“En la historia real el gran papel lo desempeñan, como es sabido, la
conquista, el sojuzgamiento, el homicidio motivado por el robo: en una
palabra, la violencia. En la economía política, tan apacible, desde
tiempos inmemoriales ha imperado el idilio. El derecho y el “trabajo”
fueron desde épocas pretéritas los únicos medios de enriquecimiento,
siempre a excepción, naturalmente, de “este año”. En realidad, lo
métodos de la acumulación originaria son cualquier cosa menos idílico”.
Karl Marx, El capital, 1867.
… el
actual patrón de acumulación del capital (neoliberalismo) y el ataque
político e ideológico al mundo del trabajo generan la descomposición
del tejido social que se ve reflejada en las distintas formas de
violencia social que azotan a la sociedad mexicana: linchamientos,
feminicidios, secuestros, corrupción, ahorcamientos, desapariciones
forzadas, narcotráfico, asesinatos, robos, extorción, tráfico de armas,
narcoviolencia, lavado de dinero, tráfico de personas, luchas entre los
carteles de las drogas, extorción al migrante… CDAM-Che Guevara, 2011.
“Es que es su versión contra la nuestra, su visión contra la nuestra.
Somos dos bandos. Lo que voy a decir tal vez haya quien lo considere
como un discurso del pasado. Es la lucha de clases. No hay más. Para
nosotros nuestra lucha es justa, para ellos es injusta.” Omar García,
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, 2014.
“Un solo gramo de oro costea mover una tonelada de tierra”. Marlen Castro, La Jornada, 2007.
Introducción
Para las organizaciones y fuerzas sociales, se ha convertido en una
necesidad histórica entender el caso particular de los seis asesinatos
y la desaparición forzada de los 43 estudiantes ocurrida en Ayotzinapa,
puesto que ha puesto de manifiesto una vez más la barbarie que
está ocurriendo en nuestro país y ha provocado una serie de
movilizaciones sociales que han provocado una crisis política del
Estado Mexicano.
Sin embargo, uno de los retos que
enfrentamos las clases trabajadoras y las fuerzas sociales en lucha
contra el capital es ubicar con precisión el origen de la barbarie que
enfrentamos en nuestro país. En muchas ocasiones llenamos huecos con
frases abstractas y generales: ¡el origen de la barbarie es culpa de
las clases dominantes de México y su insaciable afán por la
valorización de capital! El problema de esto es que, aun cuando estas
frases son ciertas en última instancia, no terminan por articular
claramente los procesos particulares en que se expresa la barbarie con
el proceso general de la acumulación de capital en México.
El
diagnóstico termina por ser poco claro, se ubica sin claridad el origen
del problema, y los programas de lucha terminan dirigiendo sus fuerzas
en el blanco equivocado. Asimismo, en el peor de los casos, asumimos el
discurso dominante de que “no tiene nada que ver una cosa con la otra”.
Esto, por tanto, termina por beneficiar el orden de clase, pues las
demandas sociales son utilizadas para reforzar el orden institucional.
Por ejemplo, se culpa al Estado por no garantizar los Derechos Humanos
o por adoptar políticas autoritarias y represivas a favor de las clases
dominantes, como si el Estado fuera un órgano neutro y no un Estado de
clase que corresponde con un proceso de trabajo concreto. Se impone así
un programa de lucha en contra del Estado y no en contra del patrón de
acumulación y de las fracciones de clase que lo dirigen.
Efectivamente, la cuestión de la Normal rural de Ayotzinapa no es un
hecho aislado: se ubica en la ruta del brutal y mortífero huracán del
patrón de acumulación de capital llevado a cabo en México. En este
sentido, para argumentar esta tesis se requiere articular
dialécticamente la unidad de la contradicción, es decir, vincular el
caso particular con el proceso general, ello con el fin de desprender
programas de lucha social y popular que frenen los ríos de sangre y el
genocidio neoliberal que ocurren en México, comenzando con el
desmontaje del Proyecto de nación encabezado por la actual
administración.
Es por eso que en este trabajo intentamos
contribuir con algunos elementos que permitan construir la relación
dialéctica entre los hechos de Ayotzinapa, las movilizaciones sociales,
el bloque en el poder, la crisis del Estado y los intereses de las
clases trabajadoras y populares. Con estos elementos, se impone, pues,
la pregunta ¿cómo entender la cuestión de Ayotzinapa dentro del proceso
de acumulación neoliberal en México desde una perspectiva de la lucha
de clases?
El marxismo puede ofrecer herramientas puntuales
para dar respuesta a esta pregunta. Sin embargo, para rebasar la
demagogia y el dogma, que suelen reducir los procesos históricos a
meras formulas, debemos indicar los procesos concretos. Ya en trabajos
anteriores hemos aportado elementos de análisis que permiten ubicar y
articular los distintos problemas coyunturales que enfrentamos las
clases trabajadoras en el marco general del patrón de acumulación
neoliberal en México. [1] En este trabajo intentamos ahora profundizar un poco más en esta relación.
Así, abordamos el caso de Ayotzinapa desde la tendencia general planteada por Marx en el capítulo XXIV de El Capital,
“La llamada acumulación originaria”, donde el despojo y el robo, el
terror y la violencia, el sometimiento y disciplinamiento de la fuerza
de trabajo, y la intervención del Estado son elementos necesarios para
fundar el modo de producción capitalista. Con toda proporción guardada
, estos mismos elementos están presentes como tendencias del capital en
su reproducción actual en el país, si bien no para fundar el modo de
producción capitalista, sí para profundizar el patrón actual de
acumulación y preparar el terreno de su nuevo estadio para su
reproducción ampliada.
Es por ello que se necesita
reconstruir teóricamente los planos, las estructuras, las coordenadas y
los ejes clave de este proceso de acumulación. Dentro de este proceso
de reproducción integral del capital es posible entender el papel de la
minería en México (a la que se aúna la privatización de los
hidrocarburos) y en particular en Guerrero, lo que nos ayudaría a
arrojar elementos para comprender la barbarie ocurrida en Ayotzinapa. A
continuación planteamos algunos puntos en los que intentamos abordar el
problema.
1. El despojo, el terror, el disciplinamiento y
la intervención de la violencia organizada como necesidades para la
acumulación de capital.
De acuerdo con Marx, la
valorización del valor, la conversión del dinero en capital, la
búsqueda de la ganancia capitalista exigen en un momento dado
transformar o ampliar este mismo proceso de valorización. Así, en este
momento de crisis del capitalismo mundial e intensificación de la
competencia, los propietarios del capital tienden a buscar una mayor
apropiación de más medios de producción y de fuerza de trabajo o, en
otras palabras, buscan mercantilizar más medios objetivos de vida y de
fuerza de trabajo. Las necesidades de la acumulación de capital exigen,
entonces, la propagación de casos individuales a procesos amplios en
los que sólo el capital avanza “chorreando sangre y lodo, por todos los
poros, desde la cabeza hasta los pies”. [2] De este proceso, por tanto, se desprenden algunas tendencias:
1. El capital en diversos momentos requiere convertir al suelo en
artículo puramente comercial, es decir, necesita incorporar la tierra
al capital para ampliar la acumulación. Esto obliga a los capitalistas
a romper el régimen de propiedad existente hasta ese momento (comunal o
de pequeña propiedad) y así echan mano del fraude, el robo, la
violencia, la creación e imposición de leyes al servicio del robo, la
usurpación, las apariencias legales, el despojo sistemático y el
asesinato; todo con el fin de expropiar tierras y convertirlas en
capital.
2. Si, de una parte, los medios de producción se
incorporan a la propiedad del capital, por la otra, existe un despojo y
una ruptura de la propiedad que deja a los otrora productores directos
o propietarios (entidades colectivas) en una completa desposesión de
medios de producción: se trata de un proceso de proletarización. Sin
embargo, esta incorporación violenta de individuos a las filas de la
fuerza de trabajo –disponible para ser explotada por el capital– no es
una incorporación directa o fácil, ya que se requiere de todo un
proceso de subordinación para someterlos. El capital requiere, pues,
quebrantar su resistencia e incorporarlos a la disciplina que requiere
el sistema capitalista; requiere concretar una coerción sórdida de las
relaciones económicas capitalistas para que la acumulación siga su
curso usual. En pocas palabras, se requiere de un proceso de subordinación del trabajo al capital por medio de un disciplinamiento violento y sanguinario.
3. Otra tendencia es que, en este proceso de apropiación y despojo, las
clases capitalistas requieren que el Estado tome una participación
activa, que éste se convierta en una potencia económica, pues “se
recurre a su poder, a la violencia organizada y concentrada de la
sociedad, para fomentar como en un invernadero el proceso de
transformación”; a través de él se imponen, pues, legislaciones,
políticas y procesos represivos y policiacos (con el uso de
mercenarios) para concretar el despojo, así como subordinar a los
despojados y naturalizar los procesos de reproducción de capital en la
vida social.
De este modo, es necesario comprender que los
procesos en los que la acumulación de capital se transforma o expande,
a través acontecimientos individuales o sistemáticos, son procesos en
los que interviene la violencia, el terror, la sangre, el despojo y la
violencia del Estado, pues la transformación o ampliación de la
acumulación de capital provoca desfases en el desenvolvimiento de una
formación social estructurada por el predominio de la propiedad privada
capitalista. A su vez, esto exige que las clases capitalistas tiendan a
subordinar por medio de estos métodos a otras clases –pequeños
propietarios, propietarios comunitarios, campesinos y obreros mismos–,
y con ello concretar la ruptura de relaciones de propiedad y el
quebrantamiento de la resistencia. Estos procesos de ampliación o
transformación de la acumulación de capital exigen, pues, una
confrontación directa entre clases sociales y la clase dominante, que
recurre a la violencia y al Estado para imponer sus intereses en el
proceso estructural de trabajo y en las relaciones de propiedad de los
medios de producción.
Es necesario entender, por tanto, que
estos procesos de acumulación y despojo, que intentan apropiarse de la
tierra para su incorporación al capital, son procesos que no guardan
nada de idílicos, como remarca Marx, sino son procesos que fracturan
los aparentes logros de la civilización burguesa. Son procesos en los
que los capitalistas transitan del despotismo aislado de sus fábricas a
un despotismo de clase, y así ejercen su poder de clase abiertamente.
Por tal motivo, estos procesos de transformación o expansión de la
acumulación de capital requieren del ejercicio de la violencia extraeconómica para subordinar a otras clases sociales, implican, pues, una violencia de clase.
Por todo lo anterior, es necesario ubicar la cuestión de los seis
asesinatos despiadados y los 43 estudiantes desaparecidos en
Ayotzinapa, Guerrero, en un proceso de violencia de clase motivado por
un proceso de profundización (hacia un nuevo estadio) del actual patrón
de acumulación en México. Para las clases trabajadoras y organizaciones
sociales en lucha es necesario confrontar el discurso del Mexican moment y las Reformas transformadoras como
idilio ideológico del bloque en el poder, y entender que el “proyecto
de nación” que encabeza el Ejecutivo, en voz de Enrique Peña Nieto, no
es más que el proyecto de los grandes capitales trasnacionales y las
fracciones de las clases dominantes, arropadas principalmente en el CCE
y la COPARMEX.
Ahora bien, uno de los ejes que se están profundizando en el patrón de acumulación actual es la minería y,
por tanto, es necesario vislumbrar que las grandes empresas mineras
–nacionales y extranjeras– están emprendiendo un proceso de despojo, en
el que planean incorporar grandes extensiones del territorio nacional
como parte de su capital privado. ¿Cómo? Por medio de la violencia, el
terror, el robo, el asesinato, las desapariciones, los secuestros, el
terror, a los cuales siempre los acompaña la manipulación ideológica de
los discursos oficiales.
Así, al igual que Marx en su tiempo,
es menester descubrir los mecanismos de terror a que recurre el capital
para apropiarse de los recursos naturales (agua, hidrocarburos,
metales, minerales, gas) y de la biodiversidad (pues, por ejemplo,
México detenta 12% de la biodiversidad del planeta), así como develar
cómo el bloque en el poder impulsa y acelera el despojo. En este último
caso, por cierto, se expropian medios de producción, tierras, y se
expulsa a sus propietarios, pero en este caso ya no se les empuja a
convertirse en fuerza de trabajo disponible al capital, sino ahora se
les deja en el desamparo total del desempleo estructural, de la
avalancha de la marginación, de la informalidad, de la migración y de
la descomposición social.
En este sentido, es necesario decir
que si bien no se trata de una acumulación “originaria”, lo que ocurre
en Guerrero es una clara tendencia de los grandes capitales nacionales
y transnacionales por apropiarse de territorios para ser explotados e
incorporados a su proceso de acumulación. Se trata de profundizar en
los ejes de acumulación del patrón actual de reproducción del capital
en México: una industria extractiva de hidrocarburos, gas (“boom shale”),
metales y minerales e, incluso, corredores de turismo. Ejemplo de esto
son los “polos de desarrollo” y “zonas especiales” que promueve el
Estado como aquél esplendor de los corredores turísticos de México, en
zonas como Huatulco, la Riviera Maya y Nayarit, mismos que contrastan
con la proletarización de sus pobladores, sus abismos de desigualdad y
pobreza y, por consecuencia, con la precarización de sus condiciones de
vida.
En resumen, el caso de Ayotzinapa no es un caso aislado
ni un simple acto de corrupción ni un caso en el que estén “fuera de
control” los cuerpos policiacos y militares. Se trata de un proceso de
acumulación y despojo en el que los grandes capitales nacionales y
extranjeros disputan el control de zonas ricas en metales preciosos o
hidrocarburos (que incluso son valorizables para la industria, la
construcción, la agroindustria) con los propietarios y poseedores de
las distintas regiones y comunidades. Procesos de despojo que tienen
como envoltura la “delincuencia organizada”. Por tanto, el caso de los
seis asesinatos y el secuestro-desaparición de los 43 estudiantes se
encuentra en la ruta de la barbarie del estadio actual del capitalismo
mexicano: se trata de asesinatos y desaparición de compañeros
pertenecientes a una fuerza social organizada de las clases campesinas
y populares de la región, fuerza que resulta un obstáculo para la
profundización del actual patrón de acumulación de capital llevado a
cabo en México. El asesinato, la tortura y la desaparición de los
compañeros estudiantes de Ayotzinapa fue un ejercicio de terror, disciplinamiento y sometimiento del capital
local-nacional-trasnacional con el fin de librarse de obstáculos que
impidan el diseño de acumulación basado en el despojo de tierras; todo
con el fin de incorporarlas a sus medios de producción.
2. Características básicas del actual patrón de acumulación de capital en México y sus ejes de acumulación
Grosso modo,
la economía capitalista está dotada de formas determinadas por las
cuales el capital se pone en movimiento en los ciclos de la producción
y la circulación, los circuitos financieros y en el conjunto de este
movimiento, en sus impactos en las relaciones de consumo. La dinámica
continua que asumen estos ciclos del capital y sus estructuras que lo
soportan, permiten captar sus relaciones, coordenadas y rutas comunes
que inciden con mayor fuerza en un particular desenvolvimiento del
capital que deviene en la configuración de una forma específica de
reproducción del capital. El despliegue de este patrón de reproducción
de capital involucra relaciones políticas, jurídicas, económicas y
subjetivas de los agentes que lo conforman. De tal modo que no hay
procesos de reproducción de capital sin reproducción de las condiciones
políticas y subjetivas al interior de las clases sociales que los
soportan. La lucha de clases se presenta así como una conjugación
objetiva de estos procesos de reproducción del capital y sus formas
concretas.
En México la implantación del patrón de
acumulación de capital en el estadio global del neoliberalismo presenta
rasgos específicos. Si bien en escritos anteriores ya hemos abordado la
violenta estructuración del patrón de acumulación vigente en México,
brevemente señalamos algunos de los ejes principales que lo definen.
A principios de los años ochenta, el Estado y las fracciones dominantes
establecieron una nueva definición de la reproducción del capital en
México: se establecieron las bases de una estructura exportadora de
especialización productiva, fundamentalmente en la industria
maquiladora de exportación (la manufactura automotriz, electrónica,
maquinaria y equipo) [3] altamente concentrada por un puñado de
empresas de propiedad extranjera (capital trasnacional) y de poderosos
grupos económicos nacionales. El Estado y las fracciones dominantes
llevaron a cabo la más grande desarticulación de la economía nacional
sobre la base de islas productivas exportadoras desarticuladas de la
economía nacional (procesos de desindustrialización), además de los
bajos grados de calificación laboral que esta manufactura supone. En
función de las condiciones estructurales de la superexplotación del trabajo
como “condición” de la competencia internacional, las burguesías
mexicanas (y extranjeras) re-definieron este sustento básico de la
acumulación del capital hacia el mayor establecimiento de una
explotación del trabajo sin medida y asegurada por el Estado.
Una de las más profundas consecuencias de esta nueva definición de un
aparato productivo (extranjerizado), centrado en la exportación y
contradictoriamente construido en la mayor explotación de los
trabajadores locales, ha sido orientar la producción nacional a los
consumidores de los mercados externos, con lo que se barre la industria
local y se abandona el consumo nacional. Esto es lo que explica la
violenta laceración de la economía nacional popular, sintetizada en la
contradicción de un mercado interno polarizado entre pequeñas capas de
alto consumo y gruesos contingentes de asalariados con remuneraciones
por debajo de la media de países caracterizados por su despotismo
salarial como China. [4]
Como puede observarse, se
trata de la construcción de un tejido productivo impuesto por el bloque
en el poder sin alguna correspondencia con las necesidades e intereses
de las clases productoras. Ello en la medida en que la mayor parte de
los bienes elaborados en las plantas productivas del país son enviados
al exterior, y a la vez, lo hacen cercenando a la industria tradicional
(pequeña y mediana) por medio del crecimiento indiscriminado de las
importaciones que el TLCAN pronuncia y mediante los rasgos
antiproductivos y anticompetitivos (la renta fácil) que entraña en la
burguesía del país.
Ahora bien, el nuevo disciplinamiento
del bloque en el poder llevó a cabo el desmantelamiento de la seguridad
social –derechos ganados por las luchas de los trabajadores–, de los
sindicatos, así como se llevó a cabo la mercantilización de los
servicios y de los derechos sociales.
Ello obedeció, entre
otros factores, a los intereses de la clase dominante en la
recuperación de la tasa de ganancia mediante la mayor apropiación de la
masa salarial y su transferencia hacia las bolsas de acumulación. Al
mismo tiempo, la disciplina salarial y los procesos de “ajuste
estructural” del Estado postrados al FMI llevaron a la imposición de
los principales dogmas neoliberales de su política monetaria y fiscal:
establecieron la mayor disciplina fiscal y monetaria con el objetivo de
disminuir el gasto público, establecer el “mantra” de la austeridad,
con la destrucción del aparato productivo nacional que esto supone (la
expansión del desempleo), aumento de la competencia, extensión de la
precarización laboral, y transferir las enormes cantidades de riqueza
hacia el capital financiero y especulativo protegido con elevadas tasas
de interés. [5]
Como parte de las nuevas estructuras
de especialización productiva (maquiladoras, agroindustria, turismo,
servicios comerciales) se establecieron los más violentos y profundos
procesos de despojo y valorización de las condiciones objetivas de
existencia de bastas poblaciones, comunidades, tierras y ejidos que
conforman la riqueza de las sociedades en México. Se llevó a cabo, a
través de todo el conjunto institucional del Estado federal, estatal y
municipal distintos procesos de expropiación y acumulación de la
riqueza que erosionan las formas de reproducción social de todas las
entidades comunitarias y poblaciones marginadas y trabajadoras, dotadas
de recursos tales como bosques, plantas, minerales, maderas, playas,
hidrocarburos, agua y de toda la biodiversidad que alberga en dichas
entidades. Veamos a fondo el papel de la minería en el país.
3. La minería como un eje de acumulación en México
El caso de la Gran Minería expandida en el país es un muy claro y
contundente ejemplo de lo que se habla en este escrito. La
especialización productiva basada en la gran minería extractiva rinde
enormes tasas de acumulación en el país (por ejemplo, en 2006, el PIB
de la minería no petrolera es de 64 mil millones de pesos y llega en
2012 a 95 mil millones de pesos, sus tasas de crecimiento van de 3.6%
en 2006, 8.9% en 2007 a 9.4% en 2012; todo ello frente al PIB general
de la minería que responde a más de 400 mil millones de pesos). En
conjunto, la minería extractiva es parte nuclear del “proyecto de
nación” del bloque en el poder e incide con fuertes impactos en la
desarticulación del aparato productivo nacional, la concentración
privada de la riqueza y la reproducción del capital volcada al
exterior.
En México, la minería concentrada por el bloque en
el poder se ha llevado a cabo bajo todo su entramado de destrucción y
muerte. A tal grado que es posible pensar estos últimos años como los
años de la minería en el país, ya que implica una gran condensación que
involucra relaciones sociales contradictorias y conflictivas, mismas
que definen buena parte de la anatomía político-económica de los
problemas que habitan hoy en la superficie.
Veamos de modo
somero la dimensión y el significado de la minería en el patrón de
acumulación neoliberal y sus diseños de especialización productiva en
los distintos y altamente concentrados sectores económicos.
1. En 2012, 21 mil 500 millones de dólares fueron invertidos en las
actividades extractivas de la minería en todo el mundo. Una cuarta
parte de ésta se dirigió a su explotación en América Latina, y dentro
de la región, México es el primer receptor de Inversión Extranjera
Directa (IED) para la exploración minera. Así, de acuerdo con la
Secretaría de Economía, México ocupa el sexto lugar mundial en
inversión minera y se encuentra entre los 10 principales productores de
16 minerales (es el primero en plata, el séptimo en oro y el décimo en
cobre).
2. La inversión privada en la Minería crece de 380
millones de dólares en el año de 2001 a 5.612 millones de dólares en el
año de 2011. La inversión extranjera ascendió de 15 a 559 millones de
dólares en este mismo periodo, esto es, poco menos del 10% del total en
2011. Por lo que, por encima del crecimiento de inversión extranjera en
el sector minero, es el capital privado nacional el que impera en esta
actividad.
3. Una quinta parte del territorio nacional está
concesionado a los grandes grupos mineros, esto es, alrededor de 36
millones de hectáreas equivalentes al 20% del territorio nacional.
4. Alrededor de un tercio del territorio de los estados de Zacatecas,
Sonora, Sinaloa, Durango, Jalisco y Baja California está concesionado a
un grupo minero. Para estados como Coahuila y Nayarit una cuarta parte
está concesionada. Los Estados de Guerrero y Michoacán tienen el 23% de
su superficie concesionada a los grupos mineros. Casi la mitad del
territorio de Colima (44%) con 255 mil hectáreas está en manos
privadas.
5. Seis empresas mineras concentran una extensión
de 8 millones y medio de hectáreas, (equivalente a los estados de
Sonora y Jalisco juntos). Los grupos con mayor concentración de
territorios concesionados son: Altos Hornos de México con 3.2 millones
de hectáreas (su propietario es Alonso Ancira); Fresnillo Plc con 1.9
millones de hectáreas (a cargo de Octavio Alvídrez y parte de grupo
Peñoles); Industrias Peñoles 953 mil hectáreas (propiedad de Alberto
Bailleres); Minera Frisco 889 mil hectáreas (de Carlos Slim), Grupo
Cascabel 749 mil hectáreas (subsidiaria de la canadiense MagSilver), y
Grupo México 607 mil hectáreas (de Germán Larrea). La empresa Minerales
Monclova, propiedad de Altos Hornos de México, concentra la mayor
superficie concesionada con 2.4 millones de hectáreas (equivalente al
estado de Tabasco). Cabe señalar que los grupos mineros nacionales
fueron conformados “a la sombra del Estado” y de sus procesos de
privatización. Existen múltiples casos como el de personas físicas como
Jorge Jiménez Arana (prestanombres del grupo trasnacional canadiense
Blackfire Exploration México, grupo que posee grandes concesiones en el
estado de Chiapas) que cuentan con autorizaciones que le conceden una
superficie de 580 mil hectáreas (equivalente al estado de Colima) en el
estado de Chiapas y municipios como Acapetahua, Mazatán, Pijijiapan y
Tapachula. Otro caso es el de la persona física de Ivonne Alicia
Boileve Romero, quien era propietaria de 18 títulos que concentraban un
área de 463 mil hectáreas en el municipio de Ensenada, Baja California
y que le fue reducido a 321 mil hectáreas por el Estado.
6.
El 69% de las empresas extranjeras en la minería son canadienses (184
de un total de 268 en 2014); un 16% son estadounidenses (con 44
empresas); China con 4% (11 empresas) y el restante está dividido en
empresas inglesas, australianas, japonesas, brasileñas y de otros
países.
7. La actividad minera en los territorios
concesionados se consolida (por la nueva ley de 2014) como la actividad
“preferente” por encima del medio ambiente, los derechos de las
poblaciones y comunidades, la fuerza de trabajo que participa en ella
(régimen salarial y condiciones laborales de superexplotación) y el
patrimonio cultural. [6] Sólo pagan al erario una cantidad
irrisoria en parangón con sus ganancias, por ejemplo, en 2013, el más
alto de este siglo en la contribución del pago de derechos fue del 2%
de 200 mil 946 millones de pesos de su producción anual, o sea, un pago
de 4 mil 17 millones de pesos. La nueva legislación plantea un pago
especial de minería de 5% sobre utilidades netas en un mundo (menos
México) en el que mantiene un pago de regalía entre el 3 y 10%.
8. El descomunal despojo llevado a cabo en los primeros 10 años del
siglo XXI, un puñado de empresas mineras nacionales y extranjeras
(fundamentalmente canadienses) extrajeron 380 toneladas de oro y 28 mil
270 toneladas de plata de las concesiones otorgadas, en comparación a
las 182 toneladas de oro y 53 mil 500 toneladas en los 300 años de la
colonia.
9. La empresa canadiense Goldcorp (cuyo propietario
del 70% de las acciones es RobMcEwen) es la mayor productora de oro en
el país con el 26% de la producción total en 2012. Otras canadienses le
siguen: Agnico Eagle (con 15% de la producción), Alamos Gold (con 13%);
New Gold (10%).
10. Para la producción minera-metalúrgica del
país el oro y la plata aportan 53% de la minería no petrolera. La
creciente producción minera equivale a un tercio del valor de la
producción de gas y petróleo para el año 2012.
11. Según la
propia Cámara Minera de México (Camimex) el crecimiento de la minería
en los últimos años la sitúa en el tercer lugar entre los sectores que
más divisas captan para el país (con 23 mil millones de dólares), pues
sólo es superada por la especialización manufacturera y petrolera, y ha
desplazado a las remesas y a las actividades turísticas.
12.
El sector de la minería representa uno de los principales intereses del
Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN). El presidente del
organismo patronal empresarial, Claudio X González, ha llegado a
anunciar que invertirán principalmente en este sector al tiempo que ha
advertido que las empresas del consejo se oponen a cualquier incremento
de impuestos en el sector minero como el pago de regalías (del cual el
país es el único en el mundo junto con China que no cobran regalías).
Grupo Carso (de Carlos Slim) ha anunciado para 2015 una suma
considerable de inversión (54 mil millones de pesos) además de invertir
en los sectores de telecomunicaciones, infraestructura, construcción,
inmobiliario, entre otros, se expande en la energía y la minería.
Según un estudio del Consejo Económico y Social de la ONU (mayo 2013)
sobre las industrias extractivas en el país, la propiedad social de la
tierra en México, (esto es, aquella que corresponde a ejidos y
comunidades con asiento territorial de poblaciones indígenas
establecida de modo legal), representa el 51.6 % de la superficie
continental; la pequeña propiedad (propiedad privada, no exenta de
indígenas) representa el 37.1%; la propiedad pública (también con
asentamientos indígenas) ocupa el 11.3%. En este sentido, si bien como
señala la Secretaría de Economía sólo el 30% de la superficie del
territorio nacional ha sido explorado, en un cuadro en el que el 70% de
este territorio tiene potencial minero y la mitad de éste corresponde a
la propiedad social, la clara tendencia se vislumbra en los crecientes
disputas en las violentas relaciones de despojo y acumulación que
suponen las relaciones de la gran minería y la propiedad social. [7]
Como se puede apreciar, el papel de la minería en el país es
estratégico al bloque en el poder. En un marco en el que el Estado
ofrece a los grandes capitales un sistema de “proyectos de explotación
de oro, plata, cobre, molibdeno, plomo, zinc, hierro, titanio” y otros
recursos naturales, es claro que el patrimonio territorial y la enorme
biodiversidad del país, son una de las grandes disputas de nuestro
siglo XXI, de modo paralelo a las relaciones de superexplotación del
trabajo (en la industria manufacturera, en el sector agropecuario y en
las crecientes actividades de servicios) como relación nuclear de la
producción y reproducción del capital.
Como vemos, la
violencia de la acumulación que opera en México se proyecta tanto a
nivel nacional como a nivel local. Revisemos, por tanto, brevemente las
relaciones de la acumulación con los procesos de despojo,
quebrantamiento y disciplinamiento de la resistencia de las comunidades
y trabajadores en general.
4. La minería como un eje de acumulación en Guerrero
Veamos ahora el caso de la empresa canadiense Goldcorp y su modo de operar en el país. El estudio Goldcorp y la reciprocidad negativa en el paisaje minero de Mezcala, Guerrero,
nos muestra notablemente parte del entramado político y económico de la
depredación ambiental y comunitaria de distintos municipios del estado
de Guerrero. [8]
Goldcorp representa la tercera
compañía a nivel mundial de extracción de oro, con un ingreso anual de
2 mil 206 millones de dólares. Su política de expansión de enclaves
mineros la ha llevado a los mayores niveles de crecimiento: sus activos
pasan de 701 millones de dólares (2004) a 4 mil 66 millones de dólares
(2005) y a 18 mil 952 millones de dólares (2007). Su producción de oro
asciende de 628 mil onzas en 2004 a 2 millones 292 mil onzas en 2007.
Agentes económicos como la financiera Fidelity Management Reserch y el
Deutsch Bank concentran el 20% de sus acciones (frente al 75%
concentradas por RobMacEwen). De las 43 millones de onzas probadas en
las minas de esta gigante minera, al menos la mitad (equivalente a unos
22 mil millones de dólares) se encuentran en los enclaves mineros de
México. Con la adquisición de Luismin S.A. de C.V., ahora filial de la
empresa, le fueron otorgadas grandes concesiones, con todo y un equipo
de ingenieros y abogados “que conocen su oficio y las prácticas
formales e informales de las instituciones y círculos políticos
mexicanos”. Este equipo funge como el operador “de la intermediación
política con los gobiernos estatales y locales, y la cara corporativa
frente a la población.” (Garibay y Balzaretti, op. cit)
En Guerrero los enclaves de Goldcorp ocupan una superficie de más de 3
mil hectáreas en las comunidades de Carrizalillo, Mezcala y Xochipala
del municipio de Eduardo Neri, no muy retirado de Cocula (que cuenta
con el distrito minero El Limón y la minera Media Luna subsidiaria de
Goldcorp), Teloloapan e Iguala. La mina Los Filos y Bermejal
son explotados “a cielo abierto”. Tras los descubrimientos del geólogo
David Jones, en los últimos años se dio a conocer que Los Filos es uno
de los yacimientos más ricos del mundo y cuenta con un potencial de 60
millones de toneladas de oro a extraer en 20 años. [9]
La gran minera canadiense ha declarado que sus costos de producción
medios son de 163 dólares por onza de oro en 2007. Por lo que se ha
estimado el costo de producción de Los Filos en 17% del valor del
propio yacimiento lo que implica una ganancia de 83% por cada onza
extraída. Como señalan Garibay y Balzaretti, Goldcorp renta a las
comunidades la superficie territorial a “precios de saqueo”. Por
ejemplo, la distribución desmesurada de los beneficios en 2007 entre
Goldcorp y las comunidades es la siguiente: “por cada mil dólares de
oro extraído y vendido, la corporación toma 999.26 dólares y las
comunidades toman sólo ¡74 centavos!” (op. cit).
No
obstante, no sólo se trata de esta usurpación desmesurada de la
riqueza, sino que a su vez es relevante contemplar la propia naturaleza
de los contratos suscritos con las comunidades, en las que los
“contratos de ocupación temporal de tierras comunales” transfieren
todas las ventajas a la empresa y los enormes costos (y la humillación)
a las comunidades.
En efecto, hay que subrayar que, dentro de
esta tendencia actual de los contratos de ocupación temporal de
tierras, un sinfín de categorías de funcionarios municipales, estatales
y federales y el propio orden político institucional liberal (sufragio,
representación pública, transparencia, partidos políticos, pluralismo)
son parte de las relaciones de dominación que se corresponden con los
intereses de las corporaciones mineras y del gran capital.
5. El escenario del despojo y la violencia
Como sabemos, los problemas y contradicciones sociales que emergen con
la proyección y operación de la Megaminería en el territorio nacional
no sólo están marcados por la mayor depredación y sustracción de la
riqueza, sus impactos incuantificables en la ecología, los “derrames
tóxicos” y “homicidios industriales”. [10] La operación de la Megaminería impacta en la violenta degradación de las condiciones laborales (con el outsourcing legalizado)
y el desempleo, el desabasto de agua, la salud pública (cáncer,
enfermedades respiratorias), los problemas de vivienda, las poblaciones
“flotantes”, los daños a la agricultura, la invasión de predios y en la
corrosión del tejido social de las comunidades.
El orden
institucional liberal en los diferentes niveles de poder (municipal,
estatal y federal) es un campo de dominación en donde se expresan y
sintetizan los distintos intereses (políticos, económicos, jurídicos e
ideológicos) de los principales grupos dominantes, el bloque en el
poder. Es ahí donde se materializan e institucionalizan.
Las
estructuras verticales, de representación ciudadana que forman al
Estado democrático mexicano no son vulnerables al crimen organizado
porque sean “débiles”. Al contrario, es todo el orden político estatal
y la organización de su cuerpo institucional y aparatos de Estado el
que corresponde al espacio político en el que se imponen los intereses
de las fracciones y grupos predominantes.
Como lo señala el
mismo Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu),
Jorge Carlos Ramírez Marín, existe un “abuso en la compra de terrenos
ejidales y comunales para el desarrollo de la minería, industria y
vivienda sin beneficios para los ejidatarios” y son “los delegados
agrarios –trabajadores de la Sedatu– los principales promotores de los
compradores” y “quienes favorecen la venta de tierras”. [11]
Es esta estructuración de la política institucional, fundamentada en un
Estado capitalista de clase, el que corresponde de modo unívoco con el
ejercicio y penetración de los intereses corporativos y de clase. Así
también, cuando las luchas y las fuerzas sociales disputan intereses
(principalmente económicos) a los grupos dominantes, es el propio
Estado el que institucionaliza los intereses de éstos por distintas
vías.
La desaparición forzada es práctica recurrente de los
grupos corporativos asociados a mercenarios y organizaciones
criminales, a tal grado que es el Estado y sus distintas instancias de
gobierno el principal responsable.
Como vemos, es en la
minería donde más puede apreciarse las furias entrecruzadas de estos
intereses al interior de una estructuración política (municipal,
estatal y federal) con el capital y el crimen organizado frente a las
clases trabajadoras y las comunidades en cuestión.
Los
circuitos del narcotráfico y el crimen organizado no pueden
comprenderse de un modo aislado. Estas estructuras tienden a participar
cada vez más en la reproducción del capital y no sólo como “lavado de
dinero” en la financiarización, sino que la criminalidad participa cada
vez más para eliminar los mayores obstáculos a los intereses
corporativos.
La minería cada vez más se apoya en el llamado
“sicariado”: procesos y grupos criminales respaldados en instancias
políticas y judiciales en los que funcionarios y personal de Estado
cada vez más se coluden con los intereses económicos. [12]
Así, el proceso de violencia social en México atribuida al
narcotráfico, conforma un proceso social más profundo en el que se
despliega un violento proceso de acumulación de capital.
Se trata de un proceso basado en el terror: [13] la tortura, los “ linchamientos, feminicidios, secuestros, corrupción, ahorcamientos, desapariciones forzadas [14]
, narcotráfico, asesinatos, robos, extorción, tráfico de armas,
narcoviolencia, lavado de dinero, tráfico de personas, luchas entre los
cárteles de las drogas, extorción al migrante”, para despojar de la
tierra a los campesinos e indígenas y disciplinar la fuerza de trabajo
de toda la sociedad. Este gran proceso nos muestra los grados del poder
despótico del capital .
Son múltiples los casos de las
actividades criminales que las organizaciones sociales han denunciado
como prácticas recurrentes de los grupos económicos extractivistas en
las que existe el involucramiento directo de órganos y poderes del
Estado, sea por acciones u omisiones.
Por ejemplo, todos los
casos documentados y denunciados por la Red Mexicana de Afectados por
la Minería (Rema) implican la “pasividad” o “complicidad” de los
gobiernos municipales, estatales y federales. [15] Las empresas
mineras canadienses (Fortuna Silver Mines, BlackfireExploration y
Minefinder) contratan a sicarios para amenazar o asesinar activistas
sociales. El caso más cercano para nosotros –por la desaparición
forzada de los 43 estudiantes normalistas– llama la atención de Andrea
Becerril: “En agosto de 2009 la Rema presentó una denuncia en la CNDH,
ya que sicarios de TeckCominko dispararon con balas de alto calibre e
hirieron a Eligio Rebolledo Salinas, ejidatario de El Limón, en Cocula
Guerrero, sus hermanos Víctor, Miguel y Modesto Rebolledo Salinas
fueron secuestrados. Tres meses más tarde, denunciamos la detención
arbitraria y luego el posterior asesinato de Mariano Abarca Roblero a
manos de sicarios enviados por BlackfireExploration”. Los casos se
repiten en Jalisco, Chihuahua, Morelos y Michoacán, justamente este
último Estado en el que el representante de la Rema ha señalado que
mineras de Estados Unidos y China han continuado los asesinatos contra
activistas sociales; y la organización criminal “La Familia” tiene
relaciones con la empresa China para abastecerla de minerales obtenidos
de modo ilegal.
Pero no se trata exclusivamente del capital
extranjero. La empresa de Grupo México Buena Vista del Cobre (antes
Mexicana de Cananea), ha llevado a cabo procesos de expansión que
trastocan toda la vida de la comunidad (transferencias de riqueza,
empobrecimiento de las comunidades, movimientos de inmigración) y
produce problemas ambientales, sanitarios, laborales, y el cruzamiento
de intereses entre los órganos municipales, estatales y federales, con
los intereses corporativos y la propia criminalidad que no deja de
estar presente dentro de esta expansión del capital.
Si esto
es la mayor depredación y sustracción de riqueza en el país, ¿qué
significado tiene la extranjerización de los hidrocarburos y su
asociación con los grupos del bloque en el poder nacional organizados
desde el Estado? El patrimonio territorial y la enorme biodiversidad
del país es la gran disputa de nuestro siglo XXI. John Saxe lo plantea
recientemente: “En vísperas de la Ronda Uno en 2015 de la
contrarreforma energética, cuando los privados esperan acceder a
yacimientos de gas y petróleo en aguas someras y profundas, en el
territorio, en las cuencas de gas y petróleo de lutitas (shale)
y arranca el gran despojo de hidrocarburos, bosques, tierras y agua, ya
está en marcha dicha estrategia en que militares, policías y
gendarmería se equipan, adiestran y actúan ante el pueblo como
ejércitos de ocupación frente un enemigo interno.” [16]
Tal como lo ocurrido a finales de siglo XIX, la gran propiedad
territorial, la expropiación de terrenos ejidales y comunales, la
expansión del latifundio para la aceleración del capital en las ramas
de la minería, industria y construcción, la explotación de
hidrocarburos, representan las condiciones estructurales de una lucha
de clases en el contexto de las condiciones históricas del siglo XXI,
esto es, frente a la forma de Estado “Democrática”, “Plural” y
“Transparente” en los niveles federal, estatal y municipal y las
violentas relaciones de intereses con los grandes capitales y
organizaciones criminales cada vez más endógenas a la reproducción de
la economía (comercial, industrial, de servicios y financiera), a la
reproducción del poder político y de las relaciones de mando y
sometimiento a las clases populares.
Tal como lo subrayamos
en nuestro trabajo anterior, el bloque en el poder ha llevado a cabo la
mayor ofensiva del Estado para realizar la centralidad estratégica del
capital en nuestros tiempos: incidir en la construcción de un nuevo
estadio del capitalismo mexicano a través de una directa intervención
estatal en la elevación de la productividad del trabajo que el fardo de
las “reformas estructurales” cimientan. En la “etapa” del mayor
estancamiento de la economía nacional (menos de 2% del PIB promedio en
tres décadas), el principal objetivo es elevar la tasa de ganancia y
acelerar la acumulación de capital sobre la base de una mayor
subordinación y asociación con el capital extranjero en la expoliación
y exportación de hidrocarburos, minerales y materias primas
industriales de modo paralelo a los procesos de superexplotación (y
precarización) del trabajo en las ramas más productivas de la
manufactura exportadora, los servicios y el agro, sin hablar de las
abstractas esferas de la financiarización.
Actualmente, el
motivo propulsor del bloque en el poder es impedir que las masivas
manifestaciones y movilizaciones populares agraven la crisis política
del Estado y acceder a la enorme riqueza siempre soñada que las
reformas estructurales le han puesto frente a sí. [17]
La estrategia del Estado, insuflada por las fracciones de la burguesía
imperantes, se despliega bajo el poder del ejercicio de hegemonía: la
represión y los llamados a la unidad, el castigo y la propagación de la
ley, el terror y la defensa de la gobernabilidad, la cárcel y la
salvaguarda de la institucionalidad, en suma, la violencia del Estado
de clase y los triunfos de la democracia. Estas dos dimensiones
materiales del Estado suponen el ejercicio pleno de la ideología y de
sus múltiples aparatos y agentes que las acreditan y lo reafirman en la
sociedad.
Como las misma insurgencia popular lo ha expresado,
la fuerza del Estado es para desarticular y apagar el estallido de los
conflictos y la impugnación sistémica de las movilizaciones sociales
frente al Estado.
El liberalismo político que ha conformado
las instituciones del Estado está desbordado por las contradicciones
que ha desencadenado la propia violencia organizada de clase que ha
construido el diseño político, económico y social actual.
En
nuestros días, este cuadro contradictorio ha impactado en el Estado y
lo ha sometido a una crisis política sin precedentes. La crisis del
Estado mexicano condensa las mayores fisuras en el consenso, en la
legitimidad y la representatividad política a lo largo de todo su
tejido institucional y sus columnas características, como son, el Poder
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los partidos políticos, Democracia
electoral (INE), Derechos Humanos y el Estado de Derecho (de las
burguesías).
En este sentido, en estos tiempos de profunda
inestabilidad política, las clases dominantes se sienten amenazadas: De
ahí el fuerte discurso de uno delos principales organismos patronales
del país que reza lo siguiente:
“El sector empresarial
reafirma su compromiso y respaldo a las instituciones del Estado
mexicano, con su Gobierno Constitucional y con nuestra democracia… […]
Es preciso evitar la polarización […] La confianza y la cohesión social
son determinantes… […] Es momento de hacer un compromiso firme, como
nación, con el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática, y
que, no actuar con determinación y visión de Estado en este sentido,
desde el gobierno y la sociedad, sólo abonará a un desgaste mayor de la
confianza y la capacidad de las propias instituciones democráticas. […]
La clase política, en específico, tiene que estar a la altura de este
momento histórico”. [18]
Como vemos, las alturas del
bloque en el poder se tambalean. A unos pasos de su acceso a la
abundante riqueza natural que las reformas despliegan orientadas hacia
un nuevo estadio de acumulación, se yergue una profunda oposición
antagonista, social, popular y de clase, que desafía los violentos
fundamentos de un orden económico estructural articulado por la plena
integralidad institucional del poder político concentrado, mediado y
organizado por el bloque en el poder, y cuyo resultado social mayor
salta a la vista con la radical fractura de las condiciones sociales de
existencia que la sociedad mexicana tenga memoria.
Conclusiones
El caso de Ayotzinapa está inserto en la lucha de clases, propiamente
en un nuevo estadio del capital que adquiere forma en los monumentales
procesos de expoliación y despojo de la tierra y de los recursos
naturales como procesos de subsunción a la valorización de capital.
Como vemos, la ilimitada persecución de estos objetivos
correspondientes a las tendencias del proceso de acumulación
capitalista ha llevado a cabo distintos y abominables métodos de
terror, disciplinamiento y sojuzgamiento, de intervención de la
violencia organizada –el Estado– con el fin de echar por tierra toda
barrera a los intereses económicos y políticos personificados en el
gran capital (nacional y extranjero).
Por ello, si bien el
responsable del crimen “Fue el Estado”, se trata de entenderlo dentro
de las propias raíces que sellan el desenvolvimiento material de este
pulpo maldito; es la violencia de la acumulación que
se despliega por coordenadas precisas del mapa territorial, productivo,
mercantil y financiero que el bloque en el poder, cual agresivo y
obseso conquistador viene urdiendo y al mismo tiempo desarticulando y
“cerrando el paso” a sus antagonistas, cada vez más “chorreando sangre
y lodo”.
A este poder en entredicho, le quedan las cartas del
“Estado de Derecho” y el orden de una institucionalidad democrática
“gobernable”, justo lo que la insurgencia social le cuestiona de raíz.
El poder del Estado busca, una vez más, imponer a base de la fuerza y
la represión, de la cárcel y el castigo, las bases de una participación
política subordinada y coludida a priori con los grupos
dominantes y la corrupción. ¿Qué democracia es ésta? ¿Cuál es la
sustancia de este Estado de Derecho? Es el “recurso a la fuerza” para
imponer un Estado de ideología única subordinado de modo apriorístico al nuevo estadio de expansión del gran capital en México.
La renuncia de un solo personaje significa subestimar la monumental
ofensiva que el gran capital le arroja a las clases populares en su
conjunto. La emanación de un organismo de poder sobre la base de la
creación y fortalecimiento de los poderes populares y de clase que
frenen el genocidio neoliberal, las reformas estructurales y los nuevos
procesos de despojo en todo el país es un enorme desafío para las
clases explotadas y los pueblos del país. La Asamblea Nacional Popular
tiene más futuro de lo que otros suponen o quieren suponer.
A dos meses de los trágicos acontecimientos en Ayotzinapa y a dos años del agresivo papel del Ejecutivo en turno:
¡Vivos se los llevaron, Vivos los queremos!
México D.F., a 3 de diciembre de 2014.
Centro de Documentación y Análisis Materialista,
Ernesto Che Guevara. (CDAM-ECG)
[1] Véase nuestros trabajos en: https://cdamcheguevara.wordpress.com
[2] Marx, K., El Capital, siglo XXI, p. 950.
[3] En la última década estos tres rubros concentran más del 50% del valor de las exportaciones. Actualmente la industria automotriz es la rama que más divisas capta de los sectores de la economía. Capta dos veces lo que percibe de la exportación de petróleo crudo, capta cinco veces lo que entra por concepto de turismo, tres veces y media lo que se capta por remesas. En estos ochos primeros meses del año ha captado alrededor de 60 mil millones de dólares. Tan sólo en 2013 alrededor de 30 mil millones de dólares salieron del país por concepto de repatriación de ganancias.
[4] De acuerdo a Marco González Hagalsieb y Luis Aguirre Lang presidente de Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index occidente) la proporción entre la mano de obra más barata en México en parangón con la de China es de 19.6% desde el año de 2013. Un estudio entre Meriill Lynch y datos de Banxico e Inegi muestran que en México se paga a un trabajador 4.7 dólares por día y en China se paga 6.93 dólares. Llama la atención que para el punto de vista de estos funcionarios no sólo ello sea una “ventaja para el país” sino también el hecho de que “los trabajadores puedan ir a casa diariamente” (después de su jornada laboral). El Universal, 24/11/2014.
[5] Por ejemplo, en los últimos años México destina el 7.5% de su PIB al gasto público social, lo que lo coloca en el último lugar de los países de la OCDE, cuyo promedio del gasto es de 23% del PIB. Países como Francia invierte la mayor parte de su PIB en gastos sociales, con el 31% del PIB aproximadamente. Brasil (que no es parte de la OCDE) invierte alrededor de 16% de su PIB en gasto social respectivamente. No obstante semejante ofensiva a la clases trabajadoras y a la población mexicana en general, en medio de las grandes manifestaciones populares tanto a nivel nacional como internacional, el FMI sigue lanzando golpes a las masas populares del país al señalar al Estado mexicano “apego estricto” a la disciplina fiscal (La jornada,13/11/2014) sin importar sus consecuencias en la caída de la inversión en el aparato productivo. Ello con la finalidad de asegurar las transferencias de excedentes (tan sólo en 2012 y 2013 salen de México 70 mil millones de dólares por concepto de la deuda externa) y al progresivo endeudamiento de la deuda pública y el rentismo financiero (actualmente equivalente al 40% del PIB).
[6] Véase por ejemplo, la actual huelga del Sindicato Nacional Minero, Metalúrgico, Siderúrgico y Similares de la República Mexicana en sus secciones de Sombrerete, Zacatecas, y de Taxco, Guerrero, cuya lucha y resistencia en la defensa del Contrato Colectivo de Trabajo y de sus condiciones de seguridad, de salud y de la fuente de trabajo de los propios trabajadores. La ejemplar resistencia de los trabajadores mineros contra mineras de Grupo México propiedad de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco lleva hasta el día de hoy más de siete años! No obstante –dicen los mineros en lucha– “la empresa nunca ha mostrado disposición para entablar un diálogo”. Véase: Sur Periódico de Guerrero: http://suracapulco.mx/archivos/189985
[7] Cfr. http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/2013/E_C19_2013_11s.pdf
[8] Claudio Garibay Orozco y Alejandra Balzaretti Camacho, Revista Desacatos, Num. 30, 2009. Puede consultarse en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13911560007
[9] La Jornada, Guerrero, 22/04/2013.
[10] Véase el caso del mayor derrame tóxico de la historia ocasionado por la unidad Buenavista del Cobre (primer lugar en la producción de cobre en el país) propiedad de Grupo México en el estado de Sonora y sus incuantificables daños a 60 kilometros de las aguas del río Bacanuchi y del río Sonora por derramar “40 millones de litros tóxicos” el 6 de agosto de 2014 impactando a seis municipios y miles de afectados. El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMYSRM), responsabilizó a Grupo México “por su afán desmedido de ganancias”. La Jornada, 15/08/2014.
[11] La jornada , 6/08/2013.
[12] “No es el Estado que no tiene la capacidad de combatir al crimen organizado, sino que es parte y protagonista de este sistema mafioso, donde la droga es una cortina de humo para desviar la atención del verdadero objetivo que, como ya dijimos, son los recursos naturales”, Mastrogiovanni, F., “La desaparición forzada en México es política de Estado”, rebelión.org, obtenido de: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=192427
[13] “La aberración y la crueldad del régimen nazi preveía una serie de reglas, una formalización de ciertas prácticas, a través de un decreto que implicaba consecuentemente la aceptación de responsabilidad por parte de los agentes del Estado alemán… Hoy en México ni siquiera pasa esto. No hay una autoridad que reconozca la paternidad de un plan Nauchtund Nebel[Noche y Niebla, cdam] mexicano, aunque en los hechos se esté llevando a cabo a nivel masivo y en todo el país, generando en la población los mismos efectos que imaginó Hitler para sus enemigos: diseminar el terror entre los mexicanos, para que ciertos grupos e instituciones los aprovechen en su beneficio y obtengan ventajas económicas y políticas.” Cfr. Mastrogiovanni, F. Ni vivos ni muertos, Grijalbo, 2014, pp. 197,198.
[14] “en 2013 se denunciaron 1,695 “secuestros” en México. Esto habla de un promedio de 4.6 desaparecidos por día… las desapariciones son muchas más, confirmando cálculos que desde hace años hacen organizaciones de la sociedad civil y grupos de familiares de victimas. Según este cálculo, aceptado por Sales Heredia a principios de febrero de 2014, por cada caso de secuestro o desaparición que se denunció en 2013, hubo 11 más por día que no fueron denunciados… en realidad las personas desaparecidas habrían sido 18,645” Cfr. Mastrogiovanni, F. Ni vivos ni muertos, Grijalbo, 2014, p.39
[15] Andrea Becerril: “Denuncian en el Senado ´conducta criminal´ de mineras canadienses”. La Jornada, 17/07/2013, p. 36.
[16] Jhon Saxe-Fernández, “¿Cúal es el móvil?”, La Jornada, 13/11/2014.
[17] La burguesía del país, en voz de uno de sus más agresivos representantes, Gerardo Gutiérrez Candiani, exclama: “En México se han realizado reformas de carácter económico que hasta hace poco tenían remotas posibilidades de prosperar […] No lo pongamos en riesgo”. CCE, Mensaje 134, Renovación sin violencia. 24 de noviembre de 2014.
[18] Consejo Coordinador Empresarial, Mensaje 134, Renovación sin violencia. 24 de noviembre de 2014.
