Según los datos recavados por Equis, Justicia para las Mujeres.
Mujeres
víctimas de violencia, pobres, jefas de familia, sin estudios u
oportunidades de empleo ven como una forma de tener ingreso el llevar
paquetes de una ciudad a otra. La mayoría no sabe el valor ni
el contenido de la mercancía hasta que son detenidas y encarceladas con
penas de al menos 10 años de prisión por tráfico de drogas.
Estos casos de detención han aumentado al menos 170% en la última década, provocando que ocho de cada diez mujeres en prisión lo estén por algún delito vinculado a las drogas.
“El
aumento tan drástico de los números de mujeres reclusas por delitos de
drogas no significan que más mujeres se están involucrando en estas
actividades sino que son las más perseguidas, las más fáciles de
agarrar, cuando la gran mayoría de estas mujeres se desempeñan en los
eslabones más bajos del tráfico de drogas: son recolectoras,
cultivadoras y principalmente son mulas. Son sólo portadoras de la
droga, la llevan de un lugar a otro sin siquiera saber el valor o el
tipo de mercancía que llevan”, dijo Ana Pecova, de la organización Equis, Justicia para las Mujeres.
Esta organización civil analiza el papel que tienen estas mujeres en narcotráfico y cómo la política de drogas actual, con la tendencia a “sobrepenalizar” las actividades de drogas, las criminaliza sin derecho a un proceso con visión de género que considere su situación de vulnerabilidad y violencia.
Según Equis, Justicia para las Mujeres,
cuando la mayoría de estas mujeres se involucra en el narcotráfico como
mulas no está consciente de la actividad que está realizando, pero sí,
del pago que van a recibir por su trabajo, que en muchos casos puede
ser el único que obtendrán en semanas.
“Las mujeres llegan a
involucrarse por una necesidad económica, se entrelaza con el papel
social que juegan las mujeres de ser cuidadoras de sus hijos o de sus
padres; son jefas de familia; y el otro factor es el afectivo, se
involucran para proteger y apoyar a su pareja o al ser víctimas de
violencia y obligadas por ésta”, dijo Ana Pecova durante la mesa
redonda Política de drogas y poblaciones en situación de vulnerabilidad, que se presentó en el Foro Internacional Políticas de drogas y derechos humanos, organizado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Mientras aumenta la detención de estas mujeres, agregó Pecova, para el negocio del narcotráfico ellas son una “mano de obra fácilmente reemplazable” y su arresto no afecta de ninguna forma la red del negocio de las drogas.
Para la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos estas mujeres rara vez son una verdadera amenaza para la sociedad.
Según los datos recavados por Equis, Justicia para las Mujeres, el perfil de las mujeres encarceladas en México por delitos vinculados a las drogas son:
- en el 98.9% primodelincuentes, no tienen ningún antecedente penal
- 9 de cada 10 no está armada al momento de su detención.
- 90% tienen hijos y dependientes económicos.
- La edad promedio es de entre 18 y 40 años.
- 60% no ha terminado la secundaria.
- Reportan historias de vida de violencia física o sexual
- En el caso de las mujeres indígenas, los datos muestran que el 43% de las que están encarceladas son por actividades de ‘mulas’ del narcotráfico.
La cárcel no es la respuesta a este fenómeno de mujeres especialmente vulnerables siendo usadas por redes del narcotráfico,
insistió Ana Pecova, sobre todo cuando no hay indicios sobre cuánto se
combate el negocio de las drogas con esta práctica de encarcelar y
criminalizar a mujeres que han cometido crímenes no violentos
relacionados con las drogas.
Más del 50% de las mujeres en
cárceles están procesadas por un delito del fuero federal, por lo que
no son candidatas a recibir medidas alternativas de justicia y no estar
en la cárcel.
Equis, Justicia para las Mujeres, es
parte de un grupo de trabajo del Consorcio Internacional sobre Política
de Drogas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina
en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) para promover
políticas públicas que protejan los derechos de este grupo.
“Llevan la peor parte de las políticas injustas y excesivamente represivas, estas mujeres rara vez son una verdadera amenaza para la sociedad; la mayoría son detenidas por realizar tareas de bajo nivel pero de alto riesgo. Muchas
han sido detenidas por la distribución de drogas a pequeña escala como
una manera de sobrevivir a la pobreza o como resultado de la coacción
de una pareja o familiar”, alerta WOLA.
Además de que la
política de drogas criminaliza a esta población vulnerable, el grupo de
trabajo alerta que el aumento de mujeres en prisión destroza familias y
“perpetúa el círculo viciosos de la pobreza, tráfico de drogas y en
encarcelamiento”.
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