Escrito por Georgina Monroy Vázquez
Garantizar reglas claras para la participación política de las mujeres será uno de los retos de la elección judicial de 2028. La consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Sonia Pérez Pérez, señaló que es necesario definir desde la convocatoria cuáles cargos serán disputados por mujeres y cuáles por hombres, además de establecer procedimientos claros para cubrir vacantes y verificar los requisitos de elegibilidad.
Durante el foro La elección judicial en la Ciudad de México: una perspectiva desde el género, los derechos humanos y la innovación democrática, realizado en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), la consejera destacó la importancia de dar certeza a quienes participen en la próxima contienda, particularmente ante las nuevas reglas de paridad en las postulaciones.
Para Pérez Pérez, establecer de antemano qué cargos competirán mujeres y hombres permitiría que las candidaturas conozcan las condiciones de participación y las reglas para determinar quién obtiene el triunfo. La propuesta retoma la experiencia de la elección judicial de 2025 en la capital, cuando la convocatoria identificó las vacantes que serían disputadas por mujeres y las que corresponderían a hombres.
Este mecanismo permitió que, en determinados cargos, las candidatas compitieran entre sí y que existiera claridad sobre quién obtenía la mayor votación.
En la mesa Proceso electoral judicial extraordinario 2025. Experiencias, reflexiones, criterios y sentencias con perspectiva de género y derechos humanos en materia electoral, en la que también participaron la magistrada del TECDMX Laura Patricia Jiménez Castillo y el asesor legislativo Mauricio Augusto Calcaneo Monts, Pérez Pérez consideró necesario mantener este tipo de definiciones para el proceso de 2028.
“Es necesario seguir con la inercia de establecer claridad de cuáles son los cargos que van a ser competidos por hombres, y cuáles los que van a ser competidos por mujeres”, afirmó.
La consejera sostuvo que esta claridad también contribuiría a evitar controversias por los criterios de asignación de los cargos, como las que se presentaron en el ámbito federal, y a reducir el riesgo de que los resultados terminen judicializándose.
Desde una perspectiva de género, definir estas reglas con anticipación es relevante para que las mujeres conozcan las condiciones bajo las cuales competirán por los espacios judiciales. La certeza sobre las candidaturas y la asignación de los cargos forma parte de las condiciones institucionales necesarias para aplicar las disposiciones de paridad.
Vacantes judiciales podrían requerir nuevas elecciones
Además de las reglas de participación, Pérez Pérez advirtió sobre los posibles efectos del nuevo mecanismo para cubrir las vacantes de magistraturas y juzgados.
Explicó que, durante la elección judicial de 2025, existía la posibilidad de que una persona ubicada en el siguiente lugar de la votación accediera al cargo cuando se produjera una vacante. Con la nueva regulación, en cambio, las plazas deberán someterse nuevamente a elección.
La consejera señaló que este cambio podría ocasionar periodos en los que algunos cargos permanezcan sin una persona titular electa, incluso si la vacante se produce poco después de que quien ganó la elección asuma sus funciones.
También recordó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha conocido controversias relacionadas con la aplicación del esquema anterior de sustituciones después de las reformas constitucionales.
Por ello, consideró importante que las autoridades definan con claridad cómo se aplicarán las nuevas disposiciones y cuáles serán sus efectos en la integración de los órganos judiciales.
Verificación de la “8 de 8” necesita reglas claras
Otro de los puntos abordados fue la verificación de los requisitos de elegibilidad conocidos como la “8 de 8”. Pérez Pérez consideró necesario establecer un procedimiento normativo que permita comprobar que las personas electas cumplen con las disposiciones aplicables.
La consejera recordó que, durante el proceso electoral judicial de 2025, el IECM realizó requerimientos a distintas autoridades antes de entregar las constancias de mayoría, con el propósito de verificar que las personas ganadoras no se encontraran en alguno de los supuestos previstos en la normativa.
Ante la próxima elección, planteó que el procedimiento de revisión quede definido desde antes de la contienda, incluya la garantía de audiencia y permita que las personas participantes conozcan previamente las reglas aplicables.
La propuesta busca dar certeza jurídica tanto a las candidaturas como a las autoridades electorales sobre la forma en que se comprobará el cumplimiento de los requisitos.
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