Al año, 4 mil salen del país para acceder a un aborto legal
El
informe “No es ninguna delincuente. Las consecuencias de la legislación
sobre el aborto en Irlanda”, elaborado por Amnistía Internacional (AI),
documenta casos en los que el gobierno del país europeo negó a mujeres
y niñas la atención de la salud que necesitaban y dio prioridad a la
vida del feto, protegida por una enmienda constitucional en 1983.
La ley sobre el aborto en Irlanda, que sólo permite la interrupción del
embarazo si la vida de la mujer corre peligro, es una de las más
restrictivas del mundo, y obliga cada año a por lo menos 4 mil mujeres
y niñas a viajar fuera del país para someterse a un aborto, con un
considerable costo mental, económico y físico.
Las mujeres y niñas que no pueden viajar se quedan sin acceso al
tratamiento médico que necesitan, o se arriesgan a sanciones penales si
se someten a un aborto ilegal en Irlanda.
“El reciente referéndum sobre Igualdad en el Matrimonio mostró un país
que se siente orgulloso de ser una sociedad abierta e inclusiva, pero
no todo está bien en la República de Irlanda. Los Derechos Humanos de
las mujeres y niñas se violan a diario debido a una Constitución que
las trata como si fueran vasijas fecundadoras”, afirmó Salil Shetty,
secretario general de AI.
“Las mujeres y niñas que necesitan un aborto son tratadas como
delincuentes, son estigmatizadas y se ven obligadas a viajar al
extranjero, pagando un grave precio en su salud mental y física. El
Estado irlandés no puede seguir ignorando esta realidad y el terrible
impacto que tiene en miles de personas cada año”, advirtió Shetty.
El informe presenta el testimonio de mujeres que se han sometido a
abortos en el extranjero, algunas de las cuales sufrieron abortos
espontáneos, pero se vieron obligadas a llevar dentro de su cuerpo un
feto muerto o inviable durante semanas con la vana esperanza de obtener
en Irlanda la atención de la salud que necesitaban.
Róisín se vio obligada a llevar un feto muerto durante semanas porque
los médicos querían estar absolutamente seguros de que el corazón del
feto no latía.
Róisín dijo a AI: “No me inclinaría a confiar en los servicios para mujeres de este país en este momento”.
Lupe, que llevó en su cuerpo un feto sin latido durante 14 semanas,
dijo a AI que tuvo que viajar a su país de origen, España, para recibir
un tratamiento médico adecuado: “No me sentía segura en absoluto (...).
Me sentía realmente asustada porque tenía claro que, si surgía alguna
complicación, esa gente me dejaría morir”.
Pero la atención preferente al feto implica que no sea sólo a las
mujeres que intentan someterse a un aborto a las que se niega la
atención de la salud.
Personal de salud negó a Rebecca H., que estaba gravemente enferma, una
cesárea por miedo a que perjudicara al feto. En cambio, la obligó a
soportar 36 horas de parto diciendo que su trabajo era “velar por el
bebé, el bebé es lo primero”.
Rebecca dijo a AI: “Temería por mi vida en caso de tener otro hijo en Irlanda”.
El doctor Peter Boylan, tocólogo, ginecólogo y ex director y director
clínico del National Maternity Hospital de Irlanda, dijo a AI en
relación con la “cuerda floja” legal y ética por la que se ve obligado
a caminar el personal médico: “En virtud de la ley actual debemos
esperar hasta que las mujeres están lo bastante enfermas para poder
intervenir. ¿Hasta qué punto hemos de acercarnos a la muerte? No hay
respuesta para eso”.
LEY DE LAS MÁS RESTRICTIVAS
Irlanda es el único país de Europa –aparte de Andorra, Malta y San
Marino– que prohíbe que las mujeres se sometan a un aborto incluso en
caso de violación, malformación grave o fatal del feto, o riesgo para
su propia salud, algo que es su Derecho Humano en virtud del derecho
internacional.
La legislación irlandesa incluso tipifica como delito que médicos y
orientadores den a las mujeres información completa sobre qué
tratamiento necesitan y cómo acceder a un aborto sin riesgos.
Médicos y orientadores externaron su frustración ante la Ley de
Regulación de la Información, que grupos humanitarios demandan que
Irlanda revoque.
“Las draconianas leyes de Irlanda han creado un clima de miedo en el
que los orientadores pueden ser multados por decir a las mujeres cómo
buscar atención médica, y en consecuencia algunas mujeres evitan
totalmente a los médicos”, explicó Colm O’Gorman, director ejecutivo de
AI-Irlanda.
“Irlanda hace la vista gorda cuando las mujeres viajan al extranjero
para someterse a un aborto, y es indiferente al sufrimiento que ello
implica. Condena a las débiles, pobres y vulnerables que no pueden
viajar a convertirse en delincuentes por tomar decisiones sobre su
cuerpo, decisiones que a veces son una cuestión de vida o muerte.
“Irlanda debe enmendar la Constitución y eliminar la protección del
feto. Esto tiene que suceder con urgencia, ya que las leyes actuales
ponen en peligro cada día vidas de mujeres y niñas”.
AI lanzó una campaña para pedir a Irlanda que modifique su ley y así
las mujeres y niñas puedan someterse a un aborto en esos casos, como
mínimo. Por ello, la organización invita a participar en la ciberacción
#NoEsUnaDelincuente.
Por: la Redacción
Cimacnoticias/AmecoPress | Madrid, Esp.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario