Incluye una de
sus propuestas más polémicas durante la campaña: la negociación de
amnistía a delincuentes. La estrategia anunciada no incluye acciones
específicas ni para fortalecer a las actuales corporaciones de policía
federal, estatales y municipales, ni tampoco al sistema de procuración
de justicia.
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, publicó este
miércoles su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, que incluye una
de sus propuestas más polémicas durante la campaña: la negociación de
amnistía a delincuentes.
En la introducción, el plan presume ser “un paradigma de seguridad
pública radicalmente distinto al que ha sido aplicado en los sexenios
anteriores”, basado en reorientar el combate a la delincuencia en el
combate a la corrupción, aplicación de políticas sociales, utilización
de la justicia transicional y la regeneración ética de la sociedad,
entre otros.
Pero además, el plan asigna a una nueva fuerza de corte y formación
militar, la Guardia Nacional, la responsabilidad de combatir los delitos
de mayor impacto y hacerse cargo desde el nivel federal de preservar la
seguridad pública. Ello requerirá de una reforma constitucional.
La estrategia anunciada no incluye, en cambio, acciones específicas
ni para fortalecer a las actuales corporaciones de policía federal,
estatales y municipales, ni tampoco al sistema de procuración de
justicia.
Aquí resumimos los ocho puntos del plan anunciado:
1. Combatir la corrupción y mejorar la justicia
El documento reconoce que muchos de los delitos graves del
narcotráfico sólo pueden ocurrir en complicidad con funcionarios
públicos. Por lo que acabar con las prácticas corruptas “es el propósito
más relevante del próximo gobierno”. Algunas medidas son:
-Tipificar la corrupción como delito grave y sin libertad bajo fianza.
-Proponer la Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés.
-Prohibir las adjudicaciones directas.
-Investigar y clausurar las empresas fantasma.
-Establecer la obligatoriedad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos.
-Eliminar el fuero de altos funcionarios.
-Fomentar la colaboración internacional tendiente a erradicar los paraísos fiscales.
-Monitorear en línea y en tiempo real el dinero para adquisiciones y
realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de
cualquier adquisición.
-Centralizar las instancias de contraloría, fortalecer mecanismos
fiscalizadores como la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría
Superior de la Federación, y
-Funcionalizar la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, de la que señala que se ha concentrado en
la evasión fiscal pero desde su creación, en 2004, no ha dado un solo
golpe que debilite las finanzas del crimen organizado ni reduzca el
lavado de dinero, que cada año es estimado en 30 mil millones de
dólares.
Para mejorar la procuración de justicia, la propuesta es reducir al
mínimo las diferencias salariales entre ministerios públicos, policías y
jueces en el ámbito federal, para que un abogado encuentre igualmente
atractivo ser fiscal que juez. Además, que reciban capacitaciones
similares porque en la actualidad estos tres tipos de funcionarios no
hablan el mismo idioma técnico.
2. Empleo, educación, salud y bienestar
Mejorar estos cuatro rubros, según el plan del futuro gobierno,
“reducirán en forma significativa la base social que haya podido generar
la criminalidad y restablecerán la confianza de los individuos en el
colectivo”.
Para ello enumera programas sociales y planes económicos como el de
reforestación o la construcción del Tren Maya. Además, fortalecer la
economía social en cooperativas, talleres familiares y microempresas.
3. Combatir la impunidad en violaciones a Derechos Humanos
Promete que ningún cuerpo de seguridad del Estado caerá en la represión, tortura, asesinato o desaparición de personas.
Propone modificaciones legales para tipificar como delitos y
sancionar a las autoridades que no atiendan las recomendaciones de las
comisiones de Derechos Humanos, tanto de la nacional como de las
estatales. De estas últimas, subraya la necesidad de garantizar su
independencia con respecto a los gobernadores.
Se propone dejar en libertad a quienes hayan sido encarcelados por
motivos políticos sin haber cometido acciones violentas, y a quienes
sólo hayan participado en protestas.
4. Regeneración ética de la sociedad mediante una constitución moral y cambiar el modelo cultural del consumismo
El plan de pacificación lamenta que con el neoliberalismo, la
sociedad se haya orientado hacia una cultura del individualismo, la
competencia, el consumismo y la idea del éxito material como valores
supremos. Agrega que bajo ese esquema materialista en que lo principal
es el dinero, la pobreza y marginación generan frustración y un
resentimiento social que desatan la violencia.
Establece la redacción de una Constitución Moral para proponer
mejores relaciones en la sociedad y la promoción de la cultura cívica y
ética en programas de estudios y en comunicación oficial.
Pero se propone, sobre todo esto, predicar con el ejemplo de un
gobierno “austero, honesto, transparente, incluyente, respetuoso de las
libertades, apegado a derecho, sensible a las necesidades de los más
débiles y vulnerables y pendiente en todo momento del interés superior”.
5. Analizar la prohibición de las drogas y enfocarse en atender a los adictos
El documento cuestiona por qué ciertas sustancias, como la mariguana,
la cocaína o el ácido lisérgico están prohibidos, mientras se permite
la producción y comercialización de otras, como el alcohol, tabaco y
ciertos antidepresivos y somníferos. Señala que en términos económicos,
la prohibición de las drogas hace que su precio sea mucho más que el de
producción por todos los actos ilegales por los que tiene que pasar. Y
reconoce que el combate ha convertido un problema de salud en un asunto
de seguridad pública y de violencia que el Estado no ha podido frenar.
Por ello, propone enfocarse en atender a los adictos y en reducir el
consumo de drogas, y para esto renegociar con Estados Unidos que los
recursos para combatir el trasiego se apliquen en programas de
reinserción y desintoxicación.
6. Pacificación del país
Es uno de los puntos más amplios del programa y empieza por reconocer que la guerra está perdida.
“El gobierno mexicano no ha podido derrotar a los cárteles y no hay
perspectivas de que logre vencerlos en un tiempo estimable”. Acusa que
desde el poder se alentó la violencia y se volvió parte, con las miles
de violaciones a derechos humanos.
Por ello propone hacer un alto y debatir con las organizaciones
delictivas un proceso de desmovilización, desarme y reinserción. Como
condiciones, pone que los criminales garanticen plana colaboración con
la justicia, que manifiesten su arrepentimiento, y la reparación del
daño.
En contraparte, de las víctimas sería necesario el perdón a los victimarios para que pueda haber negociación.
Además de reducción de penas, el plan considera una oferta atractiva
para los delincuentes el ya no morir jóvenes y de manera violenta, y
tener una vida tranquila. También la posibilidad de encabezar negocios
legales y “alcanzar la respetabilidad social”. Según el documento, eso
pasó en Estados Unidos con los traficantes de alcohol cuando se acabó la
prohibición y hubo bonanza económica en ciudades como Atlantic City,
Las Vegas o Miami.
Se revisarían los expedientes de los sentenciados, civiles,
policiacos y militares, para determinar si pueden recibir una amnistía o
indulto.
Propone un Consejo de Construcción de Paz, integrado por tres
representantes del gobierno y tres de la sociedad civil, con un invitado
de la Comisión de Derechos Humanos y un observador de la ONU. Este
Consejo servirá para mediar en conflictos locales, dar seguimiento a los
foros ciudadanos para la pacificación, y promover en escuelas y medios
el mensaje de que “la paz es posible y que es moral, social, política y
económicamente superior y preferible a la violencia”.
7.Recuperar las cárceles
Quitarles el control interno a las mafias y evitar que quienes
cometieron un delito terminen hundidos en la descomposición y la
crueldad. Agrega la necesidad de dignificar las condiciones de los
internos y separar a los imputados de los sentenciados.
8. Un cuerpo militarizado para la Seguridad Pública
Aunque este punto se expuso al último, es el que plantea que un
cuerpo militarizado sea el que se encargue de la seguridad pública.
Primero expone que hay que reorientar a las Fuerzas Armadas. Señala
que como México es un país sin conflictos bélicos desde hace años, y
considera que “dada la descomposición y la ineficacia de las
corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno”, los militares
son los más confiables para mantener la seguridad pública. Así que
propone concederles un papel protagónico en la estructuración y
formación de un nuevo cuerpo: la Guardia Nacional.
Sobre la creación de esta corporación –a la que compara con la
Gendarmería Nacional francesa y la Guardia Civil española, de naturaleza
militar—, detalla que estará lista en tres años, se integrará primero
con miembros de las policías militar y naval y de la Policía Federal,
luego de civiles y de soldados, todos entrenados en planteles militares,
con un plan de estudios elaborado por la Defensa, la Marina, la
Secretaría de Gobernación y la de Seguridad Ciudadana, que además de
entrenamiento castrense tendrá una formación policial, en derecho penal,
derechos humanos y perspectiva de género, entre otros.
“Con esta medida se resolverán tanto el vacío legal en el que los
institutos armados han venido participando en las labores de policía
como la carencia de una institución policial profesional y capaz de
afrontar el desafío de la inseguridad y la violencia”, afirma.
La Guardia Nacional estará bajo el mando operativo de la Secretaría
de la Defensa Nacional y la dirigirán oficiales del Ejército o la
Armada.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, según el texto, será
invitada “respetuosamente a participar en la observación de las tareas
de seguridad, construcción de la paz y prevención del delito”.
El país se dividirá en 266 coordinaciones regionales. El coordinador
regional será una autoridad civil, y estará formado por miembros del
gobierno federal, la fiscalía general, un mando militar, autoridades
locales y municipales, un ministerio público, personal de la fiscalía de
derechos humanos y voluntarios de la sociedad civil.
Diario habrá una reunión de consejos regionales y estatales de
coordinación, así como una reunión del Gabinete de Seguridad, encabezada
por el Presidente de la República, con los secretarios de Seguridad,
Gobernación, Marina y Defensa, el comandante de la Guardia Nacional y el
Fiscal General.
En el tema de inteligencia, detalla que se establecerán protocolos de
intercambio de información y análisis entre áreas de inteligencia
policial y criminal, de seguridad interior, pública y nacional, y de las
áreas de migración e inteligencia financiera.
El programa asegura que habrá apertura a la participación de
organismos de la sociedad civil, así como de defensa de derechos humanos
tanto nacionales como internacionales, se reconocerá la jurisdicción de
la Corte Penal Internacional y se recurrirá a ella en caso de crímenes
que puedan considerarse de lesa humanidad (Con información de Arturo Angel).
