Por: Edgar Rosas
(26 de junio, 2015. Revolución
TRESPUNTOCERO).- Para Fernando Rios, secretario de la Red Nacional de
Organismos Civiles de Derechos Humanos-Todos los Derechos para Todas y
Todos, hoy en día México vive una etapa difícil, en donde la ciudadanía
es víctima de un constante maltrato y el gobierno ha demostrado un
desconocimiento total de la situación, ignorando lo que padecen las
victimas así como el número real de afectados.
Rios manifestó que para poder
analizar la crisis de derechos humanos del país, es importante partir
de lo ocurrido en Tlatlaya, hecho que permitió evidenciar las graves
violaciones que se venían dando en México. En este sentido, también
hizo alusión al caso de los 43 normalistas desparecidos de Ayotzinapa a
manos de policías municipales de Iguala, hecho que puso en el panorama
nacional la difícil situación en materia de desaparición forzada.
Al respecto, dijo que contrario a
lo dicho por las autoridades, este par de casos va más allá de hechos
aislados y resulta grave que se han multiplicado más eventos en donde
se presentan las violaciones por partes de agentes del Estado.
“Este par de casos han revelado lo
que denuncian sistemáticamente los padres de familia de los 43
normalistas desaparecidos: nos demuestra una incapacidad por parte del
Estado para investigar, nos demuestra la incapacidad del Estado para
perseguir y para realizar un debido proceso”, dijo.
Por otro lado manifestó que en este
contexto de crisis, las defensoras y defensores de derechos humanos han
tenido un papel muy importante, sin embargo, señaló que debido a su
actuar también se han convertido en blanco de los ataques por parte del
gobierno.
Rios detalló que los defensores de
comunidades que se oponen al despojo de tierra son uno de los
principales perseguidos y en los últimos meses las amenazas contra
ellos se han presentado de manera constantes.
“Uno de estos casos es el que
Amnistía Internacional (AI), nosotros en la Red y otras organizaciones
hemos acompañado, que es el proceso de los Yaquis, con Mario Luna y
Fernando Jiménez que el 11 y 23 de septiembre de 2014 fueron
encarcelados por su lucha contra el acueducto independencia. Se
mantienen aún encarcelados y en principio estuvieron bajo condiciones
de tortura constantemente en la cárcel. Tendríamos que referir a muchos
y muchas defensoras que han sufrido ataques, que han sido asesinadas en
este momento”, manifestó.
En lo referente, indicó que de
acuerdo al Comité Cerezo México durante el sexenio de Felipe Calderón
se registraron 999 detenciones arbitrarias de activistas. Cabe señalar
que otros datos difundido por el Comité indican que de diciembre de
2012 al 2014 se han presentado 669 detenciones arbitrarias, además que
de 2008 a 2014 de dieron 90 ejecuciones extrajudiciales.
“Esto es una numeraria
significativa porque sabemos que muchos de las violaciones a los DDHH
no se denuncian, se inviabilizan y todo esto está bajo el hilo de la
impunidad en donde desconocemos lo que pasa oficialmente”, dijo.
…
Fernando Rios habló sobre los
conflictos que se han presentado en diversos estados de la república
derivados de los intentos de despojo de tierras y la intención de
imponer megaproyectos.
En este sentido indicó que se ha
dejado ver el “continuo contubernio criminal” de las autoridades con
las empresas privadas “especialmente ahora lo vemos con la reforma
energética, pues hay un despojo anunciado que se va a dar a través de
la ocupación temporal, superficial, la servidumbre legal e incluso la
expropiación”.
“Algunas organizaciones han
detectado que durante las detenciones la tortura se da precisamente con
defensores y defensoras comunitarias que se dedican a defender sus
propiedades, su vida, su territorio que es el entramado espiritual de
relaciones, de vida y cultura que tiene un pueblo y que está siendo
actualmente despojado”, manifestó.
Rios agregó que ante este panorama de
violaciones, el gobierno de Peña Nieto ha intentado dar una buena cara
al exterior, portando la bandera de defensa de derechos humanos en las
participaciones de foros internacionales.
“Todo está ligado a un discurso de
derechos humanos que difunde el gobierno. En septiembre del año pasado
me tocó escuchar a (José Antonio) Meade durante una sesión de la
Comisión Interamericana, y afirmó que las reformas estructurales
constituyen un fortalecimiento de los derechos humanos. Me pareció por
demás desafortunada e incluso cínica esta acción para justificar lo que
están haciendo y lo que pretenden hacer. Hay cientos de conflictos
socio-ambientales en el país y esto se augura que va a aumentar
constantemente por la Ronda 1 que será prácticamente el despojo por
parte de las empresas privadas internacionales”, manifestó.
El activista hizo mención del
aumento en el uso de la fuerza pública para contener cualquier clase de
reclamo de la sociedad. En lo referente dijo que “estamos ante una
versión de Estado policiaco”, el cual ante las constantes luchas en
defensa de la tierra y los recursos busca reprimir y disolver la
organización social.
“Constatamos la versión de un
Estado policíaco ante el constante reclamo de los ciudadanos, de los
pueblos y comunidades por defender su territorio. Encontramos una
versión policíaca que pretende judicializar una serie de mecanismos en
contra de la protesta social; vemos más de 6 propuestas legislativas en
los últimos 2 años que han pretendido controlar y reprimir la protesta
social. En este sentido nos enfrentamos a una violación sistemática y
sistémica de los derechos humanos. Esta represión sistemática ha sido
planeada y estamos siendo víctimas de ello; a veces también bajo el
discurso que es el crimen organizado, cuando sabemos por el caso Abarca
y otros que es una compleja red de entramados, de contubernio entre el
Estado y el crimen organizado”, señaló.
Reiteró que en estos momentos la
ciudadanía se encuentra en un punto de indefensión, en donde el Estado
ha implementado políticas que impregnan terror para mantener pasiva a
la gente ante los intentos de despojo.
“Nos hacen sentir terror para poder
desplazarnos de manera forzada, para acallar a los defensores, para que
la gente tenga una pasividad en la defensa de sus derechos y de su
territorio y este proceso sin que medien proceso de investigación”,
agregó.
Por ultimo manifestó que gracias a
las medidas tomadas por parte del gobierno en materia de seguridad y
economía, se está causando un gran daño a la población, violentado
diversos derechos.
“Tendríamos que decir que hay una
violación colectiva a los derechos humanos por la situación que estamos
viviendo. Hay un desequilibrio creciente en las finanzas públicas con
ingresos que aumentan al 2% y egresos del 8.5%. Vemos como cada vez la
canasta básica está más cara y las condiciones de los trabajadores no
mejoran. Las reformas han deteriorado las condiciones laborales de los
trabajadores, con el outsorcing, con una disminución de las
prestaciones y la remuneraciones vemos un decrecimiento en sus
derechos. Por otro lado, la reforma energética abre la puerta a
megaproyectos trasnacionales para invertir violando el derecho a la
tierra, a la identidad y al desarrollo. Entonces el Estado con sus
políticas de seguridad y económicas está claramente actuando en
detrimento de los derechos de la población”, finalizó.
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