Previo a las elecciones la Policía Estatal elaboró un informe de personas consideradas de riesgo que incluye estudiantes activistas, integrantes de la CNTE y de la oposición.
En los distintos casos se hace referencia al grupo o institución con la
que está ligada la persona y se incluye el motivo por el cual se les
considera de interés, desde ser protagonistas de actos vandálicos hasta
promotores de abstencionismo. En algunos perfiles se mencionan
relaciones con otras personas o grupos.
El gobierno de Duarte ha evitado hasta ahora hacer referencia a los señalamientos públicos hechos por los activistas.
Lo que sí ocurrió el fin de semana, confirmado por este medio, es un encuentro
entre Fiscal general del estado Luis Ángel Bravo Contreras con
defensores de derechos humanos y víctimas del ataque a los estudiantes, a quienes les dijo que todas las líneas están abiertas y que el motivo del ataque, incluida una posible participación de autoridades, es investigado.
Ignacio, uno de los estudiantes de la Universidad veracruzana víctima del ataque del 5 de junio, sostuvo en entrevista con Animal Político
que las condiciones para aquellos que tienen una postura crítica en
cuanto a las políticas públicas en el estado no es sencilla.
“Aquí en este estado cualquiera que se solidariza con una causa es visto con un criminal… No estar de acuerdo con algo parecer ser un delito” dijo.
Los estudiantes
La
presentación, en la que aparecen los logotipos del Gobierno de
Veracruz, de la secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Estatal,
describe en la primera parte las condiciones de seguridad en torno a
los comicios en el estado y recoge de la prensa datos sobre ataques en
contra de candidatos en el país.
Pero en la segunda parte enumera a
20 personas en total que por distintas razones podrían incurrir en un
intento de boicot en contra de los comicios o de las instituciones. Los
casos más detalles son los de líderes estudiantiles a los que incluso se titula como “anarquistas”.
En
primera instancia se menciona a Julián Fernando Ramírez Olivares alias
“Canek” estudiante de la Facultad de Sociología de la Universidad
Veracruzana (UV) y Bitari Genaro Martínez Romero, perteneciente a la
Facultad de Filosofía de la misma casa de estudios.
A Ramírez la
SSP le atribuye entre otras cosas agresiones con petardos y proyectiles,
pintas y arengas en bloqueos y estar al frente de un grupo de 50 a 100
activistas de quienes no se aporta mayor información.
Además a
“Canek” se le señala por “tener vínculos con activistas de izquierda”
como literalmente dice el documento y se nombran a seis personas más de
los que no se difunden fotografías. Entre esas personas están Juan
González Garrido quien es consejero local del Instituto Nacional Electoral de Veracruz.
Los
otros activistas supuestamente vinculados con el estudiante son
Guillermo Rodríguez Curiel quien preside una ONG ambientalista de nombre
Lavida; Guillermo Rodríguez Curiel quien es ex catedrático de la Facultad de Biología de la UV e integrante también de Lavida;
el investigador Alejandro José Saldaña Rosas: la defensora de derechos
humanos Mayra Ledesma Arronte, así como René Cancino Burfasson y Arturo
Hinojosa Loya.
En cuanto a Bitari Genaro, además de identificar su
facultad de estudios la SSP le atribuye pintas en edificios públicos y
quema de propaganda política del PRI, así como su cercanía con “Canek”.
Los
otros estudiantes señalados son Andrea Franco López, estudiante de la
Facultad de Comunicación y miembro de la asamblea libre estudiantil de
la zona conurbada Veracruz – Boca del Río, e isidro González Valerio
quien preside la confederación de Estudiantes y Jóvenes del estado de
Veracruz (CEJEV).
Además de calificarlos de “anarquistas” el informe identifica a ambos como participantes activos en marchas y plantones.
Maestros y opositores
Además
de los estudiantes y activistas mencionados, la Policía estatal también
colocó en el informe a otros personajes a los que señala como
instigadores del abstencionismo, todos con fotografía. Entre ellos están
Víctor Moreno Bolaños y Sandra Romero Agustín, a quienes señaló como
maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) y organizadores activos de manifestaciones, marchas y
plantones,
En el caso de Romero Agustín, el informe hace hincapié
en que “se ha hecho acompañar de profesores de estados como Oaxaca y
Michoacán” sin otros detalles.
También es mencionada María
Carolina Eugenio Aragón, ahora ex diputada federal por el Distrito XII
de Movimiento Ciudadano, y que según la policía es “activista del
Comité de Lucha Magisterial de Veracruz afiliado al CNTE” y
participante en manifestaciones, marchas y plantones.
Otros dos
integrantes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (cercano a la
CNTE) e incluidos en el documento por su supuesto vínculo con
“manifestaciones y plantones” son su dirigente Ramón Tepole González y
su vocero Zenyazen Roberto Escobar García.
A continuación se
mencionan a dos ejidatarios Pascual Lorenzo Ruiz e Inocencio Bautista
Luis, a quienes se señala como incitadores de bloqueos y toma de
instalaciones debido a la desatención de sus demandas.
La lista la
completan cuatro personas que según el informe están vinculadas con
“grupos partidistas y organizaciones con móviles políticos”: Bonifacio
Aguilar Linda alcalde de Soledad; Rafael Carvajal Rosado, representante
del PT ante el consejo local del INE en Veracruz; y finalmente Gerónimo
Zárate Rodríguez y Carlos Manuel Sosa, integrantes de la Coordinación
Nacional Obrero Popular.
“Nos pasaron factura”
Ignacio tiene quince heridas en el cuerpo que requirieron puntos de sutura,
pero lo más grave son las múltiples fracturas en su mano izquierda
producto de los golpes que por cinco minutos le dieron con un bate y con
un palo con clavos, la madrugada del 5 de junio.
Foto: Arturo Ángel (@arturoangel20).
Para
el estudiante de 22 años de edad no existe duda de que en la agresión
que sufrieron él y otros siete de sus compañeros de la Universidad
Veracruzana, que les dejaron heridas que incluso aun requieren
cirugías, existe una responsabilidad por acción u omisión del gobierno
de Javier Duarte. ¿El motivo? El activismo de los grupos con los que
colaboran.
– ¿Crees que defensa les pasó factura?- se le pregunta.
–
Si indudablemente nos pasaron factura. Aquí en este estado se da eso,
cualquier persona que intenta solidarizarse con los que resisten y una
resistencia por demás justa pues empiezan a criminalizarla (…) se
desvirtúan esas luchas para hacer pensar a la sociedad en general que
activistas y ambientalistas y personas en general que no están de
acuerdo con algo son criminales.
En entrevista con Animal Político
tras una reunión en el Consejo Estatal de Derechos Humanos, Ignacio
recuerda las circunstancias del ataque y subraya que no hay forma de que
lo ocurrido hubiera sido “una confusión”. Dice que él y sus compañeros
estaban reunidos para festejar el cumpleaños de uno de ellos, pero no
había ni música ni otra cosa llamativa que hiciera notar que estaban
ahí.
Fueron una decena de personas encapuchadas quienes utilizaron
bates de beisbol, palos con clavos salidos y bastones retractiles para
destrozar las ventanas de la casa e ingresar al sitio donde estaban los
estudiantes. Lo que siguió, fue el ataque en contra de los estudiantes.
Pero
además de la agresión, para los estudiantes es clave la intervención
que tuvieron los policías estatales que llegaron junto con personas que
se hicieron pasar por representantes de Derechos Humanos con la
complicidad de los agentes. “Solo nos tomaron fotografías y nos
interrogaron sobre si éramos estudiantes, nunca llamaron ni una
ambulancia” dijo.
Ignacio reconoció que él y sus compañeros
participan en movimientos sociales en contra de políticas públicas y
privadas como minería a cielo abierto, la privatización del agua, pero
no solo a través de marchas sino de expresiones culturales y de protesta
como la música o la poesía.
“Pero aun con los riesgos vamos a
seguir alzando la voz porque este es en estado en el que se está
secuestrando, asesinando, y no podemos callarnos” añadió Ignacio.
El
jueves 18 de junio los estudiantes sostuvieron una reunión de dos horas
con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Veracruz, Luis Fernando Perera Escamilla, quien confirmó que el
organismo tiene abierto un expediente de queja por la agresión que
sufrieron y el posible involucramiento de autoridades del estado.
Posteriormente
se realizó un encuentro con el fiscal del Estado, quien según las
fuentes consultadas por Animal Político, les dijo que las indagatorias
se encuentran en marcha y que no se descarta ninguna posibilidad en el
ataque aunque no existe una fecha probable en que se darán a conocer los
resultados.
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