Fusion
Adital
Por
Marta Castellnou*
#NoMiGeneral
#Zaida Cantera El pasado 8 de marzo, el programa Salvados de 'la Sexta'
revelaba una realidad que demasiadas veces ha sido ignorada y ocultada por
parte de las fuerzas armadas españolas y las de tantos otros países: la
violencia sexual cometida por miembros del ejército contra mujeres militares.
El caso de la capitán Zaida Cantera, ahora comandante
Cantera, exponía como la ley militar dificultaba e incluso impedía la tarea de
denunciar a un superior ya que la denuncia debía pasar antes por este superior.
La
entonces capitán Cantera consiguió que el Tribunal Militar Central, en una
sentencia dictada el 8 de marzo de 2012, condenase al entonces coronel
Lezcano-Mújica a pasar dos años y diez meses en prisión por un delito de
"abuso de autoridad " con "trato degradante", ya que por
aquel entonces el acoso sexual ni siquiera estaba tipificado en el Código Penal
Militar.
El
pasado 28 de mayo conocíamos la resolución de su caso: la comandante, que el
año pasado había pedido la baja en el Ejército de Tierra después de haber sido
víctima de acoso sexual y laboral por parte del tenente-coronel Lezcano-Mújica,
ha recibido la baja definitiva, firmada por la subsecretaria de Defensa Irene
Domínguez-Alcahud; hecho que le autorizará a recibir una pensión máxima de 2500
euros brutos cuando abandone el ejército.
El caso
de la comandante Cantera no es, por desgracia, un caso aislado. El abogado de
la comandante, Antonio Suárez-Valdés, reconoció ante la prensa que su gabinete
recibe cada año más de 200 denuncias sobre casos parecidos al de Zaida, de
estos, la mitad se desestiman por "falta de carácter delictivo de los
hechos", y del 50% restante sólo el 10% continua con el proceso y llevan
su caso ante la justicia.
Suárez-Valdés
reconoció que en muchos de estos casos pesa entre las víctimas de acoso y
violencia sexual un "miedo insuperable" que les impide, muy a menudo
bajo coerción e incluso acoso laboral como fue el caso de la comandante
Cantera, denunciar por temer represalias; y en el caso de las militares de
rangos inferiores, por temor a no renovar el contrato si denuncian lo ocurrido:
"Si el mando le pone una calificación negativa, o se pone de acuerdo con
otros dos o tres de su camarilla para informar negativamente, esa soldado a los
pocos meses no tiene trabajo", explicó. Es decir, se da una paradoja en
que las víctimas son culpabilizadas y deben pagar unas consecuencias terribles
de acoso laboral y coerción que se suman a la ya traumática experiencia de
acoso o violencia sexual, con las consecuentes graves secuelas para su salud
psicológica.
En el
año 2002 trascendió a la prensa el caso de la soldado Dolores Ocaña, la primera
soldado que denunció a un superior por violencia sexual, Ocaña en un principio
no quiso denunciar la totalidad de la agresión ya que recibió amenazas por
parte del oficial que la agredió para que no lo hiciese.
En
aquel momento, en el año 2002, solamente tres denuncias de este tipo de delitos
habían trascendido. Desde la oficina del "Defensor del soldado" se
dijo entonces que ellos tenían constancia de al menos 20 casos parecidos que
les habían facilitado las víctimas en los últimos tres años. De nuevo,
advirtieron que la mayoría de estas soldados se negó a efectuar denuncias
formales por temor a las represalias. Entre aquellas pocas soldados que se
atrevieron a denunciar los hechos, abundaban los casos en que sus superiores
ocultaron el caso e impidieron la continuación del proceso judicial castrense
"a cambio" de asegurarles su renovación o bien sencillamente,
ejercieron sobre ellas acoso laboral para que no continuasen con su denuncia.
La mayoría de estas militares terminan por abandonar el ejército, siendo la
razón en muchos casos el no pasar las pruebas psicotécnicas por las secuelas
psicológicas.
De ahí
la importancia de establecer un protocolo de actuación para estos casos,
similar al que ya existe en la Guardia civil, tal y como piden la comandante
Cantera y su abogado.
El problema
es que no se dispone de cifras oficiales de los delitos de acoso y violencia
sexual que ocurren en el ejército español, a pesar de eso, y viendo el grave
problema que suponen estos delitos en otros ejércitos occidentales, nada hace
pensar que el ejército español, en el que la incorporación de las mujeres es
una realidad desde 1988, deba ser una excepción.
Existe
un organismo cuyo objetivo es velar por la integración de las mujeres en las
fuerzas armadas: el "Observatorio militar por la igualdad" que nació
en 2005 bajo el nombre "Observatorio de la mujer en las fuerzas
armadas". Sin embargo, este organismo nunca ha hecho públicos datos sobre
denuncias por acoso y violencia sexual en el ejército. En lugar de exponer los
problemas y dificultades con los que debe lidiar la mujer en el ejército, los
datos que hace públicos este organismo parecen ser únicamente aquellos que
puedan ayudar a reclutar a nuevas militares.
Sabemos
que el acoso y la violencia sexual es una realidad en el ejército pero la cifra
total de casos resulta muy difícil de cuantificar por la opacidad e impunidad
que envuelven estos delitos.
En
aquellos países en que sí se han hecho públicos datos al respecto, las cifras,
expuestas en el libro "Militarismo en España: balance del ciclo
armamentista español hasta 2007" de Pere Ortega y Arcadi Oliveres (Icaria
Editorial) son preocupantes: un estudio del año 2000, revelaba que en el
ejército belga el 92,5% de las militares habían sido objeto de acoso sexual, el
36% habían sido víctimas de tocamientos indeseados y un 1,3% de violación; y el
50% de la mujeres de la RAF británica han sido víctimas de algún tipo de acoso
sexual. La magnitud y gravedad del problema en el ejército norte-americano,
también ha sido denunciada por el premiado documental La guerra invisible de
Kirby Dick.
Además,
el acoso sexual no era un delito tipificado como tal por el Código penal
militar y los pocos datos de los que disponemos provienen de sentencias de la
jurisdicción militar, y en esta sólo se tratan "los casos en que existe
una relación de jerarquía" (Atlas del militarismo en España 2009, Centro
de estudios por la Paz JM Delàs, Icaria Editorial), hecho que, es de suponer,
excluye a la multitud de casos de acoso y violencia sexual que se producen
entre militares de un mismo rango.
Del
mismo modo, conviene tener presente que en el caso de la comandante Cantera,
ella era una capitán. Las dificultades con las que topan las soldados para
denunciar casos parecidos deben de ser aún mayores.
El
nuevo régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, ley orgánica 4/2012,
aprobada el 5 de diciembre de 2014, tipifica como faltas especialmente graves
"aquellas que afecten a la libertad sexual de las personas, implicando
tanto acoso sexual y por razón de sexo como profesional, y atenten contra la
intimidad, la dignidad personal o en el trabajo, o supongan
discriminación", hecho que ya es un avance si tenemos en cuenta que el
acoso sexual también se convertirá en un delito tipificado en el nuevo código
penal militar, el proyecto de ley del cual se aprobó el 5 de septiembre de
2014.
Sin
embargo esta supuesta igualdad formal, en el papel, no se traduce en una
igualdad real en el ejército.
Debemos
exigir al Ministerio de defensa que haga públicos los datos sobre el número de
denuncias y casos de acoso y violencia sexual en el ejército y que se
establezca también, un protocolo de actuación en estos casos que termine con la
opacidad y la impunidad de estos delitos en las fuerzas armadas y refleje la
magnitud del problema ante la opinión pública.
*Centro
Delàs d'Estudis per la Pau
Fuente: Revista Fusion
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