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12/07/2024

En alto riesgo, 60 millones de mujeres y niñas desplazadas

 Precario financiamiento: Acnur

Denuncias por agresiones sexuales aumentaron 50 por ciento este año

Periódico La Jornada
Domingo 1º de diciembre de 2024, p. 17

Más de 60 millones de mujeres y niñas desplazadas o que son apátridas se enfrentan a un alto riesgo de violencia de género, y el financiamiento para los servicios vitales que les prestan apoyo es lamentablemente escaso, advirtió la Agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados (Acnur).

Según el organismo, las denuncias por violencia sexual relacionada con los conflictos aumentaron 50 por ciento este año respecto de 2023, y las mujeres y las niñas representaron 95 por ciento de los casos verificados.

Sin embargo, estas cifras representan una pequeña fracción de la realidad, ya que muchos hechos no se denuncian, apuntó la Acnur. En lugares remotos el acceso humanitario está cortado o los recursos y la asistencia son escasos. El acceso a la justicia también sigue siendo limitado y los supervivientes temen represalias y marginación social, dijo la portavoz de la agencia, Shabia Mantoo, en una entrevista publicada en la página web de la ONU. Detalló también que los trabajadores que operan en situaciones de conflicto reciben noticias constantes de supervivientes que han sufrido violencia brutal, tortura, explotación y violencia sexuales y otros horrores, incluso como arma de guerra.

En la República Democrática del Congo, por ejemplo, los cuerpos de mujeres y niñas se han convertido en una extensión del campo de batalla en medio de la violencia cíclica y el empeoramiento de la inseguridad, aun en los lugares de desplazamiento.

En Chad, las mujeres han denunciado haber sido violadas mientras huían del conflicto en Sudán, citó Mantoo. En Afganistán, las crecientes restricciones a las mujeres y niñas, las altas tasas de violencia doméstica y el empeoramiento general de la situación económica están contribuyendo a una crisis de salud mental, y los socios de la Acnur informan de un aumento del número de pacientes que buscan ayuda.

Las refugiadas y migrantes que se desplazan por las rutas hacia el Mediterráneo siguen denunciando que se enfrentan a la violencia y la explotación sexuales, la esclavitud y la trata de personas. Los organismos humanitarios estiman que 90 por ciento son violadas.

Maltrato doméstico

Mientras, las supervivientes que han huido a los países vecinos suelen permanecer en situaciones precarias debido a los riesgos adicionales de violencia de género que pueden afrontar durante su desplazamiento, así como a las demoras en el acceso a los servicios. Además de la violencia sexual relacionada con el conflicto, las mujeres y las niñas desplazadas también se enfrentan a altos riesgos de violencia de pareja. En determinados entornos de desplazamiento se estima que los riesgos para ellas son 20 por ciento superiores a los de las no desplazadas, precisó la portavoz de Acnur.

Por otra parte, las formas interrelacionadas de discriminación también aumentan los riesgos. Por ejemplo, las mujeres y niñas con discapacidad; las que viven en la pobreza o que tienen orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género o características sexuales diversas, añadió.

Mantoo argumentó que las medidas tempranas y efectivas de prevención y respuesta a la violencia de género hacia las afectadas por el desplazamiento forzado y el conflicto salvan y cambian vidas, pero hizo hincapié en que el financiamiento está muy por debajo de las necesidades.

La Acnur ha destacado especialmente este problema durante los Dieciséis días de activismo contra la violencia de género, campaña mundial anual que se lleva a cabo del 25 de noviembre al 10 de diciembre.

La Agencia teme que sin el financiamiento adecuado, millones de mujeres y niñas desplazadas por la fuerza no puedan acceder a servicios esenciales el próximo año.

9/17/2022

Mujeres, adolescentes y niñas son doblemente afectadas por el desplazamiento interno en México: Relatora Especial de la ONU

  

CIMACFoto

El día de hoy, Jiménez-Damary dio a conocer las observaciones preliminares de su visita a México, la cual inició este 29 de agosto y finalizó el día de hoy 9 de septiembre. Durante una conferencia de prensa, la Relatora Especial explicó que uno de los principales problemas que pudo percibir durante su estadía en el país es la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentran mujeres, adolescentes, niñas y niños víctimas de desplazamiento forzado interno.

De acuerdo con la relatora de la ONU, entre las condiciones que vuelven de éste un problema complejo se encuentra la falta de datos oficiales por parte del gobierno mexicano. Este vacío estadístico hace difícil el diseño y la implementación de políticas públicas realmente efectivas para acompañar a las personas pero también para prevenir aquello que les hace salir de sus lugares de residencia.

¿Qué las obliga a irse? ¿En qué condiciones se encuentran?

En los resultados preliminares de su visita, Cecilia Jiménez-Damary pone énfasis en que, en el México actual, son muchos los factores causantes de los desplazamientos internos. Y, aunque también son muchas las poblaciones afectadas, mujeres, niñas y adolescentes conforman una esfera que sufre una doble afectación.

La relatora y abogada en derechos humanos describió que esto tiene que ver, en primer lugar, con la violencia de género y los altos índices de feminicidio que atraviesan a la República Mexicana actualmente. Estos factores colocan a mujeres y niñas “en una situación de especial vulnerabilidad frente a amenazas, intimidaciones y violencia, incluyendo la violencia sexual”.

La relatora de la ONU afirmó que, en la mayoría de los casos de desplazamiento por violencia de género, el primer instinto es huir para salvaguardar la vida propia pero también la integridad de familiares y seres queridos. Sin embargo, la vulnerabilidad de las mujeres y de sus personas cercanas no desaparece con sólo trasladarse de un lugar a otro.

Las mujeres con quienes me reuní me compartieron las experiencias que sufrieron, el dolor por la desintegración de su familia, por la pérdida de su patrimonio y modos de vida, y los graves impactos a su derecho a la salud.

Cecilia Jiménez-Damary

Así, al desplazarse de sus hogares, las mujeres víctimas de desplazamiento forzado pierden lazos socio-emocionales pero también poder adquisitivo, fuentes de ingresos y bienes materiales. De igual forma, se enfrentan a diferentes situaciones que las ponen en riesgo de sufrir ataques contra sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. Además, enfrentan grandes dificultades para acceder a servicios legales, de salud y muchos más.

Por otro lado, Jiménez-Damary explicó que, en México, son más las mujeres que los hombres en situación de desplazamiento forzado. También agregó que la gran mayoría de ellas se convierten en las principales encargadas de las labores de cuidado en su entorno familiar. Esto responde a que, según observó la relatora en nuestro país, una persona no suele desplazarse sola sino que se va con todo su núcleo familiar (hijos o hijas, padres, madres, hermanos…, quienes se vuelven sus dependientes económicos en medio de una dura etapa de inestabilidad).

Junto con todo esto, las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de desplazamiento forzado hacen frente a otras violencias sistemáticas necesarias que el Gobierno de México debe reparar.

Cecilia Jiménez-Damarys durante la conferencia de prensa donde presentó sus observaciones preliminares respecto al desplazamiento forzado interno en México. Fotografía: Fecebook oficial ONU México

El país necesita políticas públicas interseccionales, interculturales y con perspectiva de género

Entre otras observaciones, Cecilia Jiménez-Damarys destacó los avances de México en materia de desplazamiento interno. Entre ellos se encuentran los protocolos de investigación para casos relacionados con desplazamiento forzado en el estado de Chihuahua y la ley 487 en Guerrero para prevenir y atender casos de desplazamiento forzado interno.

Pese a esto, dijo, las autoridades deben contar con datos oficiales para diseñar políticas públicas basadas en cifras y experiencias concretas. Además, la Relatora Espacial agregó que el gobierno debe garantizar la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de las víctimas de desplazamiento forzado en el diseño de dichas políticas. De otra forma no se conocerá de primera mano cuáles son sus necesidades específicas.

Entre ellas, la relatora señaló que se necesita crean un registro federal único de personas desplazadas para facilitarles el acceso a documentos de identidad y otros trámites. Actualmente, este es un problema que deja a niñas, niños y adolescentes desplazados sin la posibilidad de continuar con sus estudios. De igual forma, los deja a ellos y a sus familias fuera del acceso a servicios básicos como la vivienda y la atención a la salud.

Por otro lado, el gobierno también debe considerar las condiciones particulares de cada persona desplazada. En México, por ejemplo, las periodistas no enfrentan las mismas condiciones que las mujeres indígenas cuando se ven obligadas a dejar sus hogares, de ahí que los mecanismos de protección para ambas no puedan tener las mismas características.

Durante su visita a México, Cecilia Jiménez-Damarys estuvo en los estados de Guerrero, Chiapas, Chihuahua y la Ciudad de México. Será en junio de 2023 cuando entregue su informe final frente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU; mientras tanto, sus observaciones por adelantado ya están dando cuenta de la situación de desamparo por parte del Estado hacia las víctimas de desplazamiento forzado interno.

México, sin cifras ni ayuda para víctimas de desplazamiento forzado interno: Relatora Especial de la ONU

 

CIMACFoto: César Martínez López

De acuerdo con Jiménez-Damary, este vacío es especialmente preocupante al hablar sobre el diseño y la aplicación de políticas públicas a favor de las personas desplazadas. Y es que el desconocimiento de la cantidad de personas en esta situación, así como las experiencias a las que se enfrentan, complica la tarea del Estado de elaborar iniciativas para protegerlas.

Al respecto, la relatora —quien también es abogada y especialista en desplazamiento forzado y migración— reconoció la creación de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno (la cual, sin embargo, está estancada en el Senado desde que la Cámara de Diputados la aprobó en septiembre de 2020).

Jiménez-Damary también miró como positivo el hecho de que haya iniciativas locales y federales para proteger a víctimas de desplazamiento forzado, tales como la Ley 487 en el estado de Guerrero y el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. No obstante, lamentó que estos proyectos no tengan un impacto eficaz debido a la falta de recursos económicos y a las fallas del sistema judicial en nuestro país.

Estado mexicano abandona a víctimas de desplazamiento forzado

Durante su estancia en México, la Relatora Especial de la ONU pudo visitar los estados de Chihuahua, Guerrero, Chiapas y la Ciudad de México. Al finalizar su viaje, presentó una serie de observaciones preliminares entre las que destaca el hecho de que niñas, adolescentes y mujeres son doblemente afectadas por el desplazamiento forzado. 

Además de esto, la relatora declaró que cerca del 40 por ciento de los desplazamientos actualmente está conformado por personas de comunidades indígenas o pueblos originarios según datos recabados por organizaciones de la sociedad civil.

Entre las principales causas de los desplazamientos, Cecilia Jiménez-Damary pudo identificar la violencia desatada por el crimen organizado, el cambio climático, el despojo de tierras para la elaboración de megaproyectos, la violencia de género y la discriminación de sectores como la comunidad LGBTIQ+ y las personas indígenas.

No obstante, apuntó que todas estas violencias atraviesan de forma distinta a cada sector poblacional, por lo que es necesario crear mecanismos de protección que tomen en cuenta la perspectiva de género y también la perspectiva multicultural. De igual forma, destacó la relevancia de contar con personal capacitado para atender a las y los afectados.

Pero, contrario a esto, lo que sucede actualmente de acuerdo con Jiménez-Damary es que las personas en situación de desplazamiento no acuden con las autoridades debido a la falta de confianza en ellas. Al respecto la relatora explicó que, precisamente, la falta de atención por parte de las autoridades es la que muchas veces orilla a las familias a dejar sus hogares como último recurso para salvaguardarse.

Esto deja a las personas en una situación de indefensión, sin fuentes de ingreso ni protección policial, y muchas veces perseguidas por constantes amenazas por parte de sus agresores.

Los pendientes de México según la ONU

El informe final sobre la visita de Jiménez-Damary a México será entregado frente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2023. Mientras tanto, la Relatora Especial ha adelantado que México necesita tener cifras oficiales para diseñar políticas públicas sobre desplazamiento interno con certeza.

Para ello, recomendó la creación de un registro federal único de personas desplazadas en el interior de la República Mexicana. Este registro no otorgaría un estatus jurídico a las y los desplazados, pero sí les facilitaría acciones como el trámite de documentos de identidad; actualmente, esto representa un problema para quienes desean acceder a servicios como vivienda o educación y no tienen ningún papel oficial para identificarse.

Finalmente, la Relatora Especial recomendó el diseño de políticas públicas que lleven a prevenir el desplazamiento forzado y a reparar los daños que causa, no sólo a atender a quienes ya están atravesando esta situación. También enfatizó que es de suma importancia que en esta labor participen no sólo el gobierno, sino también las víctimas del desplazamiento y las organizaciones de la sociedad civil.

Por su parte, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, declaró que el gobierno mexicano revisará detalladamente las observaciones de Jiménez-Damary y les dará un seguimiento puntual para hacer las mejoras necesarias.

4/16/2022

Violencia de género, detonante para que mujeres abandonen países de origen revela informe de Imumi


Escrito por La Redacción 13 abril, 2022

CIMACFoto: César Martínez López

Ciudad de México.- La violencia de género en países como Cuba, Guatemala, El Salvador, Haití, Honduras y Venezuela, provocó que miles de mujeres y sus hijas e hijos huyeran para buscar asilo en México, violencia que persiste aún al cruzar la frontera mexicana por parte de agentes de migración, policías municipales y delincuencia en general.

El informe realizado por el Instituto de las Mujeres en la Migración AC (Imumi) “Contexto general de la violencia en Centroamérica, Cuba, Venezuela y Haití. Un acercamiento para reconocer la violencia de género como causal de asilo en México”, reveló que durante los últimos años se ha registrado un incremento de solicitudes de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Por ejemplo, en el caso de Haití, se calcula que hay aproximadamente 4 mil personas haitianas viviendo y trabajando en Tijuana, donde existe una creciente comunidad llamada la “Pequeña Haití”

Aunque la mayoría de estas personas tenían como destino Estados Unidos, se establecieron en México desde 2018, año a partir del cual se registró un incremento de solicitudes de asilo, en comparación con otras nacionalidades, dice el informe.

En 2018 solicitaron asilo 76 personas haitianas, para 2019 la cifra se ubicó en 5 mil 548, para 2020 en 5 mil 938, y en 2021 se elevó a las 51 mil 451 solicitudes.

El documento destaca la falta de protección de las autoridades de estos países para proteger a las mujeres desde una perspectiva de género, aún cuando la mayoría cuenta con legislaciones para sancionar la violencia de género y programas de apoyo.

El informe destaca que la elección de los países está relacionada con el incremento de las solicitudes de asilo que se han registrado ante la Comar en los últimos años.

En el caso de Haití destacan los fenómenos naturales registrados en los últimos años a partir del terremoto de 2010 que dejó más de 300 mil personas muertas, seguido por el brote de cólera que duró varios años y que cobró la vida de 10 mil personas, destaca el informe.

Los huracanes e inundaciones provocaron sequías, más de 1.5 millones de personas quedaron en situación de inseguridad alimentaria.

En 2019, 140 mil hogares seguían careciendo de una vivienda adecuada. Cerca de la mitad de las 35 mil personas que viven en campos de desplazados son mujeres, niñas y niños.

A la inestabilidad política, la desigualdad de ingresos, la escasez de combustible y los abusos a Derechos Humanos se suma la pobreza de sus habitantes. Se calcula que es el país más pobre de América Latina y el Caribe, con más de 6 millones de haitianas y haitianos en situación de extrema pobreza.

Pese a la ayuda humanitaria de Estados Unidos tras el terremoto mediante programas de otorgamiento de Estatus de Protección Temporal (tps) y permiso de trabajo a la población migrante haitiana, las deportaciones se reanudaron años después, si bien Estados Unidos era el principal destino de quienes migraban, México se convirtió en un país de destino y el gobierno mexicano les ha dado visas de trabajo.

Violencia de género

Haití ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en 1981, pero no cuenta con una legislación formal contra la violencia familiar, el acoso sexual y otros tipos de violencia de género, detalla el informe de Imumi.

El terremoto de 2010 exacerbó la violencia sexual y de género, en especial porque el desplazamiento puso a las mujeres y las niñas en situación de mayor vulnerabilidad. En 2012, el Centro para los Derechos Humanos y la Justicia Global descubrió que 14 por ciento de los hogares desplazados tenían al menos un integrante que había sobrevivido a la violencia sexual.

10 años después del terremoto, señala el informe, la violencia sexual y de género sigue siendo un gran problema para las mujeres. Según Médicos Sin Fronteras, 77 por ciento de las sobrevivientes de situaciones de violencia sexual y de género que atendieron entre mayo de 2015 y marzo de 2017 eran mujeres y niñas menores de 25 años de edad; 53 por ciento eran menores de 18 años.

Las sobrevivientes de violencia sexual y de género, afirma el documento, tienen pocas posibilidades de denuncia debido al estigma, impunidad y discriminación que enfrentan en el sistema de justicia.

Como ejemplo detalla que entre 2010 y junio de 2013, se denunciaron ante la policía 600 casos de violación y solo cinco acabaron con una sentencia condenatoria y los servicios sociales y de protección en Haití se encuentran bajo presión, ya que no hay fondos suficientes para garantizar que las sobrevivientes reciban la atención adecuada.

2/16/2020

En vulnerabilidad, 1.5 millones de personas por desplazamiento forzado

Investiga conapo vía para atenderlo

Sin cifras certeras de la magnitud del fenómeno: Gabriela Rodríguez

El desplazamiento forzado interno (provocado por la urgencia de huir del crimen, de algún fenómeno natural o de un conflicto social) es ya en el país un problema muy sustantivo, advirtió Gabriela Rodríguez, titular del Consejo Nacional de Población (Conapo).
En entrevista, la funcionaria comentó que distintas dependencias gubernamentales y del sector académico investigan esta situación para definir a la brevedad una vía de contención y atención, porque los desplazados se quedan en una condición de vulnerabilidad y violación a sus derechos humanos. Al momento se sabe que la magnitud del desplazamiento es alto; sin embargo, no se cuenta con cifras certeras sobre los habitantes afectados.
En una aproximación al tema, Conapo halló el año pasado un piso estadístico de 256 mil hogares desplazados en 2015 y un registro máximo, en 2012, de 419 mil, que significarían la afectación de entre 916 mil y 1.5 millones de personas (en el libro La violencia como causa del desplazamiento interno forzado. Aproximaciones a su análisis en México, Conapo, 2019).
Junto con la prevención del embarazo en adolescentes y las previsiones ante el envejecimiento de la población, el desplazamiento interno forzado forma parte de las prioridades del Conapo.
Ante ello deberá coordinarse con sus pares en los estados y con otras dependencias para poner la lupa en la migración interna de quienes se ven obligados a huir de su hogar por violencia, catástrofes e incluso conflictos sociales.

Tema de alta prioridad
“El mandato del Conapo es exigir que se respeten los derechos humanos –de los desplazados– y que sea una migración a partir de un movimiento seguro y regulado”, indicó Rodríguez.
Subrayó que es un tema emergente; no obstante, se requiere trabajar profunda y rápidamente en la atención de miles de personas. Aunque es nuevo y no tenemos datos, definitivamente es un tema de alta prioridad; debemos inmediatamente generarlos y conocer la realidad local, comentó a La Jornada.
Sin denuncia
Uno de los principales elementos a considerar es que la gente que huye regularmente no se visibiliza y, por tanto, no denuncia la causa. Lo mismo en episodios de movilidad para salvar la vida, ante la amenaza de la violencia o por algún conflicto social.
Una vez teniendo claros las causas y los sitios del desplazamiento, se tomarán medidas, porque la gente queda en estado de desprotección, frecuentemente sin recursos para retomar su vida en otro lugar.
Es un reto porque es común que la gente no quiera hablar ni decir por qué se mudaron; es muy difícil. Aquí en Conapo hay toda una dirección enfocada a documentar el desplazamiento, explicó.
Además, indicó, no es un tema homogéneo, es decir, el desplazamiento se da lo mismo por violencia que por conflictos religiosos o políticos; otro, porque se instaló una hidroeléctrica en su comunidad y, la más complicada, cuando es producto de los delitos de alto impacto.
Desafortunadamente, el desplazamiento es ya un tema muy sustantivo en México, agregó la funcionaria, quien llegó a la secretaría general de Conapo hace apenas unos días para retomar el trabajo del anterior titular, Carlos Echarrí Cánovas, quien murió el año pasado en un accidente.

Periódico La Jornada

12/31/2019

Desplazamiento forzado de 338 mil personas en 12 años



Entre 2006 y 2018 en México han sido víctimas de desplazamiento interno forzado masivo 338 mil 405 personas, la mayoría por la violencia generada ante la presencia de grupos violentos del crimen organizado.
En su último informe, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos señala que en 2018 –las cifras más recientes– se suscitaron en el país 25 episodios de desplazamiento interno forzado masivo que afectaron a 11 mil 491 personas.
Los casos se registraron en cinco entidades: Guerrero, con 13; Sinaloa, seis; cuatro en Chiapas, tres en Michoacán y uno en Oaxaca.
Con relación al número de desplazados el año pasado, Guerrero fue la entidad que registró mayores casos, con 5 mil 56, seguida por Chiapas, con 5 mil 35; en Sinaloa hubo 860, 300 en Oaxaca y 240 de Michoacán.
El informe advierte que 20 de los 25 episodios de desplazamiento interno forzado masivo durante 2018 fueron causados por la violencia del crimen organizado. “Esto ocurrió en Guerrero, Sinaloa y Michoacán. De 11 mil 491 personas internamente desplazadas, 6 mil 156 –equivalente a 53.6 por ciento– lo hicieron ante la violencia generada por grupos armados organizados”.
El resto de los episodios, cinco, fueron causados por violencia política, conflictos de índole social y/o territorial. Estos casos se registraron en Chiapas y Oaxaca, donde 5 mil 335 personas (46.4 por ciento del total) se vieron obligadas a dejar sus comunidades.
A diferencia del año anterior, en los registros de 2018, la Comisión de Defensa y Promoción no halló casos de desplazamiento causados directamente por proyectos de desarrollo, lo que incluye actividades relacionadas con la extracción minera.
Sin embargo, al menos en uno de los 13 episodios registrados en Guerrero los testimonios de las víctimas apuntan a que grupos que los desplazaron, en particular en el municipio Leonardo Bravo, buscaban apropiarse de terrenos con potencial minero con el propósito de que pudieran activar proyectos extractivos.
Y en dos de los seis casos registrados en Sinaloa, los grupos del crimen organizado ultimaron a varias personas y desplazaron a decenas de habitantes de pueblos mineros ubicados en los municipios Concordia y Rosario.
El número de episodios de desplazamientos masivos forzados internos se mantuvo muy cerca del de años anteriores: 29 en 2016 y 26 en 2017; sin embargo, la cifra de afectados decreció considerablemente, pues en 2016 fueron 23 mil 169 desplazados y 20 mil 390 durante 2017.
Esta disminución quizás se deba a los siguiente factores: un mayor número de desplazamientos no masivos, que son más difíciles de identificar, hubo eventos que no fueron reportados por los medios, ya sea por desconocimiento, temor a represalias o por coyuntura, indica el texto de la ONG.
En los anteriores tres años, dos son las entidades con el mayor número de episodios de desplazamiento interno forzado masivo: Guerrero y Sinaloa. En 2017 y 2018 estos estados y Chiapas fueron donde más víctimas hubo, mientras en 2016 el mayor registro fue para Michoacán.

Periódico La Jornada

11/24/2019

Nuestros propios desplazados


Editorial La Jornada

Opacado por los vaivenes de la política, las peripecias de la economía y las cifras de la violencia que desde hace años azota a vastas regiones del país, el fenómeno de los desplazados internos en México suele ser considerado un asunto menor. No lo es. Un informe publicado a fines del año pasado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos estimaba que entre 2006 y 2018, cerca de 340 mil personas se habían visto obligadas a abandonar sus lugares de origen a causa de la violencia. Disputas entre facciones del crimen organizado o entre éste y las autoridades, presiones de la delincuencia para entregar impagables cuotas a cambio de supuesta protección, ataques de talamontes y grupos paramilitares, y hasta conflictos por la tenencia de tierras, mantienen a miles de familias en un estado constante de temor y privaciones, hasta que ante la ineficacia de las medidas que (a veces) ensayan las autoridades, con unas pocas pertenencias a cuestas, salen de sus comunidades rumbo a la incertidumbre.
Guerrero aporta, según la organización mencionada, más de 40 por ciento de los desplazados en el interior de la República, en episodios no siempre ligados entre sí y en localidades donde el problema tiene distintas caras y protagonistas, con la brutalidad y la violencia como únicos elementos en común.
En esta ocasión, habitantes del municipio de Zirándaro –en la Tierra Caliente de Guerrero en el límite con Michoacán– denuncian que aunque funcionarios de los gobiernos estatal y federal sostienen que en esa zona no hay desplazamientos, pobladores de 20 comunidades han tenido que dejar sus viviendas a causa de las amenazas de las bandas delictivas. La ríspida pugna que por controlar la plaza mantienen grupos presuntamente vinculados a los cárteles de Jalisco Nueva generación y la Familia michoacana, envolvió a los pobladores en un remolino de violencia que además de amenazar su integridad les hizo casi imposible la vida cotidiana. En los hogares ni siquiera se puede surtir la canasta básica (porque impiden el paso de los transportes de mercancías); los estudiantes de preescolar, primaria y telebachillerato no pueden acudir a clases (porque no se imparten), y un permanente clima de inseguridad y miedo se ha apoderado del rumbo.
La situación descrita durante una protesta realizada en Guayameo, al sur de Zirándaro –donde se han asentado provisoriamente la mayoría de los desplazados de esta última localidad– alcanza tintes dramáticos y no parece fácil de solucionar. Según los damnificados, el envío (por lo demás reciente) de elementos de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional no ha servido para llevar paz a la región, entre otras razones porque las bandas organizadas cuentan con una logística que les permite anticiparse a cada movimiento de los uniformados. En semejante escenario, los desplazados –que sumarían más de un centenar de familias con un total de mil 400 personas– han recibido el compromiso gubernamental, por medio del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, de contar con mayor apoyo para aliviar el difícil trance por el que están atravesando.
Lo fundamental, sin embargo, es encontrar mecanismos para terminar con la situaciones de violencia que provocan los desplazamientos. Dichos mecanismos, de acuerdo con las políticas adoptadas por la actual administración, deberán contener una compleja mezcla de elementos políticos, económicos y sociales, orientados a erradicar las causas generadoras de la violencia. Pero se trata, en cualquier caso, de una tarea urgente.

8/24/2019

Desplazadas de Chenalhó bordan blusas para su sustento


Ofrecerán su trabajo en bazar en línea



Ofelia López Cruz hasta hace tres años se dedicaba a cosechar en los cafetales, a las labores de la casa y cuidar de sus hijos en el ejido Puebla municipio de Chenalhó, en Chiapas, pero el 26 de mayo del 2016 tuvo que salir con lo que traía puesto de su casa porque la amenaza de que el grupo paramilitar que opera en la zona pudiera asesinarlos era inminente.
Al primer lugar que llegó a refugiarse junto con unas 250 familias más fue la propia cabecera municipal de Chenalhó. Mientras estuvo en la cabecera municipal aprendió a bordar. Ofelia, como las otras mujeres del ejido Puebla, antes solo hacía su ropa tradicional que es diferente a la que realizan para vender.
“Dice que le enseñó a bordar una señora de Chenalhó, que les dijo que tenían que hacer algo para ganar dinero y poder mantener a sus hijos”, me explica Araceli Cruz López, una de las pocas mujeres desplazadas que habla español y que realiza la labor de interprete y representante del grupo de personas desplazadas.
La ropa tradicional de las mujeres tsotsiles de Chenalhó tiene un costo entre los mil 200 y 2 mil 600 pesos de acuerdo al bordado y la calidad de los hilos por lo que es difícil su comercialización, así que las artesanas tienen que hacer blusas de manta con un trabajo manual más sencillo. Este tipo de prendas son las que aprendieron hacer cuando salieron de su comunidad de origen, para la mayoría de ellas fue fácil porque ya traían la experiencia de trabajar su propia vestimenta de manera más elaborada.
El realizar una blusa de estas les lleva entre tres y cuatro días, en cambio, las tradicionales que usan requiere un trabajo de varios meses.
Pero, comercializar estas nuevas blusas tampoco es fácil. Debido a la condición en que se encuentran no pueden salir a venderlas, así que tienen que aceptar los precios que les ofrecen los revendedores. Terminan ganando entre 20 y 30 pesos por prenda porque la mayor parte de la ganancia se la llevan los llamados “coyotes”.
A las mujeres artesanas les cuesta salir del campamento en el que se encuentran refugiadas en San Cristóbal de las Casas porque la mayoría no habla español, además, de que temen ser agredidas por los paramilitares que las han amenazado. Cuando salen lo hacen en grupo y es para manifestarse y exigirle al gobierno condiciones para su retorno.
Para las mujeres la situación de desplazamiento ha sido más difícil, muchas se han quedado solas con sus hijos porque los hombres cuando vieron que la situación empeoraba decidieron irse, las abandonaron. En algunos casos no solo se tienen que hacer cargo de sus hijos, sino también de sus padres o hasta de sus suegros.
La experiencia que tienen para sostenerse en la ciudad sirve poco para lograr un ingreso económico por eso es que se apuraron a aprender a hacer prendas para vender.
Con la intención de que ellas mismas pudieran ofrecer sus productos, el pasado sábado 17 de agosto se realizó un bazar en el Museo de la Ciudad de Tuxtla, pero el resultado no fue el esperado. La lluvia jugó en contra del evento.
Pero, las desplazadas junto al colectivo “Las hechiceras” decidieron empezar a comercializar los productos de manera permanente en la tienda del Museo de la Ciudad de Tuxtla, además, de hacer un catálogo en línea para que las personas de otros estados de la República también puedan adquirir las prendas.
Nidia Chávez, integrante del colectivo “Las hechiceras” comentó que de manera íntegra el recurso se irá a las artesanas ya sea que lo compren en la tienda del Museo o en línea.
Para las mujeres artesanas el hacer estas blusas no sólo es una forma de adquirir recursos económicos, es también, su manera de resistir, de distraerse en estos momentos difíciles, llenar de colores su vida aun estando en las condiciones más adversas. Es sostenerse con dignidad.

Cortesía de Sandra de los Santos
Por: Sandra de los Santos, corresponsal
Cimacnoticias | Tuxtla Gutiérrez, Chis..

8/22/2019

Al alza, número de desplazados por la violencia: Acnur


Si bien este año se ha disparado el número de personas que solicitan la condición de refugiado en México, el incremento se ve dramático debido a que en el pasado reciente nuestro país recibía pocas peticiones, explicó el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México (Acnur), Mark Manly.
En términos relativos y absolutos, llegan menos personas a México buscando protección que a los países del sur afectados por la situación de Venezuela, indicó el funcionario internacional en redes sociales.
De acuerdo con cifras oficiales, de enero a julio del año en curso 39 mil 983 personas han solicitado la condición de refugio en México.
Mientras, en 2018, 29 mil 623 personas solicitaron asilo en el país, un incremento de 103 por ciento en comparación con el año anterior. En tanto, en 2014 hubo 2 mil 137 peticiones.
Mark Manly explicó durante el programa Las relaciones internacionales de México, presentado por el Instituto Matías Romero y Radio UNAM, que una persona refugiada es alguien que se mueve porque su vida esta en peligro en el país de origen, es decir, enfrenta violaciones serias de derechos humanos, que no tiene la protección de las autoridades de su nación y por ende se ve obligada en salir y enfrentar un riesgo grave en el caso de ser devuelta.
En México, precisó, estamos frente a un escenario muy dinámico que va cambiando rápidamente. Destacó que nuestro país tiene una muy larga historia de abrir sus puertas a personas que vienen huyendo de persecución.
Manly agregó que actualmente las personas que llegan a la República Mexicana buscando protección como refugiadas son principalmente originarias de Guatemala, Honduras y El Salvador, que vienen huyendo se situaciones de violencia por parte de grupos delincuenciales y no encuentran la protección de sus autoridades.
El representante en México de Acnur hizo mención del informe anual de esta agencia publicado recientemente, el cual muestra una radiografía de la situación de desplazamiento forzado y movimientos de refugiados a escala mundial a finales de 2018, y lo que muestra es que vamos muy mal.
Lo anterior, añadió, porque el número de personas que han sido obligadas a salir de sus hogares, desplazarse dentro de sus naciones o huir de sus países por conflictos armados, violencia generalizada o violaciones de derechos humanos, no deja de crecer.
Añadió que en la región la gran novedad ha sido el movimiento de venezolanos, quienes son el grupo más importante que solicitó la condición de refugio a escala global en 2018. Detalló que más de 4.5 millones de ciudadanos de ese país han salido de su nación desde 2015. Es un movimiento masivo que afecta a toda América Latina.

Periódico La Jornada

7/24/2019

Llaman a atender el creciente problema de los desplazados por la violencia en el país


Ante el creciente número de desplazados por la violencia, México prepara una ley general para atender el fenómeno que podría significar millones de víctimas en los años recientes.
Alexandra Bilak, directora del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC), con sede en Ginebra, indicó que los estragos aquí podrían compararse con los de Medio Oriente o Africa subsahariana.
Precisó que si bien se parte de un cálculo preliminar de 380 mil probables desplazados en México por el crimen (registrados en el periodo 2009-2018), el fenómeno crece cada año y los datos disponibles actualmente están incompletos.
El rango para llegar a una cifra cercana a la realidad oscila entre uno y 8 millones de personas, por lo que el primer paso es acotar esta perspectiva.
En el contexto global, (se asemeja) a Africa subsahariana y Medio Oriente, con el mayor número de personas desplazadas internamente (por conflictos internos y crimen) y, en cuanto a desastres naturales se compararía con el sudeste asiático, el sur de Estados Unidos y el Caribe, dijo en conferencia de prensa en la cual funcionarios de la Secretaría de Gobernación presentaron un proyecto de generación de normas y políticas públicas en la materia.
Bilak indicó que el primer gran avance es que el gobierno reconoce la situación y pretende colocar las bases para hacerle frente. No obstante, advirtió que el tratamiento significa una importante inversión material y voluntad política.
Andrés Ramírez, director de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), dijo que resulta irónico que el país tenga un marco legal para extranjeros desplazados y no haya una instancia para las víctimas locales.
Es por ello que los trabajos hacia un marco legal y operativo para atender a los desplazados debe partir de datos cercanos a la realidad y no avanzar de manera espontánea, dando palos de ciego.
Recordó que el origen de la Comar es un ejemplo de esa situación, porque fue constituida en los años ochenta para atender a los refugiados guatemaltecos, pero pasaron muchos años para la adhesión de México a la Convención de Refugiados y tener, hasta el año 2011, una ley para ese ámbito.
Es así que el tema del apoyo a los desplazados no puede postergarse más porque es algo que piden a gritos las víctimas de este fenómeno; al contrario, señaló Ramírez, urge entrarle al toro por los cuernos.
Rocío González, de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, dijo que el fin de la ley en referencia es prevenir, proteger y dar soluciones verdaderas a quienes hoy son desplazados.
Igualmente, acatar las recomendaciones emitidas al gobierno federal desde hace 10 años.
En cuanto al IDMC, se precisó que es una instancia fundada en 1998, año en que brindaba asistencia a 23 países, y hoy lo hace con decenas de naciones que atraviesan por episodios de conflictos, violencia interna y efectos de fenómenos naturales.
Bilak hará un recorrido de trabajo por algunas entidades, incluidas Chiapas y Guerrero.
Indicó, al igual que los funcionarios mexicanos, que sería imperdonable no abordar con profundidad esta circunstancia. Es también un reto político, subrayó.

 Periódico La Jornada

6/11/2019

Sinaloenses desplazados piden ayuda a ONU y GN

Huyeron de violencia en la sierra

El gobierno estatal sólo responde con paliativos, señalan en carta a Bachelet

▲ Debido a la violencia provocada por grupos del crimen organizado, pobladores de la sierra del municipio de Concordia, Sinaloa, colindante con el estado de Durango, han huido a la cabecera o al puerto de Mazatlán.

Mazatlán, Sin.,Sinaloenses desplazados de sus comunidades de origen exigieron que Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, intervenga para resolver el problema que viven mil 800 familias que huyeron de la violencia y la inseguridad, y que el gobierno federal les asigne vigilancia de la Guardia Nacional para que los pueblos serranos de la entidad tengan paz.

Esperanza Hernández y Miguel Ángel Gutiérrez, representantes de la Comisión Coordinadora Estatal de Desplazados, y Óscar Loza, de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, reprocharon en un documento dirigido a la Organización de las Naciones Unidas que la administración estatal que encabeza el gobernador priísta Quirino Ordaz Coppel no ha diseñado un plan integral de atención a las víctimas, sobre todo para dotarlas de vivienda.
También demandaron que dicho plan incluya servicios de salud, educación, proyectos productivos y seguridad, pues el gobierno en Sinaloa sólo reparte despensas, entre otras medidas inmediatistas. Asimismo, se quejaron de que tampoco existe un programa integral para frenar la violencia.
En el escrito que se remitió a Bachelet se afirma que en Sinaloa ha habido unas 27 mil personas desplazadas por la violencia desde 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa lanzó la guerra contra el narcotráfico, lo que propició enfrentamientos entre bandas del crimen organizado y de éstas con las fuerzas del Estado, lo que a su vez generó salidas en masa de los municipios de El Fuerte, Choix, Sinaloa, Badiraguato, Culiacán, San Ignacio, Concordia y Mazatlán.
Acotaron que familias de los estados vecinos de Chihuahua y Durango buscaron refugio en los municipios sinaloenses de Guasave, Mocorito, Salvador Alvarado, Culiacán y Mazatlán, y que en 2015 hubo un desplazamiento forzado en Tamazula, Durango, por la búsqueda de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, lo que obligó a unas 250 familias a huir a Cosalá, Sinaloa.
Los líderes de desplazados expusieron que en 2017 la violencia de bandas criminales asoló el sur de Sinaloa y en el municipio de Concordia cientos de familias huyeron de la sierra hacia la cabecera municipal y a Mazatlán.
Refirieron que en 2019 cientos de familias han sido expulsadas de la región minera y de los poblados serranos La Rastra, Matatán y Santa María, en el municipio de El Rosario, y otros son rehenes en sus comunidades, pues la presencia de fuerzas armadas y de la policía no es garantía de paz.
Destacaron que pese a que el Congreso estatal aprobó destinar 30 millones de pesos para dar viviendas a familias desplazadas, no se han adquirido terrenos en los municipios de Guamúchil, Culiacán y Mazatlán.
Miguel Ángel Gutiérrez aseguró que existe preocupación e incertidumbre entre las casi mil 800 familias que han tenido que escapar de la violencia. Agregó que sólo en Mazatlán hay 418 familias que salieron de Concordia y Rosario, entre otras localidades.
Los representantes de los afectados demandaron que se reconozca y atienda de manera urgente el problema del desplazamiento forzado en México y en especial en Sinaloa. Exigieron que se investigue y documente la situación en puntos críticos y que se apoye a las familias de acuerdo con los protocolos internacionales sobre desplazamientos.
También pidieron que se tome en cuenta un punto de acuerdo emitido por el Senado de la República en 2011, al igual que medidas cautelares, y que los puntos críticos de violencia en Sinaloa sean incluidos en las actividades de pacificación que realizará la Guardia Nacional.
La carta va dirigida asimismo a Paolo Abro, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y a Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Foto Irene Sánchez
Irene Sánchez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 11 de junio de 2019, p. 23

2/17/2019

Víctimas de desplazamiento forzado suman hasta 8 millones



Foto
▲ Familias desplazadas de Chalchihuitán, Chiapas.
Pese a su gravedad y al elevado número de personas que afecta, el desplazamiento forzado interno es un fenómeno que permanece invisibilizado en México, a tal punto que no hay estudios oficiales para conocer su magnitud exacta ni políticas públicas para ayudar a las víctimas, señaló la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Al presentar ayer en el Senado el libro Entre la invisibilidad y el abandono: un acercamiento cuantitativo al desplazamiento interno forzado en México, Brenda Pérez, especialista de la CMDPDH en dicho tema, indicó que no hay datos exactos sobre la cantidad de víctimas de este flagelo en el país, aunque según algunos estudios se calcula que pueden ser hasta 8 millones de personas.
La investigadora explicó que el libro está basado en los datos que ofrecen tres encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi): la de Dinámica Demográfica, la de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública y la de Ocupación y Empleo, en las cuales hay cifras importantes y complementarias sobre el tema del desplazamiento forzado.

Familias desprotegidas
Entre los datos más relevantes obtenidos de dichas fuentes, señaló Pérez, está que de 2011 a 2017, cada año hubo un promedio de un millón 200 mil personas que cambiaron de domicilio –la mayoría dentro de su propio estado– para escapar de la violencia o la delincuencia.
De acuerdo con las mencionadas encuestas del Inegi, más de 70 por ciento de las familias afectadas por esta dinámica se ubicaron en territorios urbanos de más de 100 mil habitantes, donde fueron víctimas de manera reiterada de delitos graves, como secuestro, extorsión, robos y amenazas.
Por otra parte, la CMDPDH documentó que casi 40 por ciento de las personas desplazadas en 2011, tuvieron que cambiar de domicilio a pesar de que en su lugar de origen hubo acciones de combate al narcotráfico, lo cual evidencia que los operativos de seguridad para combatir a la delincuencia organizada no necesariamente protegen o aseguran a la población, resaltó Pérez.
Según las fuentes consultadas por los autores del informe, 54 por ciento de las víctimas de desplazamiento forzado son mujeres, y los estados con mayores índices de expulsión –de 2009 a 2014– fueron Tamaulipas, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero y Veracruz.
Las entidades que más recibieron personas desplazadas fueron Veracruz, estado de México, Jalisco, Puebla y Querétaro.
El senador Emilio Álvarez Icaza, por su parte, llamó al actual gobierno a admitir la existencia del desplazamiento forzado y asumir su responsabilidad en el tema, al tiempo que anunció que en breve presentará una iniciativa de ley en la materia.

Foto Cuartoscuro
 Periódico La Jornada

2/07/2019

Incontrolada violencia paramilitar en Chenalhó, denuncian pobladores


Al menos 25 muertos, decenas de heridos y miles de desplazados, saldo de conflicto reciente

Al menos 25 muertos, decenas de heridos y miles de desplazados es el saldo reciente de un conflicto causado por grupos civiles armados de Santa Martha, municipio de Chenalhó, Chiapas, contra familias tanto bases de apoyo zapatistas como partidistas de Aldama y Magdalenas.
Lo que empezó como una disputa agraria ha evolucionado a un verdadero problema social por la impunidad de los agresores y las políticas de cooptación de las autoridades. La junta de buen gobierno zapatista (JBG) del caracol de Oventik, en Los Altos, responsabilizó a los gobiernos federal, estatal y municipal del recrudecimiento incontrolado de la violencia paramilitar que causa zozobra en la región. Entre septiembre de 2017 y finales de 2018 hubo 22 muertos. Entre diciembre y enero de 2019 hubo otros tres. En un informe divulgado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), la JBG señala que luego de los enfrentamientos más fuertes, ya en tiempos del presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón, los días 21 y 22 de enero (las ráfagas se escuchaban el toda la franja del río que sirve de división entre los pueblos), como solución, el gobierno envió camiones de soldados y policías para instalar una base de operaciones en la comunidad de Cocó (Aldama)”.
Así justifican la militarización, después de que ellos mismos metieron los problemas en territorio zapatista, añade la JBG. Claro les decimos: nos están provocando y nos están obligando a defendernos. La JBG denuncia que el mal gobierno dijo a los partidistas que si no aceptaban su Guardia Nacional les quitaría los apoyos económicos.
El problema no es nuevo. Data al menos de 1977. El fondo de la disputa son 60 hectáreas propiedad de Aldama que el gobierno entregó a Santa Martha. Los tres niveles de gobierno, pasados y presentes, son responsables de la división, enfrentamiento, miedo y rompimiento de la vida comunitaria. Según la JBG, aparentaron acuerdos que no se cumplieron, metiendo más leña al fuego, porque el verdadero objetivo es dividir a las comunidades, para facilitar la entrada de los grandes empresarios a los territorios originarios y saquear nuestras riquezas.
En lo que es la primera declaración pública en cinco años de una JBG, la de Oventik dice: Nosotros y nosotras siempre hemos dicho que la solución no es la militarización de los pueblos. Responsabilizando al gobierno actual de esta violencia, señala: Su política es repartir dinero y migajas, crear conflictos y militarizar las comunidades indígenas. Sólo mal acostumbran dando dinero para calmar a la gente. ¿Eso no es corrupción?.
Por su parte, el Frayba dio a conocer que desde inicios de 2018, por lo menos 13 comunidades de Aldama, entre ellas la cabecera municipal, han sido blanco de ataques con armas de fuego provenientes de miembros de la comunidad Santa Martha, Chenalhó. Actualmente se registran miles de víctimas de desplazamiento forzado, además de varios heridos y personas ejecutadas extrajudicialmente.

Periódico La Jornada

1/17/2019

Acreditan violación a los derechos humanos de 971 indígenas desplazados de Chenalhó


Autoridades municipales y estatales de Chiapas violentaron los derechos humanos de 971 indígenas tzotziles de Chenalhó, 470 de ellos menores de edad, quienes fueron víctimas de desplazamiento forzado interno en mayo de 2016 debido a un conflicto comunitario que devino en la destitución de la entonces presidenta municipal.
Así lo acreditó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación 90/2018 sobre el caso que fue dirigida al gobernador Rutilio Escandón Cadenas; al fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, y a los presidentes municipales de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez, y de San Cristóbal de Las Casas, Jerónima Toledo Villalobos.
Tras sus investigaciones, el organismo documentó que se vulneraron los derechos a la seguridad personal, a la libertad de circulación y residencia, a no ser desplazado forzadamente, a la propiedad, a la asistencia humanitaria, a las medidas de ayuda inmediata, a la alimentación, a una vivienda adecuada, a educación, al trabajo, a atención médica y protección a la salud, de acceso a la justicia por inadecuada procuración de la misma y al interés superior de la niñez.
Las acciones y omisiones de las autoridades estatales y municipales no garantizaron seguridad pública (a los agraviados) ni previnieron los delitos y actos violentos en su contra durante los conflictos, y tampoco implementaron acciones para salvaguardar sus derechos fundamentales.
El 25 de mayo de 2016, dos integrantes del Congreso de Chiapas fueron retenidos por habitantes de Chenalhó para exigir la destitución de la entonces presidenta municipal, por inconformidades con su administración; la funcionaria presentó su renuncia ante los congresistas y pese a ello vecinos amenazaron con quitarle la vida, por lo que huyó de la región.
Al día siguiente, pobladores acudieron a la cabecera municipal a presenciar la toma de protesta del sustituto, pero se dieron desacuerdos y enfrentamientos armados en ese lugar y otras localidades entre simpatizantes de la depuesta munícipe y de su sucesor, dejando dos personas muertas.
Debido a las agresiones, amenazas y destrucción de diversos bienes, los 971 indígenas a los que se refiere la CNDH se vieron obligados a abandonar sus propiedades.

Periódico La Jornada

1/09/2019

Ordena López Obrador atención especial para desplazados de Chenalhó y Aldama

Problema latente desde 2016

En esa zona de Chiapas, grupos con gran capacidad de fuego: Encinas

El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Secretaría de Gobernación (SG) y a las dependencias federales de seguridad dar atención especial al caso de los desplazados en Chenalhó y Aldama, Chiapas.
El subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, sostuvo que tras una visita de funcionarios de la dependencia a ese lugar, se constató que hay grupos con gran capacidad de fuego ligados presuntamente a la delincuencia organizada, quienes han generado violencia en la región. Por lo menos 600 personas permanecen afectadas, agregó.
El desplazamiento forzado comenzó desde 2016 por la presencia de grupos armados y se agudizó desde entonces por conflictos territoriales en distintas localidades, lo que se ha repetido en Chalchihuitán.
Efectivamente, los problemas de violencia, de presencia de grupos paramilitares y de gran capacidad de fuego, incluso de grupos presuntamente ligados a la delincuencia organizada, ha generado niveles de violencia, de nueva cuenta, como sucedió en abril, con el asesinato de dos niños; en los primeros días de este mes hay personas que han sido víctimas de la violencia, la cual, lamentablemente se ha venido recrudeciendo señaló Encinas.
Ayer, en conferencia de prensa junto con el Presidente en Palacio Nacional, el funcionario federal detalló que el conflicto se agudizó luego de que el Tribunal Superior Agrario otorgó una compensación de cerca de 15 millones de pesos, lo cual derivó en una disputa por el control de 60 hectáreas.
La instrucción que nos ha dado el Presidente de la República es que las dependencias vinculadas en el gabinete de seguridad y gobierno de la administración pública federal atiendan esta situación con la responsabilidad y cautela que amerita, para evitar mayor confrontación y violencia entre las propias comunidades, para lo que estaremos informando de cómo evolucionan estos hechos, indicó.
Periódico La Jornada

12/24/2018

Destruyen nueve campamentos para desplazados en Chalchihuitán: Frayba


San Cristóbal de Las Casas, Chis., Nueve campamentos de Chalchihuitán donde se refugiaban desplazados fueron destruidos el 21 de diciembre, denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), y responsabilizó al síndico Hermelindo García Núñez.

Reportó que a algunas familias les prestaron espacios para resguardarse, pero existe la amenaza de que sean expulsados.

Según lugareños, autoridades comunitarias amenazaron con amarrar y quemar a representantes del Comité Chalchihuite, así como a quienes intenten ingresar al sitio donde estaban los campamentos, además de que prohibieron el acceso de ayuda humanitaria.

El organismo que preside el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, pidió en un comunicado la solidaridad nacional e internacional para llamar al Estado mexicano a garantizar la vida e integridad de 238 familias desplazadas que se encontraban en los campamentos Barrio Shishimtotik, Tulantik, Ch’enmut, Bololchojón, Cruz K’ak’anam, Jolcantetik, Cruztón, Bejeltón y Barrio Pom, quienes perdieron las pocas pertenencias que tenían en las viviendas hechas de plástico, madera y algunas con láminas.

El Frayba aseveró que los agresores también derribaron baños construidos con donaciones de organizaciones solidarias como Cáritas. Precisó que en Chalchihuitán al menos mil 267 personas permanecen desplazadas.

Ese municipio se encuentra en un conflicto de límites territoriales con su vecino Chenalhó. Los desplazados no pueden retornar a sus casas y parcelas debido a que se asientan entre ambos municipios, donde están las tierras en disputa.

Corresponsal
Periódico La Jornada

12/02/2018

Huyen de la violencia mujeres y niños en Guerrero

Caminaron 10 horas a otro poblado
Hay balaceras y los militares están ahí, pero no hacen nada


Foto
Nuestros esposos se quedaron en Los Morros a defender el pueblo; nos quieren quitar nuestras casas, relata una de las mujeres desplazadas.

Leonardo Bravo, Gro., Cerca de cien mujeres, entre ellas, menores de edad, huyeron la madrugada de ayer por la violencia que persiste en el poblado Los Morros y otras comunidades de Leonardo Bravo; después de caminar 10 horas llegaron a Chichihualco, la cabe-cera municipal.
Una de las mujeres, que pidió el anonimato, dijo que si el gobernador, el priísta Héctor Astudillo Flores, no resuelve el problema en esta semana, nos vamos a plantar en el palacio de gobierno, para que vea lo que se siente.
Denunció que los elementos del 50 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional apostados en el poblado de Los Morros no hacen nada, solamente se andan paseando por las calles, y ahora están aliados con los de la Policía comunitaria de Tlacotepec.
Explicó que las cien mujeres salieron a las 4 de la madrugada de Los Morros, y llevaban horas sin comer, por lo que le pidieron al mandatario estatal atender el problema de inseguridad en esa región de la sierra Madre del Sur.
Mire usted, los niños vienen sin comer, ellos no tienen la culpa de nada. Nosotros no hemos hecho nada. ¿Qué hemos hecho? Que nos digan, porque no tenemos nada que ver con esa gente (con los delincuentes).
Recordó que el pasado miércoles de nuevo hubo balaceras, las cuales empezaron desde principios de noviembre. Los militares ahí están y no hacen nada. Los niños se espantaron; pero no sabemos nada porque no podemos salir. Nuestros esposos se quedaron en Los Morros defendiendo al pueblo porque nos quieren quitar nuestras casas.
La noche del jueves, dijo, nos sacaron a escondidas, y por la madrugada nos venimos caminando, pasamos a dormir al poblado de El Naranjo, (comunidad de Leonardo Bravo). Y queremos pedirle al gobernador Héctor Astudillo que saque a los policías comunitarios de Tlacotepec, exigió a nombre del grupo de mujeres y niños.
Otra mujer señaló que “los soldados están con los de Tlacotepec (integrantes del Frente de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero, FPEG, que incursionó el pasado 11 de noviembre en las comunidades Los Morros, El Mirabal, La Laguna y El Naranjo, de los municipios de Leonardo Bravo, Eduardo Neri y Heliodoro Castillo) y se enfrentaron a balazos con sujetos armados.
En esa ocasión, el FPEG afirmó que los comunitarios ingresaron en el corredor que va de Casa Verde, en la carretera federal Chilpancingo-Iguala, a Filo de Caballos, municipio de Leonardo Bravo, para encargarse de la seguridad y garantizar el libre tránsito de los pobladores, lo cual no ocurre.
Las mujeres desplazadas de este viernes aseguraron que los militares están bien vendidos, (porque) no hacen nada; están aliados con esa gente (los policías del FPEG). Queremos que el gobernador Héctor Astudillo venga a darnos la cara, porque cuando vino a pedir el voto nos fue a ver.
Y preguntó ¿qué le parece a él (el gobernador) que le tomemos las oficinas? Nosotros vamos a pedir el apoyo para que se fortalezca nuestra demanda.

Exhiben en redes cuerpos acribillados de dos jóvenes
En redes sociales uno de los supuestos grupos delictivos que operan en la región de la sierra Madre del Sur publicó un video donde se observa la ejecución de dos jóvenes, que aparecen colgados de los pies, y con marcas de haber sido acribillados con cientos de disparos. En otro video se observa otro asesinato con una amenaza de los criminales a quienes intenten denunciarlos.
A todo esto, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Alvarez Heredia, señaló que la versión de bajas no está confirmada por el personal militar ni por los policías que están acuartelados en Los Morros.
El miércoles 28 de noviembre se hablaba del homicidio de 13 personas en esa zona, donde existe una disputa entre grupos criminales, pero el reporte fue desmentido por Álvarez Heredia este viernes.

Foto Sergio Ocampo
Corresponsal
Periódico La Jornada

11/18/2018

Atacan a balazos caravana de desplazados en Guerrero

Mil 800 regresaban a sus comunidades



Huyeron el día 11 tras incursión armada en Leonardo Bravo y Eduardo Neri


La columna de 8 vehículos era escoltada por militares, policías y 15 periodistas

▲ Reporteros que acompañaban la caravana de desplazados de la Sierra de Guerrero se resguardan tras escuchar detonaciones.Foto Sergio Ocampo


▲ Una caravana de desplazados fue blanco de un ataque este sábado en la carretera federal Chilpancingo-Filo de Caballos, en la localidad de Los Morros, municipio de Leonardo Bravo

Leonardo Bravo, Gro., Alrededor de mil 800 desplazados de 11 comunidades de los municipios de Leonardo Bravo y Eduardo Neri fueron atacados a balazos por sujetos que portaban fusiles AK-47 cuando regresaban en caravana a sus poblados la tarde de este sábado, escoltados por elementos del Ejército Mexicano y Policía estatal, luego de una incursión armada a sus comunidades el pasado 11 de noviembre.

Alrededor de las 14:10 horas, a dos kilómetros del poblado de Los Morros, en este municipio, civiles armados realizaron disparos contra la caravana, la cual encabezaban los elementos castrenses y policías estatales, así como un grupo de 15 reporteros, quienes se lanzaron al piso al escuchar las detonaciones.

Atrás del contingente de comunicadores iban el subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno estatal, Martín Maldonado; Hipólito Lugo Cortés, coordinador en Guerrero de la oficina de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el alcalde de Leonardo Bravo, Ismael Cástulo Guzmán, entre otros.

Antes del mediodía, unos 70 vehículos, entre camionetas y automóviles compactos, partieron de Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo, rumbo al pueblo de Los Morros, resguardados por los elementos castrenses y estatales, junto con autoridades y reporteros.

Las familias pretendían regresar a sus comunidades de las que salieron el 11 de noviembre tras la incursión de 3 mil integrantes del Frente de Policías del Estado de Guerrero (FPEG), que se enfrentaron a unos cien sujetos armados en el poblado de Filo de Caballos, municipio de Leonardo Bravo, con el propósito, dijeron, de restablecer la seguridad en las comunidades asoladas por la inseguridad y la violencia.

En esa ocasión hubo siete personas muertas, varios heridos, 20 casas baleadas, una de ellas incendiada, y alrededor de 30 vehículos tiroteados. Humberto Moreno Catalán, coordinador de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo, explicó que “la tomade esa comunidad fue con el propósito de pacificarla y de lograr el libre tránsito”, por lo que las familias condicionaron su retorno siempre y cuando el Ejército y la Policía estatal instalaran retenes desde Filo de Caballos hasta Casa Verde, comunidad del municipio de Eduardo Neri, de lo contrario, habían advertido, se trasladarían a Chilpancingo, capital del estado.

Al respecto, Cástulo Guzmán explicó que el acuerdo al que llegaron el representante del gobierno estatal, Martín Maldonado, con los integrantes del FPEG, fue que se permitiría el regreso de los desplazados a sus comunidades.

Por más de dos horas la caravana recorrió 22 kilómetros de terracería y otros 10 de pavimento para llegar a Los Morros, donde se quedaron los primeros grupos. Ahí se acordó trasladarse al poblado de Campo de Aviación, y después a Filo de Caballos –los tres poblados pertenecen a Leonardo Bravo– para que el resto de desplazados llegara a sus lugares de origen.

Cuando la caravana, integrada por unos ocho vehículos salía de Los Morros, encabezada por los militares y policías estatales, así como por 15 reporteros de distintos medios que viajaban en tres unidades, civiles armados vestidos de verde olivo realizaron por lo menos 30 detonaciones; los comunicadores salieron de sus vehíclos y se tiraron al piso. Incluso, los reporteros fueron los que dieron aviso al resto de la caravana sobre el ataque a balazos, por lo que funcionarios y desplazados pusieron reversa en sus vehículos y regresaron al poblado de Los Morros.

Los comunicadores continuaron el trayecto detrás de los unidades militares y estatales; en los cerros los sujetos armados vigilaban mientras un oficial les gritaba: ¡Ya bájense!, pero no hicieron caso.

Finalmente, una camioneta de la policía estatal regresó a la comunidad de Los Morros, y uno de lo agentes declaró: Los señores (civiles armados) nos dijeron que quieren dialogar con el representante del gobierno estatal (Martín Maldonado). El subsecretario Maldonado se trasladó al sitio elegido por los civiles armados, cerca del poblado Campo de Aviación. Al cierre de esta edición se desconocía a qué acuerdo llegaron ambas partes.

Horas después de lo acontecido, el Grupo de Coordinación Guerrero informó del ataque: Mientras transitaba la caravana de desplazados que escoltan elementos de la policía del estado, apoyados por personal de la 35 Zona Militar, se escucharon detonaciones de arma de fuego al aire desde los cerros aledaños a la comunidad de Los Morros.

En un comunicado precisó que la policía del estado y el Ejército Mexicano subieron al monte, realizaron un amplio reconocimiento en la zona y no encontraron a ninguna persona, por lo que continuaron con la ruta y ya se encuentran en Filo de Caballos (municipio de Leonardo Bravo).

Agregó que Martín Maldonado dialoga con comunitarios para que respeten lo acordado en las negociaciones y permitan el regreso de las familias desplazadas.

Foto Sergio Ocampo
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 18 de noviembre de 2018, p. 27

11/14/2018

Dos mil tzotziles dejan El Bosque por temor a la violencia

Grupo armado acecha
El Frayba exige al Estado mexicano garantías para los desplazados y detener las agresiones

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Casi 2 mil tzotziles de la comunidad Chavajebal, municipio de El Bosque, en el norte de Chiapas, dejaron sus hogares por temor a un grupo armado que el 25 de octubre pasado asesinó al presidente del comisariado ejidal, Miguel Pérez López, y a Carmelino de Jesús Ruiz Álvarez, informaron habitantes.
Indicaron que la situación empeoró el 7 de noviembre, cuando sujetos no identificados mataron a balazos al anciano Mateo Jiménez Sánchez, cuyo cuerpo permaneció tirado casi dos días, hasta que, con anuencia de la fiscalía estatal, el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel, lo levantó con ayuda de religiosos de El Bosque para sepultarlo.
El clérigo Pérez Pérez dijo que urge ayuda humanitaria para los desplazados, y que en la casa parroquial de El Bosque hay más de mil refugiados.
Mientras tanto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) aseguró que ha contabilizado más de mil 700 vecinos de Chavajebal que se encuentran en situación de vulnerabilidad, por lo cual requieren atención humanitaria y que se garantice su integridad para que puedan retornar a sus casas.
FotoEn un comunicado agregó que, según testimonios, el 7 de noviembre, durante una asamblea comunitaria, sonó una detonación y luego disparos. Las personas se dispersaron buscando refugio. Ante rumores de agresiones armadas, esa noche huyeron por senderos hacia la cabecera municipal, otras comunidades y hacia la montaña.
Señaló que la parroquia de El Bosque informó la mañana del 8 de noviembre que ofrecería ayuda humanitaria en la cabecera municipal, pero hay otras personas desplazadas de Chavajebal en comunidades de los municipios vecinos de Chalchihuitán, Simojovel e incluso en San Cristóbal de Las Casas.

▲ El presbítero Marcelo Pérez Pérez participó en las exequias de un anciano que fue asesinado por pistoleros el pasado 7 de noviembre en la comunidad de Chavajebal, municipio de El Bosque, en Chiapas. La fotografía fue tomada de la página del religioso en Facebook.

Agregó que una comisión de la pastoral social de la diócesis de San Cristóbal informó que el 10 de noviembre visitó Chavajebal y encontró a 50 personas que no habían salido, entre ellas ancianos, que luego se desplazaron a la cabecera de El Bosque”.
Casas abandonadas y parto en la montaña
El Frayba manifestó que el lunes 12 de noviembre su personal “documentó que en las montañas continuaban cerca de 500 personas desplazadas –la mayoría niños y mujeres–, sin abrigo, techo ni medicamentos. Entre ellas hay cuatro mujeres embarazadas, una de las cuales dio a luz en la montaña”.
Durante un recorrido por Chavajebal, abundó, el Frayba constató que las casas se encuentran abandonadas sin daño alguno y en los corrales algunos animales han muerto, pero no hay saqueos.
El organismo que encabeza el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, exigió al Estado mexicano “detener la escalada de violencia en la comunidad de Chavajebal, privilegiar el diálogo entre las partes, investigar de manera imparcial y eficiente los hechos que derivaron en el desplazamiento forzado de casi 2 mil personas, atender la crisis humanitaria acorde a los Principios Rectores del Desplazamiento Interno Forzado de la Organización de las Naciones Unidas y proteger los derechos de pueblos originarios que se encuentran en situación de vulnerabilidad’’.

Corresponsal
Periódico La Jornada

6/08/2018

En 12 años 329 mil 917 personas mexicanas se desplazan por violencia


Mujeres, niñez e indígenas las más afectadas: CMDPDH 


La violencia en México es la principal causa por la que muchas personas mexicanas se ven forzadas a dejar su hogar, y la población indígena, las mujeres y la niñez son afectadas de manera desproporcionada, señala un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
En su informe “Desplazamiento forzado en México” la CMDPDH concluyó que los conflictos territoriales, la conflictividad social y la violencia política fueron las causas de los desplazamientos, y que en 68 por ciento de los casos fue la violencia generada por los grupos armados organizados, la principal causa por la que las personas salieron de sus lugares de origen.
Los ataques armados contra la población, el enfrentamiento entre grupos delincuenciales, entre éstos y agentes del Estado, y los desalojos con violencia, se ubican como factores de expulsión para el desplazamiento.El documento señala que desde el año 2006 – en el que el panista Felipe Calderón Hinojosa llegó a la presidencia y sacó a los militares a las calles para encargarse de la seguridad pública en lo que él llamó “guerra contra los grupos criminales”- al 2017, el total de personas desplazadas suma 329 mil 917.
Tan sólo el año pasado, dice, fueron desplazadas 20 mil 390 personas. La entidad con más personas desplazadas en este periodo fue Chiapas, seguido por Guerrero y Sinaloa. En total, fueron afectados nueve estados.
Las víctimas, afirmó la organización, se encuentran en un estado de completa desatención y profunda vulnerabilidad. Las personas desplazadas internamente son quienes huyen del lugar donde viven hacia otro municipio o estado del país, para evitar ser víctima de violencia generalizada, de un conflicto armado, violación a sus Derechos Humanos o de catástrofes naturales.
Entre los 25 episodios de desplazamiento forzado que se reportaron el año pasado, el que destacó fue el caso de más de 5 mil 300 indígenas tzotziles que se refugiaron en las montañas de Chiapas en medio del invierno para refugiarse de un conflicto territorial entre los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, en el mismo estado.
El 17 de octubre de 2017, se reportó el asesinato de Samuel Luna Girón, habitante de Chalchihuitán, a manos de paramilitares que luego empezaron a sembrar el terror en las comunidades, incluso quemando viviendas. Miles de personas, entre ellas niñas y niños, mujeres, embarazadas y de tercera edad, huyeron a las montañas y quedaron expuestas a la intemperie, aguantando hambre y frío.
Se reportó que 11 personas desplazadas de Chalchihuitán fallecieron  debido a las condiciones precarias: dos recién nacidos, un bebé de un año y seis meses, un bebé de dos años y siete meses, dos adultos y cinco adultos mayores.
La Diócesis de San Cristóbal de las Casas informó a la CMDPDH en enero de 2018 que para el caso de Chalchihuitán, 3 mil 800 personas ya habían regresado y al menos un mil 068 personas seguían desplazadas. De acuerdo con la Diócesis, se cree que lo más seguro es que ya no puedan volver a sus casas debido a que éstas están ubicadas justo en las tierras en disputa.
En Guerrero, por ejemplo, más de 800 familias nahuas huyeron del municipio Chilapa de Álvarez, Zitlala, Guerrero, a inicios de junio de 2017 y en la comunidad de Ahuihuiyuco, un grupo  irrumpió, quemó dos viviendas, dejó dos cuerpos desmembrados y amenazó a las y los pobladores. Sin embargo, los delincuentes también amedrentaron a las y los habitantes a través de hojas pegadas en casas, escuelas e iglesias donde les exigían abandonar sus hogares. Las víctimas en este caso, como en la mayoría de los desplazamientos que se registraron, fueron indígenas.
La CMDPDH destaca que de las 20 mil 390 personas desplazadas en México durante el año pasado, 12 mil 323 pertenecían a población indígena, mientras que 76 por ciento de los incidentes se produjo en una localidad rural.
Para este informe -que se elaboró a partir de las notas periodísticas- sus autores señalan que fue difícil establecer un perfil de la población desplazada en cuanto al sexo, ya que en muchos casos, no existieron cifras desagregadas, por lo que lo único que se sabe es que 92 por ciento de los casos correspondió a familias desplazadas, lo que pueden ser mujeres, hombres, niñas y niños, adolescentes y adultos mayores.
En 60 por ciento de los casos se habló específicamente de la presencia de mujeres, y en 58 por ciento se habló de niñez, por lo que se puede inferir, dicen, que las mujeres, niñez y personas indígenas fueron las víctimas de los desplazamientos internos forzados.
El informe destacó que el entorno rural genera especial vulnerabilidad, como la dificultad de trasladarse, de acceder a medios de comunicación para solicitar auxilio y la ausencia de funcionariado gubernamental.
Al mismo tiempo, afirman que en algunos casos se pudo observar la colusión y participación de agentes de Estado en los hechos de violencia generadores de los desplazamientos. En todos los casos, los desplazamientos evidenciarían la ausencia de instituciones efectivas para prevenir e investigar delitos.
El informe no formuló alternativas o demandas, sólo constató que los desplazamientos son generados por los conflictos territoriales de larga data y por las llamadas violencias estructurales “que se mezclan inevitablemente con la violencia generada por la política de seguridad actual”.
Para consultar el informe completo

CIMACFoto: Gabriela Mendoza Vázquez
Por: la Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.-