6/23/2015

El apagón de los medios públicos

Alguna explicación coherente debe de dar el director del Canal 22 ante la denuncia de los trabajadores.

lasillarota.com

La Constitución determina que a más tardar el 31 de diciembre de este año deberá de darse el apagón analógico y todas las señales televisivas deberán ser digitales, aunque muchos dudan de que pueda cumplirse con la fecha determinada por los numerosos tropiezos en la implementación de la política de transición a la televisión digital llevada a cabo por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que parece que ahora con Mónica Aspe al frente de la Subsecretaria de Comunicaciones tomará un curso más estable.

Así que para finales de este año, todas las estaciones de televisión deberán de transmitir en al menos un canal de alta definición (de acuerdo a los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones) y podrán acceder a las nuevas señales de multiprogramación producto de la ganancia espectral, puede ser una gran oportunidad para que la televisión pública pueda ampliar su programación para cumplir con el mandato constitucional de garantizar pluralismo y diversidad de contenidos.

Sin embargo, recientemente directivos de las televisiones públicas del país se quejaron amargamente por la falta de apoyo para transitar de sus señales análogas a las digitales, de acuerdo con una nota publicada en el periódico El Financiero, este año las emisoras públicas recibieron 40 millones de pesos menos, en comparación con el presupuesto de mil 282 millones 700 mil pesos que les fue asignado en 2013 en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Desde hace años se ha venido insistiendo en la necesidad de que el Estado proporcione apoyos a los medios públicos para la transición digital, pues al depender exclusivamente del financiamiento público no tienen otras alternativas presupuestales, si bien había una ocasión para fortalecerlos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión simplemente eso no pasó y los siguieron condenando a depender del gobierno en turno para su financiamiento, y sólo les dieron la oportunidad de poder transmitir patrocinios de ¡5 segundos! La apuesta fue seguirlos dejando como lo que hasta ahora son, medios oficiales que no pueden garantizar su independencia editorial, ni hablar mal del gobierno, so pretexto de tener recortes u otros castigos.

Si la televisión digital era la mejor oportunidad para fortalecer contenidos e informaciones plurales en México la hemos dejado pasar de manera estrepitosa, a diferencia de otros países que lo están haciendo a través leyes y políticas públicas, como es el caso de Chile donde la Televisión Nacional de Chile (TVN) es considerada una empresa autónoma del Estado y  tiene un mandato legal de autofinanciamiento, lo cual le da la libertad para tener esquemas de operación adaptándose a los nuevos retos tecnológicos.

El año pasado en ese país se aprobó la ley 20.750 de televisión digital, que le  proporciona TVN las condiciones para ampliarse y permitir la diversidad de voces al tener la opción de solicitar una segunda frecuencia “que tenga por objeto la transmisión de señales de la propia concesionaria de carácter regional o de otros concesionarios que no cuenten con medios propios”, además se creó el CORFO (Corporación de Fomento) que es un Fondo concursable, el más relevante desde la perspectiva de la implementación de la TV digital, para apoyar la producción independiente y debe de  priorizar el financiamiento de contenidos para canales regionales, locales y locales de carácter social, y con ese mismo fondo también se financian los costos de transmisión de aquellos actores que no cuentan con un canal de televisión pero pueden acceder a una de las señales locales o regionales de la TVN.

La ley genera las condiciones además para desarrollar una política especial de subsidios e incluso de financiamiento directo de los costos de producción, transmisión o difusión de las frecuencias que fueron reservadas (40% del espectro) para asegurar que una variedad de organizaciones organizaciones de la sociedad civil o colectivos de creadores, puedan incidir en el debate público a través de la televisión.

En comparación con lo que tenemos en México, simplemente ya quisiéramos esta ley para un día domingo, aquí la política de televisión digital está esencialmente guiada para que el mercado sea quien determine las reglas del juego y no se previeron medidas afirmativas para la televisión pública o social y por eso la televisión pública esta en riesgo, tan es así que de los integrantes de la Red de Televisoras y Radiodifusoras Educativas y Culturales, donde se congregan la mayor parte de los medios público están buscando alternativas de financiamiento para sobrevivir al apagón digital, a tan cercana la fecha para este evento 29 estaciones no han podido transitar a la señal digital que requiere de por lo menos 3 mil millones de pesos. Ante la situación los directivos de los canales han pedido que se les otorgue el 10% del dinero que gastaron los partidos políticos en las pasadas elecciones.

Pero el problema no es solamente el dinero, también tenemos un problema con la concepción misma de lo que son los medios públicos, pues aunque la constitución determinó que deben contar con independencia editorial mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, de participación ciudadana y reflejar el pluralismo y la diversidad mexicana, salvo contadas excepciones, la mayor parte de los medios públicos son opacos, resistentes abrirse a la sociedad civil y tienden a ser islas que se refugian en la cultura de élite y en el discurso oficial en sus pocos espacios informativos, lo que les da poca legitimidad ante la sociedad.

¿Además, censura?

Peor aún son las recientes acusaciones de censura, tal como sucede con la denuncia de trabajadores del Canal 22 que hacían periodismo de investigación, en una carta pública un grupo de periodistas entre los que se encuentran Marco Lara Klhar e Idalia Gómez, afirman que “el director general de Canal 22 Raúl Cremoux López, quien desde que asumió tal cargo, al iniciar la administración del presidente Enrique Peña Nieto, y con una actitud abiertamente patrimonialista del poder público, ha utilizado nuestro canal público como plataforma de proyección política personal”.

En esa misma misiva acusan la orden del director para no abordar en sus informativos el caso de la periodista Carmen Aristegui y de cancelar los programas de periodismo de investigación El Observador y Global 22, para evitar tocar temas sensibles que incomodan al gobierno federal, la carta completa la puede ver aquí.

Esto es especialmente grave, pues los canales públicos no pertenecen a ningún gobierno o funcionario sino a la sociedad, pues el financiamiento que reciben lo aportamos los ciudadanos con nuestros impuestos, o sea nosotros los pagamos, por lo tanto sus directivos debieran de rendir cuentas a la sociedad. Alguna explicación coherente debe de dar el director del Canal 22 ante la denuncia de los trabajadores, el caso hay que seguirlo de cerca.


aleida.calleja@gmail.com 

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