Episiotomías sin autorización, tactos vaginales sin información previa y métodos anticonceptivos impuestos son algunas de las prácticas que enfrentan mujeres durante la atención del embarazo, parto y posparto en Guanajuato, donde las quejas por violencia obstétrica siguen sin traducirse en suficientes resoluciones y garantías de no repetición.
Una investigación de Yajaira Gasca Ramírez y Melissa Esquivias, publicada por POPLab el 13 de abril de 2026, documentó testimonios de mujeres que vivieron intervenciones médicas sin consentimiento, así como obstáculos para acceder a la justicia ante presuntas vulneraciones de sus derechos sexuales, reproductivos y de salud.
De acuerdo con el reportaje Maternidad sin voz: prácticas médicas sin consentimiento persisten en Guanajuato, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) abrió 24 expedientes de queja entre 2020 y 2026 relacionados con violencia obstétrica, esterilización forzada o negligencia durante el embarazo. Sin embargo, únicamente emitió dos resoluciones con recomendaciones.
En uno de los casos, la institución acreditó violaciones al derecho a la salud de una madre y su hijo; en otro, determinó que se vulneraron el derecho de una persona gestante a vivir una vida libre de violencia y su derecho al consentimiento informado.
Violencia obstétrica vulnera la autonomía de las mujeres
La violencia obstétrica no se limita a las agresiones físicas durante el parto. También comprende tratos degradantes, humillaciones, procedimientos realizados sin información suficiente y decisiones médicas que desconocen la voluntad de las pacientes.
La investigación de POPLab documentó el caso de Elena, quien recibió una episiotomía —un corte en el perineo para ampliar la abertura vaginal— sin que el personal médico le solicitara autorización. Se enteró de que había sido intervenida cuando escuchó al médico comentar el procedimiento con un colega.
Después del nacimiento de su hija, Elena también enfrentó obstáculos para acceder al método anticonceptivo definitivo que había solicitado. El médico cuestionó su decisión por considerarla joven y le recomendó otras opciones.
El reportaje también recupera la experiencia de Alejandra, a quien colocaron un dispositivo intrauterino (DIU) después del parto, pese a que no deseaba utilizarlo. Según su testimonio, el personal médico justificó la intervención como parte de una política de natalidad de la institución.
Alejandra señaló que la colocación le ocasionó complicaciones de salud y que, ante las dificultades para conseguir una cita en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), consideró acudir a un hospital privado para retirarlo.
Otro testimonio es el de Julieta, quien relató experiencias de maltrato desde su primer embarazo, cuando tenía 18 años. Además de recibir comentarios que cuestionaban su edad y su decisión de embarazarse, denunció intervenciones sin consentimiento y presión para aceptar anticonceptivos después del parto.
Estas experiencias muestran cómo la violencia obstétrica puede manifestarse tanto en la atención clínica como en los juicios morales sobre la maternidad y las decisiones reproductivas de las mujeres.
Quejas con resoluciones tardías
Las dificultades para acceder a la justicia también quedan reflejadas en los tiempos de resolución de las quejas.
Según la investigación, uno de los expedientes de la PRODHEG correspondió a una mujer atendida en el Hospital Materno Infantil de Irapuato, quien denunció haber sido obligada a desvestirse en un espacio público y sometida a tactos vaginales sin que le explicaran previamente el procedimiento.
La queja se abrió en 2021 y se resolvió hasta 2024. La Procuraduría acreditó vulneraciones a sus derechos a la salud y a una vida libre de violencia, particularmente por la falta de privacidad y de información durante la revisión médica. No obstante, otros señalamientos de la paciente fueron desechados por falta de pruebas.
En otro caso, relacionado con la atención de un recién nacido prematuro en el Hospital General de León, la resolución llegó en octubre de 2025, pese a que los hechos ocurrieron en 2019 y la queja se formalizó en 2022.
La investigación también documentó una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2024 por un caso de violencia obstétrica y negligencia médica en una unidad del IMSS en Irapuato. La mujer atendida perdió a su hija pocos días después del parto.
La CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos a la vida y a la salud de madre e hija, al interés superior de la niñez, a una vida libre de violencia obstétrica y al acceso a la información en materia de salud.
Además, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Guanajuato reportó 28 quejas clasificadas como atención de embarazo, parto y puerperio entre 2020 y 2026. Por su parte, el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato informó haber recibido 17 quejas relacionadas con violencia obstétrica o atención médica durante el embarazo entre 2019 y 2025, sin precisar el seguimiento dado a estas últimas.
El consentimiento informado es un derecho
La Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016 establece criterios para la atención de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, así como de las personas recién nacidas. Entre sus disposiciones se encuentran el respeto a la dignidad de las pacientes y el consentimiento informado para los procedimientos médicos, de acuerdo con las condiciones clínicas aplicables.
La violencia obstétrica puede incluir tactos vaginales reiterados sin explicación, episiotomías sin autorización, medicalización excesiva del parto, cesáreas injustificadas, negación de servicios de salud reproductiva y agresiones verbales o humillaciones.
En la investigación, Alhelí Balderas, abogada del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), señaló que el problema tiene un carácter estructural. La organización ha documentado estas prácticas mediante el acompañamiento a mujeres en distintas partes del país.
Balderas también advirtió sobre las deficiencias en la capacitación del personal sanitario y la falta de condiciones adecuadas para brindar atención, como la disponibilidad de especialistas, personal e insumos médicos.
A estas barreras se suman los impactos emocionales. Jimena Meillón, psicóloga del colectivo Tejiendo Comunidades para Ellas, explicó a POPLab que las experiencias de violencia obstétrica pueden afectar la salud mental y derivar en ansiedad, depresión posparto y estrés postraumático.
La pérdida de autonomía también tiene consecuencias en la confianza personal y en la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre su cuerpo y sus derechos reproductivos.
Por ello, garantizar una atención obstétrica respetuosa requiere que las instituciones de salud no solo reconozcan los derechos de las pacientes en sus normas, sino que aseguren su cumplimiento, mecanismos efectivos de denuncia, atención integral y medidas para evitar que estas prácticas se repitan.
Fuente original: Yajaira Gasca Ramírez y Melissa Esquivias, Maternidad sin voz: prácticas médicas sin consentimiento persisten en Guanajuato, publicada en POPLab el 13 de abril de 2026. Leer la investigación completa en POPLab.
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