PGJEM incurre en anomalías; dudas sobre restos encontrados
Ante
la carencia de un protocolo especializado en localización de mujeres y
niñas en el Estado de México, las autoridades judiciales incurren en
omisiones durante la búsqueda con vida de jóvenes reportadas como
desaparecidas, lo que deriva en que las víctimas carezcan de certeza
sobre los resultados de las indagaciones y vean obstaculizado su acceso
a la verdad y la justicia.
Prueba de ello es el caso de Mariana Elizabeth Yáñez Reyes, joven
desaparecida en septiembre de 2014 y cuyos restos fueron supuestamente
localizados en el Río de los Remedios en octubre pasado. Luego de una
serie de irregularidades en la búsqueda de la joven, las autoridades
mexiquenses se vieron obligadas a exhumar los restos para continuar
investigando el caso.
Mariana, según relata su familia, es una joven estudiante de 18 años
que en 2014 ingresó a la licenciatura de Control y Automatización del
Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Cerca de las 9 de la noche del 17 de septiembre de 2014 Mariana salió
de su casa –en Héroes de Tecámac, Edomex– para fotocopiar algunos
documentos personales que debía presentar en su escuela, para concursar
por una beca de estudios, en una papelería a unas cuadras de su
domicilio.
Esa misma noche, al notar que su hija no volvía, sus padres, Bernardo
Yáñez y Guadalupe Reyes, comenzaron a buscarla. Denunciaron los hechos
ante el Ministerio Público de San Agustín, municipio de Ecatepec, donde
el agente ministerial les pidió esperar 72 horas, porque tal vez “la
joven había huido con su novio”. Ocho días después el expediente seguía
en blanco.
Al considerar que la desaparición de su hija podría ser un secuestro,
la familia también presentó el 18 de septiembre de 2014 la denuncia
ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada (SEIDO), de la Procuraduría General de la República (PGR),
la cual abrió una carpeta de investigación.
En diciembre de 2014 la Fiscalía Especializada en Personas
Desaparecidas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
México (PGJEM) tomó muestras de sangre a Guadalupe Reyes para comparar
los datos con los de restos de mujeres que eran localizados. Pero no
explicó en qué consistían las diligencias para localizar a Mariana con
vida.
Un mes después, en enero de 2015, la familia fue notificada de que
parte de los restos localizados en el Río de los Remedios (canal de
aguas negras al norte del Distrito Federal y que atraviesa el municipio
mexiquense de Ecatepec) correspondían a Mariana.
En octubre de 2014 (un mes después de la desaparición de Mariana), el
río también conocido como Canal de la Compañía fue desazolvado y en él
fueron localizados restos óseos.
En un primer momento, el gobierno mexiquense si bien reconoció el
hallazgo, aseguró que no se podía determinar si correspondían a restos
humanos o animales; luego admitió que se trataban de cadáveres, la
mayoría de ellos de mujeres.
Sin permitir a la familia ver los restos (que corresponden a la parte
superior de ambos huesos del muslo y un fragmento de cráneo) bajo el
argumento de que no estaban psicológicamente preparados para ellos, las
autoridades pidieron a la madre de Mariana “aceptar los hechos”, por lo
que los restos de Mariana fueron enterrados sin abrir el ataud.
En abril pasado, la SEIDO emitió su peritaje y al igual que la PGJEM
aseguró que las muestras de sangre extraídas a la madre de Mariana
coincidían con las pruebas tomadas a los supuestos restos de Mariana.
Sin embargo, para la familia aún no estaba claro cómo se había llevado
a cabo la búsqueda con vida de Mariana, de qué manera había sido
supuestamente asesinada, cuándo había ocurrido el feminicidio y cómo
era posible que los restos mostraran tal nivel de descomposición.
Tampoco entendía cómo se había pasado de investigar una desaparición a
sostener que era un feminicidio; todas estas dudas llevaron a la
familia a exigir que los restos fueran exhumados para realizar nuevas
pruebas de ADN.
SIN CERTEZA JUDICIAL
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano
Nacional del Feminicidio (OCNF) –organización que brinda asesoría legal
a la familia de Mariana–, explicó a Cimacnoticias que en casos de
desaparición de mujeres, un derecho fundamental de las víctimas es
tener total certeza sobre los hechos, lo que también tiene que ver con
el derecho a acceder a la justicia.
Enfatizó que en este caso no se ha explicado cuáles fueron las
diligencias realizadas durante la búsqueda con vida de la joven, e
incluso en caso de que los restos correspondieran a la joven tampoco se
ha profundizado en indagar sobre qué fue lo que ocurrió y qué pasó con
las demás partes del cuerpo.
Por ello se pidió la exhumación de los restos, para que fueran analizados por peritos independientes.
Tras varios meses de exigencia social y de diversas reuniones con
autoridades mexiquenses, finalmente el viernes pasado los restos fueron
exhumados y trasladados a Toluca, capital del Edomex, para que el
Equipo Mexicano de Antropología Forense realice las investigaciones
correspondientes.
De acuerdo con Estrada, la investigación del equipo especializado
–cuyos primeros resultados se esperan en un mes– irá más allá de las
pruebas de ADN, pues un peritaje de este tipo debe apuntar a determinar
qué fue lo que ocurrió con Mariana.
Para la también maestra en Derechos Humanos y Democracia este caso
demuestra la necesidad de que sean mejorados los protocolos de
localización de personas (las llamadas alertas Alba y Amber), y en su
caso se instaure un protocolo específico en el Edomex, ya que
actualmente no se realiza la búsqueda de mujeres con la debida
diligencia y generalmente se trata de localizar a personas fallecidas,
cuando “lo que piden las familias es encontrar a sus hijas con vida”.
María de la Luz Estrada abundó que si se investigan de manera adecuada
las desapariciones –que actualmente no constituyen un delito en la
entidad, aunque las cifras van en aumento–, se puede evitar la
ocurrencia de otros ilícitos mayores, como la trata de personas,
feminicidio o asesinato.
Según datos del OCNF, al menos mil 258 niñas y mujeres fueron
reportadas como desaparecidas en el Edomex de 2011 a 2012, y 53 por
ciento de ellas tenía entre 10 y 17 años de edad.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-
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