Alguna explicación coherente debe de dar el director del Canal 22 ante la denuncia de los trabajadores.
lasillarota.com
La
Constitución determina que a más tardar el 31 de diciembre de este año
deberá de darse el apagón analógico y todas las señales televisivas
deberán ser digitales, aunque muchos dudan de que pueda cumplirse con
la fecha determinada por los numerosos tropiezos en la implementación
de la política de transición a la televisión digital llevada a cabo por
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que parece que ahora con
Mónica Aspe al frente de la Subsecretaria de Comunicaciones tomará un
curso más estable.
Así que para finales de este año, todas las estaciones de televisión
deberán de transmitir en al menos un canal de alta definición (de
acuerdo a los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones)
y podrán acceder a las nuevas señales de multiprogramación producto de
la ganancia espectral, puede ser una gran oportunidad para que la
televisión pública pueda ampliar su programación para cumplir con el
mandato constitucional de garantizar pluralismo y diversidad de
contenidos.
Sin embargo, recientemente directivos de las televisiones públicas
del país se quejaron amargamente por la falta de apoyo para transitar
de sus señales análogas a las digitales, de acuerdo con una nota
publicada en el periódico El Financiero, este año las
emisoras públicas recibieron 40 millones de pesos menos, en comparación
con el presupuesto de mil 282 millones 700 mil pesos que les fue
asignado en 2013 en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Desde hace años se ha venido insistiendo en la necesidad de que el
Estado proporcione apoyos a los medios públicos para la transición
digital, pues al depender exclusivamente del financiamiento público no
tienen otras alternativas presupuestales, si bien había una ocasión
para fortalecerlos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión simplemente eso no pasó y los siguieron condenando a
depender del gobierno en turno para su financiamiento, y sólo les
dieron la oportunidad de poder transmitir patrocinios de ¡5 segundos!
La apuesta fue seguirlos dejando como lo que hasta ahora son, medios
oficiales que no pueden garantizar su independencia editorial, ni
hablar mal del gobierno, so pretexto de tener recortes u otros castigos.
Si la televisión digital era la mejor oportunidad para fortalecer
contenidos e informaciones plurales en México la hemos dejado pasar de
manera estrepitosa, a diferencia de otros países que lo están haciendo
a través leyes y políticas públicas, como es el caso de Chile donde la
Televisión Nacional de Chile (TVN) es considerada una empresa autónoma
del Estado y tiene un mandato legal de autofinanciamiento, lo cual le
da la libertad para tener esquemas de operación adaptándose a los
nuevos retos tecnológicos.
El año pasado en ese país se aprobó la ley 20.750 de televisión
digital, que le proporciona TVN las condiciones para ampliarse y
permitir la diversidad de voces al tener la opción de solicitar una
segunda frecuencia “que tenga por objeto la transmisión de señales de
la propia concesionaria de carácter regional o de otros concesionarios
que no cuenten con medios propios”, además se creó el CORFO
(Corporación de Fomento) que es un Fondo concursable, el más relevante
desde la perspectiva de la implementación de la TV digital, para apoyar
la producción independiente y debe de priorizar el financiamiento de
contenidos para canales regionales, locales y locales de carácter
social, y con ese mismo fondo también se financian los costos de
transmisión de aquellos actores que no cuentan con un canal de
televisión pero pueden acceder a una de las señales locales o
regionales de la TVN.
La ley genera las condiciones además para desarrollar una política
especial de subsidios e incluso de financiamiento directo de los costos
de producción, transmisión o difusión de las frecuencias que fueron
reservadas (40% del espectro) para asegurar que una variedad de
organizaciones organizaciones de la sociedad civil o colectivos de
creadores, puedan incidir en el debate público a través de la
televisión.
En comparación con lo que tenemos en México, simplemente ya
quisiéramos esta ley para un día domingo, aquí la política de
televisión digital está esencialmente guiada para que el mercado sea
quien determine las reglas del juego y no se previeron medidas
afirmativas para la televisión pública o social y por eso la televisión
pública esta en riesgo, tan es así que de los integrantes de la Red de
Televisoras y Radiodifusoras Educativas y Culturales, donde se
congregan la mayor parte de los medios público están buscando
alternativas de financiamiento para sobrevivir al apagón digital, a tan
cercana la fecha para este evento 29 estaciones no han podido transitar
a la señal digital que requiere de por lo menos 3 mil millones de
pesos. Ante la situación los directivos de los canales han pedido que
se les otorgue el 10% del dinero que gastaron los partidos políticos en
las pasadas elecciones.
Pero el problema no es solamente el dinero, también tenemos un
problema con la concepción misma de lo que son los medios públicos,
pues aunque la constitución determinó que deben contar con
independencia editorial mecanismos de transparencia, rendición de
cuentas, de participación ciudadana y reflejar el pluralismo y la
diversidad mexicana, salvo contadas excepciones, la mayor parte de los
medios públicos son opacos, resistentes abrirse a la sociedad civil y
tienden a ser islas que se refugian en la cultura de élite y en el
discurso oficial en sus pocos espacios informativos, lo que les da poca
legitimidad ante la sociedad.
¿Además, censura?
Peor aún son las recientes acusaciones de censura, tal como sucede
con la denuncia de trabajadores del Canal 22 que hacían periodismo de
investigación, en una carta pública un grupo de periodistas entre los
que se encuentran Marco Lara Klhar e Idalia Gómez, afirman que “el
director general de Canal 22 Raúl Cremoux López, quien desde que asumió
tal cargo, al iniciar la administración del presidente Enrique Peña
Nieto, y con una actitud abiertamente patrimonialista del poder
público, ha utilizado nuestro canal público como plataforma de
proyección política personal”.
En esa misma misiva acusan la orden del director para no abordar en
sus informativos el caso de la periodista Carmen Aristegui y de
cancelar los programas de periodismo de investigación El Observador y Global 22, para evitar tocar temas sensibles que incomodan al gobierno federal, la carta completa la puede ver aquí.
Esto es especialmente grave, pues los canales públicos no pertenecen
a ningún gobierno o funcionario sino a la sociedad, pues el
financiamiento que reciben lo aportamos los ciudadanos con nuestros
impuestos, o sea nosotros los pagamos, por lo tanto sus directivos
debieran de rendir cuentas a la sociedad. Alguna explicación coherente
debe de dar el director del Canal 22 ante la denuncia de los
trabajadores, el caso hay que seguirlo de cerca.
aleida.calleja@gmail.com
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