MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Los promotores de candidaturas supuestamente
“independientes” y el Partido “Verde” (PVEM) se encuentran del mismo
lado de la historia. Ambos buscan tirar por la borda dos décadas de
construcción ciudadana de un conjunto de instituciones y leyes
electorales ejemplares que tienen el propósito de defender el espacio
público de la voracidad de los poderes fácticos. Tanto con sus acciones
como con sus propuestas, trabajan arduamente para convertir el sistema
electoral mexicano en una copia vulgar de la “democracia”
mercantilizada y corrupta de los Estados Unidos. En este esfuerzo
cuentan con el sólido apoyo tanto del “Señor Presidente” (Jaime
Rodríguez dixit) Enrique Peña Nieto y el PRI como de los consejeros del
Instituto Nacional Electoral (INE) y de los magistrados del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Si esta perversa y
paradójica coalición de intereses logra su cometido, nos encaminaríamos
hacia un grave retroceso en el desarrollo político del país y se
sepultaría para siempre la posibilidad de resolver los problemas más
importantes de la nación por la vía institucional. Específicamente,
habría que frenar de manera urgente la privatización de la política por
medio de una nueva reforma electoral supuestamente “ciudadana” y
“liberalizadora” que abriría las llaves del financiamiento privado a
los partidos y los candidatos “independientes”. Una reforma en este
sentido sería la cereza en el pastel de la serie de contrarreformas
“estructurales” corruptas que ha impulsado Peña Nieto y el “Pacto por
México” desde 2012. Con ello, se consolidaría el poder de la avaricia y
el mesianismo por encima del humanismo y la humildad, así como del
fraude y el engaño por encima de la honestidad y la dignidad.
El artículo 41 de la Constitución señala sin titubeos que
durante las campañas electorales los recursos públicos deben prevalecer
siempre sobre los de origen privado. Este principio constitucional
absolutamente fundamental fue diseñado para defender la naturaleza
pública y democrática de las competencias políticas, así como
garantizar una equidad básica entre los candidatos. Sin este compromiso
constitucional, los poderes fácticos, los medios de comunicación y el
crimen organizado podrían directamente y abiertamente comprar
candidatos, elecciones y partidos.
Así es precisamente como funciona el sistema electoral en
los Estados Unidos. No son los votos sino los dólares los que
determinan quienes ocupan los cargos de elección popular.
En México, gracias a décadas de valientes luchas
ciudadanas en que miles de luchadores sociales han sido lamentablemente
reprimidos, encarcelados y ejecutados, contamos con un marco jurídico
en materia electoral muy por encima de la legislación en el país vecino
del norte. Tirar por la borda conquistas históricas tan importantes
ganadas a precio de sangre sería una gran irresponsabilidad. Sería como
si los mismos estadunidenses se arrepintieran del movimiento por los
derechos civiles encabezado por Martin Luther King Jr. y regresaran al
sistema de segregación racial legalizada que estaba en vigor antes del
Civil Rights Movement.
Es innegable que debido a la complicidad y la ineptitud
de los consejeros y los magistrados electorales no se cumple en los
hechos con el principio de predominancia del financiamiento público. En
la elección presidencial de 2000, Vicente Fox se benefició de una vasta
red ilegal de financiamiento privado que extendía sus tentáculos hasta
el extranjero. En 2006, Felipe Calderón pudo imponerse en la
presidencia debido a una enorme y costosa guerra sucia en contra de
Andrés Manuel López Obrador financiado ilegalmente por el sector
privado. En 2012, ríos de dinero de procedencia desconocida fluyeron a
las tarjetas Monex y Soriana, así como a los medios de comunicación
electrónica, rebasando por lo menos 14 veces el tope de gasto
permitido, de acuerdo con la Comisión Monex, para lograr la “elección”
de Peña Nieto. Y en 2015, el PVEM da continuidad a la misma estrategia
con su costosa propaganda ilegal y cínica burla a las autoridades.
El pasado 20 de mayo el PVEM presentó una iniciativa ante
la Comisión Permanente que reformaría el artículo 41 de la Constitución
para permitir la “libre contratación” de anuncios partidistas en radio
y televisión. Unos días después, tanto la Comisión Electoral Estatal de
Nuevo León como el TEPJF avalaron la violación del principio de
predominancia de financiamiento público sobre el privado para los
candidatos independientes. Ello permitió, por ejemplo, que un candidato
“independiente” como El Bronco pudiera recibir hasta casi 50 millones
de pesos en contribuciones privadas, una cantidad que gustosamente
podría aportar el poderoso grupo de empresarios de Monterrey que lo
patrocinan. Y nuestra colega de la revista Proceso, Denise Dresser, ha
señalado en estas mismas páginas que una de las propuestas claves de la
causa anulista debería ser la realización de “modificaciones
sustanciales al sistema de financiamiento partidista… que tan sólo han
producido un clientelismo desbordado y un mercado negro de dinero no
regulado”.
Nos encontramos frente a la misma perversa lógica que ha
motivado todas las contrarreformas “estructurales” del Pacto por
México. En lugar de limpiar nuestras instituciones públicas y hacer
cumplir estrictamente las pocas normas de avanzada que todavía tenemos,
en las materias energética, laboral, educativa y electoral, se busca
tirar al bebé junto con el agua sucia. Los ciudadanos conscientes no
pueden permitir la consolidación de este nuevo atraco a nuestra
esperanza. Lo que México necesita para salvarse de la podredumbre
actual no son más falsos profetas “Broncos” ni el espejismo de
soluciones individualistas y privatizantes, sino la construcción de
nuevas organizaciones sociales e instituciones públicas con suficiente
fuerza para domar los poderes fácticos que hoy tienen sometida a la
nación.
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
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