Escrito por Georgina Monroy Vázquez
La creación de imágenes íntimas falsas, la suplantación de identidad y la manipulación de fotografías mediante inteligencia artificial son algunas de las agresiones que busca incorporar a la definición legal de violencia digital la senadora de Morena, Olga Patricia Sosa Ruíz, quien presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias.
La propuesta surge en un contexto en el que millones de mujeres enfrentan agresiones en internet. En México, 10.6 millones de mujeres de 12 años y más usuarias de internet fueron víctimas de ciberacoso durante 2024, de acuerdo con el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La iniciativa plantea actualizar el marco jurídico para reconocer las nuevas formas de violencia que pueden cometerse mediante tecnologías de la información, plataformas digitales, redes sociales, aplicaciones y servicios de mensajería.
Inteligencia artificial, una herramienta para nuevas agresiones
Sosa Ruíz advirtió que el desarrollo de la inteligencia artificial generativa ha ampliado las posibilidades de ejercer violencia contra las mujeres en entornos digitales. Entre las conductas señaladas se encuentran la clonación de voces, la creación de videos manipulados, la fabricación de contenido íntimo falso y la alteración de fotografías.
A estas agresiones se suman las campañas de desprestigio, la difusión de datos personales, la suplantación de identidad y el espionaje digital, prácticas que pueden afectar la intimidad, la dignidad, la integridad y la reputación de las mujeres.
La dimensión de esta problemática también ha sido documentada por organismos internacionales. En diciembre de 2025, Naciones Unidas en México informó que, según datos recopilados por ONU Mujeres, 95 por ciento de los deepfakes sexuales que circulan en internet representan a mujeres. Asimismo, retomó una estimación del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), de 2021, según la cual nueve de cada 10 mujeres en América Latina han experimentado alguna forma de violencia facilitada por la tecnología.
Los deepfakes son contenidos audiovisuales generados o manipulados mediante inteligencia artificial para hacer parecer que una persona dijo o realizó algo que en realidad no ocurrió. Cuando se utilizan para fabricar imágenes o videos sexualizados sin consentimiento, pueden convertirse en una forma de violencia digital contra las mujeres.
¿Qué cambiaría con la iniciativa?
El proyecto propone reformar los artículos 6, 20 Quáter y 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias para ampliar la definición de violencia digital e incorporar conductas realizadas mediante inteligencia artificial, tecnologías emergentes y mecanismos electrónicos de suplantación.
De acuerdo con el documento presentado por la legisladora, la definición contemplaría acciones ejecutadas a través de tecnologías de la información y la comunicación, plataformas, redes sociales y servicios de mensajería que causen daños psicológicos, emocionales, sexuales o a la reputación de las mujeres.
La senadora reconoció que las reformas conocidas como Ley Olimpia representaron un avance para sancionar la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Sin embargo, argumentó que la evolución tecnológica exige revisar los alcances de la legislación para responder a formas de agresión que no se limitan a compartir imágenes privadas.
En ese sentido, la iniciativa busca que las autoridades cuenten con un marco jurídico que contemple estas conductas y fortalezca las obligaciones de prevención, atención, investigación, sanción y erradicación de la violencia digital.
Una reforma que aún debe discutirse
En el documento, Sosa Ruíz sostuvo que la regulación debe responder a las nuevas formas de agresión que afectan a mujeres y niñas en internet y garantizar el ejercicio de sus derechos humanos en entornos digitales.
La iniciativa fue turnada a las comisiones para la Igualdad de Género, Derechos Digitales y Estudios Legislativos Primera del Senado de la República para su análisis.
Por tanto, la propuesta aún debe seguir el proceso legislativo correspondiente antes de que las modificaciones puedan incorporarse a la ley.
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