Por: Cecilia Balderas
(24 de junio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Emilio Chuayffet
Chemor, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) acudió
-aunque sin lluvia, truenos ni relámpagos- a comparecer ante la Segunda
Comisión de la Permanente para explicar las motivaciones jurídicas y
políticas para decidir, la tarde del viernes 29 de mayo, que la
evaluación docente se suspendía indefinidamente por problemas “técnicos
y de logística”.
El ex gobernador del estado de México sostuvo que el boletín a
través del cual hizo pública la decisión de la dependencia a su cargo,
“no representó en ningún momento acto de molestia o privación de los
derechos de los participantes…no tuvo consecuencias jurídicas…con el
anuncio del 8 de junio, la Coordinación Nacional del Servicio
Profesional Docente notificó por correo electrónico, el lugar y la
fecha para la aplicación de los exámenes de evaluación…la SEP y la
Coordinación, mantuvieron una total discreción sobre las razones del
boletín, para no verse impedidos a un debate político, dado el curso
del proceso electoral y sobre todo, dada la discusión que había cobrado
en la opinión pública mexicana”, sostuvo.
En la comparecencia, Chuayffet afirmó que fueron examinados 39 mil
docentes en 30 entidades de la República, y que las autoridades
educativas de Oaxaca y Michoacán solicitaron a la SEP que se
reprogramaran –como se hizo el año pasado- las jornadas de evaluación
en sus respectivas entidades.
Oposición revira
Sin embargo, la oposición en San Lázaro no le hizo la tarde fácil a
Chuayffet. La diputada Esther Quintana Salinas, del Partido Acción
Nacional (PAN), le habló fuerte al secretario de Educación y aunque el
perredista Armando Ríos Piter –presidente de la Segunda Comisión de la
Permanente- le pidió en varias ocasiones que concluyera su
participación, la legisladora le contestó que se tenía que esperar y
argumentó que no había sustento jurídico para que la SEP suspendiera la
evaluación.
“No encontré el sustento jurídico que apuntalara la decisión que
usted salió a anunciar y que se había tomado…Ya hay dos suspensiones
del Poder Judicial de la Federación, una del Juzgado 6 en materia
administrativa y dice que la suspensión no tiene sustento jurídico y
que no se citan los fundamentos legales…dice: ‘de no realizarse las
avaluaciones se generaría que los gastos previstos en el presupuesto
para este fin se pierdan injustificadamente, perjudicando al erario
público”, dijo Quintana.
Danner González Rodríguez, diputado de Movimiento Ciudadano (MC)
señaló que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF),
a través de la Auditoría de Desempeño sobre Evaluaciones de la Calidad
de la Educación Media Superior, en 2013 la SEP no realizó evaluaciones
de docentes de dicho nivel a pesar de tener atribuciones para hacerlo.
“En la aplicación de la prueba Enlace, de educación media superior,
en las 32 entidades federativas, evaluó conocimientos de 1 millón 13
mil alumnos, pero no se evaluaron los conocimientos de 151 mil 700
estudiantes del último grado, ni en 2 mil 200 escuelas, por lo que no
hay indicadores que midan los logros educativos”, lo que deja mucho que
desear, sostuvo González.
“La suspensión de la evaluación sólo tuvo un objetivo, fue un
estratagema cacha votos del partido en el poder, revolvieron el río
para ver cuántos votos sacaban de los maestros disidentes. Esa es la
verdad, no otra. Lo cierto es que la educación en este país no puede
seguir estando en medio de las aguas políticas”, sentenció el diputado
de MC.
Comparó la aprobación de la reforma educativa con una escena de la película “La Ley de Herodes”, en la que el personaje del presidente Vargas anunció
que la modernidad y el progreso había llegado a San Pedro de los
Aguaros y colocó un poste en medio del pueblo como signo del programa
de electrificación y el poste se cayó de inmediato. “Ahí está la magna
reforma educativa, en medio de terribles indicadores, de procesos de
evaluación cuestionados y que no se llevan a cabo”.
En su intervención, Luis Armando Melgar, del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM), señaló que existe la posibilidad de que
tras la evaluación, 1.4 millones de docentes tal vez no logren
acreditar las condiciones suficientes para permanecer en el servicio.
El senador Manuel Bartlett Díaz recordó que la aprobación de la
reforma educativa se realizó en minutos y que nadie sabía qué se estaba
aprobando, “todos sabemos que este sistema es un producto de la OCDE y
que este organismo es privatizador…No se puede imponer un sistema
educativo…se ha logrado un linchamiento de los maestros de una
organización que no acepta la evaluación; la otra está calladita porque
sus directivos están amenazados de ir a la cárcel como ya sabemos
quién”, dijo, en alusión a la ex dirigente magisterial, Elba Esther
Gordillo.
Bartlett señaló que el INEE no ha evaluado al sistema educativo
nacional y que por lo tanto, no puede evaluar a los maestros y que el
diálogo se debe extender a todo el gremio educativo; cuestionó cuánto
paga el gobierno mexicano a la OCDE por su asesoría para “orientar el
sistema privatizador”, el secretario dijo no tener la cifra, pero se
comprometió a enviársela al legislador.
El senador sostuvo que si no hay un incremento al presupuesto en
educación, difícilmente habrá un cambio verdadero, “el problema que
tenemos en México es que marchamos a un sistema policiaco militar, con
un gasto enorme en el tema, que ojalá estuviera en la educación…el
camino de la represión que nos enseñan cada vez que hay alguna
movilización, para criminalizarla, porque eso es lo que quieren hacer
con los maestros. Si no convence a los maestros, no habrá sistema
educativo”, apuntó.
La exgobernadora de Zacatecas, Amalia García Medina, del Partido de
la Revolución Democrática (PRD), sostuvo que el reto de la educación en
México debe comenzar por determinar cómo el tema se convertirá en
prioridad para el Estado si el Ejecutivo propuso un recorte de 9 mil
millones de pesos en el sector, además de que se destinan, anualmente,
sólo 363 pesos para que los docentes puedan acceder a educación
continua y en las escuelas Normales, únicamente 36 % de sus docentes
están contratados de tiempo completo, lo que ha generado que la
matrícula para ser maestro se haya reducido en 30 %.
García argumentó que existe un déficit de maestros de educación
primaria que asciende a 48 mil espacios y en secundaria de 33 mil.
La otra comparecencia
Minutos antes de que el secretario de Educación Pública estuviera en
el banquillo de los acusados, los integrantes de la Junta de Gobierno
del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), comparecieron
ante la misma comisión de la Permanente.
Sylvia Irene Schmelkes del Valle, presidenta del órgano, sostuvo que
dos horas antes de que se hiciera público el boletín a través del cual
la SEP informó de la suspensión “indefinidamente” de la evaluación
docente el 29 de mayo, fueron avisados, mas no consultados sobre el
tema. Horas más tarde, los consejeros fijaron su postura y consideraron
inconstitucional la decisión tomada de manera unilateral por la
secretaría y pidieron que fuera reconsiderada.
“El INEE conminó al gobierno de la República para que dejara sin
efectos la decisión de suspensión indefinida y observara los mandatos
que la ley establece para llevar a cabo los procesos de evaluación del
servicio profesional docente, de acuerdo al calendario establecido”,
argumentó Schmelkes.
Informó que el año pasado se dio el primer Concurso Universal para
el Ingreso a la Docencia; su resultado arrojó graves preocupaciones al
Instituto, pues evidenció que 36 % de los aspirantes a docentes tienen
el perfil idóneo para poder serlo.
Schmelkes añadió que en el informe que se entregó al Congreso de la
Unión sobre el estado de la educación en México, se argumentó sobre la
necesidad de “que los normalistas puedan dedicar más tiempo a sus
actividades académicas al interior de las Normales, y que estas
dediquen más tiempo a la investigación”, por lo que ya se trabaja en un
nuevo modelo de formación para las Normales y probablemente se anuncie
en agosto.
“Nos preocupa la situación de Oaxaca, Michoacán y Chiapas, nos
preocupa que en estos estados haya maestros que, queriendo ejercer su
derecho para la evaluación y promoción, que se presenta por primera
ocasión en la historia de nuestro país, no pudieran hacerlo. Estamos a
la espera de que la SEP tome las medidas necesarias para que estos
sustentantes efectivamente puedan presentar sus evaluaciones”, dijo la
consejera presidenta sobre las manifestaciones en rechazo de la
evaluación docente.
Sobre la decisión de la SEP de decretar la suspensión de la
aplicación de las pruebas, Schmelkes apuntó que el INEE pidió asesoría
de despachos especializados, pues consideraban presentar una
controversia constitucional, “porque nos parecía que sí había sido
violentada nuestra autonomía” y sostuvo que si se volviera a presentar
una situación similar, el INEE interpondrá dicho recurso.
En su participación, la comisionada Teresa Bracho declaró que el
INEE y el sistema educativo tienen un marco jurídico, administrativo y
político muy complejo y de autoridad concurrente, lo que se traduce en
que no hay atribuciones exclusivas para ninguno de los actores
participantes en el modelo, por lo que se complica la ejecución de
todas las tareas.
A mí me citaron el jueves…
Cuestionado sobre la tardanza de su presencia ante el Congreso, 25
días después de la suspensión, por algunos días, de la evaluación
docente, Chuayffet desestimó que fuera su responsabilidad, “porque me
citaron el jueves y el citatorio llegó el viernes. Esa tarea, que le
correspondía a las Cámaras, no la recibí a tiempo. Para venir a la
Cámara no lo puedo hacer sin citatorio y éste llegó, firmado por un
integrante de la Comisión Permanente, el jueves a Gobernación y el
viernes conmigo”.
Informó que la evaluación a los docentes de Oaxaca y Michoacán se
hará “cuando concentremos a quienes están registrados y desean hacer el
examen, y podamos ubicarlos en un sitio seguro que les permita llevarlo
a cabo”.
Chuayffet reconoció que la dependencia a su cargo tiene “muchos
vicios que corregir”, sobre todo porque hay duplicidad, e incluso
triplicidad de procesos, modelos y cambios en todo tipo de actividades,
lo que agrava que el presupuesto parezca cada vez menor.
“Se dice, no tengo el dato probado, que con la nómina única y la
depuración que en 30 estados se ha hecho, nos hemos ahorrado 10 mil
millones de pesos”, concluyó el funcionario.
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