El
conjunto de los derechos humanos no es inmutable ni se establece de una
vez para siempre, sino que posee una dimensión y un carácter
históricos, por lo que a través del tiempo se producen modificaciones e
innovaciones en su concepción, interpretación y aplicación. De este
modo, reflejan el grado de conciencia y de consenso logrados en un
momento determinado, dando respuesta a una problemática y unas
circunstancias históricas concretas, en torno al ideal de justicia
social. En este sentido, las generaciones de derechos humanos
constituyen no sólo nuevos derechos reconocidos, sino también etapas o
fases históricas en cuanto a la manera de concebir, interpretar y
aplicar los derechos hasta entonces reconocidos. Así, por ejemplo, en
lo que se refiere al hecho de incluir entre los derechos de primera
generación a los derechos políticos, lo cierto es que derechos como el
sufragio universal no sólo masculino, sino también femenino, no han
sido reconocidos en muchos textos constitucionales hasta bien entrado
el siglo XX. Sin embargo, la principal cuestión que se plantea aquí y
ahora es: ¿pueden los derechos humanos hacer frente al capitalismo y
sus crisis? Más aún: ¿son compatibles dichos derechos con el régimen
económico actualmente imperante?
Las “generaciones” de derechos humanos
Se suelen citar como derechos de primera generación
a los derechos civiles y políticos, o derechos de libertad, por ser
principalmente de esta naturaleza los derechos proclamados en las
primeras declaraciones de derechos humanos, entonces también
denominados derechos "naturales". Son derechos proclamados frente a los
regímenes despóticos y monárquicos. Así, por ejemplo, el inicial y
parcial reconocimiento de la libertad de cultos fue en principio
decisivo para acabar con las guerras que tomaron como pretexto la
religión en la Europa renacentista. Sin embargo, en el fondo subyacían
las reivindicaciones de la burguesía emergente frente a las trabas al
libre comercio procedentes de los regímenes estamentales y semifeudales
que se remontaban a la Edad Media, destacando el "sagrado" derecho a la
propiedad privada.
Según las doctrinas liberales, dichos
derechos exigen sobre todo la abstención por parte de los poderes
públicos, sin embargo, una reflexión más atenta deja entrever que esta
"abstención" es una más de las falacias de las ideologías liberales y
neoliberales para tratar de legitimar el régimen económico fomentado
por los burgueses, es decir, el capitalismo, presentándolo no como tal,
sino como "democracia" y "Estado de Derecho". De este modo, los
regímenes capitalistas se van imponiendo inicialmente por Europa y
América, a la par que la denominada "modernidad". En su versión más
democrática, los derechos civiles y políticos son oponibles a los
poderes públicos y privados, así como a otros individuos, con el fin de
hacer respetar la autonomía individual de cada cual.
Los derechos de segunda generación,
en cambio, sí exigen claramente de los poderes públicos su
intervención, con objeto de que los individuos, particularmente los más
pobres y desfavorecidos, puedan hacer efectivos sus derechos, dado que
carecen de medios y recursos para lograrlo por sí solos. Son los
denominados derechos económicos, sociales y culturales, o derechos de
igualdad, que fueron surgiendo a lo largo de los siglos XIX y XX
impulsados por las luchas obrer as frente a las duras condiciones
laborales impuestas por la burguesía capitalista. Su plasmación
incipiente en textos legales puede observarse, por ejemplo, con motivo
de la revolución de 1848 en Francia o el reconocimiento de determinados
seguros sociales en la Alemania de finales del siglo XIX. Sin embargo,
fueron la revoluciones soviética y m ejicana, a principios del siglo
XX, los acontecimientos decisivos para que estos derechos comenzaran a
ser reconocidos en diferentes constituciones y ordenamientos jurídicos
de distintos países.
Por su parte, los derechos humanos de tercera generación
también han surgido tras la toma de conciencia y la movilización para
logr ar una mejor calidad de vida y un mayor bienestar, así como para
fortalecer la convivencia pacífica. Se trata del derecho de los pueblos
a autodeterminarse, frente al colonialismo y al neocolonialismo
(neoliberalismo); del derecho a la paz, contra la guerra; del
desarrollo para todos, contra la pobreza; de la asistencia humanitaria
en cualquier parte del mundo ante situaciones de extrema gravedad
(catástrofes, conflictos bélicos, etc.); de un medio ambiente sano
frente al deterioro grave de nuestro entorno natural, así como de la
existencia de un patrimonio común de la Humanidad, natural e histórico,
que debe preservarse. Se suele decir que los derechos de tercera
generación hacen hincapié en la necesaria solidaridad o fraternidad que
debe existir entre los seres humanos para hacer respetar y proteger los
valores y aspiraciones que se consideran comunes a todos, es decir,
universales.
En este sentido, en mi opinión, las
características específicas señaladas para las distintas generaciones
de derechos humanos, es decir, la "oponibilidad" para los derechos de
la primera generación (civiles y políticos), la "exigibilidad" para los
de la segunda (derechos económicos, sociales y culturales), y la
"solidaridad" para los de la tercera confluyen en las tres
generaciones. Es decir, todos los derechos humanos son oponibles,
exigibles y requieren de la solidaridad y de la cooperación para
hacerlos efectivos. De este modo, lo singular de cada una de las
generaciones de derechos humanos no es solamente la incorporación de
nuevos derechos, sino también la incorporación de nuevos modos de
concebir, interpretar y aplicar tanto los nuevos derechos como los
tradicionales. Así, por ejemplo, los derechos civiles y políticos
(primera generación) no deben interpretarse y aplicarse de manera
individualista y exclusivista, tal y como plantean las doctrinas
liberales clásicas y neoliberales, sino que deben ser compatibles con
los derechos de segunda (derechos económicos, sociales y culturales) y
de tercera generación (derecho a la autodeterminación, a la paz, al
desarrollo, a un medio ambiente sano y al patrimonio común de la
humanidad).
Por esta razón, los derechos civiles y políticos no
requieren solamente la "abstención" de los poderes públicos, pues
entonces sólo podrían hacerlos efectivos aquellos titulares que posean
recursos suficientes para hacer valer por sí solos tales derechos, sino
que también requieren la intervención de los poderes públicos en
aquellos casos en que sus titulares carezcan de dichos recursos. Es el
caso, por ejemplo, del derecho de tutela judicial, el cual cada vez es
más evidente que sólo los más privilegiados pueden hacerlo valer de
manera efectiva, por medio de un asesoramiento jurídico cada vez más
especializado y costoso. Las disposiciones legales en materia de
“abogados de oficio” o de “costas judiciales” son notoriamente
insuficientes y los recursos presupuestarios asignados para ello más
insuficientes aún. Además, son escasos los jueces sensibles a esta
situación. Consecuencia de ello es que mientras quien tiene sobrados
motivos para recurrir a la justicia no puede hacerlo en muchas
ocasiones por falta de recursos, en cambio, los más privilegiados no
dudan en hacerlo con motivo o sin él.
Por otra parte, para
reivindicar y hacer valer los derechos económicos, sociales y
culturales es necesario ejercer determinados derechos y libertades
fundamentales que se ubican entre los derechos civiles y políticos,
como la libertad de pensamiento, de opinión, de expresión, de reunión,
de asociación, etc., lo que implica que los poderes públicos deben
abstenerse de impedir el ejercicio de tales derechos aunque sí es
exigible que intervengan para que otros individuos o grupos no lo
impidan. Los individuos y grupos que configuran una comunidad
organizada deben contribuir solidariamente, según las posibilidades y
recursos de cada cual, con el fin de establecer unos poderes públicos
con medios y recursos suficientes para hacer efectivos los derechos
humanos para todos de manera equitativa.
La libertad, la igualdad
y la solidaridad son conceptos entrelazados e interdependientes en la
medida en que no se pueden entender ni hacer realidad cualquiera de
ellos aisladamente, es decir, sin tener en cuenta los otros. Pretender
lo contrario, es decir, interpretar antagónicamente uno de ellos
respecto de los otros (por ejemplo: la libertad contra la igualdad y la
solidaridad) constituye una de las características de las doctrinas
liberales y neoliberales de los derechos. Así, mientras una minoría
privilegiada pregona las excelencias de la libertad individual,
principalmente la de enriquecerse sin límites, otra parte de la
humanidad, mucho más numerosa, carece de lo más mínimo para poder vivir
dignamente. De ahí la pertinencia de postular las características de
cada una de las generaciones de derechos humanos como propias de todos
los derechos humanos.
La actual crisis del capitalismo
Las
espasmódicas y recurrentes crisis que acompañan a los procesos de
acumulación de capital desde los inicios históricos del capitalismo
siempre han repercutido sus peores consecuencias en las poblaciones más
desfavorecidas e indefensas: paro y precariedad laborales, aumento de
las desigualdades económicas y sociales, empobrecimiento, etc. La aguda
crisis actual en los países ricos no es una excepción y ha puesto en
evidencia las consecuencias previsibles, pero negligentemente
ignoradas, de la excesiva especulación financiera por parte de los
bancos y empresas transnacionales privados, quienes en connivencia con
muchos dirigentes estatales y gubernamentales, una vez más, han evitado
su colapso mediante la expropiación de cuantiosos fondos del sector que
consideran “obsoleto”, el sector público, sin reconocer el fracaso de
las medidas pro sector privado que han impuesto y siguen imponiendo
bajo la estela de uno de las nociones emblema de la globalización
neoliberal: la gobernanza 1. De este modo, aseguran la continuidad de las formas de dominación neocoloniales por todo el planeta.
Dicha
crisis tiene como epicentro el mundo financiero y repercute en todos
los ámbitos económicos y sociales. Afecta de lleno al núcleo de las
fuerzas dominantes de la metrópoli capitalista, donde se ubican los
grupos hegemónicos del sistema económico mundial. En efecto, se trata
de una crisis financiera cuyas causas tienen mucho que ver con la
actividad predominantemente especulativa a la que se dedican los
grandes bancos y empresas transnacionales de los países ricos,
facilitada por uno de los emblemas de la globalización neoliberal, es
decir, la libertad de circulación de capitales y la consiguiente
"financiarización" de la economía. De este modo, el desmesurado
incremento de capital en circulación no se corresponde en absoluto con
la economía real o productiva.
En lo que se refiere a los
países empobrecidos del Tercer Mundo, dicha libertad de circulación de
capitales favorece todo tipo de capitales especulativos dispuestos a
abandonar los países de “alto riesgo” (es decir, los más empobrecidos)
con la misma rapidez que entraron, es decir, a la mínima señal de
“alarma”, hundiendo aún más en la miseria a los más pobres. Esto
sucedió en el decenio de los noventa en los países entonces denominados
“tigres asiáticos” (Tailandia, Indonesia, Taiwán, Corea, etc.),
elogiados desde la metrópoli como modelo de crecimiento económico y
“prueba” del éxito de las políticas neoliberales. Dicha crisis se
simultaneó con otras similares en América Latina (México, Brasil,
Argentina) y en países como Rusia y Turquía, ante la pasividad y
complicidad de las instituciones financieras internacionales (FMI,
Banco Mundial).
En cualquier caso, las crisis periódicas y
repetitivas del capitalismo se suceden cíclicamente y le son
consustanciales. Ahora le ha tocado el turno a la “metrópoli”. Por su
propia naturaleza, el capital privado “financiarizado” se inclina por
la mayor rentabilidad en el menor plazo y por la garantía de que las
ganancias así obtenidas sean “repatriadas” a sus lugares de origen en
vez de reinvertirse allá donde se obtuvieron dichas ganancias.
Paradójicamente, quienes tanto abogan por reducir los gastos sociales y
por la disminución de la intervención de los poderes públicos con fines
redistributivos se encuentran ahora con los bolsillos repletos de
dinero público gracias a decisiones de dirigentes políticos que, una
vez más, obedecen a quienes realmente les han colocado en dicho puesto.
Si se hubieran aplicado a sí mismos las normas “gobernancistas” que
tanto han promovido y preconizado los bancos y las empresas
transnacionales para los menos “competitivos”, pura y simplemente
hubieran desaparecido por “incompetentes”.
En definitiva, la
correlación de fuerzas actual permite a los más ricos y poderosos no
solo pasar la factura de la crisis a los que menos culpa tienen, sino
que dicha crisis sirve de pretexto para acelerar y profundizar las
contrarreformas neoliberales 2. Dichas contrarreformas
consisten básicamente en mermar y erosionar paulatinamente el estado de
bienestar y los avances y derechos sociales logrados tras la II Guerra
Mundial mediante políticas económicas redistributivas de corte
keynesiano, aunque siempre sometidas a relaciones de producción,
comercio y consumo capitalistas.
A ello hay que añadir el
imprescindible componente militar que acompaña y hace posible la actual
globalización o mundialización (imperialismo neocolonial) del
capitalismo neoliberal, es decir, una potente industria militar que
nutre permanentemente a unos ejércitos dispuestos a guerrear en todo
momento en cualquier parte del mundo, tanto porque es uno de los
negocios más lucrativos 3 como porque es la manera de
imponer un régimen económico como el capitalismo, así como sus
derivados imperiales y coloniales, a todos los pueblos del mundo al
margen de su voluntad soberana. De hecho, el presupuesto de "defensa"
de EE.UU., potencia militar dominante del mundo actual, con una enorme
ventaja sobre el resto, y principal promotor de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), principales "interventores"
militares en el planeta, aumentó desde unos 300.000.000.000 de dólares
en el año 2000 a más de 700.000.000.000 en 2009, manteniéndose en 2012
dicha cifra a pesar de la profunda crisis económica en dicho país.
Paralelamente, el coste de las operaciones de la OTAN desde 2005 se han
cuatriplicado.
Conclusión
En un mundo como el actual resulta pertinente reivindicar políticas económicas que permitan hacer efectivos todos
los derechos humanos y para todos, en particular para los más
vulnerables y desfavorecidos. Ello exige nuevas maneras de organizarse
y comunicarse más democráticas, alternativas y capaces de hacer frente
a las gigantescas burocracias más “verticalizadas” que centralizadas en
los ámbitos empresariales, sindicales, partidistas y mediáticos, y que
hegemonizan el régimen político y económico actual, subordinado en su
conjunto a los intereses del capitalismo transnacional globalizado. Es
decir, se trata de fomentar la movilización de la sociedad desde su
base, con el fin de crear la fuerza social que permita promover
políticas alternativas al capitalismo y a sus derivados imperiales,
coloniales y neocoloniales (neoliberales), así como potenciar
organizaciones democráticas, plurales, diversas y alternativas a las
burocracias paralizantes y sumisas al capital.
Notas:
3
En 2009, la venta de armas en el mundo alcanzó la cifra de
401.000.000.000 de dólares EE.UU., excluyendo China y las empresas de
Kazajstán y de Ucrania, que no suministran datos al respecto, según el
Instituto Internacional de Investigación sobre la Paz de Estocolmo
(SIPRI). Entre las diez primeras empresas vendedoras de armas se
encuentran siete estadounidenses.
Guillermo García. Doctor en Derecho, especializado en derechos humanos y desarrollo.
Puede leerse el artículo completo en Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, n° 118, 2012, pp. 141 158.
