Por: Emma Martínez
Marco Antonio Suástegui Muñoz, defensor comunitario e integrante del
Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota
(CECOP), se dedicó, hasta antes de 2013, a la denuncia de los daños que
traería consigo dicha construcción, a fin de detener su avance.
Según el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, “Tlachinollan”,
el CECOP ha encabezado por más de once años una lucha en contra de la
imposición, por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y
otros actores estatales, de un proyecto hidroeléctrico ilegal,
ambiental y socialmente inviable en las inmediaciones de Acapulco,
Guerrero.
Los campesinos y ejidatarios, acompañados por el Centro de Derechos
Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, han recibido cinco decisiones
favorables en contra de la construcción de la presa por parte de
Tribunales Agrarios, reconociendo que son los comuneros, ejidatarios y
avecindados unidos en el CECOP, “quienes tienen la razón legal y la
legitimidad social para decidir sobre el uso de sus tierras”. Sin
embargo, año con año el gobierno federal aporta en su presupuesto, un
monto destinado de forma exclusiva para que la CFE continúe la
construcción de dicha presa.
El 17 de junio de 2014, Marco Antonio Suástegi fue detenido de
manera arbitraria en Acapulco, Guerrero, “con una serie de violaciones
al debido proceso y a la defensa adecuada, la Fiscalía General del
Estado logró consolidar y consignar (en tiempo récord) cinco
averiguaciones previas por los delitos de ataques a las vías de
comunicación, despojo, lesiones simples, lesiones agravadas y robo. Hoy
el luchador social se encuentra en un reclusorio local, luego que lo
regresaron de Tepic, Nayarit, donde fue recluido en un penal de máxima
seguridad, desobedeciendo la orden del juez que impedía su traslado”,
asegura a Revolución TRESPUNTOCERO, su abogado defensor, Rogelio Téliz.
“Como defensa consideramos que existen las suficientes pruebas para
que Marco Antonio pueda obtener su libertad, porque es víctima de cinco
expedientes fabricados, de los cuales, el principal obstáculo ha sido
la acusación por el robo de seis millones de pesos, donde se dice que
fueron afectados los intereses del empresario gavillero Humberto Marín,
precisamente quien explotaba irracionalmente el río Papagayo”, asegura
Téliz.
El testimonio del empresario asegura que “Marco Antonio Suastégui y
otros compañeros de la CECOP sustrajeron el dinero de una bodega”, lo
cual, a decir por el abogado Téliz, dentro del expediente no está
acreditado como un medio de prueba, ya que “aquí en Guerrero la
legislación nos obliga a que una persona que está agraviada por un
delito de robo, tiene que acreditar ante el Ministerio Público la
preexistencia de lo que asegura se le sustrajo y en su caso, acreditar
la propiedad donde se encontraban sus pertenencias, sin embargo, en el
expediente no existe ningún argumento válido”.
Debido a que se asegura, existieron irregularidades en el caso, se
promovió amparo y se volvió a tomar la declaración a Marco Antonio,
actualmente se han presentado pruebas de su inocencia, las cuales serán
valoradas el día 22 de septiembre, fecha en que realizará una audiencia
de vista, en la segunda sala penal del Tribunal Superior de Justicia de
Guerrero, “donde después de revisar su caso deberán revocar ese auto de
formal prisión, porque nosotros consideramos que es ilegal y una vez
revocándose Marco Antonio podrá obtener su libertad bajo caución por
los otros delitos, y por el de robo debe quedar totalmente libre”.
Sin embargo, “las autoridades tampoco han dado indicios que
estudiarán a profundidad las pruebas para que Marco Antonio quede en
libertad, ya que el gobernador aseguró que iba a revisar el expediente,
pero fueron palabras que no se exteriorizaron, porque ante todas esas
irregularidades, no existe una completa imparcialidad ni del poder
judicial, ni del poder ejecutivo, hechos que se han reflejado en las
resoluciones, que corresponden a intereses de políticos del Estado y
empresariales, así que lejos de aplicar la justicia en estos casos
,criminalizan aún más a los movimientos sociales” afirma Téliz.
Además asegura que el movimiento contra la presa siempre se ha
mantenido y lógicamente dicha defensa abarca el río Papagayo, dañado
por empresas gravilleras, que al ver afectados sus intereses y los del
Estado, las acciones fueron efectuadas de forma inmediata, sin
elementos y sin pruebas, que implicaron a uno de sus principales
adversarios, Marco Antonio.
El abogado defensor explica, que el día en que supuestamente se
perpetró el robo del que se acusa a Marco Antonio, ni siquiera se
encontraba en ese punto, ya que realizaba asambleas en relación al tema
de los desastres naturales Ingrid y Manuel, con motivo de la
reconstrucción de los pueblos, incluso existen actas de asamblea,
firmas del Comité y comisarios, que demuestran su presencia en dicho
sitio, además de testigos y otro tipo de documentación.
“Pese a esas pruebas, el juez le dictó auto de formal prisión y lo
está sujetando a un proceso de 10 meses, aun cuando los hechos
ocurrieron en una comunidad llamada Parotiilla, a cinco horas de
distancia, de la ubicación de Marco Antonio”, puntualiza Téliz.
Por su parte, Tlachinollan asegura que, “no es posible soslayar el
contexto de criminalización de personas defensoras en Guerrero y el uso
político del Poder Judicial por parte del Ejecutivo, donde al ver
afectados sus intereses, surgió el carácter político de la persecución
penal y la arbitrariedad de su encarcelamiento”.
Julián Blanco, uno de los líderes de CECOP, afirma que el
encarcelamiento de Marco Antonio fue una de las mayores represalias por
parte de las empresas y el gobierno federal, ya que con frecuencia en
los últimos años se ha intensificado los hostigamientos por parte de
Ejército, donde en algunas ocasiones se les ha intentado acusar de
portación ilegal de armas, de uso exclusivo de las fuerzas armadas, al
mismo tiempo han padecido irrupción militar, seguido de hostigamiento
de las policías federal, estatal y municipal, del Ejército y la Armada”.
En la actualidad el gobierno no ha desistido de la construcción de
la presa la Parota, aún cuando el Veredicto de la Audiencia Pública
Regional, del Tribunal Latinoamericano del Agua, documento en poder de
este medio, indica que “el proyecto hidroeléctrico Presa “La
Parota”, obra de infraestructura a cargo de la CFE, afecta a los
municipios de Acapulco, Juan R. Escudero y San Marcos, con afectaciones
a recursos ambientales estratégicos como el agua y los servicios
ecosistémicos, obtenidos en la selva baja y mediana caducifolia, que
implica, además el desplazamiento directo de alrededor de 25 mil
personas e indirecto de otras 75 mil.
Sin dejar de lado que, “la manifestación de impacto ambiental y su
correspondiente autorización no considera los daños a la salud
pública ni a la calidad de vida de la población por la construcción
del embalse que la expone a un mayor riesgo de epidemias y enfermedades
hídricas, con lo que viola la Constitución, la ley general de
equilibrio ecológico y protección al ambiente (LGEEPA), la ley de
aguas nacionales y la ley general de salud”.
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