Por: Argentina Casanova*
En
México, los homicidios contra hombres se cometen con armas de fuego; en
tanto que los asesinatos de las mujeres, los casos de feminicidio, no
son con estas condiciones; ellos son más bien el resultado del uso de
medios crueles, como ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación,
ahogamiento e inmersión, quemaduras, cortes, violencia sexual y otras
heridas infamantes contra el cuerpo, que se suman a la violencia previa
en la que vivía la mujer víctima, es decir va acompañada de una tortura
previa.
El feminicidio es “la manifestación más extrema de este continuum de violencia”.
Las resistencias institucionales a reconocer el feminicidio y otras
formas de violencia contra las mujeres como una forma de tortura, son
insostenibles a partir del reconocimiento y la identificación de las
características más importantes.
Ahí se entiende por qué el visitador del Alto Comisionado para la
Tortura, Juan Méndez, haya afirmado que “la tortura en México es
general y sistematizada, y que además tiene implicaciones de género”.
Aunque es la más difícil de reconocer para la mayor parte de la
sociedad, la tortura se presenta en los casos de feminicidio en al
menos cuatro líneas posibles: la primera de ellas es el peregrinar de
las mujeres buscando ser escuchadas, vivir con el terror de la
violencia, acudir con esperanza a una agencia del Ministerio Público
(MP), y en su momento sólo recibir un comentario que le hace saber que
su vida no es prioridad, que no hay forma de garantizarle ninguna
protección, y que tiene que regresar un sinnúmero de veces.
Así ocurrió un caso en Ciudad del Carmen, Campeche: la joven acudió a denunciar cinco veces ante el MP la violencia que vivía.
La autoridad, que representa al Estado mexicano, no supo, no pudo o no
quiso –hasta ahora la investigación solicitada por el Observatorio de
Violencia Social y de Género a la Comisión de Derechos Humanos de
Campeche no registra avance– adoptar medidas que garantizaran la
protección a la vida de la joven que derivó en un feminicidio.
Esa omisión es tortura, la falta de acción, de protección, la
inutilidad del sistema de Órdenes de Protección, la falta de debida
diligencia, lo que debió vivir la joven en los días en los que acudía a
solicitar atención constituyen actos de tortura por el terror, el
miedo, los sufrimientos, el dolor físico o mental que derivan de un
acto de acción/omisión del Estado, y la intencionalidad del servidor
público de hacerla desistir de sus denuncias que generalmente suele
acompañar las entrevistas.
La joven sabía que su vida corría peligro y acudió a pedir ayuda; nada
de esto sirvió y su agresor no encontró ningún impedimento –con el
apoyo de quienes la desprotegieron– para cometer el feminicidio, en el
que como hemos señalado hay condiciones y características de tortura
por el sufrimiento causado contra la mujer.
Y por si esto fuera poco, como el caso de Ciudad del Carmen hay cientos
en todo el país, los cuales lamentablemente están acompañados de otra
forma de tortura del Estado hacia las mujeres: el difícil proceso que
viven las madres, hermanas, hijas y otras mujeres de la familia en la
búsqueda de justicia contra el agresor.
Esto viene por supuesto acompañado de un ambiente de “terror” público
en el que las mujeres de la sociedad están conscientes de que la
víctima el feminicidio fue asesinada por un Hombre-Sistema-Estado
Patriarcal, que las abandona a su suerte pero que también las castiga
cuando se salen de los parámetros del deber ser femenino.
Ese terrorismo en contra de las mujeres que se reproduce vía medios de
comunicación con –muchas veces– grotescas portadas en las que se exhibe
parte del cuerpo de la mujer asesinada; el bulto arrojado a un espacio
público, ahí donde se siembre el terror entre las miles de mujeres de
la comunidad; el entorno que saben que ahí, en esa calle, en ese
baldío, en esa ciudad, las mujeres son asesinadas.
No dudo que habrá ilustres juristas que consideren que es el extremo
llamar tortura a la exposición a este ambiente, pero vivir en un país
en el que a diario leemos noticias de niñas, adolescentes, mujeres y
adultas mayores víctimas de feminicidio en condiciones en las que
predominó el desamparo, la omisión, la falta de aplicación de las
garantías de protección al derecho más fundamental: el derecho a la
vida y en crímenes atroces en los que fueron sometidas a dolorosas
formas de violencia, y al final su cuerpo-mujer es tratado como basura.
Eso también es una práctica general y sistematizada: es tortura.
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
CIMACFoto: César Martínez López, Cimacnoticias | Campeche.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario