10/24/2026

Desapariciones en México, el desafío que Naciones Unidas pone ante la Asamblea General

 

La crisis de desapariciones en México llegó a la Asamblea General de Naciones Unidas, donde el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) presentó los resultados de su procedimiento sobre el país y planteó la necesidad de movilizar la cooperación internacional para atender esta problemática.

Durante la presentación de su informe anual, este 20 de octubre, el presidente del Comité, Juan Pablo Albán, señaló que existen indicios bien fundados para considerar que en México se han cometido desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

El procedimiento, previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, se activó por primera vez respecto de México y permite llevar la situación ante la Asamblea General de la ONU para que considere posibles medidas de cooperación internacional.

De acuerdo con el Comité, su determinación no establece que exista una política federal para cometer desapariciones forzadas ni busca determinar responsabilidades penales individuales. Su propósito es movilizar apoyo para fortalecer las acciones de prevención, búsqueda, investigación y esclarecimiento de los hechos.

Tras concluir el procedimiento, corresponde a la Asamblea General considerar las opciones para impulsar esa cooperación. El Comité, por su parte, mantendrá sus funciones de seguimiento y diálogo con el Estado mexicano.

Gobierno mexicano rechaza interpretación del Comité

Durante la sesión, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, reiteró que el Gobierno de México rechaza la interpretación del Comité sobre el alcance y la aplicación del artículo 34 de la Convención.

El funcionario defendió las acciones institucionales para atender las desapariciones y sostuvo que la búsqueda de personas constituye una prioridad nacional. También afirmó que el Estado mexicano no tolera ni consiente este delito.

Medina señaló que las desapariciones que anteriormente se ordenaban desde las altas esferas del poder político ahora son perpetradas principalmente por el crimen organizado y, en algunos casos, por autoridades municipales.

Asimismo, informó que durante este año fueron localizadas más de 16 mil personas, en su mayoría con vida, aunque no precisó cuántas. Entre las medidas que destacó se encuentran el fortalecimiento de las comisiones de búsqueda y los mecanismos de identificación humana.

En respuesta, Albán reconoció las acciones mencionadas por la representación mexicana y expresó su expectativa de que los procesos de cooperación internacional se mantengan en el tiempo, incluido el diálogo con el propio Comité.

El presidente del CED también señaló que, según la información presentada por la delegación mexicana, durante el último año fueron localizadas 16 mil personas de las más de 136 mil que figuraban en los registros oficiales citados durante la sesión.

Ante la Asamblea General de la ONU, el Gobierno de México reiteró su rechazo a la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada sobre el alcance y la aplicación del artículo 34 de la Convención.

Durante la presentación del informe anual del Comité, el subsecretario…— Azucena Uresti (@azucenau) October 20, 2026

Mujeres desaparecidas y madres buscadoras, una crisis con impactos diferenciados

La crisis de desapariciones en México también requiere una perspectiva de género que permita identificar los riesgos específicos que enfrentan las mujeres y las niñas, así como las violencias que atraviesan quienes buscan a sus familiares.

Las mujeres desaparecidas pueden enfrentar riesgos vinculados con la violencia de género, la trata de personas y la explotación sexual. Por ello, las investigaciones deben considerar las circunstancias de cada caso, activar mecanismos de búsqueda oportunos y evitar prejuicios que retrasen la localización de las víctimas.

La perspectiva de género también permite reconocer que las consecuencias de las desapariciones se extienden a quienes permanecen en la búsqueda. Madres, hermanas, esposas e hijas han asumido tareas de rastreo en campo, documentación de casos y exigencia de investigaciones ante la falta de respuestas institucionales.

Esta labor, que debería contar con el respaldo y la protección del Estado, expone a las mujeres buscadoras a amenazas, agresiones y otras formas de violencia. El informe Desaparecer otra vez: Violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México, presentado por Amnistía Internacional en octubre de 2026, documenta los riesgos y las afectaciones que enfrentan quienes sostienen estas búsquedas.

Las madres buscadoras se han convertido en protagonistas de la exigencia de verdad y justicia, pero también en defensoras de derechos humanos que realizan una labor indispensable para localizar a sus seres queridos y visibilizar las omisiones de las autoridades.

Su experiencia evidencia que la crisis no termina con la denuncia de una desaparición: continúa mientras las familias carecen de información, las investigaciones no avanzan y no existen garantías suficientes para ejercer el derecho a buscar.

Cooperación internacional, una vía para fortalecer las búsquedas

México registra más de 136 mil personas desaparecidas en los registros oficiales citados durante la presentación del informe. Frente a esta dimensión de la crisis, la cooperación internacional representa una posibilidad para fortalecer las capacidades de búsqueda, el análisis forense y las investigaciones, así como para examinar posibles vínculos entre autoridades y grupos del crimen organizado.

El procedimiento ante Naciones Unidas también coloca en la discusión la necesidad de garantizar la participación de las familias y de las organizaciones que acompañan los casos, además de proteger a quienes denuncian y buscan a sus seres queridos.

Para las mujeres y niñas desaparecidas, esto implica investigaciones que consideren los contextos de violencia de género y los riesgos particulares de cada caso. Para las madres buscadoras, requiere medidas de protección, atención integral y condiciones seguras para continuar con su labor.

La discusión ante la Asamblea General abre una nueva etapa para examinar qué medidas de cooperación pueden contribuir a atender la problemática. Mientras el Gobierno mexicano defiende las acciones emprendidas y cuestiona las conclusiones del Comité, las familias mantienen una exigencia central: conocer el paradero de sus seres queridos, acceder a la verdad y obtener justicia.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario