MÉXICO,
D.F. (apro).- Desde el inicio de su gobierno, Enrique Peña Nieto quiso
desembarazarse del vínculo contractual con Televisa y TV Azteca, con
las grandes empresas de radiodifusión y mostrarse como un primer
mandatario priista que impulsaría una reforma profunda en
telecomunicaciones y en medios.
A menos de tres años de distancia, la reforma legal devino en una
contrarreforma: todos los avances que se lograron en el terreno de la
reforma constitucional (incluir los derechos de las audiencias,
determinar que los medios son “servicios de interés público”, crear un
órgano autónomo para que el presidente no fuera el gran árbitro de las
concesiones, avanzar en la convergencia y eliminar la brecha digital,
entre otras) se transformaron, en la práctica, en retrocesos.
En ningún otro sexenio como en éste el derecho a la información y
los derechos de las audiencias han sido sistemáticamente violados y
vulnerados con el acuerdo de los grandes corporativos mediáticos y el
gobierno.
En ningún otro sexenio como el peñista la práctica de la censura
previa se ha generalizado no sólo en los medios públicos (como el caso
reciente y escandaloso del Canal 22), sino en los medios electrónicos,
en los medios impresos (dependientes del uso de la publicidad oficial
como mecanismo de control) y entre los concesionarios de radio.
Lo peor de este escenario es que el autoritarismo informativo ya no
es monopolio exclusivo de la Presidencia. En las entidades de la
República, los gobernadores –sin distinción de signo partidista–
recuperaron las viejas prácticas del control, intimidación, persecución
hacia los medios e informadores críticos, la impunidad frente a los
homicidios de periodistas, el despilfarro de recursos públicos para
promoverse personalmente y la censura directa o indirecta.
Los casos más graves, señalados una y otra vez en medios
alternativos digitales o en las redes son los de Javier Duarte, en
Veracruz (que se llevará el récord de censor y agresor en su mandato),
Rafael Moreno Valle, en Puebla (que combina la ambición con la guerra
sucia a sus críticos), Roberto Borge, en Quintana Roo (que encarcela a
todo aquel que le sea incómodo), a Manuel Velasco, en Chiapas (que
ejerce la antigua práctica de sembrar chayotes en las salas de
redacción nacionales y estatales), César Duarte, en Chihuahua (que
aspira a dirigir el PRI nacional a través de la mano dura), o Rodrigo
Medina, en Nuevo León (cuyo control y convenio con las televisoras no
lo ayudó en nada para evitar el hundimiento de su partido).
Estos son algunos ejemplos, pero no los únicos.
El estado de censura e intimidación de los medios informativos en
México es sólo comparable con la denuncia constante en los foros
internacionales, en las redes sociales y en algunos medios
internacionales que documentan este retroceso de manera aleatoria.
El 2015 acumula una serie de eventos que documentan esta situación:
1.-Caso Aristegui.-
En cualquier otra nación civilizada las formas y el fondo de la salida
de Carmen Aristegui hubiera merecido un debate público abierto y una
solidaridad generalizada de los informadores. La conductora con mayor
índice de audiencia en la radio matutina fue despedida de la peor
manera y un equipo de 19 personas fue echado a la calle con argumentos
pueriles.
La censura a Aristegui y su equipo se encubrió de “asunto entre
privados” y ahora pretende ser reducido a un asunto contractual. El
derecho de la libre empresa se sobrepone sobre el derecho a la libertad
de expresión y el derecho a la información. Esos son los argumentos de
MVS.
Lo más grave es que ni una sola palabra de los gobernantes o algún
pronunciamiento claro y contundente de los legisladores que aprobaron
la reforma de telecomunicaciones se ha emitido en este caso. Hasta
Andrés Manuel López Obrador ha preferido callarse frente a este
episodio que deja secuelas muy graves.
2.-Caso Canal 22.-
Una de las secuelas más graves ocurrió esta semana en el Canal 22. El
director de Noticias, Juan Jacinto Silva, y un equipo de 10 periodistas
y colaboradores que realizaban programas de investigación periodística
como El Observador y El Global decidieron renunciar ante la constante
censura previa ejercida por Raúl Cremoux, actual director de la
estación pública que este día cumple 22 años.
El primer signo claro de censura se generó cuando Noticias22 decidió
informar sobre la salida de Carmen Aristegui de MVS. Cremoux se
enfureció. Y el señor director de Canal 22 se olvidó del propio
estatuto de medio público de esta estación dependiente de Conaculta
para manejar la estación como una extensión de los caprichos de la
vocería de Los Pinos.
Lamentable que Canal 22 celebre sus 22 años con este expediente de retroceso tan grave.
Pero no es el único medio público donde se ha retrocedido a la era
diazordacista del control editorial. En prácticamente todos los estados
los gobernadores manejan las televisoras y radios públicos como si
fueran su parcela privada para alentar su Ego.
3.-La Publicidad como Mecanismo de Control Informativo.- El gobierno
de Enrique Peña Nieto ha destinado 11 mil 300 millones de pesos del
erario en publicidad destinada a medios de comunicación. El gasto no se
ha democratizado en nada: 35% se ha destinado a las dos grandes
televisoras, 19% a cerca de 10 grupos radiofónicos, sólo 10% a medios
impresos, 3% a medios impresos y electrónicos internacionales, 2% a
revistas, 6% a medios digitales, 15% a algo que denominan “medios
complementarios” y 9% a “diseño, producción, pos producción y copiado”.
Se han reducido sustancialmente los recursos a los medios públicos
(Canal 11, Canal 22, IMER, Radio Educación, OPMA, etcétera), al tiempo
que se ha reforzado el control editorial en los mismos. Están en el
peor escenario los medios públicos: pobres y censurados.
La publicidad se utiliza como un arma de coerción y no de difusión.
Al medio que trate de equilibrar con información crítica, se le castiga
retrasándole los pagos y las firmas de los convenios publicitarios.
“No pago para que me peguen” fue el viejo apotegma de López Portillo
para justificar la suspensión de convenios publicitarios con medios
críticos como la revista Proceso. Sin decirlo, Peña Nieto “paga para
que no le peguen y controla para pagar después”.
4.-La promoción personalizada de los políticos en los medios.- La
reforma constitucional en radiodifusión y telecomunicaciones, más la
reforma político-electoral prohibieron expresamente los infomerciales
de políticos y candidatos en medios electrónicos. En el 2015 la
violación más sistemática del Partido Verde y de varios gobernadores,
con el consentimiento de las dos grandes televisoras, fue en este
aspecto.
Nadie los frenó a tiempo. El daño se hizo no sólo contra la equidad
de la contienda electoral sino contra la credibilidad de los propios
medios.
5.-Una tercera cadena de televisión a modo de Peña Nieto.-Desde su
toma de posesión, Peña Nieto anunció que licitaría dos grandes cadenas
de televisión digital. El proceso quedó a medias. Sólo se concretó una
de las dos grandes cadenas y fue para el Grupo Imagen, de Olegario
Vázquez Aldir, que construyó una plataforma multimediática desde el
sexenio de Vicente Fox para lograr tener la concesión de una cadena de
televisión.
Grupo Imagen sólo tiene clara una línea editorial: “somos soldados del Presidente y al señor Peña Nieto no se le critica”.
Así ocurre en las secciones informativas de los medios impresos,
radiofónicos, digitales y en la televisión de Cadena Tres. ¿Eso
significa alentar la competencia y la democratización en los medios
electrónicos?
Evidentemente, estamos en uno de los periodos de mayor retroceso en
materia de respeto a la libertad de expresión y derecho a la
información.
Twitter: @JenaroVillamil
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