6/26/2015

Tlatlaya, Ayotzinapa y otros casos, “serios abusos” en materia de derechos humanos: EU


"México tiene significativos problemas relacionados con los derechos humanos; la impunidad y la corrupción siguen siendo inconvenientes", concluyó el Reporte de Prácticas en Derechos Humanos en 2014.


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El año pasado, hubo numerosos reportes de que el gobierno mexicano o sus agentes cometieron ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales, casi siempre con impunidad, la misma con la que grupos del crimen organizado fueron también responsables de varios asesinatos, casi siempre vinculados a corruptos oficiales del Estado, locales o de seguridad, concluyó el “Reporte de Prácticas en Derechos Humanos en 2014″ del Departamento de Estado de Estados Unidos.

México tiene significativos problemas relacionados con los derechos humanos, incluidos participación de policías y militares en serios abusos como ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones y abuso físico. La impunidad y la corrupción siguen siendo serios problemas, particularmente a niveles del Estado y locales, en las fuerzas de seguridad y en el Poder Judicial. El crimen organizado perpetúa altos niveles de secuestro y violencia contra periodistas y otras personas, lo que limita la libertad de expresión”, señala el reporte.
En el apartado sobre ejecuciones extrajudiciales se menciona el asesinato de supuestos criminales rendidos, a manos del Ejército en Tlatlaya, Estado de México; la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero; la muerte del estudiante Jesús Esparza Villegas en Guanajuato cuyo cuerpo fue encontrado después de haber sido arrestado por policías municipales que lo golpearon, según testigos, y la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrida en 2010.
Sobre este último caso el documento hace énfasis en que familiares de las víctimas se ampararon contra la CNDH diciendo que la investigación había sido inadecuada y había violado sus derechos humanos.
Respecto de la desaparición forzada de personas el informe señala que pese a que el Código Penal Federal tipifica la desaparición forzada como un crimen, esta práctica no estuvo incluida en códigos penales locales.
También habla de las diferentes cifras que ha presentado el gobierno federal sobre personas desaparecidas, mismas que a lo largo de 2014 fueron de ocho mil a 26 mil, precisa el reporte.
Además de mencionar el asesinato del periodista veracruzano Gregorio Jiménez, como muestra de la violencia contra la prensa, señala que los monopolios mediáticos obstruyen la libertad de expresión y que las amenazas de grupos criminales y la influencia del gobierno con la prensa han provocado la autocensura.
“Pese a que la justicia prevé penas criminales para casos de corrupción, el gobierno no aplicó efectivamente la ley. Observadores indicaron que las agencias encargadas de combatir la corrupción tienen suficientes recursos pero la persecución del delito por parte del gobierno no fue efectiva contra los casos más grandes por lo que algunos de estos terminan siendo atendidos por cortes extranjeras”, concluyó el documento.
Informe íntegro en inglés:

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