6/26/2015

Con EPN van 999 detenciones arbitrarias en contra de activistas; “existe violación planeada y sistemática de los DD.HH.”


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peñamuertos

(26 de junio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Para Fernando Rios, secretario de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos-Todos los Derechos para Todas y Todos, hoy en día México vive una etapa difícil, en donde la ciudadanía es víctima de un constante maltrato y el gobierno ha demostrado un desconocimiento total de la situación, ignorando lo que padecen las victimas así como el número real de afectados.
Rios manifestó que para poder analizar la crisis de derechos humanos del país, es importante partir de lo ocurrido en Tlatlaya, hecho que permitió evidenciar las graves violaciones que se venían dando en México. En este sentido, también hizo alusión al caso de los 43 normalistas desparecidos de Ayotzinapa a manos de policías municipales de Iguala, hecho que puso en el panorama nacional la difícil situación en materia de desaparición forzada.
Al respecto, dijo que contrario a lo dicho por las autoridades, este par de casos va más allá de hechos aislados y resulta grave que se han multiplicado más eventos en donde se presentan las violaciones por partes de agentes del Estado.
“Este par de casos han revelado lo que denuncian sistemáticamente los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos: nos demuestra una incapacidad por parte del Estado para investigar, nos demuestra la incapacidad del Estado para perseguir y para realizar un debido proceso”, dijo.
Por otro lado manifestó que en este contexto de crisis, las defensoras y defensores de derechos humanos han tenido un papel muy importante, sin embargo, señaló que debido a su actuar también se han convertido en blanco de los ataques por parte del gobierno.
Rios detalló que los defensores de comunidades que se oponen al despojo de tierra son uno de los principales perseguidos y en los últimos meses las amenazas contra ellos se han presentado de manera constantes.
“Uno de estos casos es el que Amnistía Internacional (AI), nosotros en la Red y otras organizaciones hemos acompañado, que es el proceso de los Yaquis, con Mario Luna y Fernando Jiménez que el 11 y 23 de septiembre de 2014 fueron encarcelados por su lucha contra el acueducto independencia. Se mantienen aún encarcelados y en principio estuvieron bajo condiciones de tortura constantemente en la cárcel. Tendríamos que referir a muchos y muchas defensoras que han sufrido ataques, que han sido asesinadas en este momento”, manifestó.
En lo referente, indicó que de acuerdo al Comité Cerezo México durante el sexenio de Felipe Calderón se registraron 999 detenciones arbitrarias de activistas. Cabe señalar que otros datos difundido por el Comité indican que de diciembre de 2012 al 2014 se han presentado 669 detenciones arbitrarias, además que de 2008 a 2014 de dieron 90 ejecuciones extrajudiciales.
“Esto es una numeraria significativa porque sabemos que muchos de las violaciones a los DDHH no se denuncian, se inviabilizan y todo esto está bajo el hilo de la impunidad en donde desconocemos lo que pasa oficialmente”, dijo.
Fernando Rios habló sobre los conflictos que se han presentado en diversos estados de la república derivados de los intentos de despojo de tierras y la intención de imponer megaproyectos.
En este sentido indicó que se ha dejado ver el “continuo contubernio criminal” de las autoridades con las empresas privadas “especialmente ahora lo vemos con la reforma energética, pues hay un despojo anunciado que se va a dar a través de la ocupación temporal, superficial, la servidumbre legal e incluso la expropiación”.
“Algunas organizaciones han detectado que durante las detenciones la tortura se da precisamente con defensores y defensoras comunitarias que se dedican a defender sus propiedades, su vida, su territorio que es el entramado espiritual de relaciones, de vida y cultura que tiene un pueblo y que está siendo actualmente despojado”, manifestó.
Rios agregó que ante este panorama de violaciones, el gobierno de Peña Nieto ha intentado dar una buena cara al exterior, portando la bandera de defensa de derechos humanos en las participaciones de foros internacionales.
“Todo está ligado a un discurso de derechos humanos que difunde el gobierno. En septiembre del año pasado me tocó escuchar a (José Antonio) Meade durante una sesión de la Comisión Interamericana, y afirmó que las reformas estructurales constituyen un fortalecimiento de los derechos humanos. Me pareció por demás desafortunada e incluso cínica esta acción para justificar lo que están haciendo y lo que pretenden hacer. Hay cientos de conflictos socio-ambientales en el país y esto se augura que va a aumentar constantemente por la Ronda 1 que será prácticamente el despojo por parte de las empresas privadas internacionales”, manifestó.
El activista hizo mención del aumento en el uso de la fuerza pública para contener cualquier clase de reclamo de la sociedad. En lo referente dijo que “estamos ante una versión de Estado policiaco”, el cual ante las constantes luchas en defensa de la tierra y los recursos busca reprimir y disolver la organización social.
“Constatamos la versión de un Estado policíaco ante el constante reclamo de los ciudadanos, de los pueblos y comunidades por defender su territorio. Encontramos una versión policíaca que pretende judicializar una serie de mecanismos en contra de la protesta social; vemos más de 6 propuestas legislativas en los últimos 2 años que han pretendido controlar y reprimir la protesta social. En este sentido nos enfrentamos a una violación sistemática y sistémica de los derechos humanos. Esta represión sistemática ha sido planeada y estamos siendo víctimas de ello; a veces también bajo el discurso que es el crimen organizado, cuando sabemos por el caso Abarca y otros que es una compleja red de entramados, de contubernio entre el Estado y el crimen organizado”, señaló.
Reiteró que en estos momentos la ciudadanía se encuentra en un punto de indefensión, en donde el Estado ha implementado políticas que impregnan terror para mantener pasiva a la gente ante los intentos de despojo.
“Nos hacen sentir terror para poder desplazarnos de manera forzada, para acallar a los defensores, para que la gente tenga una pasividad en la defensa de sus derechos y de su territorio y este proceso sin que medien proceso de investigación”, agregó.
Por ultimo manifestó que gracias a las medidas tomadas por parte del gobierno en materia de seguridad y economía, se está causando un gran daño a la población, violentado diversos derechos.
“Tendríamos que decir que hay una violación colectiva a los derechos humanos por la situación que estamos viviendo. Hay un desequilibrio creciente en las finanzas públicas con ingresos que aumentan al 2% y egresos del 8.5%. Vemos como cada vez la canasta básica está más cara y las condiciones de los trabajadores no mejoran. Las reformas han deteriorado las condiciones laborales de los trabajadores, con el outsorcing, con una disminución de las prestaciones y la remuneraciones vemos un decrecimiento en sus derechos. Por otro lado, la reforma energética abre la puerta a megaproyectos trasnacionales para invertir violando el derecho a la tierra, a la identidad y al desarrollo. Entonces el Estado con sus políticas de seguridad y económicas está claramente actuando en detrimento de los derechos de la población”, finalizó.

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