"México tiene significativos problemas relacionados con los derechos humanos; la impunidad y la corrupción siguen siendo inconvenientes", concluyó el Reporte de Prácticas en Derechos Humanos en 2014.
El
año pasado, hubo numerosos reportes de que el gobierno mexicano o sus
agentes cometieron ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales, casi
siempre con impunidad, la misma con la que grupos del crimen organizado
fueron también responsables de varios asesinatos, casi siempre vinculados a corruptos oficiales del Estado,
locales o de seguridad, concluyó el “Reporte de Prácticas en Derechos
Humanos en 2014″ del Departamento de Estado de Estados Unidos.
“México tiene significativos problemas relacionados con los derechos humanos,
incluidos participación de policías y militares en serios abusos como
ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones y abuso físico. La
impunidad y la corrupción siguen siendo serios problemas,
particularmente a niveles del Estado y locales, en las fuerzas de
seguridad y en el Poder Judicial. El crimen organizado perpetúa altos
niveles de secuestro y violencia contra periodistas y otras personas,
lo que limita la libertad de expresión”, señala el reporte.
En el apartado sobre ejecuciones extrajudiciales se
menciona el asesinato de supuestos criminales rendidos, a manos del
Ejército en Tlatlaya, Estado de México; la desaparición de 43
estudiantes en Iguala, Guerrero; la muerte del estudiante Jesús Esparza
Villegas en Guanajuato cuyo cuerpo fue encontrado después de haber sido
arrestado por policías municipales que lo golpearon, según testigos, y
la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrida en
2010.
Sobre este último caso el documento hace énfasis en que familiares de las víctimas se ampararon contra la CNDH diciendo que la investigación había sido inadecuada y había violado sus derechos humanos.
Respecto de la desaparición forzada de personas el
informe señala que pese a que el Código Penal Federal tipifica la
desaparición forzada como un crimen, esta práctica no estuvo incluida
en códigos penales locales.
También habla de las diferentes cifras que ha presentado el gobierno
federal sobre personas desaparecidas, mismas que a lo largo de 2014
fueron de ocho mil a 26 mil, precisa el reporte.
Además de mencionar el asesinato del periodista veracruzano Gregorio Jiménez, como muestra de la violencia contra la prensa, señala que los monopolios mediáticos obstruyen la libertad de expresión y que las amenazas de grupos criminales y la influencia del gobierno con la prensa han provocado la autocensura.
“Pese a que la justicia prevé penas criminales para casos de corrupción, el gobierno no aplicó efectivamente la ley.
Observadores indicaron que las agencias encargadas de combatir la
corrupción tienen suficientes recursos pero la persecución del delito
por parte del gobierno no fue efectiva contra los casos más grandes por
lo que algunos de estos terminan siendo atendidos por cortes
extranjeras”, concluyó el documento.
Informe íntegro en inglés:
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