La periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho denunció que la audiencia judicial programada para el 20 de octubre, en la que esperaba confrontar al exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, por la tortura que sufrió en 2005, fue suspendida debido a fallas en el sistema de comunicación utilizado por el juzgado.
En una transmisión en vivo difundida en sus redes sociales, Cacho explicó que llevaba meses preparándose para la diligencia, tanto en el ámbito legal como emocional, con el objetivo de presentar sus argumentos ante la autoridad judicial y avanzar hacia una sentencia contra el exmandatario.
“Se les cayó el sistema al juzgado”, expresó la periodista, quien señaló que, inicialmente, recibió información de que se había ido la luz y posteriormente enfrentó problemas para ingresar a la plataforma donde se realizaría la audiencia de manera virtual.
De acuerdo con su testimonio, la diligencia se llevaría a cabo en juzgados de Quintana Roo, donde está radicado el proceso, mientras Marín participaría desde el penal del Altiplano, en el Estado de México.
La periodista afirmó que, hasta el momento de su transmisión, no conocía una nueva fecha para la audiencia. También cuestionó las condiciones técnicas del sistema judicial y advirtió que este tipo de fallas podría afectar a otras víctimas que necesitan participar en procesos penales a distancia.
“Si eso me sucede a mí en este momento, le está sucediendo a centenares de víctimas en todo México”, señaló al referirse a personas que esperan justicia por desapariciones, secuestros, violencia sexual y otras agresiones.
Una audiencia para avanzar hacia la sentencia
La diligencia estaba prevista como una etapa decisiva del proceso penal contra Mario Marín por su probable responsabilidad en el delito de tortura contra la periodista. De acuerdo con ARTICLE 19 México y Centroamérica, la audiencia daría paso a una sentencia condenatoria o absolutoria.
En un pronunciamiento publicado el 19 de octubre, la organización, junto con periodistas, medios y otras organizaciones firmantes, advirtió que la resolución tendría implicaciones para la libertad de expresión y el combate a la impunidad en México.
ARTICLE 19 llamó a que la decisión judicial se sustentara en los más altos estándares internacionales de protección a la libertad de expresión y de prensa, así como a que se impusiera una sanción proporcional a la gravedad de los hechos, en caso de acreditarse la responsabilidad penal.
La suspensión impidió que la diligencia se desarrollara en la fecha prevista. Hasta el momento de la declaración pública de Cacho, no se había anunciado una nueva fecha.
Veintiún años de búsqueda de justicia
El caso se remonta a diciembre de 2005, cuando Lydia Cacho fue detenida en Cancún, Quintana Roo, y trasladada a Puebla después de publicar Los demonios del Edén, libro en el que documentó una presunta red de explotación sexual infantil y sus vínculos con personas empresarias y figuras políticas.
La periodista ha sostenido que su detención y las agresiones que sufrió fueron represalias por su trabajo de investigación. En su transmisión, recordó que el proceso judicial ha implicado años de litigio, persecución y afectaciones emocionales.
Cacho también subrayó que su exigencia de justicia no se limita a su caso personal. Sostuvo que la sanción de quienes ejercen violencia contra periodistas es necesaria para impedir que el poder político se utilice para silenciar investigaciones sobre violaciones a derechos humanos.
“Lo que el gobernador de Puebla intentó hacer fue destruirme a través del ejercicio de su poder político y empresarial y criminal”, declaró.
La periodista reiteró que buscará que se imponga a Marín la pena que corresponda por el delito que se le atribuye y que se contemple la reparación integral del daño para las víctimas.
“Vamos a lograr la sentencia a Mario Marín”, afirmó, al insistir en que el caso también debe enviar un mensaje a quienes utilizan el poder para proteger a responsables de delitos o agredir a periodistas.
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