento en los sueldos
que se logró conseguir, tras el diálogo con los dueños de los ranchos
donde laboran miles de jornaleros agrícolas y las movilizaciones
emprendidas por los mismos, para exigir mejoras en sus condiciones de
vida, así como el respeto a sus derechos humanos y laborales, entrará
en vigor la primera semana de julio.
Como se recordará, después de varias
mesas de diálogo en las que participaron autoridades federales y
estatales, se acordó el aumento del salario en tres categorías: A, 180
pesos; B, 165 y C, 150 pesos diarios; sin embargo, el planteamiento
inicial de los jornaleros es que se les pagara mínimo 300 pesos por
jornada laboral, días más tarde bajaron su demanda a 200, para mostrar
su buena voluntad frente a la reticencia de los empleadores.
“Hicimos una propuesta inicial de 300
pesos, el 27 de marzo lo bajamos a 200 y a final de cuentas, quedaron
esas tres categorías; sin embargo, consideramos que se consiguió algo
histórico en nuestro país, sabemos que ningún sindicato ha podido
conseguir siquiera el 10 % de incremento salarial y la Alianza de
Organizaciones, junto con los compañeros jornaleros, sí lo
conseguimos”, declaró Fidel Sánchez.
Otro de los acuerdos signados por
autoridades federales y estatales con los jornaleros, fue el tema de
que, en coordinación con representantes de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS) federal, así como la estatal, los trabajadores
agrícolas participarán en la categorización de las zonas laborales,
pero en este punto tampoco ha habido avances.
“Ni de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social federal ni la del estado, se ha visto el trabajo; la
misma ley establece que debe asesorar y defender a los trabajadores;
prácticamente deberían ser los abogados de los trabajadores y tienen
facultades para realizar inspecciones de las condiciones laborales en
las diferentes empresas, pero hasta el día de hoy no se han hecho. En
la minuta se estableció que habría una comisión de la Alianza de
Organizaciones en las inspecciones, pero no ha llegado ese momento”,
comentó a Revolución TRESPUNTOCERO el vocero de los trabajadores agrícolas.
La Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), a través de sus visitadores, ha tenido diversos
acercamientos con el movimiento de jornaleros, quienes han solicitado
se realice un seguimiento permanente al tema y se acrediten las
violaciones a los derechos humanos de que han sido objeto, pero la
dependencia aún no ha emitido su posicionamiento al respecto.
“Hasta el día de hoy, la CNDH no nos ha
informado qué es lo que ha podido establecer durante su labor de
investigación y visitas a Baja California, esperamos que la primer
semana del mes de julio entregaran un informe completo sobre si hubo o
no violación a los derechos humanos de los compañeros”, declaró Fidel
Sánchez.
Sin cuentas claras
En sesión ordinaria, la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión aprobó solicitar a la Procuraduría
General de la República (PGR) y a la Procuraduría General de Justicia
del estado de Baja California, que lleven a cabo las investigaciones
correspondientes sobre “la probable violación de derechos humanos
derivadas del posible uso excesivo de la fuerza pública en contra de
los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín”.
Ante la falta de información sobre el
tema de diversas dependencias federales, el Legislativo solicitó que la
CNDH emita a la brevedad posible sus resoluciones sobre las agresiones
a los jornaleros.
El Ejecutivo no quedó fuera del tema y
se le solicitó que, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social; en un término no mayor a 15 días, informe sobre el avance del
diálogo y los compromisos adquiridos con los trabajadores del Valle de
San Quintín, así como de las acciones que llevará a cabo para
garantizar los derechos laborales, de salud, educación, vivienda y
libertad de expresión de los jornaleros. Al gobernador de la entidad se
le solicita hacer público su posicionamiento sobre el mismo tema.
Los legisladores emitieron un llamado a
la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la STPS para que implementen
acciones para dar seguimiento a la protección, defensa y promoción de
los derechos humanos de los trabajadores agrícolas.
La Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol), dependencia a cargo de la experredista Rosario Robles, se le
solicita que informe de las acciones que ha llevado a cabo a través del
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, en especial en el Valle de
San Quintín, Baja California.
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