Escrito por Lucía Melgar Palacios
.-De pronto pareciera que Europa está de cabeza. ¿Qué pasa en Francia, España, Italia, Portugal, Bélgica, Albania? Las manifestaciones aparentemente simultáneas en estos países no pueden verse como un simple contagio: el malestar social, cultural, está presente desde hace años ahí y en otras partes del mundo. El descontento por las condiciones y decadencia de la educación, la falta de vivienda, el deterioro de los servicios públicos, el autoritarismo y la corrupción, entre otras fallas, no es nuevo, ni re-surge por azar.
En un contexto de políticas de austeridad y, ahora, inflación creciente, la toma de las calles apunta en más de un sentido a las grietas del orden establecido, a los huecos detrás de la fachada de la “eficiencia” neoliberal. Juventudes y poblaciones diversas alzan la voz contra un sistema sociopolítico cada vez más excluyente y depredador que amenaza el futuro y asfixia el presente.
En Francia, las manifestaciones pacíficas, iniciadas en septiembre, surgieron por la frustración de estudiantes de liceo (preparatoria) ante las pésimas condiciones de sus escuelas, la falta de profesores, la carga de trabajo, provocadas por los constantes recortes constantes al financiamiento de la educación pública desde hace una década.
La extensión de estas protestas responde, en parte, a un deterioro general de la educación en liceos y universidades, donde profesores y estudiantes también padecen estos recortes, agudizados por la inflación.
En Madrid y Lisboa las acampadas se alzan contra la abismal falta de vivienda, los alquileres exorbitantes, la primacía de la especulación inmobiliaria sobre el derecho a un techo y, en Portugal, también contra la des-regulación que ha permitido un aumento brutal las rentas (124%) en una década.
En Albania, las demandas por una educación asequible se han fundido ya con las protestas que desde hace meses denuncian un proyecto turístico , financiado por el yerno de Donald Trump, que depredaría una zona ecológica protegida.
Con variantes y matices diversos, estas movilizaciones exigen reflexionar sobre la insostenible desigualdad socioeconómica y las amenazas que obturan el futuro de las nuevas generaciones: la crisis climática, la IA, la política de la crueldad, la cosificación del planeta, la devaluación del ser humano.
Desafortunadamente, junto a estas protestas pacíficas, se han dado estallidos de violencia destructiva, desenfrenada en Francia, cuyo impacto medios, redes y políticos han intensificado.
Como sucede en México, grupos de encapuchados, estos grandes y muy organizados, aprovecharon las manifestaciones para sembrar destrucción y, al margen de éstas (según las propias autoridades), vandalizaron edificios, negocios, bienes públicos, en varias ciudades.
La policía no bastó para contener tanta y tan intensa violencia. El saldo: 2,400 detenciones, muchas de menores de edad, manifestantes y policías heridos, pérdidas millonarias en comercios, incendio de edificios históricos… y empañamiento de las demandas legítimas de la población.
Consternados, los alcaldes de París, Lyon y Marsella expresaron su estupor ante una violencia nunca vista (ni imaginada). Estos últimos insistieron en que debe discernirse entre manifestaciones legítimas y violencia destructora. Hablaron incluso de una “falla colosal” del Estado que, en efecto, no previó la magnitud de las protestas ni, al parecer, se preocupó por prevenir la violencia que, en grados menores, puede acompañar la movilización social.
A menos que, como hemos visto en México, las “fuerzas del orden” (en algunas zonas al menos) hayan preferido cargar contra los manifestantes y dejar campo libre a los encapuchados.
El Estado en cualquier democracia, han recordado personajes de la política y la academia en Francia, tiene la obligación de garantizar a la vez las libertades y el orden, en este caso, el derecho a manifestarse con seguridad y libertad.
Enfatizar la urgencia de restablecer el orden sin dar a la vez respuestas políticas viables a estudiantes y sociedad, como ha hecho esta semana el gobierno macronista, o descalificar las demandas legítimas de cientos de miles por las violencias de una minoría, como hace la ultraderecha – a la que se han unido el gobierno y varios partidos al estigmatizar a la “ultra izquierda” como responsable de lo sucedido, implica negar un malestar real y apostar por un futuro peor.
Más que respuestas inmediatas y maniqueas, hacen falta preguntar por los orígenes, dinámica y motivos de las violencias, distinguir entre vandalismo, manipulación política, seudo-anarquismo, estrategia autoritaria…
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